Desde el 24 de junio de 2019 ya no está físicamente entre nosotros pero su legado y su bandera es levantada por quien hoy ejerce una banca por la Lista 71, y quien fue un estrecho colaborador –y amigo- durante su trayectoria: el diputado Juan Martín Rodríguez.

En la sesión de este martes 5, durante la media hora previa, el diputado Rodríguez denunció la situación de derechos humanos en el régimen cubano y en particular por la injusta detención y privación de libertad por varias horas del Economista, Politólogo, Profesor universitario , y activista social, Enix Bérrio Sardá.

Los conceptos de Rodríguez fueron los siguientes:

“Desde el pasado viernes 1º de mayo, y durante más de 48hs, el Economista, Politólogo y Profesor universitario Enix Bérrio Sardá, activista social de 55 años, Director General del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática de Cuba, Presidente de la Mesa de Unidad y de Acción Democrática y miembro del equipo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla, permaneció detenido, transcurriendo casi 30 horas para que el Gobierno cubano admitiera su detención e informara de su paradero, una costumbre que se ha hecho frecuente en la política cubana: no dar información sobre el paradero de los arrestados por motivos políticos.

Enix Bérrio fue arrestado dos días después de haber presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una solicitud para que dicho órgano declare inconstitucional los artículos 68 literal i) y 76 del Decreto-Ley 370 de 2018; dicha norma, conocida popularmente como <<Ley Azote>>, es utilizada actualmente por el régimen cubano para imponer grandes multas a los ciudadanos que usen las redes sociales para manifestar criterios contrarios a los oficiales.

En tal sentido, en la solicitud presentada a la Asamblea Nacional se expresaba:

“Estamos claramente ante una forma encubierta e ilegal de extender el alcance punitivo y la censura política y cultural -bajo la apariencia de normas administrativas-, contra actuaciones que no van contra los bienes jurídicos más importantes (…) Queremos llamar la atención de que en estos momentos las autoridades están usando el citado artículo para sancionar con multas significativas a ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales abiertas, como Facebook y Twitter, o por enviar artículos y noticias a medios de comunicación independientes de los oficiales”.

Periodistas, activistas de derechos humanos, opositores y otros miembros de la sociedad civil en Cuba, han recibido multas de hasta 3,000 pesos.

También han recibido amenazas de encarcelamiento por publicar -en las redes sociales y en medios no estatales-, información sobre la realidad que viven los cubanos en medio de la pandemia de coronavirus, transformándose el Decreto-Ley 370, en el instrumento legal bajo el que el régimen sostiene este acoso.

Al momento de su liberación, en la tarde del pasado domingo 3 de mayo, el Economista Berrio expreso a Radio Martí: “El documento que se presentó ante la Asamblea Nacional, tiene el objetivo de tramitar ante ella, un recurso de inconstitucionalidad a los artículos del Decreto-Ley 370 relativo a la informatización; los referidos artículos son un instrumento jurídico que lesionan la libertad de expresión, permiten al régimen fiscalizar, entrometerse, y criminalizar a toda aquella persona que utilice las redes sociales o las tecnologías de la comunicación en algo que no les guste; pero mi detención fue mucho más allá: fueron 5 interrogatorios con diferentes agentes, que abarcaron DD.HH., toda mi actividad intelectual, mi sobrino Luis Manuel López Alcántara;… y me sueltan sin una multa, nada que tuviera que ver con el cometido político de la detención, siendo advertido sobre mis conductas inadecuadas en tiempos de pandemia”.

A Enix lo conocimos, a comienzos del año 2017, en un coloquio celebrado en nuestro país: “Sociedad Civil y Democracia, los retos de Cuba y las experiencias latinoamericanas”, organizado conjuntamente por el Instituto Manuel Oribe y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde nos contó de su largo trajinar en el activismo social y académico.

Al término de su participación, el Economista Berrio expresó: “Uno de los factores del por qué estamos aquí, es para que nos conozcan, para que sepan que existimos; nosotros regresaremos a Cuba, pero OJO, el haber estado aquí, también puede tener sus consecuencias, las enfrentaremos porque nuestro deber era compartir con ustedes nuestra realidad”.

La arbitraria detención sufrida por Enix Berrio Sardá el pasado viernes 1º de mayo, su aislamiento e incomunicación durante más de 24hs., y su liberación luego de más de 50hs. de prisión indebida, constituye un nuevo atropello a los Derechos Humanos cometido por el régimen cubano, para con aquellos que no comulgan con sus ideas, para con el Pueblo cubano y para con la sociedad internacional toda.

El caso fue denunciado ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y ante la Relatoría Especial sobre Situación de Defensores de Derechos Humanos, ambas de Naciones Unidades».

