El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en el día de la fecha, declara:

1.- Reafirma el camino que el Frente Amplio ha seguido en la lucha por verdad y justicia.

2.- Reitera el respaldo a nuestro gobierno en las políticas de derechos humanos instrumentadas a partir del gobierno encabezado por el Cro. Tabaré Vázquez y continuadas por la actual administración, encabezado por el Cro. José Mujica.

3.- Celebra la firme decisión del Presidente de la República, de revertir los actos administrativos que abre la posibilidad de que las denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridas en la dictadura, sean analizadas y resueltas por el Poder Judicial.

4.- Crea una Comisión que se instale de inmediato, y que en un plazo máximo de 30 días informará a la Mesa Política, analizando las diferentes propuestas de este Plenario sobre profundización de los caminos por verdad y justicia y, especialmente, la de evaluar una convocatoria a nuestro pueblo en los próximos meses, para que, a través de una consulta popular, reafirme dicho camino de verdad y justicia.

5.- Reconoce y destaca la labor y entrega de nuestro Presidente, el Cro. Jorge Brovetto, en la búsqueda de consensos y unidad de nuestra fuerza política para reafirmar nuestra lucha por verdad y justicia.

6.- Convoca a todo el pueblo uruguayo a concurrir a la Cámara de Diputados a la sesión del próximo 19 de mayo.

APROBADA POR MAYORIA

Montevideo, 14 de mayo de 2010.

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En estos días, y como consecuencia de varios hechos significativos estuve reflexionando y analizando los mismos como uruguaya, como militante de izquierda y como activa defensora de los Derechos Humanos.

No entro en el juego de la carrera para ver quién mejor los defiende, pero tampoco me sumo a una lógica perversa de denostar a quienes plantean y analizan alternativas en materia de mejor liberarnos de la impunidad para siempre.

Me pesaron y me pesan los dos pronunciamientos populares y defiendo los mecanismos de consulta popular, instrumento histórico usado por la izquierda y los movimientos sociales en nuestro país pero también acepté que los Derechos Humanos no se plebiscitan y que tal vez fue un error la convocatoria a los mismos. También tengo claro que en una democracia representativa, nada impide que el Parlamento pueda modificar decisiones populares. Pero es cierto que mucha gente no lo siente así.

Yo voté en la Cámara de Diputados el primer proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad y lo hice convencida; pero el contexto ha cambiado y mi obligación es analizarlo y ubicar la solución en el marco del mismo. La Corte Interamericana no había emitido su fallo sobre el caso Gelman, las opiniones vertidas por varios académicos en la Comisión de Constitución y Códigos acerca de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa y la eventualidad de una interpretación similar por parte de la SCJ persisten a pesar de haber modificado el texto en la Cámara de Senadores. El planteo del Presidente Mujica no lo voy a obviar; no sólo por provenir de quien proviene sino porque lo considero serio y me siento obligada a incorporarlo en mi reflexión.

El planteo realizado por el Dr. Martín Risso, indicando que los actos administrativos enmarcados en una ley inconstitucional como lo es la ley de caducidad, pueden ser dejados sin efecto por otro acto administrativo, no fue considerado hasta ahora. Ningún académico se ha opuesto a este razonamiento ni se ha esbozado siquiera opinión en contra. No he escuchado argumentos políticos que lo descarten y digo ARGUMENTOS y no posiciones políticas.

No quisiera entrar en el terreno de las formalidades estatutarias o en los conteos de votos para eventualmente  bloquear un análisis profundo de este tema porque me niego a pensar que podamos incurrir en tamaña mezquindad y escasa visión política.

Reitero: yo voté la ley interpretativa convencida. Argumenté que no comparto la teoría de los dos demonios y que no me afilio a la lógica de los combatientes y lo reafirmo. Fui aplaudida desde las barras semi vacías por quienes allí se encontraban pero eso no me impide buscar una mejor solución para lograr el objetivo en el que todos y todas estamos de acuerdo: erradicar la ley de Caducidad y terminar con la impunidad.

No es el momento para desarrollar largos argumentos jurídicos; tampoco lo es para descalificar opiniones que surgen como consecuencia de lo expresado anteriormente. En materia de defensa y protección de los Derechos Humanos me encontrarán siempre en primera fila; eso lo saben los compañeros y compañeras del FA. Y lo saben también las Madres y familiares de Detenidos Desaparecidos.

Daniela Payssé.

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Desde su punto de vista, Bonilla debería dar un paso al costado.

En su columna en Facebook, Laurnaga estimó que “esto es un ejercicio de presión política sobre el Parlamento Nacional y sobre el Poder Ejecutivo en un momento delicado”.

“Si sus compromisos con sus camaradas de armas le obliga a una posición política, correspondería que reununcie callado la boca después de votada la ley interpretativa, pero nunca que se pronuncie políticamente sobre ella”, agregó.

Estimó “tiene el tupe además de «apelar» la amonestación que recibió del Ministro, gesto que estuvimos esperando durante quince días desde el malogrado reportaje.

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