Una de ellas fue la Dra. Lorena Quintana, ex candidata a la Vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto, quien así se expresó y acompañó su comentario con una imagen que refiere a un día de luto en el país.

Así se manifestó Quintana:

“Dios tenga misericordia de Uruguay

Dios tenga misericordia de quienes votaron por la cultura de la muerte.

Dios tenga misericordia por aquellos cristianos que le dieron poder de hacerlo con sus votos.

Dios tenga misericordia de los líderes cristianos que se quedaron en silencio”.

“Ya existe la muerte digna”

En setiembre de 2024, en calidad de candidata a la Vicepresidencia por CA, Quintana había sido entrevistada en Medios Públicos.

La candidata a vicepresidente por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, afirmó en el programa La Entrevista de Canal 5 que “la muerte digna en Uruguay ya existe”. Quintana es médica y se desempeñó como coordinadora del Área de Salud, Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública.

“Cuando yo tengo un paciente en etapa terminal, como médico no tengo techo para la emergencia, o sea no debería haber ningún uruguayo que en sus últimos días esté con dolor porque los médicos no tenemos techo para analgesia: podemos usar la cantidad necesaria hasta que logremos que la persona esté calmada, y los cuidados paliativos existen y funcionan, y cuando son accesibles funcionan muy bien”, dijo.

Explicó que los médicos pueden hacer una sedación en los pacientes que están en etapa terminal, quitándoles la medicación, “que a veces es lo que los mantiene con vida”, y que con la sedación “parten”. Eso es la “muerte digna” y “ya existe”, manifestó.

Agregó que ningún uruguayo que estuviera en sus últimos momentos debería sufrir. “Si pasa eso es porque no funciona el sistema, porque la legislatura permite que la gente tenga los cuidados paliativos y la muerte digna”. Explicó que “muchas veces uno lo coloca y al retirar la medicación en un tiempo fallece la persona”. Aclaró que no es el denominado «coctel de la muerte», que incluye “morfina y midazolam”, entre otros.

Consultada por el periodista Leonardo Luzzi, conductor de La Entrevista acerca de si no hay un “derecho de la persona a decir hasta acá pude aguantar”, Quintana dijo que entiende la “situación paradigmática triste y difícil que viven algunas personas con enfermedades crónicas” pero alertó sobre el “riesgo” de “abrir la puerta al derecho a no vivir más”.

“En los países en los que se abrió ese derecho, cuando se quisieron acordar, tenían el suicidio asistido” y “jóvenes decidían no querer vivir más”, dijo, y preguntó: “¿Entonces abrirle la puerta al derecho a no vivir más en Uruguay, el país que tiene las cifras de intento de suicidio más alto del mundo, donde el pico más alto de intentos de autoeliminación es en gurises de 15 a 19 años? ¿Realmente vamos a abrir eso utilizando una situación paradigmática?”.

La ley 20.179 sobre cuidados paliativos, aprobada en 2023, dicta normas sobre los mismos y declara “el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos a todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos, que presentan múltiples síntomas severos, cambiantes en el tiempo que impactan en la autonomía y en la calidad de vida por la carga sintomática o psicológica, discapacidad o dependencia que generan, y limitan su pronóstico vital”.

La ley tiene como cometido, entre otros, “disminuir el sufrimiento de las personas, mediante un adecuado control del dolor y otros síntomas” y establece el deber de los prestadores de salud de “brindar asistencia paliativa a todos los usuarios de su institución” que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en el texto, así como “el derecho a morir dignamente entendiendo dentro de este concepto el morir en forma natural y en paz, sin dolor, y con pleno respeto de todos los demás derechos relativos a la dignidad de la persona”.

El acceso a la “sedación paliativa” está incluido en la normativa vigente. Se entiende por sedación paliativa “la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios”.

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La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) emitió un comunicado titulado: Aporte al debate y reflexión pública sobre la eutanasia.