Por su parte, en su cuenta de facebook, el Soc. Haroldo Dilla, escribió: “Hay varias maneras de ser cómplices de una dictadura: elogiarla y servirle o simplemente consentirla. Estos últimos son cómplices pasivos donde se ubica una alta proporción de izquierdistas, que prefieren mirar para un lado. Ahora llega el caso de Enix Berrio Sardá, un activista social, pacifista, intelectual probado y vocero de la Mesa de Unidad y de Acción Democrática, quien simplemente llevó una carta de denuncia de violaciones a los derechos humanos en Cuba a la Asamblea Nacional (el cuasi-parlamento insular) y sencillamente lo han desaparecido (…) lo tienen secuestrado. Pregunto a mis amigos de la izquierda: ¿pueden seguir mirando para el lado y decir sin sonrojos que quieren un mundo mejor?”.

En Uruguay, Sr. Presidente, nos hacemos la misma pregunta.

Solicito que mis palabras sean remitidas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Corte Interamericana de DD.HH., al Observatorio Cubano de DD.HH. (con sede en Madrid), a la Secretaria de DD.HH. de la Presidencia de la República, al M.RR.EE., al M.E.C., a la Universidad de la República, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

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Compartimos el punto de vista de Jaime Trobo.

“Es habitual que el gobierno del FA se apropie de ideas y proyectos de terceros, promocionándolos como sus ideas originales. Es también habitual que en algunos temas no tenga la capacidad ni el coraje de impulsarlos y defenderlos por tabúes, resentimientos, condicionamientos ideológicos o vaya a saber uno que misterio.

Esto ha ocurrido con la habilitación al Ejército Nacional a cuidar nuestras fronteras terrestres con la protección jurídica del artículo 28 del Código Penal, que si tienen funcionarios de otras áreas del estado en el uso armas, incluso los mismos militares para la custodia de cárceles.

En Enero de este año, más precisamente el 8, nos sorprendimos con la lectura de un Decreto del Poder Ejecutivo firmado por el Presidente, el Ministro de Defensa y otros en el que tímidamente encaraban el tema, asignando tareas a las FFAA y en especial al Ejercito Nacional, de control y patrullaje de fronteras, tareas que por otra parte son inherentes a ellas. Y en la norma se establece que deben cumplir funciones auxiliares de otras entidades públicas, debiéndose limitar en caso de constatar alguna irregularidad o ilícito darles cuenta de inmediato sin ninguna otra autorización ni respaldo para actuar.

Podemos afirmar que el Decreto del 8 de Enero no dice nada, no atribuye ningún rol, ni repara en la debilidad jurídica para actuar de cualquier funcionario del Ejercito Nacional.

Hemos preparado una secuencia de nuestra actuación en nombre del Partido Nacional y de la del Senador Pablo Mieres, que muestra que si no hubiese sido por nuestro serio interés en el tema, nuestra presión en el Parlamento, ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Defensa hubiesen pasado del tímido e inconsistente decreto del 8 de Enero.

Hoy, luego de la aprobación por Diputados el tema lo analiza el Senado el que esperamos se resuelva con Urgencia.”

Fuente Imagen: elinformador.com.ve

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Ante la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional de Venezuela para una consulta popular a realizarse el Domingo 16 de Julio de 2017, los firmantes Senadores y Diputados miembros de la Asamblea General Legislativa de la República Oriental del Uruguay expresamos:

Nuestro apoyo y respaldo a la convocatoria que requiere la opinión de la ciudadanía de Venezuela, en relación al futuro institucional de su País.

Nuestro reclamo para que la jornada de consulta se pueda realizar sin presiones ni violencia ejercidas por parte de las autoridades de gobierno que han expresado públicamente su desacuerdo con este acto.

Nuestro deseo ferviente de que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela encuentre los caminos para la satisfacción de sus ansias de Libertad, respeto de los DDHH y reconstrucción de la convivencia civilizada, republicana y democrática.

Montevideo, 14 de Julio de 2017

Suscriben la presente Declaración:

Diputado Jaime Mario Trobo (Partido Nacional)

Diputado Pablo Abdala (Partido Nacional)

Diputados Gerardo Amarilla (Partido Nacional)

Senador José Amorín Batlle (Partido Colorado)

Diputado José Arocena (Partido Nacional)

Diputado Mario Ayala (Partido Nacional)

Senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado)

Senador Carlos Camy (Partido Nacional)

Senador José Carlos Cardoso (Partido Nacional)

Diputado Armando Castaindebat (Partido Nacional)

Senador Alvaro Delgado (Partido Nacional)

Diputado Guillermo Facello (Partido de la Gente)

Diputado Jorge Gandini (Partido Nacional)

Senador Javier García (Partido Nacional)

Diputado Mario García (Partido Nacional)

Diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional)

Senador Luis Alberto Heber (Partido Nacional)

Diputado Benjamín Irazabal (Partido Nacional)

Diputado Pablo Iturralde (Partido Nacional)

Senador Luis Lacalle Pou (Partido Nacional)

Diputado Omar Lafluf (Partido Nacional)

Senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional)

Senador Pablo Mieres (Partido Independiente)

Diputado Gonzalo Mujica (Legislador Independiente)

Diputado Gonzalo Novales (Partido Nacional)

Diputado Juan José Olaizola (Partido Nacional)

Diputado Ope Pasquet (Partido Colorado)

Diputado Gustavo Penadés (Partido Nacional)

Diputado Adrián Peña (Partido Colorado)

Diputado Iván Posada (Partido Independiente)

Diputado Daniel Radio (Partido Independiente)

Diputada Gloria Rodríguez (Partido Nacional)

Diputado Alejo Umpiérrez (Partido Nacional).

