“1) Porque violó las normas. El Banco Central del Uruguay me contestó un pedido de informes por escrito en enero de 2013, donde afirma que Calloia otorgó aval sin carpeta de deudor ni datos mínimos de la empresa (Cosmo). De ésta forma no se sabe, por ejemplo, quienes son los directores o la capacidad de pago del deudor

2) Porque mintió al decir que “el aval perfecto es el que se cobra” y también mintió cuando dijo que el único que cumplía los requisitos sobre otros posibles oferentes era Cosmo, cuando ni éste lo hacía. Forzó un remate con un solo oferente.

3) En defensa de las empresas públicas. Ayudó a un empresario extranjero (López Mena) a quedarse con una empresa estatal (PLUNA), operando para configurar una privatización encubierta de una empresa pública.

4) Porque Lorenzo en similar situación renunció para comparecer como un “ciudadano común” ante la Justicia. Con similar criterio, Calloia debería hacer lo propio y comparecer sin cargo para que el respaldo del vicepresidente y gobierno no presione a la Justicia.

5) Ministro Bergara debe cesarlo por violar las leyes. Nuestra Constitución en su Art. 181 nal. 1º establece como atribución de los Ministros: “Hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y resoluciones.” Es deber pues de los ministros hacer cumplir la normativa. Calloia la violó, entonces su jerarca Bergara desde el MEF debe removerlo. Lo mismo debió haber hecho Lorenzo, pero Calloia y el ex ministro de Economía estaban juntos en esto.

6) Porque a pesar de todas estas irregularidades él está convencido que obró bien, por lo que su capacidad y lucidez está seriamente afectada.

7) Por la infidencia: ya se sabía en el gobierno que lo iban a procesar 48 horas antes de comunicarle el fallo.

8) Por frívolo: enterado que un Fiscal de la República pidió su procesamiento, se fue al Club Carrasco Lawn a ver tenis y luego a cenar a café Misterio. Lejos de preocuparse se muestra indiferente ante la Justicia.

9) Por imagen del BROU. Todo éste tortuoso proceso ha dañado la imagen del BROU y en algún momento el BCU sancionará a dicho banco por haber otorgado garantías millonarias sin los debidos controles.

10) Por imagen del gobierno: “un gobierno honrado, un país de primera” ¿Se acuerda del slogan de campaña? Yo sí”.

Fuente Imagen: www.partidocolorado.com.uy

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Llama la atención que con esa plantilla de asesores letrados, el Banco contrate abogados externos para casos como el de PLUNA, donde ha pagado la suma de US$ 130.000 por la transacción del aval que finalmente no está cobrando y desconocemos si también tendrá costo para el Estado la defensa penal del Presidente que la lleva adelante el mismo abogado.

Por lo menos genera suspicacias el hecho de que teniendo el Banco 30 abogados funcionarios, se contrate un abogado externo para cobrar muy buenos honorarios y el mismo se haga cargo de la defensa penal del Presidente Calloia.

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A través de su cuenta en Twitter, Cardoso dijo que “Sendic y Coya, anotan en el balance de Ancap pérdidas por U$S 30 millones. Incumpliendo todas las normas aceptaron cheques incobrables, y en medio, un ex Ministro de Tabaré (Jorge Lepra) que oficiaba de Gerente de Pluna. ¿Solo son pérdidas?”.

Cardoso reflexionó: “un Presidente de una petrolera fía por 30 millones y no estaba enterado? Colorín Colorado…”.

“El que lo sustituye en la Presidencia petrolera abandona idea de recuperar y ‘rápidamente’ lo incluye en el balance como pérdida”, reprochó.

Agregó que “la OPP es el organismo que revisa balance y presupuestos de la petrolera. ¿Que dirá?, ¿Se plegaría al desistimiento de recuperación de pérdidas?”, se preguntó.

Luego ironizó con el recurso de “Paradoja. Sendic deja como Presidente de relevo al jefe de la funcionaria sancionada por recibir cheques no autorizados…”.

“De atrevido nomás, digo yo, -señaló el parlamentario blanco, si Lopez Mena no paga el aval, entonces a Lorenzo y Calloia ¿podrían tipificarle estafa? El aval era garantía”.