El fundamento que sostiene nuestras opciones 

1. La dignidad de la personase fundamenta en el mismo hecho de pertenecer a la especie humana. Decir que es “digna” es el mejor modo de expresar su valor absoluto, único e insustituible, que no se pierde en ninguna circunstancia y es independiente de cualquier condición. Este principio de la igual dignidad de todo ser humano es plenamente reconocible por la sola razón, y constituye el fundamento de los derechos humanos. Para nosotros, los creyentes, Dios “ama infinitamente a cada ser humano” y “con ello le confiere una dignidad infinita”[1]. 

El valor de la vida de cada persona es un don que trasciende la mera existencia física. La vida humana es el fundamento, la condición necesaria para adquirir todos los bienes, la fuente que posibilita toda actividad humana y toda convivencia social. La vida es bella e irrepetible pero, al mismo tiempo, es limitada y la acompañan diversos sufrimientos así como la muerte. Necesitamos fortalecer una conciencia social que acoja, proteja, promueva y acompañe a cada persona en toda su existencia, incluida la etapa final de su vida terrena, a través de la fundamental ayuda de la familia, la medicina paliativa y la genuina experiencia espiritual.

Nuestro esperanzador SI 

2. Valoramos enormemente la forma de accionar de la medicina paliativa. Lo propio de ella es cuidar, aliviar y consolar, humanizando el proceso de la muertede forma profesional, afectuosa y cercana, con el paciente y su familia. Ella es la mejor expresión de lo que en lo profundo del corazón desean la mayoría de las personas que no quieren ver sufrir a un ser querido y tampoco quitarle la vida.
3. La sedación paliativaes una indicación médica científica y éticamente correcta, que se plantea cuando los pacientes padecen síntomas no controlables (refractarios) que les provocan un sufrimiento intenso. La misma consiste en la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de fármacos apropiados, por vía y en dosis adecuadas. Exige un control clínico permanente del efecto buscado y requiere para su inicio el consentimiento explícito o implícito del paciente o, en caso de incapacidad, delegado en un familiar directo. Los cuidados básicos (alimentación, hidratación, aseo, cambios posturales) pueden continuarse y ser periódicamente evaluados.
4. Destacamosla autonomía responsable como un elemento fundamental en referencia a la dignidad de la persona. El ser humano -por naturaleza- es libre y se perfecciona en su ejercicio. Basar la dignidad de la persona únicamente sobre su autonomía constituye una visión antropológica reducida. La misma enfermedad, la medicación y otras circunstancias limitan necesariamente la capacidad de decisión de la persona. Además la eutanasia implica actos que no se circunscriben solo al paciente, siempre involucra a otros, con posibles daños.

Nuestro firme NO 

5. No es éticamente aceptable laobstinación terapéutica que consiste en la instauración de medidas de tratamiento no indicadas, ineficientes, desproporcionadas o extraordinarias con el fin de querer prolongar la vida del paciente a toda costa, sabiendo que no se proporciona un real beneficio[2]. Ya está estipulada por el Derecho la posibilidad de que una persona decida no recibir tratamiento médico ante una enfermedad terminal (Ley 18.473, que regula la voluntad anticipada, del 2009).
6. Tampoco es éticamente aceptable causar la muerte de un enfermo. Tal como lo establece la Asociación Médica Mundial y el Código de Ética Médica (Ley Uruguaya 19.286 de 2014), en su artículo 46 (que actualmente se quiere derogar, cf. proyecto de ley art 9), la eutanasia activa,entendida como “la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión”. El médico nunca debería ser partícipe de una conducta que cause activamente la muerte a otro ser humano. Matar al enfermo no es ético ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento, aunque él lo pida expresamente, en cambio, sí lo es la “sedación paliativa” como se mencionó previamente. Ni el paciente, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen el derecho de decidir o provocar la muerte de una persona. En última instancia, esa acción constituye un homicidio llevado a cabo en contexto clínico.