Fuente Imagen: todos.uy

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De aprobarse esta iniciativa, los propietarios de los predios rurales podrán sustituir el alambrado “tipo legal” (siete hilos) y hasta eliminar la colocación de los 7 piques entre poste y poste, como lo establece la norma, con la consiguiente reducción en los costos.

El proyecto lleva la firma del diputado Jaime Trobo y establece en su artículo único que el Poder Ejecutivo determinará, dentro de sus competencias, las distancias que deberán respetarse entre pique y pique del alambrado de los campos, siempre y cuando los materiales utilizados cumplan cabalmente con su función, ofrezcan razonable durabilidad y tengan buena calidad y resistencia.

Fuente Imagen: todos.uy

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«Leopoldo, recuerda que te queremos, tu pueblo te reconoce como un gran líder y hemos venido en Diciembre y hemos vuelto hoy para ratificar la esperanza de miles de Uruguayos de verte libre muy pronto», le expresó el Diputado Jaime Mario Trobo (Todos) en una conversación telefónica a Leopoldo López preso político del gobierno Chavista de Nicolás Maduro.

Ayer hablé con Leopoldo.

No fueron más de 50 segundos, pero por la intensidad fueron varias horas.

Terminábamos el almuerzo que compartíamos luego de la intensa jornada en la Asamblea Nacional de Venezuela en la que se instalaba la nueva Legislatura plural, compartíamos anécdotas con otros visitantes internacionales, parlamentarios de otros países, los presidentes de las Internacionales Demócrata de Centro, y Socialista y amigos Venezolanos.También estaban Mitzi Ledesma, la esposa de Antonio, Antonieta y Lilian, madre y esposa de Leopoldo Lopez y Timoteo Zambrano y sus colaboradores de la Secretaria Internacional de la MUD. Comentarios, anécdotas, especulaciones eran la nota de las conversaciones, todas sometidas a la intensidad que ofrecía el ambiente político y social de Venezuela en un día que los patriotas calificaban de «histórico». Yo, agradecido a la vida, a la actividad que me apasiona, la política y a la firmeza de los principios que me enseñaron de defensa de la Libertad, sentía una corriente fuerte deemoción y compromiso.

En esa sobremesa recordaban y comentábamos las vicisitudes del 6D, la difícil campaña previa, la importancia de la invitación a observadores internacionales y me sorprendía como valoraban frente a otros visitantes la magnifica y numerosa delegación de parlamentarios de Uruguay que los habíamos acompañado en esa ocasión así como la participación del ex presidente Lacalle. Me sentí orgulloso de mi Partido, de mis compañeros que estuvieron allí y aún de quienes no estuvieron por razones ajenas a su voluntad. Asumamos que la solidaridad internacional hoy es muy importante en temas de Libertades, respeto a la República y Derechos Humanos.

En un momento, Lílian mira su teléfono, se levanta rápidamente de la mesa y atiende una llamada en la que, apartada del grupo, prolonga una conversación. Todo hacía intuir una comunicación muy importante.

Llamó a Antonieta, su suegra, le dio el teléfono y luego de un minuto, no mas, lo tomo de nuevo y vino hacia la mesa, ofreció a Pastrana y Ayala conversar conjuntamente con su interlocutor y enviarle un mensaje; del otro lado Leopoldo López.

Me acerqué interesado en escuchar el diálogo abierto que Lilian propiciaba y se oía a Leopoldo agradecer y pedir que la solidaridad y la presión desarrollada a nivel internacional para la liberación de los presos políticos no cesara, que ahora era mas importante, que había que respaldar a la Asamblea, que siguieran en la marcha. No les pidió por su libertad, les pidió por la de «todos los presos políticos».

Esa llamada que ya llevaba unos dos minutos quizás, seguramente estaría en la mitad de su escasa duración total y me sentí feliz al menos de haber escuchado la voz de ese temperamental líder polular sometido a prisión política por sus ideas y su influencia en la opinión publica de  su país. Para mi sorpresa, que aún mantengo y voy a recordar mucho tiempo, Lílian me ofreció el teléfono, comentándole a Leopoldo, «te paso con Jaime Trobo». Me impactó, tome el teléfono y lo saludé, lo que desató en su platica, al decir venezolano, saludos, elogios, recuerdos de sus visitas a Montevideo, hasta un asado en la casa de amigos que me pedía que preparáramos para dentro de poco tiempo. Agradeció la solidaridad que le ofrecimos desde aquí, tanto el Partido Nacional, como nuestros Parlamentarios como los del Partidos Colorado e Independiente, como la de mucha gente que ha dimensionado la crisis política y social de Venezuela y la gravedad de la violación de los DDHH y las Libertades.

