Por su artículo 1° la iniciativa presentada el pasado 31 de agosto, establece: “Prohíbase en el territorio nacional la prospección, exploración y la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking), como medida de protección del medio ambiente y la salud, y para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades”.

Por su artículo 2°: “a partir de la promulgación de la presente ley no se podrán otorgar contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales para la prospección, exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta prohibición abarca también al fracking con fines científicos”.

El artículo 3° indica que “la prohibición regirá sobre todo el territorio nacional, comprendiendo su superficie marítima, lacustre y fluvial”.

La iniciativa pasó a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes para su análisis.

Cabe recordar que en las Legislaturas anteriores el actual subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla había presentado un proyecto de ley con el mismo obsetivo.

En la exposición de motivos se expresa que “actualmente en nuestro país se encuentra vigente la Ley Nº 19.585, promulgada el 28 de diciembre de 2017”.

Esta ley “establece la prohibición del procedimiento del fracking en el territorio nacional por un período de 4 años, plazo que se vence al finalizar este año”.

Se entiende que “como el período de moratoria establecido llega a su final a partir de esta fecha, se vuelve necesario legislar nuevamente sobre este asunto”.

Asimismo, “teniendo en cuenta la evidencia que existe de distintos estudios científicos y la experiencia internacional acerca del carácter eminentemente contaminante de esta técnica, además de la peligrosidad que implica su aplicación para la preservación de recursos naturales claves para la vida como el agua dulce, la decisión más atinada con respecto a este tema si se adopta una visión a largo plazo que contemple el bienestar y la salud de la población es la de proceder a su prohibición en el territorio nacional”.

Agregan que “además recurrir a una moratoria como la que se estableció en diciembre de 2017 carece de una justificación técnico científica ya que los estudios científicos al respecto son claros en sus conclusiones con respecto a los peligros para la calidad del agua y por ende para la salud de la población”.

La prohibición de una actividad con estas características “se corresponde con lo dispuesto en materia de legislación ambiental en el país. En el año 1994 se aprueba la Ley Nº 16.466 que declara de interés general y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación y que en su artículo 3 establece que “es deber fundamental de toda persona, física o jurídica, abstenerse de todo acto que cause impacto ambiental y que se traduzca en depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente”.

También “en la Constitución de 1996, en su artículo 47 se incorpora la protección del medio ambiente como asunto de interés general: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente”.

Además “respecto al recurso del agua que es clave en la actividad del fracking, en el año 2004 se incorporaron modificaciones en este mismo artículo, que reconocen al agua como “un recurso natural esencial para la vida” y que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”.

Por otra parte “la Ley Nº 17.283 que reglamenta el artículo 47 de la constitución, establece como principios que rigen en materia de política ambiental al principio de prevención y de precaución como criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental, además de señalar “que cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas”.

Por lo tanto “la prohibición de una actividad como la del fracking, que genera daños ambientales muy importantes tanto para el suelo como para las aguas superficiales y subterráneas, se encuentra en con lo establecido en materia ambiental en la legislación y en la norma constitucional respecto a la protección del medio ambiente.”

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«1ER. DIÁLOGO REGIONAL ¿ES EL FRACKING UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA NUESTRA REGIÓN?»
Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y conocer la visión, las preocupaciones y las propuestas de organizaciones, movimientos y grupos no gubernamentales tienen de cara a la posibilidad del uso de la fractura hidráulica en el territorio.

Fecha: 23 de junio de 2021

Hora: 17:00 horas.

Las inscripciones para el evento, de carácter virtual a través de la plataforma Zoom, se efectúan a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/WxcBmRc5LeJhHBac8

Organiza: Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, integrantes en representación de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNET) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), creada por la Ley 19.585 promulgada en 2017 que establece la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales en todo el país por 4 años

Apoya: Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNET).

La Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas (RED), a través de sus organizaciones miembros y comisiones vecinales de los departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó, realiza este evento con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y conocer la visión, las preocupaciones y las propuestas de organizaciones, movimientos y grupos no gubernamentales tienen de cara a la posibilidad del uso de la fractura hidráulica en el territorio.

Nos acompañarán en este 1er. Diálogo Regional:

 Alicia Torres, Ing. Agrónoma.

Es actualmente asesora ambiental de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Energía y Minería (MIEM), coordina la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNET) , habrá de compartir sobre la creación, rol, mandato y plazos de la CNET.

 Pablo Gristo, Ingeniero y Magister en Ingeniería del Petróleo.