La ley y sus consecuencias negativas 

7. Nuestra sociedad necesita apoyar las leyes que prevengan y desestimulen cualquier género de eutanasia. Valoramos las leyesque han permitido el acceso universal a programas de salud mental, a la medicina paliativa y al sistema nacional de cuidados, pero aún es preciso desarrollar programas que faciliten su cumplimiento y la accesibilidad real a toda la población.
8. Jurídicamente, un proyecto en favor de la eutanasia implica cambiar el valor fundamental de la vida humana y su carácter de ser un derecho humano básico que no se puede disponer, ni renunciar (indisponible e irrenunciable). Esto es contrario a la Constitución y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
9. Se induce a error y se abre la puerta a una cadena de violaciones de la dignidad de la persona humana cuando se pretende legalizar la eutanasia, manipulando el lenguajepara pretender “naturalizar” la eutanasia.

El proyecto de ley habla de muerte “digna”, muerte “natural” (cf. art 1.2.10.11), aunque en la realidad sea la acción opuesta a la primera exigencia de la dignidad moral, que es valorar la vida. Modifica en su artículo 10 la ley 18.335 (art.17)[3], eliminando “anticipar la muerte por cualquier medio” (y abriendo así el camino a la eutanasia), pero dejando el de “morir en forma natural”. Y, para que no se considere que la eutanasia viola el derecho a morir con dignidad, en el artículo 11 se establece: “A todos los efectos, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural”.

La experiencia en otros países demuestra que, una vez establecida la discriminación legal entre vidas con valor social (irrenunciables) y otras sin calidad de vida suficiente (“con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”, art. 2° del proyecto) a las que se les ofrece matarlas, esto conduce a formas indirectas de presión hacia el paciente. Además refuerzan el miedo y el estigma hacia la muerte natural, dejan entrever que el sistema de salud no está preparado y entran en contradicción con las políticas de prevención del suicidio, tema sumamente preocupante en el Uruguay de hoy. Cada vez son más las vidas que se consideran sin valor, “eutanasiables”, en un efecto de pendiente resbaladiza[4].

Una dimensión esencial 

10. En las enfermedades graves y más aún cuando se acerca la muerte, las personas se encuentran, por lo general, especialmente necesitadas y deseosas de múltiples apoyos, así como de asistencia religiosa. Se trata de un hecho coherente con la naturaleza espiritual del ser humano constatado a nivel sociológico. La Iglesia, servidora de la humanidad, quiere ofrecer la luz de la vida eterna que emana de Cristo muerto y resucitado, capaz de llenar de fe, esperanza y amor las situaciones más complejas y, en muchas ocasiones, dolorosas de la existencia humana. Solo así podremos llegar con paz y dignidad a expresar en el momento final sentimientos confiados y palabras similares a aquellas de Jesucristo en su agonía: “Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46).

Como obispos del Uruguay hemos querido sintetizar nuestro aporte en esta importante problemática moral. Invocamos la protección de Dios para que ilumine a los representantes del Pueblo a fin de que legislen a la luz de la dignidad de la persona y los Derechos Humanos. Del mismo modo le pedimos que oriente y fortalezca a todas las personas de buena voluntad, al personal de la salud, a las comunidades cristianas y a las familias, para que cuiden y respeten el valor incondicional de las personas que se acercan al final de la vida[5].

Florida, 4 de abril de 2025
Los Obispos del Uruguay

[1] Declaración Dignitas infinita, sobre la dignidad humana. Dicasterio para la Doctrina de la Fe, 2 de abril de 2024.

[2] Catecismo de la Iglesia Católica 2278.

[3] Que define el derecho de los pacientes a “morir con dignidad” entendiéndolo como “morir en forma natural…evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin”.