«Leopoldo, recuerda que te queremos, tu pueblo te reconoce como un gran líder y hemos venido en Diciembre y hemos vuelto hoy para ratificar la esperanza de miles de Uruguayos de verte libre muy pronto.» No pude decir nada mas porque me interrumpió diciendo «diles que estoy bien, fuerte, esperanzado, comprometido y seguro que vamos a vencer por el bien de la Libertad».

Cuando el segundero andaba cerca del 48 o 49, solo pude decirle, «adiós, hasta pronto, hoy vinimos a iniciar la cuenta regresiva, recordá te queremos» y entregué a su ansiosa Lílian que quería aprovechar los minutos que le quedaban hasta el quinto en el que el carcelero cortaría inevitablemente la llamada.

No fueron mas de 50 segundos, fueron suficientes para dimensionar el ánimo y el firme propósito de Leopoldo López de contribuir con todas sus fuerzas a la Libertad de su patria, y fueron para nosotros y quiero compartirlo un intenso fuego para alimentar el compromiso que disfrutamos practicar”.

Jaime Mario Trobo.

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Este lanzamiento tendrá lugar coincidiendo con un nuevo aniversario del nacimiento de Carlos Gardel y al conmemorarse el centenario de “La Cumparsita”.

El acto tendrá lugar a la hora 11:30 en la Antesala de Diputados, con oratoria del Director de Uruguay XXI, Antonio Carámbula; la Directora de la Intendencia de Montevideo, Mariana Percovich; y los diputados Jaime Trobo y Fernando Amado.

Por la tarde, sobre la hora 18, en la intersección de 18 de Julio con la calle Yi, en la esquina del monumento a Gardel, tendrá lugar un espectáculo que contará con la presencia del Sexteto Montevideo, la Orquesta “Destaoriya” y el ballet de Fidel Guerrero y Laura Rivas y la presentación de la pareja Campeona del Mundo 2014 de Tango Danza, Lorena Bares y Gerardo Astesiano.

A las 21 horas y en el marco de estos festejos, se sumará la Sala Camacuá de Aebu, que rendirá su homenaje a Roberto Méndez por “20 años con el Tango”.

Fuente Imagen: www.opinion22.com.ar 

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También concurren, entre otros, los nacionalistas Jaime Trobo, Rodrigo Goñi, y Edmundo Roselli, los colorados Ope Pasquet y Adrián Peña, y el independiente Daniel Radío.

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El Martes 15 de julio a las 19 horas en la sede de OFI en la calle Héctor Gutiérrez Ruiz 1162 la Organización del Fútbol del Interior y su Departamento Técnico, realizará un reconocimiento entregándole la distinción » Hugo De Souza» al Diputado Jaime Mario Trobo por su actuación al frente del Ministerio de Deporte y Juventud.

En el transcurso de su gestión, Trobo impulsó fuertemente un mecanismo que permitiera a quenes se desempeñaban como Técnicos en equipos del Interior, acceder a niveles de capacitación superior en cursos dictados en los distintos departamentos. La solución de este inconveniente supuso articular la actuación del área Técnica de OFI con el ISEF (entonces en la órbita del MDJ a cargo de Trobo) , y asegurar la expedición de los títulos.

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En la oportunidad el diputado Jaime Trobo expondrá sobre el papel que cumpliera Adolfo Suárez en la transición española, pilar en la formación de un sistema democrático que precedió al régimen dictatorial del General Francisco Franco.

Adolfo Suárez fue designado Presidente del Gobierno por el Rey Juan Carlos I en 1976 y posteriormente ungido presidente en las elecciones generales de 1977.

En 1981 abandonó el cargo tras presentar su dimisión y ocupó la diputación en las Cortes del Reino de España hasta 1991.

El ex Presidente estuvo en nuestro país al final de la dictadura como forma de apoyo a la apertura democrática y le costó la expulsión por quienes ostentaban el poder.

Desde 2003 estuvo retirado de la vida pública a consecuencia de una enfermedad neurológica y falleció el 23 de marzo próximo pasado.

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A continuación, Sociedad Uruguaya comparte algunas de las posturas de los participantes.

Lacalle Pou consultó: “Ahora, si vienen a Uruguay, ¿en qué condición lo hacen? ¿Cuál sería su libertad de movimiento, para traspasar la frontera? ¿En qué situación estarían ante un eventual pedido de extradición de un tercer Estado? ¿Cuál es la base jurídica que utilizará el Gobierno para permitir el ingreso de estos ciudadanos a nuestro país y qué régimen deberían cumplir?