Se desempeña como Jefe de Geociencias en la Gerencia Exploración y Producción (ANCAP) , habrá de informar sobre los potenciales reservorios convencionales y no convencionales en los departamentos del Norte del país, contratos y compromisos del país en la prospección , el rol de ANCAP y su visión al respecto.

 Estela Suárez, vecina de Pueblo Palomas-Salto.

Nos compartirá acerca de su experiencia, a estar informado, participar en el proceso de toma de decisiones que involucran su entorno ambiental y del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano.

 Alberto Manganelli, Geólogo y especialista en Aguas Subterráneas.

Es Director Ejecutivo del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe (CeReGAS). La temática que traerá a este diálogo es el Acuífero Guaraní, su importancia en Uruguay, su aspecto transfronterizo y su situación ante la exploración de petróleo.

 Gustavo Piñeiro, Geólogo, Magister en Ciencias Ambientales, docente en Facultad de Ciencias.

Aportará como profesional en el campo de la minería y medio ambiente con una visión integral sobre la técnica de fracturamiento hidráulico y sus consecuencias ambientales.

 Roberto Xavier, Activista de la organización Conservación bienes naturales- Tacuarembó por el Medio Ambiente.

Compartirá su experiencia en la lucha por los bienes naturales, la protección del Agua y la prohibición del Fracking en todo el territorio nacional.

 Ivo Gregorio Lima, Ing. Agrónomo es Especialista en la gestión de recursos hídricos transfronterizos.

Habrá de darnos su visión sobre el Acuífero Guaraní, su importancia y gestión transfronteriza.

 Arianna Spinelli, Ing. Quim., es Gerente del Área de Hidrocarburos, Dirección Nacional de Energía, MIEM.

Hablará sobre el marco regulatorio vigente para la exploración (Decreto 111/019).

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El Sistema del Acuífero Guaraní está siendo amenazado en Uruguay por un plan de perforaciones en busca de hidrocarburos de la empresa petrolera Petrel Energy que puede contaminar en forma irreversible los suelos y los depósitos subterráneos que conforman la segunda mayor reserva  de agua potable del planeta.

Organizaciones uruguayas y argentinas nos reunimos el sábado último en la ciudad de Salto para analizar esta situación y definir las acciones a realizar en consecuencia. El evento fue inaugurado por el Intendente departamental, Andrés Lima, quien manifestó su rechazo a la posible utilización del ‘fracking’ en la región del Acuífero Guaraní.

Las perforaciones de Petrel surgen del contrato de exploración y explotación firmado en 2012 por ANCAP con la firma estadounidense Schuepbach. Ese contrato incluye tanto hidrocarburos convencionales como no convencionales que solo son extraíbles  por la técnica altamente nociva de fracturación hidráulica o ‘fracking’.

La semana pasada, el gobierno uruguayo anunció tardíamente la decisión de apoyar una moratoria del ‘fracking’ en el país por cuatro años. No es una solución porque mantiene latente esa posibilidad y, mientras Uruguay no tenga una norma que lo prohíba, la petrolera puede apelar al contrato para realizar la explotación.

Además, ese contrato admite un arbitraje internacional en caso de divergencias entre Schuepbach y el estado uruguayo. El Articulo 19 del Código de Minería, que rige a los hidrocarburos, establece que los litigios, sin excepción, deben dirimirse bajo la jurisdicción nacional y que cualquier disposición en contrario es nula.

Hemos demostrado que, si bien estas perforaciones en Paysandú, Tacuarembó y Salto corresponden a una etapa de estudio, igualmente pueden contaminar el Acuífero. Y aunque se argumente que esto no es ‘fracking’, es obvio que estas perforaciones están preparando el terreno para esa posibilidad.

Las explicaciones de la Dinama para justificar la autorización de las perforaciones y no realizar audiencias públicas solicitadas desde las poblaciones no han sido suficientes. Estas perforaciones no son algo similar a la búsqueda de agua, como dijo el director Alejandro Nario, y no se da información clara de los químicos utilizados.

Schuepbach importó unas 168 toneladas de químicos para usar en las perforaciones, muchos de los cuales requieren un tratamiento especial por ser peligrosos para el ambiente. Pedimos informaciones a la Dinama sobre la aplicación y el destino final de estos productos, pero no hemos recibido respuestas satisfactorias.