Señaló que “un aval se ejecuta cuando el titular no paga la deuda contraída. Es una garantía no inmobiliaria. Si no paga deben embargar”.

Y siguió con el ejercicio de preguntas: “¿Calloia actuará con Lopez Mena igual que Coya actuó con Campiani? ¿No tienen nada que reclamar? Perdona tutti…”.

“Coya, el nuevo Presidente de Ancap se afilia al compromiso del gobierno de darle indemnidad a Campiani. Calloia hará lo mismo con López Mena”, indicó.

Por tanto, “claramente. Sendic es parte del problema. Fía por U$S 30 millones, dice que no sabe y luego deja como Presidente al que recibió los cheques”, agregando el hashtag #joda.

A su entender “alguien le dijo a Sendic que el lío de los cheques lo liquidada, entonces fingió demencia. Que sabía todo, no hay dudas. ¿Su testaferro? Coya (actual presidente de Ancap)”.

Según Cardoso “el que llevaba los cheques sin fondo a Ancap era Lepra, ex Ministro de Industria de Tabaré … igual que Sendic”.

“Ahora el sucesor en Sendic en Ancap pasa todo a pérdida en el balance. Se comieron U$S 30 millones, mientras emiten papeles de deuda en Ginebra”, añadió.

Asimismo, “José Colla actual Presidente de Ancap era el Jefe de la oficina que recibió más de 100 cheques irregulares. ¿Se entiende?”.

Para Cardoso “la trama en Ancap merece ser develada: balance con ‘pérdidas’ mientras emiten papeles de deuda. ¿Herencia Sendic? U$S 500 millones de deuda”.

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“Entre Navidad y Fin de Año, cuando la atención política disminuye, salió casi distraídamente un aviso en la prensa del último domingo del año llamando a interesados para participar en la licitación de la obra del “Proyecto Edificio BROU- Ciudad Vieja”.

Es la misma obra que el actual y sorprendentemente aun presidente del BROU, Fernando Calloia ha intentado impulsar desde el año 2007. Se trata de una obra fastuosa, típica de los delirios de grandeza que suelen afectar a varios jerarcas de nuestras empresas públicas. En aquel momento la iniciativa fue fuertemente cuestionada desde diferentes partidos de la oposición tildándola incluso como “la torre progresista”. El presidente de la época, Tabaré Vázquez, resolvió rechazar la propuesta postergándola sin plazo.

Durante el actual período de gobierno el todavía presidente del BROU reiteró su propuesta y, una y otra vez, el presidente Mujica y las autoridades de OPP rechazaron la iniciativa. Sin embargo, ahora nos enteramos que a comienzos de este año repentinamente el Presidente de la República habría cambiado de idea y decidió autorizar la exagerada iniciativa.

Resulta sorprendente el cambio de posición asumido por el actual gobierno porque no se conoce ningún fundamento ni ha ocurrido nada nuevo que sustente la autorización correspondiente. Pero mucho más sorprendente es que el BROU publique el llamado a licitación en medio de la profunda crisis política que afecta a su conducción; porque más allá de la frívola e improcedente actitud de su presidente, al menos no debería estar en posición de hacer alardes de poder. Por alguna curiosa y desconocida razón que preferimos no averiguar ni suponer, el jerarca sigue actuando como si estuviera en el mejor momento de toda su gestión al frente del mencionado banco.

Se podría decir que la publicación del llamado a licitación de una obra tan polémica apenas una semana después de que un fiscal haya pedido el procesamiento del principal jerarca del banco, se parece mucho a una provocación sorprendente.

¿No se da cuenta el gobierno que estas actitudes lo afectan negativamente en su imagen? ¿No tiene poder el presidente para mandar parar los desplantes del jerarca del BROU? ¿No se dan cuenta que una decisión tan polémica en medio del escándalo de PLUNA es “llover sobre mojado”?.

La obra promovida por el BROU forma parte de una tendencia lamentablemente frecuente en algunos jerarcas de empresas públicas que, con independencia del color partidario, se marean en el ejercicio de un poder que, por otra parte, no es propio, pero que los fascina al extremo de hacerles perder el sentido de la realidad.