Seguidamente diré algo que no es una suspicacia, sino simplemente conocimiento del modus operandi de algunos países. La mayoría de estas personas que fueron liberadas, son monitoreadas. En ese sentido, ¿quién monitoreará a estas personas para saber si se comunican con las células que, según lo que se dice, tienen cercanías? ¿La inteligencia nacional está preparada para monitorear a estos ciudadanos veinticuatro horas al día, los trescientos sesenta y cinco días del año? ¿No preocupa al Gobierno la interferencia o la acción de distintas inteligencias del mundo ante la alarma que provoque esta situación? Son abundantes las dudas que tenemos y que esperamos que el Gobierno aclare, porque a partir de sus respuestas si son satisfactorias, si convencen , tomaremos una posición final con respecto a este tema, dado que los que aspiramos a ser gobierno debemos tratar este tipo de situaciones con la mayor de las responsabilidades. Debemos entender que se ha generado alarma pública en torno a esta situación y que más allá de nuestra posición negativa o afirmativa con respecto a la recepción de esta gente, tiene que ser clara y contundente, y debemos poder explicarla en todos lados”.

Por su parte, el Ministro Luis Almagro contestó: “En referencia a la posibilidad concreta de reasentar a estas seis personas en Uruguay bajo medidas de protección complementaria se considera que podrían ingresar también como inmigrantes regulares en las condiciones establecidas por la ley nacional y ampararse en el artículo 44 de la ley de migración que reza: «Asimismo, se podrá autorizar el ingreso condicional al país de las personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales».

En el mismo sentido, el artículo 83 de la ley de migración agrega: «Las disposiciones de la presente ley en lo que refiere a la admisión, ingreso y permanencia de las personas extranjeras al territorio nacional, deberán interpretarse y aplicarse de modo compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos […]» y con el Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, con estas disposiciones también se podría recibir amparar e incluso exceptuar en el cumplimiento de algunos de los requisitos regulares a las personas detenidas en Guantánamo que viajarán a Uruguay.

En tal sentido, el Estado uruguayo tiene elementos tanto dentro de su legislación interna como en el marco de los Convenios internacionales de los que es parte para establecer un mecanismo complementario de protección absolutamente amparado en el Derecho que permita recibir adecuadamente a estas personas.

Señor Presidente: el Gobierno del que formo parte no permitirá jamás que entren a nuestro país individuos que presenten un riesgo para la seguridad nacional. El Gobierno de los Estados Unidos hizo llegar la solicitud de cooperación para el reasentamiento de los detenidos junto a la nómina de posibles candidatos. Las autoridades nacionales competentes en la materia evaluarán esa nómina a la luz de la documentación disponible y se asesoraron con servicios de otros países y de otros gobiernos. A partir de esa evaluación, se hizo una selección de aquellos que se consideraban elegibles y se concretó una entrevista personal en el centro de detención. Durante el transcurso de la entrevista, los candidatos expresaron su voluntad de recibir refugio una vez que estuvieran en nuestro país. A raíz de esa solicitud es que nuestro país propone la concreción de un acuerdo que permita llegar a esas personas a la República.

En tal sentido, afirmamos, con propiedad, que se recabó toda la información disponible y fue evaluado, con extremo detenimiento, por parte de los servicios técnicos correspondientes el historial de cada una de las seis personas que Estados Unidos pide que recibamos en nuestro país. En ninguno de los casos se ha comprobado riesgo alguno desde ningún punto de vista. No se trata de terroristas, ni siquiera de delincuentes comunes y, por lo tanto, no revestirían riesgo para nuestra sociedad. El mecanismo por el cual se concretaría su traslado está siendo objeto de conversaciones entre los dos países. Considero inoportuno brindar mayor información sobre estas personas, teniendo en cuenta que pueden llegar a constituirse en refugiadas y que, definitivamente, no quiero para mí ni para ninguno de ustedes la pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Considero que la enorme exposición mediática que ha tenido el caso cuando las negociaciones estaban en curso, cuando eran incipientes, ha alterado un poco los cronogramas de negociación, para atender las responsabilidades de información pública que surgieron a partir de entonces. Pido a los legisladores que reciban positivamente esta iniciativa y la evalúen como una contribución más de nuestro país a la reinserción de personas en situación desesperada y en beneficio del interés más alto que puede tener la República en el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos.

Quisiera incluir en este informe un párrafo de una carta de un líder político de nuestro país referido a la protección internacional y el refugio, que señala: «La policía Argentina ha ido a buscarme a mi casa hace unas pocas horas. Hace ya varias noches que no duermo en ella y, como le dije, buscaré ahora el amparo de la Embajada de un país cuyo Gobierno se respete a sí mismo y por ello respete y ampare la vida humana.- Cuando llegue la hora de su propio exilio que llegará, no lo dude General Videla , si busca refugio en el Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni afecto, pero le otorgaremos la protección que usted no dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando.- Wilson Ferreira Aldunate, Senador de la República Oriental del Uruguay».