[4] En el proyecto de ley ya se percibe esta pendiente resbaladiza: en el artículo 2º incluye enfermedades crónicas, degenerativas e incluso condiciones de salud incurables. Da un plazo de discernimiento de pocos días. No hay una comisión de profesionales especializados que den garantías previas. La comisión evalúa después de la muerte si la eutanasia fue conforme a la ley. No habla de otro alivio que no sea la muerte.

[5] Para una mayor profundización cf. Documento de la CEU, “Afrontar el final de la vida”, junio 2020.

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La práctica legal de la eutanasia ha suscitado un profundo debate, dado que se trata de un tema íntimamente vinculado a principios y concepciones sobre el valor de la vida humana y la dignidad de las personas que enfrentan la muerte.

Las acciones al final de la vida y la decisión de autorizar la eutanasia son competencia de la sociedad entera, tomadas a través de sus procesos democráticos.

En ese sentido, la Academia, recogiendo la pluralidad de opiniones en su seno, ratifica su confianza en la capacidad de nuestra sociedad para tomar una decisión, y dado que los médicos se verán necesariamente involucrados, es responsable de referirse a sus cometidos estatutarios específicos, destinados a dar opinión acerca de los problemas médicos relacionados con el fomento de la ética y dignidad profesional.

Los integrantes de la Academia unánimemente sostienen que:

 Es un principio de la medicina y un deber del médico proporcionar alivio del sufrimiento y acompañar al paciente en la etapa final de su vida.

 Es necesario impulsar el desarrollo pleno de los cuidados paliativos, para lo cual la ley parcialmente aprobada, si asegurara su extensión y accesibilidad a todo el territorio nacional y asignara los recursos correspondientes para su implementación, será una valiosa contribución.

La eutanasia no debe ser en ningún caso una vía para sortear la ausencia de cuidados paliativos.

 En el caso de aprobación de una ley que autorice la eutanasia, se deberá documentar en forma fehaciente la voluntad personal e intransferible del paciente e implementar un sistema de registro con el fin de garantizar la calidad de los procedimientos y el análisis de datos epidemiológicos relevantes.

La Academia reconoce al mismo tiempo, la existencia en su seno de dos opiniones al respecto de la realización de la eutanasia, debido a la gran complejidad del tema y a que existen entre sus integrantes diversas interpretaciones sobre los principios de la práctica médica, que no hemos querido zanjar simplemente con una votación.

 Una postura sostiene que es un derecho de toda persona poder llegar al fin de su vida con conciencia, confort y dignidad. Ello implica evitar que la muerte no sea, ni acelerada intencionalmente por el médico, ni retrasada por el empleo irracional e ineficiente de tratamientos desproporcionados.

Implica, igualmente, garantizar que cada paciente tenga el derecho a rechazar ciertos tratamientos a los que considera incapaces para revertir el proceso de enfermedad terminal que padece, a escoger dónde morir, a elegir quienes lo acompañarán en sus etapas finales, y a contar siempre con la adecuada y eficaz paliación de los dolores físicos, emocionales y espirituales. Compete al médico ayudar a aliviar los sufrimientos de los enfermos, pero considera totalmente contrario a la ética médica que se utilicen drogas letales con la intención de terminar en forma activa y directa con la vida de pacientes, aún si estos lo piden porque deseen poner fin a su propia vida. En concordancia con lo defendido sistemáticamente por la tradición bimilenaria de la ética médica, sustentada firmemente hasta la actualidad por la Asociación Médica Mundial en su declaración de 2022, esta tesis se opone a que una ley establezca que la eutanasia activa y directa a petición del enfermo, sea considerada un acto médico que deba ser llevado a cabo por los médicos, en virtud de su oficio.

La otra opinión fundamenta que el proceso de eutanasia se origina en la solicitud de un paciente que, estando en una condición de salud incurable e irreversible que le provoca un sufrimiento percibido como intolerable, ejerce su derecho personal e inalienable a decidir el momento y la forma en que desea que ocurra el fin de su vida. Solicita para ello ayuda al equipo médico, dado que éste dispone de los conocimientos y herramientas necesarias. Al recibir este pedido de ayuda, el médico puede o no acceder al mismo, pudiendo negarse si existe una objeción de conciencia.