En efecto, en este país, con una economía tan pequeña y con una participación tan fuerte del Estado en varios campos cruciales de la actividad económica, las empresas públicas adquieren un poderío enorme con respecto al conjunto de las empresas del país. De hecho, algunas de las empresas públicas figuran entre las más poderosas de nuestra economía nacional, por lo que es muy fácil que los jerarcas de estas empresas “se la crean” y se sientan muy poderosos. Se trata de una situación patética puesto que su posición al frente de las referidas empresas no es el resultado de una trayectoria empresarial exitosa, ni es consecuencia de haber gestionado o arriesgado su propio patrimonio sino que es el simple resultado de una decisión política que toman los que efectivamente tienen los votos y deciden ponerlos al frente de esos emprendimientos.

Pero, lamentablemente, algunos de estos jerarcas pierden la noción de la fragilidad de su situación y, por el contrario, sienten una equivocada omnipotencia que los lleva a pretender ciertas ambiciones de trascendencia y a darse una importancia que, sin embargo, no tiene otro sustento que la continuidad del favor del político o del partido que los sostiene.

La costumbre de “hacer política, ganar prestigio o crear fama con plata ajena” lamentablemente es una situación bastante frecuente entre algunos jerarcas de las empresas públicas uruguayas. Esta situación además se potencia cuando se viven épocas de prosperidad que permiten exhibir resultados empresariales muy positivos que, sin embargo, tampoco son reflejo de su éxito particular, sino de una situación económica general que los ha favorecido.

Sin embargo, parecen sentirse dueños de las ganancias obtenidas y muy fácilmente impulsan proyectos que, eventualmente, creen que les permitirá “pasar a la historia”.

Lo cierto es que además, en el caso concreto, a la convicción de que se está impulsando una obra faraónica innecesaria y superflua, se agrega la desagradable sensación de que la puesta en marcha de esta iniciativa en este preciso momento, forma parte de una provocación insólita”.

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“Una cosa son las calidades y las aptitudes que se requieren para conducir la macroeconomía, para analizar las tendencias de la sociedad y del país y tomar decisiones correspondientes a la política económica y otra cosa es el manejo empresarial. Son dos know how (saber cómo), bien diferentes”, afirmó Mieres.

Desde el punto de vista del presidente del PI, “ahí está el problema, la conducción astorista es muy buena en macroeconomía pero no tiene ‘boliche’ ni experiencia para manejarse en un mundo complejo como es el de las empresas, el de las negociaciones y de los acuerdos más micro”. Ahí parece ser que “se los han fumado en pipa”.

Según el entrevistado “Lorenzo fue un muy buen ministro de Economía, idóneo en materia macroeconómica” pero -continuó- “se creyeron que podían con todo y trataron de resolver un problema que no era de la cartera de economía, sino más bien de la cartera de transporte.

Desde el Ministerio de Economía, asumió la responsabilidad total “de manera tal, que hoy nadie habla del ministro de Transporte (Enrique Pintado). Él le puso ‘el pecho a las balas’ pero lo hizo mal en cuanto a sus resultados (no obró de mala fe) y ahora está pagando el costo de haberlo hecho mal”.

“Esas cosas también se pagan en política”, concluyó el conductor del PI.

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“Son momentos difíciles, dolorosos y también de confusión sobre la información que se difunde. Difíciles porque no es bueno para el país atravesar una situación donde jerarcas aparecen afectados por investigaciones judiciales, aunque es bueno recalcar que vivimos en un país donde la justicia puede actuar con total libertad.

Son dolorosos porque conocemos la calidad humana y técnica de los compañeros involucrados. Y de confusión, porque, aunque el propio Fiscal señala que ni siquiera hay indicios de actividades con propósitos espurios o en provecho personal, cuando aún ni siquiera ha recaído un procesamiento, alguien puede creer, o afirmar, que aquí existió un actuar doloso.

El Frente Amplio siempre sostuvo que no hay vacunas contra un proceder inadecuado y que siempre hay que permitir la actuación de la justicia. En este caso el principio se ha cumplido a cabalidad: no fue necesario un cambio de gobierno para que la justicia actuara y el propio compañero Ministro Lorenzo, lejos de escudarse en sus fueros, renunció a ellos para someterse a la justicia como un ciudadano más, convencido de su proceder y de la forma en que un frenteamplista debe obrar.