En Argentina y Brasil, más de 300 municipios, la provincia de Entre Ríos y el estado de Paraná han prohibido el ‘fracking’. En Uruguay, seguiremos  promoviendo una ley que prohíba en forma definitiva esta tecnología y no detendremos las movilizaciones de la sociedad civil hasta que se suspendan también las perforaciones.

El Acuífero Guaraní no es un patrimonio de una localidad ni de una nación. Más allá incluso de los cuatro países que lo compartimos, constituye un valor primordial para la Humanidad por la gigantesca reserva de agua que contiene, su ambiente y el sostén de la Vida en el planeta. Defenderlo es un deber al que no renunciaremos.

Salto, 12 de agosto de 2017.

Coordinadora Ambiental Todas las Manos

Coesus Latinoamericana contra el Fracking

Foro Regional Contra el Fracking

Asociación Civil Ambientalista de Salto

Asamblea Ciudadana Concordia

Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135

Grupo Gensa de Paysandú

Paysandú Libre de Fracking

Paysandú Nuestro

Secretaria de Ambiente “Waj Mapu” -Seccional Federación- AGMER

Tacuarembó Por el Medio Ambiente

350.org Argentina

Rivera por la Vida Sustentable y el Agua

Uruguay Libre de Megaminería.

Fuente Imagen: visionmaritima.com.uy

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En ese sentido, el diputado Amarilla consulta:

“1) Si en el momento del inconveniente sucedido en el pozo Cerro Padilla 1 estaba presente o no un técnico veedor de la DINAMA.

2) Las causas que llevaron a suspender la perforación, la profundidad a la que se tomó la decisión, si fueron desperfectos del equipo de perforación o comportamientos no previstos en las unidades geológicas atravesadas, en particular por su relación con las grandes fallas en las que se han alineado los pozos proyectados.

3) Si se realizaron ensayos de producción antes de la suspensión de las perforaciones. Este aspecto importa por la presencia de reservas petrolíferas del tipo no convencional en al menos una de las unidades que componen la Cuenca Norte, las cuales solo son explotables mediante la fracturación hidráulica o ‘fracking’”.

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El rechazo por parte del Poder Ejecutivo en el Parlamento de los proyectos de ley que prohíben o disponen una moratoria en la utilización de la fracturación hidráulica (‘fracking’), se contradice con el compromiso del presidente Tabaré Vázquez y la ministra Carolina Cosse ante la población de que esa tecnología no sería aplicada en Uruguay.

«No hay un escenario a corto plazo para que el ‘fracking’ se utilice en ninguna de las exploraciones que se están realizando», dijo el subsecretario de energía, Guilllermo Monchecchi. Y agregó que para garantizar la seguridad y el cuidado del medio ambiente «debería analizarse caso a caso, en el marco legal del país». Cualquiera sabe que todo lo que la ley no prohíbe está permitido.

Monchecchi no sabe o intenta confundir a la población con afirmaciones obvias que nadie cuestiona, tales como decir que el ‘fracking’ no se utilizará en los trabajos de exploración que se han iniciado en el norte del país, cuando es bien sabido que esta técnica solo es aplicable en la etapa de explotación o extracción.

Las declaraciones del viceministro surgieron tras concurrir a la Comisión de Industria del Parlamento donde se discute una propuesta de prohibir el ‘fracking’, con la firma de 36 legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unidad Popular, y otra de aplicar una moratoria presentada por el senador Pedro Bordaberry.

No se ha confirmado la presencia de hidrocarburos ni la viabilidad económica de explotarlo, pero las empresas petroleras involucradas en estas actividades, la estadounidense Schuepbach y la australiana Petrel, alientan esas expectativas en sus accionistas e inversores. De encontrar reservas explotables, es obvio que estas empresas presionarán para hacerlo y la única manera es utilizando el ‘fracking’.

Hoy en día es indiscutible la evidencia científica sobre los impactos ambientales y sociales negativos de la utilización del ‘fracking’ para extraer petróleo y/o gas de rocas impermeables. Países enteros, como Francia, Bulgaria y Alemania, al igual que centenares de municipios y ciudades de Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros han decidido prohibir esta técnica.

En abril del año pasado saludamos las expresiones del presidente de la República en el Consejo de Ministros en Paysandú y posteriormente con delegados de los partidos presentes en el parlamento, al decir que tras estudiar las posibilidades de explotación de hidrocarburos se había decidió que no se utilizará el ‘fracking’. «No va a haber ‘fracking’ en el Uruguay», dijo Tabaré Vázquez por considerarlo extremadamente perjudicial para la sustentabilidad del medio ambiente.