En caso de aceptar, comprobará que se cumplen los requisitos legales y en especial que se trata de una persona apta, aquejada por un sufrimiento intolerable e irreversible que afecta el sentido de su vida, dignidad e identidad. Realizará las evaluaciones e interconsultas pertinentes y comprobará que se le han ofrecido cuidados paliativos y que a pesar de ello persiste en su decisión. El médico se guiará por los principios de beneficencia, no maleficencia y respeto a la autonomía del paciente. Por lo tanto, su respuesta afirmativa significa un acto de profunda empatía y compasión con el sufrimiento del paciente y el pleno respeto del sentido que el paciente da a su vida y la forma en que decide hacer frente a su muerte, de acuerdo a los valores y convicciones que le son propios.

La Academia Nacional de Medicina ha estudiado, reflexionado y discutido este tema extensa y profundamente. Los miembros de nuestra Comisión de Bioética han expresado su opinión a requerimiento de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Espera que los conceptos provenientes de la

experiencia clínica y de la reflexión sobre los aspectos bioéticos del tema, sean útiles para que nuestra sociedad tome decisiones fundamentadas en principios altruistas, teniendo en cuenta la experiencia internacional y evaluando integralmente las posibles consecuencias de nuevas normas legales sobre el final de la vida. La Academia seguirá con atención el proceso legislativo y el contenido del proyecto de ley.

Consejo Directivo de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay.

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Fecha: Martes 10 de mayo de 2022.

Hora: 18:00

Lugar: Sala Acuña de Figueroa del edificio José Artigas.

Organiza: Diputado Rodrigo Goñi.

Nota: Expone el Dr. Theo Boer, investigador (1987 a 2001) en el Centro de Bioética y Derecho Sanitario de la Universidad de Utrech (Países Bajos).

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El 20 de febrero de 2018 la Suprema Corte de Justicia de Londres sentenció que se debía suspender la ventilación mecánica e impedir trasladar a otro hospital al bebé Alfie Evans, de 22 meses, afectado por una enfermedad neurológica desconocida, incurable, internado en el Hospital de Niños Alder Hey, de Liverpool. Esta sentencia provocó una movilización general en defensa de la vida de Alfie, alentada por sus padres, Tom Evans y Kate James, ambos de poco más de veinte años, ella anglicana y él un obrero católico. Los padres pedían llevar a su hijo fuera de Gran Bretaña “para que sea cuidado hasta el fin natural de su existencia terrenal”, en el hospital pediátrico del Niño Jesús, en Roma, que ya había expresado su disponibilidad y había enviado a sus médicos a Liverpool. El gobierno italiano concedió con trámite urgente la nacionalidad italiana al bebé, para facilitar el traslado.

El 16 de abril la Corte de Apelaciones rechazó el recurso presentado por los padres de Alfie. Tom y Kate presentaron entonces un recurso extremo a la Corte Suprema del Reino Unido. El 20 de abril la Corte Suprema del Reino Unido confirmó definitivamente que es «in his own best interest» (en su mejor interés) que se deje morir a Alfie.

La presidente del Hospital pediátrico del Niño Jesús, Mariella Enoc, envió al director del hospital de Liverpool una carta de un grupo de mamás de niños con enfermedades “en algunos casos muy similares a la del pequeño Evans». «Nuestros hijos —escriben— no están sufriendo: solo están viviendo. Y también hoy han podido sentir en la cara la belleza y el calor del sol y de nuestras caricias. Les rogamos que no priven de la alegría de estas caricias al pequeño Alfie y a sus padres”.