No vamos a ser carceleros de estas personas. Los compromisos que asuman con nosotros serán voluntarios. No los cambiamos por los cubanos presos en Estados Unidos. Las dos posiciones de Uruguay con respecto a Guantánamo y a los presos en Estados Unidos son muy anteriores, y la solución humanitaria que se pueda alcanzar en cada caso siempre va a ser promovida por el Gobierno del Uruguay. Estamos negociando diplomáticamente con Estados Unidos. Esto no aparece en ninguna de las condiciones sobre las que estamos trabajando en el acuerdo diplomático que tendríamos con ese Gobierno.

En cuanto a la seguridad, debo decir que estas personas no van a estar sujetas a una vigilancia policial, como en otros países en que fueron recibidos de Europa y otros continentes. La contención para todos estos casos de asistencia humanitaria o refugio dependerá de la red social que se construya en su entorno, siempre y cuando obviamente no violen la ley en nuestro país. El principal interesado en temas de la seguridad vinculada a estas seis personas es el Gobierno de Estados Unidos, también por el costo político que se pagaría por cualquier error que hubiera en este asunto. Cualquier acto de esta gente implicaría un serio costo y, para ellos, significaría la imposibilidad de continuar con el proceso de cierre de la prisión de Guantánamo. Nosotros seguiremos trabajando en esa solución jurídica. Esperamos, en las próximas horas, tener las conclusiones que Acnur pueda hacer sobre este tema.

Hemos recabado todos los antecedentes disponibles de organismos internacionales y con todos los gobiernos que pueden tener información de inteligencia sobre estas personas. Nos hemos asegurado específicamente de que no tienen antecedentes penales ni revisten un riesgo para la seguridad nacional. Hemos atendido el pedido de Estados Unidos con la seriedad que correspondía, en base a principios fundamentales para la República. Asimismo, todos estos casos pasan, posteriormente, por el Congreso de Estados Unidos: surgen a partir de esa ley marco pero vuelven para ser aprobados por el Congreso. Quiere decir que, si logramos un acuerdo diplomático, va a tener que ser refrendado por el Congreso de Estados Unidos”.

También realizó su aporte el subsecretario Luis Porto: “En cuanto al régimen de convivencia de los eventuales refugiados esto está vinculado con alguna de las preguntas formuladas por el señor Diputado Lacalle Pou; digo eventuales refugiados porque aún no se ha hecho el análisis que se debe realizar para ver si respetan las cláusulas de inclusión o exclusión , debo decir que son cometidos de la Comisión de Refugiados coadyuvar a la búsqueda de implementación de soluciones duraderas para los refugiados. Para esto, dentro de la Comisión de Refugiados hay diferentes instituciones, entre ellas, representantes de Organizaciones no Gubernamentales, como el servicio ecuménico vinculado al asentamiento de los refugiados, que en general es la que históricamente ha tenido los recursos y capacidad para apoyar el asentamiento de los eventuales refugiados insisto en Uruguay.

Por lo tanto, el régimen con el cual estarán será el de convivencia con los connacionales, con el apoyo que la Comisión de Refugiados les brindará para que aprendan o profundicen el aprendizaje del idioma español la información que tenemos, que se puede confirmar, es que muchos de ellos están aprendiendo español desde hace algunos meses , y también buscar los elementos para que recuperen las capacidades laborales, teniendo en cuenta las condiciones inhumanas con las que han estado recluidos durante todo este tiempo situación que, inclusive, a algunos les ha generado deficiencias físicas. Esto significa que deberán contar con un apoyo particularmente especial para su inserción en una actividad laboral normal.

Creo que con estos marcos normativos que estamos analizando, en particular con el de la Comisión de Refugiados, se responden varias de las preguntas, pues queda claro que cualquier refugiado tendrá todos los derechos que tiene cualquier ciudadano de Uruguay, es decir, moverse libremente, reinsertarse en la sociedad, tener un documento de identidad e, inclusive, un documento de viaje. Por lo tanto, todo lo que hagan los refugiados será en términos de comportamiento absolutamente voluntario, si es que la Comisión determina la categoría de refugiados”.

El legislador Iván Posada (Partido Independiente) hizo mención en forma reiterada “a lo que dijo el señor Subsecretario, que me parece que, en todo caso, se debe tener presente respecto a cualquier valoración futura de una solicitud de refugio. Me refiero al artículo 20 de la Ley N° 18.076, que establece: «El Estado debe garantizar a los refugiados y solicitantes de refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la persona humana reconocidos a los habitantes de la República […]». En consecuencia, no se puede establecer ningún tipo de solicitud por parte del Estado uruguayo en cuanto a la eventual situación de habitar en el país durante dos años. Digo esto, porque me parece que es un elemento importante a tener en cuenta en cualquier situación futura”.

