Así se expidió UPM el martes 7 de agosto.

En relación a la reciente discusión sobre el contrato firmado entre el gobierno Uruguayo y UPM para la eventual inversión finlandesa en una segunda planta de celulosa, Un Solo Uruguay aclara que el movimiento bajo ningún modo se opone a la generación de empleo, a la inversión y al desarrollo del interior del país, sino que considera que el contrato que brinda una parte del gobierno a una sola empresa extranjera no presenta igualdad de condiciones con respecto al resto de los sectores y es desfavorable para nuestra economía.

El contrato que le ofrece el gobierno a este emprendimiento es inconstitucional, esa razón ya es más que suficiente para reclamar que el mismo no se lleve a cabo, la constitución de nuestro país expresa claramente que Uruguay puede celebrar acuerdos comerciales de diferentes clases, pero para esto establece como mecanismo que los mismos sean aprobados o no por el Poder Legislativo (Artículo 85, inciso 7). Este proceso se ha dado de forma confidencial y únicamente ha sido manejado por un sector del Poder Ejecutivo. Ni siquiera debería titularse “contrato” ya que sólo Uruguay se compromete a realizar cuantiosas inversiones, cercanas a los 2 mil millones de dólares, para que luego de realizadas las mismas la empresa resuelva si sigue adelante o no.

La expropiación de más de 600 padrones, la construcción de una nueva vía férrea, el dragado del puerto de Montevideo, la construcción de un viaducto, otorgar Zona Franca al emprendimiento industrial, la compra por parte de UTE del excedente de energía que genere la misma a un precio ya fijado y por 20 años, el comprometerse a que el río Negro correrá siempre, etc., son algunas de las razones que cómo Uruguayos nos llevan a oponernos y a pedir explicaciones al Poder Ejecutivo.

Desde el surgimiento del movimiento, se ha pedido que se atienda la situación crítica que está viviendo el sector productivo, comercial y de servicios, sobre todo en el interior del país, y no se ha logrado generar una discusión sostenible que permita hacer reconocer por parte del gobierno la crítica situación que se vive.

Por último, el movimiento confirma que el 24 de agosto presentará en torre ejecutiva, junto con otros grupos sociales, la primera tanda de firmas con la petición para que se rescinda el acuerdo. Esta sinergia surge a partir de que existen diversos actores que consideran que el contrato impactará de forma desfavorable, en la pérdida de soberanía, desde la perspectiva económica como a nivel ambiental”.

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Este lunes 19 de octubre, la Suprema Corte de Justicia declaró que no corresponde el marco de la ley de Caducidad en su caso y por lo tanto, la norma es inconstitucional. Se supo también que uno de los ministros de la Corte votó en contra.

La sentencia está de acuerdo con los argumentos planteados por la Fiscalía y los familiares, en cuanto a que la ley viola la separación de poderes. Sostiene también un argumento nuevo y es que la Ley de Caducidad no debería ser considerada como ley de amnistía porque no obtuvo las mayorías requeridas por la Constitución para una ley en ese sentido.
Nibia Sabalsagaray era docente de Literatura, activista social uruguaya y afiliada en 1974 a la Unión de la Juventud Comunista (UJC).
El 29 de junio de 1974, fue detenida y desde su domicilio conducida al Batallón Nº 5. Al mediodía del mismo día es entregado su cuerpo a los familiares. Se aseguró que se había suicidado.

El féretro no podía abrirse, según habían dictado los militares a sus familiares.
Pero, la familia no respetó la prohibición y el actual intendente de Canelones, Marcos Carámbula, estudiante de Medicina en ese entonces, lo abrió y pudo constatar las numerosas muestras de tortura que presentaba su cuerpo y que las marcas en su cuello no correspondían a las que puede provocarse la misma persona, en un suicidio.

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