Al respecto, Moreira sostuvo que «no puede haber una única reforma del Estado, porque hay muchso organismos que tienen características muy distintas. Por ejemplo, la reforma de la educación es parte de la reforma del Estado, pero no es igual que en otras áreas».

En este sentido, la senadora del Espacio 609 indicó que «se apunta mucho también a que se reforme lo vinculado a los recursos humanos en la administración pública, porque el sistema de acceso debe ser accesible para todos, siendo transparente. Los concursos puden ser digitados, es cierto, pero son una norma legal y hay que defenderlos».

Asimismo, Moreira agregó que «hay lugares y organismos del Estado que funcionan muy bien, pero hay otras que no, por eso hay que apuntar a mejorar esos sectores».

(LA30 RADIO NACIONAL).

 www.radionacional.com.uy

CX30 RADIO NACIONAL

Montevideo, Uruguay.

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El seguro obligatorio contra terceros integra una serie de medidas que procuran organizar y mejorar el tránsito en el Uruguay. En este caso se le brinda amparo a aquellas personas que puedan resultar lesionadas.

Hasta ahora, podía ocurrir que el causante del daño no tuviera el seguro contratado y en consecuencia quien se viera afectado no tendría una reparación a su perjuicio.

Ya existe una fiscalización de orden administrativo, porque no se pueden realizar trámites de empadronamiento ni de titularidad y otras gestiones municipales si no se demuestra tener el seguro contratado.

“No puede ser de golpe, porque la gente se va incorporando, alguna con más lentitud. Progresivamente, en un tiempo prudencial se aplicará la fiscalización”, añadió.

Vilaró recordó que la propia Ley da un plazo de seis meses. En algún momento será necesaria la fiscalización, pero reiteró que la mayoría ya respondió satisfactoriamente.

En ese caso, el control se dirigirá a quienes son más resistentes a contratar el seguro, que muchas veces son quienes circulan –por ejemplo- con una patente vieja.

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El mismo es un reflejo de las garantías que gozan los periodistas en el desarrollo de su labor en la República Oriental del Uruguay.  

Carlos Dogliani fue en su momento sometido a proceso penal y condenado en el marco del Código Penal y la Ley Nº 16.099 de 3 de noviembre de 1989. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), representantes legales del periodista Dogliani, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El Estado uruguayo aceptó en el año 2007 que la norma legal que había posibilitado el procesamiento y condena del citado periodista debía ser removida del ordenamiento jurídico interno por ser incompatible con las normas del derecho internacional, al tiempo que aceptó buscar una solución amistosa, según lo sugerido por la Comisión Interamericana. 

En ese contexto, el Estado uruguayo adoptó una serie de decisiones, incluida la sanción de la Ley Nº 18.515 de 26 de junio de 2009 que derogó las disposiciones cuestionadas del Código Penal y la Ley Nº 16.099, relativa a delitos de comunicación. 

La norma jurídica referida constituyó, de suyo, el pilar del acuerdo amistoso y uno de los mecanismos de reparación al periodista Carlos Dogliani. 

En función de ello,  Estado y periodista, deciden solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que proceda a cerrar la petición Nº P.228-07. 

Esta es la primera vez que el Estado uruguayo concluye un caso planteado ante la Comisión Interamericana a través de la negociación, solución que viene siendo aceptada por la mayoría de Estados latinoamericanos.

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