El padre de Alfie leyó una declaración en la que enfatizó que su bebé “está enfermo, pero no muriendo. No entendemos por qué nuestro hijo, junto con muchos otros, está siendo tratado así. Creemos que es porque él está discapacitado y el Reino Unido quiere legalizar la eutanasia”. El 23 de abril se le retiró a Alfie la respiración asistida, pero el pequeño siguió viviendo, lo que demostraba que era capaz de respirar por sí mismo y que su estado de salud era «significativamente mejor» que el estimado por los médicos. Los padres solicitaron entonces a la justicia que revisaran su posición. La Alta Corte de Mánchester volvió a rechazar su petición, y luego lo hizo la Alta Corte de Londres. Alfie falleció el 27 de abril: el mismo día en que nació el nuevo hijo de Guillermo, el heredero al trono británico … todo parecía una versión trágica de Príncipe y Mendigo.

La muerte de Alfie y, precedentemente, las de otros bebés en situaciones similares como Charlie Gard e Isaiah Haastrup marcan etapas progresivas de un retroceso en la valoración de la vida humana y un acercamiento al Estado totalitario que podríamos resumir brevemente así:

1. Primer paso: despenalización del aborto. En esta etapa, que es la actualmente vigente en nuestro país, solo la madrepuede decidir interrumpir la vida del hijo o hija no nacido.
2. En un segundo momento, se llega a lo que ocurre, por ejemplo, en Bélgica, donde la legislación permite suprimir también a los recién nacidos, pero siempre exigiendo el consentimiento de los padres.
3. El tercer paso es lo que sucede en Gran Bretaña: eliminar al bebé de pocos meses sin y contra el parecer de los padres. Lo que importa es la opinión de los médicos y del juez.

En la primera fase, el caso del aborto, la calidad de vida suele ser el criterio para proceder a la supresión de la hija o el hijo no nacido aún. Pero esa calidad de vida está, en la mayoría de los casos, referida a la madre, a su salud psicofísica. En cambio, con las sentencias inglesas en los casos de Charlie Gard, Haastrup y ahora de Alfie, y con las legislaciones que permiten la eutanasia también a los menores, el criterio de la calidad de vida útil se refiere ya no más a la madre, sino al mismo niño. Y, ante eventuales malformaciones en el bebé, no es la madre quien decide –como en el aborto- suprimir o no esa vida, sino que es el Estado.

Esta transición en el motivo que legitima la supresión de una vida demuestra que lo que realmente importa es quién decide si una persona debe morir o vivir. La calidad de vida es un mero pretexto. Ya que, si permitimos ahora esto –la calidad de vida como criterio para decidir eliminar o no a una persona—, mañana los criterios pueden ser perfectamente otros: insostenibilidad económica de algunos pacientes, falta de productividad de otros, control de los nacimientos, impedir que se transmitan algunas patologías (o características: color de piel, estatura…) a otras generaciones, etc. Ahora los jueces ingleses se basan en un supuesto “mejor interés del niño”. Más adelante puede ser el mejor interés económico, el mejor interés de la nación, el mejor interés de la salud de los ciudadanos. A esto lleva el utilitarismo ético.

Estamos participando –me temo que demasiado pasivamente- en una batalla entre concepciones diametralmente opuestas sobre la vida y sobre el rol del Estado. Entender la vida como algo que hay que respetar desde la concepción hasta la muerte natural o entenderla como dependiente de su eficiencia y capacidad de hacer, lleva a dos modos distintos de tratar a un enfermo: si se cree que, debajo de cierto estándar la vida no tiene valor ¿quién va a seguir gastando dinero por algo que no vale nada? Y no se protege el deber-derecho de los padres de cuidar y educar a los hijos, que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica y en nuestra Constitución. Los padres, la familia, son el primer escudo de la persona ante el Estado totalitario: el desconocimiento de este derecho fundamental es el más claro síntoma de totalitarismo.

Mons. Carlos M. González Saracho.

Fuente Contenido e Imagen: Opus Dei Uruguay. https://opusdei.org

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