¿En qué quedamos? Un día el presidente dice una cosa, otro día sus representantes dicen la contraria.

La aprobación de una ley que prohíba el ‘fracking’ es la única manera de llevar tranquilidad a la población en este aspecto, salvaguardar las reservas de agua del Acuífero Guaraní y dejar claro a las empresas lo que se permite hacer en Uruguay. El país necesita darse seguridad jurídica, antes que a nadie, a sí mismo.

Y seguiremos luchando por ese objetivo hasta hacerlo realidad.

Uruguay Libre de Megaminería.

15 de junio de 2017.

Uruguay Libre de Megaminería

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Martes 7 de febrero de 2017 – Hora 15

Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), San José 1330, Montevideo.

ANTE NUEVAS PERFORACIONES PETROLÍFERAS PROYECTADAS EN LA ZONA NORTE

Ante la Puesta de Manifiesto por la Dinama del Proyecto para realizar 4 perforaciones para la exploración de hidrocarburos por la empresa Schuepbach en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto, las organizaciones sociales movilizadas para que se prohíba el ‘fracking’ en el territorio de nuestro pais, convocamos a la prensa para atender dos actividades que realizaremos el próximo martes 7 de febrero:

1) A las 14 horas, en la sede de la Dinama, Galicia 1133, esquina Rondeau, dentro del plazo previsto por la Puesta de Manifiesto, entregaremos los comentarios técnicos y declaraciones de organizaciones sociales que expresan nuestra posición ante este proyecto, junto con la solicitud de que se convoquen Audiencias Públicas en las localidades cercanas a las perforaciones para que sea escuchada la población del lugar.

2) A las 15 horas, en la sede de la APU, San José 1330, entre Ejido y Yaguarón, representantes de estas mismas organizaciones sociales informaremos a la prensa sobre los fundamentos y el contenido de la documentación presentada en la Dinama.

Paysandú Libre de Fracking

Gensa Paysandú

Paysandú Nuestro

Ciudadanos de Salto

Ciudadanos de Tacuarembó

Uruguay Libre de Megaminería.

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–  Se habilita en los posibles litigios recurrir al arbitraje según las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, lo cual contraría las disposiciones del Código de Minería de nuestro país.

Por decisión judicial, ANCAP entregó a Uruguay Libre una copia del contrato firmado con “TOTAL E&P URUGUAY” para la exploración y explotación de hidrocarburos en la denominada Área 14 de nuestra plataforma continental.

Constatamos que este contrato mantiene la inclusión de hidrocarburos no convencionales como posibles objetos de explotación, algo ya visto en contratos anteriores como el firmado con la empresa estadounidense Schuepbach. Se abre así la posibilidad de utilizar el fracturamiento hidráulico (‘fracking’), única tecnología disponible para su eventual explotación.

El contrato incluye además, en la Cláusula 29, una disposición contraria al Código de Minería (Decreto Ley 14252) del Uruguay pues, específicamente, habilita la resolución de controversias en un tribunal de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), lo que sería causa de nulidad del contrato.

El Artículo 19 de nuestro Código de Minería (Decreto Ley 14252) dice textualmente:

La actividad minera, cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de  la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros

Este contrato, firmado en octubre de 2012, es posterior a las acciones judiciales de nuestro movimiento para acceder al firmado en 2009 con Schuepbach para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte del país. En el mismo se advierte alguna mejora respecto a los anteriores, ya que en ese la obtención de los permisos ambiéntales es responsabilidad de ANCAP y en este sólo se obliga a “asistir y cooperar” con el contratista en su obtención. (Punto 7.3.5)

Desde Uruguay Libre, junto con otras organizaciones sociales, propugnamos la sanción de una ley nacional que prohiba el ‘fracking’ en el país y, por esa razón, seguiremos atentos a los compromisos que han sido asumidos por el gobierno nacional con empresas petroleras extranjeras interesadas en la posible explotación de nuestros recursos. 28/9/2016

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En el diario «El País» de hoy se expresa lo siguiente:

» … El gerente de Producción y Exploración de Ancap, Héctor de Santa Ana, explicó a El País que el proyecto «no supone ningún tipo de actividad más allá de un reconocimiento para definir la potencialidad o no de ser explorado (el territorio)».