No fue esta la actitud habitualmente asumida en el país, en oportunidad de investigar serios casos de corrupción en gobiernos anteriores al FA, de utilización de fondos para provecho personal, de muy diferente naturaleza a la que hoy nos ocupa.

El delito que se pretende imputar -abuso innominado de funciones- es una norma que recibe el cuestionamiento unánime de la más calificada doctrina, que atraviesa a juristas de las más diversas tendencias ideológicas y partidarias. Resulta una figura “residual” donde cuando la actuación no encuentra delito y de igual forma se quiere realizar una imputación, se recurre a ella, por su carácter de totalmente abierta, lo que vulnera el principio de tipicidad que necesariamente debe recoger el derecho penal.

Para ser gráfica, la actitud penalmente condenable debe estar claramente expresada en la Ley, no puede quedar librada a la opinión del intérprete, que pueda considerar que una actitud puede o no ser castigada. Esto es lo que ha llevado a reiteradas recomendaciones de eliminar esta figura penal, las que se han plasmado en varios de los proyectos de reforma del Código Penal. Más aún, este tipo de figuras penales, han recogido una jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Extraemos un fragmento de la Corte que ilustra en mejores términos lo que acabo de decir: “La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.»

Es decir que en la actuación de los compañeros no sólo no hubo ninguna irregularidad que les generara algún tipo de beneficio personal, sino que además la imputación se basa en un delito de dudosa constitucionalidad, la que ya ha sido sometida a estudio de la suprema Corte de Justicia, por otros dirigentes políticos, de otros partidos, imputados en la misma figura.

La justicia tiene la palabra, y nosotros respetaremos como siempre sus fallos, lo que no nos inhibe de reconocer sus posibles falencias, cuando a nuestro juicio ello se da. Pero independientemente de ello, debemos confirmar que nuestros compañeros obraron con el máximo de lealtad institucional, velando por los intereses del país, buscando –hasta con excesiva diligencia- que aparecieran opciones que permitieran al Estado salir lo mejor posible de un negocio que lleva varias décadas de fracasos y de actuaciones que no han podido lograr su viabilidad.

Por estas razones nuestro total respaldo. Porque han hecho todo lo que han entendido mejor para la consolidación del Proyecto de país que desde hace 9 años nos ha permitido vivir mejor a cada uno de los uruguayos y uruguayas. Con el corazón dolido, pero con la frente muy en alto, frenteamplistas a redoblar!”.

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Ante los recientes sucesos vinculados al tema Pluna, su máxima solidaridad con nuestros compañeros frenteamplistas Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, al tiempo que explicitamos nuestro absoluto respaldo a lo realizado por el Gobierno Nacional en referencia a este tema.

Finalmente, confiamos y respetamos las decisiones que tome la Justicia en lo referido a este asunto.

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La Mesa del Frente Liber Seregni, reunida en forma extraordinaria en el día de la fecha y considerando los sucesos de notoriedad, declara:

1. Su total e irrestricto apoyo a los compañeros Fernando Lorenzo y Fernando Calloia. No solo no cometieron ningún acto inmoral, ni falta a la ética sino que dieron sus máximos esfuerzos por resolver un problema que debía afrontar el país y que se arrastra desde hace décadas, como el referido a la empresa Pluna.

2. Nos sentimos plenamente representados por la declaración brindada en el día de hoy en la Torre Ejecutiva por el Presidente de la República, José Mujica y el Vicepresidente de la República Danilo Astori.

3. Se abren ahora instancias jurídicas y políticas muy complejas, y como lo hemos hecho siempre al asumir nuestras responsabilidades, privilegiaremos la defensa de los intereses nacionales y populares como parte del gobierno del Frente Amplio.

4. Reafirmamos nuestro total respaldo a Fernando Lorenzo y a Fernando Calloia por sus extraordinarios aportes a los logros económicos, sociales y bancarios alcanzados durante sus gestiones.