Para el colorado Juan Manuel Garino “aquí, se dice que estas personas van a venir en un régimen de puertas abiertas, donde no van a ir a prisión, pero tampoco van a poder salir, porque vendrán por orden expresa después de una negociación con Estados Unidos, pero sin tener en cuenta las personas que vienen, que se dice que son de Yemen, Afganistán, Siria, Kuwait y otros lugares. Por lo tanto, nos volveremos un país totalmente violatorio de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en sus artículos 9º, 10 y 11 se establece que debe haber una sentencia judicial? ¿Cómo vamos a contemplar la actitud que está tomando hoy el Estado uruguayo con el Estatuto de Roma, cuando en su artículo 55 hace referencia al derecho a la defensa y a la asistencia con un abogado ante una justicia imparcial? Es absolutamente contradictorio afirmar que hacemos esto por los derechos humanos, cuando precisamente nos vamos a volver cómplices de una situación totalmente anómala, ajena a Uruguay, por fuera del instituto del refugio. De esta forma, vamos a estar ratificando la violación de los derechos humanos que ha hecho Estados Unidos”.

Certeza jurídica

Desde el Frente Amplio, José Carlos Mahía “en cuanto a lo que se ha afirmado de que no se habría actuado conforme a derecho, creo que luego de las intervenciones del señor Ministro y del equipo asesor que lo acompaña en particular el señor Subsecretario queda muy claro que acá se ha actuado con total certeza jurídica en la etapa en la cual se está informando al Parlamento. Hoy, el Parlamento uruguayo está recibiendo información institucional, y no a dos o tres meses de haberse conocido los hechos a través de los medios, sino a los pocos días ya se está dando una respuesta. Todos sabemos que el señor Ministro tiene inhibiciones a la hora de dar determinadas respuestas por ser un tema delicado y por un mandato legal expresamente votado creo que por unanimidad de la Cámara en el período pasado. Por lo tanto, no se puede decir aquí que el Ministro no quiso responder algunas preguntas; a mi modo de ver, se debe decir que el señor Ministro está inhibido de dar determinadas respuestas en función de limitaciones legales tratándose de temas absolutamente reservados y de naturaleza muy delicada”.

Su correligionario Daniel Payssé expresó que “no estoy violando ninguna confidencialidad por mencionar las tres vertientes por las cuales se puede acceder al refugio: que habitantes del mundo puedan solicitar refugio a nivel individual, por las causas que establece la ley que presumo todos los legisladores conocen ; que las personas sean perseguidas en su país de origen y también en otros, y no encuentran un lugar donde poder habitar, y la planificación de los asentamientos o de los reasentamientos de personas vinculadas a situaciones particulares. A ese respecto, nosotros tenemos un plan de asentamiento por el cual podemos albergar hasta a cuarenta y cinco personas, con algunas condiciones. Seguramente, los va a sorprender mucho más que la situación de estos prisioneros que hace doce años están padeciendo violaciones a los derechos humanos, la del plan de asentamiento vinculado a personas colombianas, que fue tratado con total discreción, y sobre el que no ha habido por parte de quienes integramos esa comisión detallados en el artículo 24 de la ley ninguna transgresión a la confidencialidad. Por encima de todas las cosas ha primado la protección de los derechos humanos de estas personas, en función no solo de la situación que tienen, sino de lo que mencionaba el señor Diputado Garino Gruss, que tiene que ver con la persecución y con todo lo vinculado a la discriminación. En este país tenemos niños que concurren a las escuelas, hijos de refugiados, que nadie sabe que lo son. Siguiendo el concepto de protección de la integralidad de los derechos humanos, la sociedad no sabe que son refugiados; esa confidencialidad forma parte de la protección de esas personas. Eso es la confidencialidad y lo que vamos a tener que seguir defendiendo. Sería horrible que un niño llegara a la escuela y le dijeran: «Ahí viene el hijo del refugiado». Ello atentaría contra los derechos humanos”.

En tanto, el diputado Felipe Michelini (FA) sostuvo que “el Ministro ha aclarado en forma inequívoca es que no son presos; no vienen por un intercambio de prisioneros, situación que podría darse, por ejemplo, cuando un ciudadano uruguayo debe cumplir una pena en el extranjero y se pide que la cumpla en nuestro país, de acuerdo a tratados y a prácticas establecidas internacionalmente. No vienen en esa condición.

Entonces, si vienen, lo hacen por su voluntad y no son presos. Si vienen en carácter de refugiados, ¡bienvenido sea!, porque tenemos un esquema claro, predeterminado, reglado, que nos permite acogerlos. Naturalmente, necesitamos el apoyo de Acnur para que encuadren en esta situación. El Ministro ha adelantado algo que me parece muy interesante: inclusive en la situación hipotética de que no puedan encuadrarla allí, estamos dispuestos a analizar otro marco. Sin duda, prefiero el de refugiado, teniendo en cuenta que la ley sobre los refugiados fue votada por la unanimidad de los partidos políticos en el Parlamento”.