El contrato autoriza a la firma de capitales nacionales a trabajar en la zona por un año y permite una extensión del permiso por un año más. Campo Alegría es propiedad del empresario local Juan Sartori y tiene actividades petroleras en otros países de América Latina como Perú y Colombia …»

(Ver en http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/ancap-cede-area-tareas-exploracion.html)

El procedimiento es el mismo utilizado por Ancap para los contratos con Schuepbach (ahora manejada por Petrel) para la exploración de la posible explotación de hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Norte del país. Se comienza con un contrato de prospección extensible hasta dos años, con la opción para firmar un contrato de exploración y producción por 30 años, como ya tiene Schuepbach.

Es mentira que Campo Alegría S.A. (esto suena igual que la carnicería El Novillo Alegre) sea una firma de capitales nacionales. Juan Sartori es uruguayo, si «local», pero dirige el Union Capital Group (UCG), con sede en Suiza, un fondo de inversión internacional con operaciones en los más diversos rubros, desde agropecuaria, minería y energía hasta forestación, bienes raíces y el mercado del arte.

En Uruguay, el UCG es punta de lanza de la ocupación del territorio por el capital financiero internacional. A través del Union Agricultural Group (UAG), comenzó a comprar estancias en 2008 y hoy es el mayor propietario de tierras dedicadas a la agropecuaria y el mayor productor de carne y granos del país. UAG posee 250.000 hectáreas distribuidas en 105 establecimientos agrícolas y ganaderos (entre sus últimas adquisiciones están los activos del grupo argentino El Tejar por 170 millones de USD). Y a través del Union Mineral Group (UMG) tiene un millón de hectáreas con pedimentos mineros.

Para Movimiento Uruguay Libre de Megaminería “es mentira también que la finalidad de este contrato con Campo Alegría sea un simple reconocimiento del terreno”. La búsqueda de hidrocarburos no convencionales en esa zona ha sido alentada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (SUGUS), para su política de expansión de la tecnología de fracturación hidráulica (‘fracking’), y por el propio Héctor de Santa Ana para impulsar sus negocios particulares con las empresas perforadoras, como ya fuera denunciado desde el programa Rompkbzas.

Este anuncio es una prueba más de la política seguida desde Ancap en los últimos años en favor de la posibilidad de utilizar el ‘fracking’ en nuestro país, a pesar de sus declaraciones diversionistas e incluso de las declaraciones realizadas hace pocos días por el presidente Tabaré Vázquez y la ministra Carolina Cosse. Frente a los contratos firmados no hay buenas intenciones que valgan.

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Los comunicados de Petrel y ANCAP solo afirmaban la existencia de “recursos prospectivos”(1), lo cual no significa que se haya descubierto petróleo y, mucho menos, que sea posible extraerlo. No obstante, ambas empresas se extendieron en afirmaciones basadas en la posibilidad de que realmente haya petróleo, con lo cual generaron una gran confusión en la opinión pública, a lo que se sumaron, consciente o inconscientemente, varios medios de la prensa nacional.

La empresa australiana difundió incluso unas suposiciones sobre las reservas posibles, es decir, para el caso de que hubiera petróleo. El presidente de ANCAP dijo que “podrían extraerse unos 1.769 millones de barriles de petróleo recuperables” y agregó que representarían “120 años de consumo”(2) del país. Con estas afirmaciones de fuentes oficiales, en la prensa se dio “la buena noticia de encontrar petróleo”(3), lo cual es una distorsión total del hecho anunciado.

Haciéndose eco de lo anterior, y como si fuera una cuestión de fe, autoridades del gobierno que asumirá el 1° de marzo próximo afirmaron que “tenemos hierro y seguramente petróleo”(4) para justificar la importancia de la planificación estratégica y una mirada de largo plazo.

Ante estos hechos, por una obligación de transparencia y respeto a nosotros mismos y a la opinión pública, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes declaramos:

1. Todo país debe conocer lo más exhaustivamente posible sus riquezas naturales, las minerales e hidrocarburíferas entre ellas. Este estudio debe ser emprendido por el Estado y las instituciones de investigación correspondientes, para garantizar su realización sobre bases científicas serias e independientes de intereses privados. En el Estado las diferentes funciones deben estar también separadas, para permitir la fiscalización adecuada de las distintas responsabilidades.
2. El Estado tiene a cargo globalmente la gestión de los bienes naturales de la nación, pero es necesario que diferentes organismos se ocupen de distintas responsabilidades para impedir que un organismo sea juez y parte, por ejemplo, en los resultados de la investigación o en la relación con un socio extranjero. La ausencia de una estructura diversificada en la gestión de nuestros recursos hidrocarburíferos explica algunos problemas que veremos a continuación.
3. Según el Código de Minería vigente, ANCAP es el organismo competente para “la actividad minera” correspondiente a los yacimientos de combustibles fósiles y otros elementos aptos para generar energía. Es decir, la ley encomienda al ente solo la tarea de explotación del recurso, pero ANCAP asume por si la investigación, se ocupa de los contratos con las empresas extranjeras para la producción y pretende también monitorear la calidad del Acuífero Guaraní.
4. Es en este contexto que, cuando Petrel anuncia los resultados de sus estudios, ANCAP sale rápidamente a difundirlo y amplificarlo. Que la contratista magnifique un resultado forma parte de la lógica de esas empresas atentas a la cotización de sus acciones en la bolsa de valores. Que también lo haga ANCAP sólo se explica por ser el gestor de la asociación con Petrel y querer resaltar ante la opinión pública un éxito que los hechos aún no han confirmado.
5. El problema mayor surge cuando esas necesidades conducen al ente estatal uruguayo a omitir informaciones, así como la naturaleza de los acuerdos firmados con las empresas contratistas. En su comunicado, ANCAP solo afirma que se trataría de hidrocarburos convencionales y, en base a esta afirmación, descarta la utilización de la técnica de fracturación hidráulica (‘fracking’) para la extracción de los depósitos de petróleo o gas que pudieran encontrarse en la zona.
6. Sin embargo, en su informe, Petrel está hablando de “un sistema de hidrocarburos previamente desconocido, con potencial de recurso convencional y no convencional” («… previously unknown hydrocarbon system with conventional and unconventional resource potential») (5). Además, el contrato de exploración y explotación firmado por ANCAP y Schuepbach incluye explícitamente los hidrocarburos no convencionales, cuya extracción solo es posible por ‘fracking’(6).
7. Parecería que ANCAP descarta el ‘fracking’, pero si la declaración surge de una manipulación de las informaciones del anuncio de Petrel, en vez de dar tranquilidad, agrega un elemento de preocupación. Sobre todo porque técnicos del ente han destacado en sus presentaciones que Uruguay ofrece “una oportunidad de negocios”(7) con hidrocarburos no convencionales y, como lógica consecuencia, las empresas extranjeras vienen aquí por los no convencionales.
8. Ante el agotamiento previsto de los yacimientos tradicionales, el ‘fracking’ surge para explotar la roca generadora de hidrocarburos cuando el petróleo y el gas se encuentran aún en pequeñísimas burbujas aisladas. Pero la introducción en el subsuelo a muy alta presión de inmensos volúmenes de agua, arena y productos químicos para fracturar la roca y capturar ese petróleo y ese gas contamina suelos, aguas subterráneas y superficiales, generando incluso sismos.
9. Grandes intereses económicos y políticos impulsaron un desarrollo vertiginoso del ‘fracking’ sin evaluaciones técnicas mínimas. La constatación de graves impactos sobre el ambiente y la salud de las personas, junto con un rendimiento económico real mucho menor de lo prometido, llevaron a Francia, Alemania y Bulgaria, así como a decenas de gobiernos locales en varios países, a prohibir o suspender el uso del ‘fracking’ en todo el territorio bajo su jurisdicción.
10. Con la misma preocupación, los abajo firmantes venimos informando a la población sobre las consecuencias que tendría el ‘fracking’ en este país. Los acuerdos con empresas extranjeras que admiten la posibilidad de extraer hidrocarburos no convencionales nos llevan a exigir definiciones claras de las autoridades de ANCAP, más allá de las declaraciones de funcionarios que carecen de responsabilidad política y que modifican sus afirmaciones según los auditorios.

Lo razonable es dar garantías a la población de que una técnica peligrosa e incontrolable como el ‘fracking’ no será permitida en Uruguay, un país con un enorme potencial de energías renovables y no dañinas con el medio ambiente. Esta es la razón por la cual insistiremos con la prohibición de esta tecnología en todas las instancias, desde la Comisión del Acuífero Guaraní y los gobiernos departamentales, de los cuales ya se hicieron eco los de Tacuarembó y Paysandú, hasta el nivel nacional.

3 de febrero de 2015.

Tacuarembó por la Vida y el Agua

Paysandú Nuestro

Paysandú Libre de Fracking

Grupo de Jóvenes Piedra Sola

Grupo de Ciudadanos Salto

Uruguay Libre de Megaminería.

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