Mesa del

Frente Liber Seregni Frente Amplio

Montevideo, 21 diciembre 2013

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El NUEVO ESPACIO (FA-FLS), ante los hechos de notoriedad, DECLARA:

1º) Su solidaridad irrestricta con el compañero Fernando Lorenzo. Su gestión como Ministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno progresista se ha caracterizado tanto por su competencia técnica, reflejada en una economía en crecimiento, con distribución de la riqueza, pleno empleo y aumento de la inversión, como por su proceder de responsabilidad y rectitud, lo que nos enorgullece como integrantes de este partido, del FLS y del Frente Amplio. Se destaca el gesto ejemplar de su renuncia al Ministerio para no interferir en las actuaciones del Poder Judicial.

2º) Su convicción de que el compañero Fernando Lorenzo no ha incurrido en ningún acto que implique responsabilidad penal. La pretensión del fiscal se basa en una norma unánimemente criticada por la doctrina, en la medida en que, por su indefinición, viola garantías constitucionales y permite interpretaciones arbitrarias. La derogación de esta norma se halla a estudio de la Cámara de Diputados desde hace tiempo. Todos los académicos consultados se han pronunciado en ese sentido. Hasta ahora, nadie ha defendido la conveniencia de mantenerla.

3º) Su repudio a la campaña de acoso mediático y político desplegada por la oposición conservadora, a propósito de lo actuado por el gobierno ante la crisis de Pluna. Los mismos partidos que año a año y desde 1937, administraron y financiaron con dinero público una empresa que tuvo siempre grandes pérdidas, pretenden erigirse ahora en acusadores de los gobiernos progresistas. Todas Las decisiones adoptadas por los gobiernos del Frente Amplio con respecto a Pluna estuvieron dirigidas a defender el interés público y proteger a los trabajadores.

4º) Su compromiso militante para asegurar un tercer gobierno progresista. Los integrantes del Nuevo Espacio, en todo el país, desplegarán, junto a todos los frenteamplistas, sus máximos esfuerzos para asegurar que el Uruguay continúe en la senda de libertad, progreso, bienestar y justicia social. No nos dejemos engañar. Detrás de este episodio está el proyecto de restauración conservadora. Si vuelven al poder se proponen desproteger a los más débiles, abolir los consejos de salarios, impedir que pague más quien tiene más y que se siga distribuyendo la riqueza, demonizar a los jóvenes, derogar las leyes que han consagrado nuevos derechos y hasta, como publicitan, militarizar las calles. Estamos seguros de que nuestro pueblo les demostrará una vez más porque sabe quiénes garantizan mejor las libertades y la justicia social.

5º) Adherir en todos sus términos a la Declaración de respaldo a los compañeros Fernando Lorenzo y Fernando Calloia aprobada por el Secretariado del Frente Amplio en el día de la fecha.

Montevideo, 21 de diciembre 2013.

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La Presidenta Mónica Xavier leyó la declaración en conferencia de prensa junto a los integrantes del Secretariado

Ante las recientes instancias judiciales que involucran a nuestros compañeros Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, el Secretariado del Frente Amplio expresa:

1. Su respeto por las decisiones de la Justicia.

2. Su absoluto convencimiento sobre la honorabilidad y calidad humana de los compañeros mencionados.

3. Su solidaridad y respaldo en el plano humano y político a los compañeros Fernando Calloia y Fernando Lorenzo, quienes han contribuido con solvencia técnica, dedicación y compromiso en el ejercicio desde las responsabilidades que les fueron confiadas.

4. El respaldo a la decisión del Ministro Lorenzo de presentar su renuncia para facilitar el accionar de la Justicia sin intervenciones de ningún tipo desde un cargo de tan alta investidura.

5. Ratificamos nuestra voluntad política para seguir trabajando en la búsqueda de las mejores soluciones para asegurar la conectividad del país, la defensa de los puestos de trabajo y de los intereses del Estado y los acreedores ante el cierre de la ex PLUNA.

6. La confianza en las decisiones que adoptará el Presidente de la República para confirmar el rumbo estratégico en las políticas llevadas exitosamente adelante por el Frente Amplio para mejorar la calidad de vida de los uruguayos con crecimiento económico, generación de empleo formal y sustantivas reducciones de las desigualdades. En ese sentido, llamamos a todos nuestros militantes a cerrar filas unitariamente en la defensa del mejor proyecto político que tenemos los uruguayos.

Montevideo, 21 de diciembre de 2013

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