Responsabilidad política

Según Jaime Trobo (PN) “acá la cuestión no es eludir la responsabilidad política de este tema, justificando el hecho de que a ciertas personas se les conceda el refugio. Me ha llamado especialmente la atención que el Ministro invoque la ley sobre información pública para no informar al Parlamento. Invocar la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública que tiene como único propósito dar a los ciudadanos la posibilidad de conocer lo que ocurre en las entrañas del Estado para negar información al Parlamento es tergiversar el espíritu de la ley y no asumir la responsabilidad política de decir acá lo que debe decir. Si el Gobierno está resuelto a llevar adelante esto desde hace cuatro meses, desde cuando lo viene negociando con el Gobierno de los Estados Unidos dicho sea de paso, un Gobierno execrable para la izquierda de nuestro país en muchas circunstancias de la historia e, inclusive, ahora, para cierta izquierda de nuestro país , tiene que asumir esa responsabilidad y no escudarse en la ley de información pública para que un funcionario público de la jerarquía política de un Ministro de Estado venga al Parlamento a decir que no informa porque las cuestiones de política exterior están guardadas por dicha ley. Esa es una falta de responsabilidad política y una señal clara de hasta dónde el Ministro quiere asumir responsabilidades en estas cuestiones. Menciono al Ministro porque el responsable de la política exterior ante el Parlamento es el Ministro del ramo, en este caso, de Relaciones Exteriores.

No admito que se diga en el Parlamento que hay leyes que a los funcionarios del Gobierno con responsabilidad política les impiden decir lo que ocurre, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer; no lo admito. No lo admitiría ningún legislador ni de la oposición ni del Gobierno que se precie de tal de Representante de la ciudadanía , que viene aquí para preguntar, no para utilizar la información; viene para conocerla. Hay múltiples mecanismos en el funcionamiento parlamentario a los efectos de hacer operar seguros y resguardos para el manejo de cierta información. Pero si se duda sobre la capacidad política que tiene el Parlamento para conocer un tema de estas características un tema de política exterior no del Gobierno, sino del Uruguay, profunda diferencia que tenemos con el actual Gobierno y con la política que conduce el Canciller Almagro , quiero decir que la política no es la del señor Mujica ni la del señor Almagro, sino que es la que tiene consecuencias sobre nuestro país, sobre toda su dimensión, la nacional y la exterior.

La diputada Orquídea Minetti (FA) indicó que “se ha dicho que estas personas deberían tener un monitoreo, un seguimiento de Inteligencia, etcétera, cuando lleguen a nuestro país. Tengo entendido que estas personas han estado recluidas sin un procesamiento, o sea que si en más de diez años no encontraron un motivo para procesarlas, estas personas no significan un riesgo en ningún país que las reciba.

Tengo la certeza de que no es el Presidente de la República ni su Canciller quien resuelve dar refugio o no a las personas en este caso, estas personas que ya aceptaron venir a Uruguay , sino que es la Comisión, es la CORE que lo hace, pero yo igual quisiera dejar una pregunta pendiente para que sea contestada por el señor Ministro”.

Para el senador Roberto Conde (FA) “sin entrar en ningún debate, quiero decir que no se puede, casi al pasar, reprocharnos que estamos siendo cómplices de alguna conducta atentatoria de Estados Unidos frente a derechos de otras personas o de otras naciones. Nosotros no estamos siendo cómplices de los Estados Unidos en nada; este caso no cambia el balance histórico que tenemos respecto de la conducta de Estados Unidos, fundamentalmente en relación con América Latina y su política colonialista brutal a lo largo del siglo XX. No estamos poniendo en juego algo que tampoco es patrimonio de las posiciones políticas de la izquierda latinoamericana ni de la izquierda uruguaya, como ha dicho aquí algún señor Diputado. La conducta internacional de Estados Unidos y sus relaciones con América Latina ya son patrimonio de la historia y de los historiadores, y no son una simple posición política. Cuando se quiera constatar lo bueno y lo malo que esas relaciones han tenido, se puede recurrir, incluso, a los propios documentos desclasificados del Departamento de Estado de dicho país. De modo que no vamos a entrar en ese simplismo; no vamos a contestar ese reproche cuasi demagógico. A los Estados Unidos le reclamamos lo que tenemos que reclamar y, si es posible cooperar en algo, en bien de la humanidad y de nuestras relaciones, vamos a hacerlo. No es por anteojeras ideológicas que regulamos nuestras relaciones con Estados Unidos; es en función de nuestros principios de nación soberana y del derecho internacional”.

La diputada Quintana (FA) afirmó que “Uruguay es un ejemplo en América Latina de ser un país solidario en la discusión de los derechos humanos y de lo que vamos a hacer con la gente que está en Guantánamo. Lo que sí me queda claro es que hay una intencionalidad política de que se diga algo que no es. No sé dónde los legisladores que hablaron anteriormente han encontrado o leído y dan por cierto que esto es un intercambio de favores y que hay algo a nivel institucional que dé fe de eso. Si es así, yo lo desconozco”.

Fuente de Imagen: www.elmundo.es

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