Este artículo sintetiza los aspectos más destacados del Plan Estratégico para el Uso del Agua en la Producción Agropecuaria, que se está construyendo en un marco interinstitucional.

Los datos están contenidos en el Anuario 2024 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que aborda el Análisis sectorial y cadenas productivas, así como temas de política y estudios del sector.

El Plan busca habilitar las condiciones para que productores de diversas características tengan la oportunidad de acceder al riego como práctica productiva y adaptativa ante la variabilidad climática de forma ambientalmente responsable. Se propone un diagnóstico de las limitantes que pueden impedir la adopción de la tecnología y se sistematizan los antecedentes más sobresalientes que apuntalan el Plan. Se presentan, asimismo, las principales líneas de acción, que se articulan en seis ejes estratégicos: articulación institucional; políticas de estímulo; obras de infraestructura; investigación y generación de conocimiento; fortalecimiento de capacidades técnicas; y articulación con el sector productivo.

1. Oportunidades y motivación para un plan de riego

La inclusión del riego en la producción agropecuaria presenta diversas oportunidades que motivan la construcción de una estrategia de desarrollo productivo que gire en torno a la adopción, de forma más generalizada, de esta tecnología. En primer lugar, se visualiza una oportunidad estratégica del riego como dinamizador del desarrollo económico nacional, por vía de una mayor productividad y mayor estabilidad productiva, por su potencial de fortalecimiento de las cadenas agropecuarias conectadas y por la inclusión de productores de distintas características de tamaño y rubro. Por otra parte, se identifican los beneficios del abordaje polivalente de la gestión del agua, ya sea para consumo humano, para la generación hidroeléctrica, para distintos usos industriales, para el control de inundaciones en ciudades, medios rurales y campos, o para uso colectivo de infraestructura existente en la producción agrícola y el abrevadero animal.

Un plan de riego que identifique y aproveche estas oportunidades debe construirse sobre la base del respeto de las políticas y los marcos institucionales vigentes, como el Plan Nacional de Aguas, el Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en el sector Agropecuario, la Ley de Suelos y Aguas y la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario (SENDA) (OPYPA, 2023). El compromiso con la sostenibilidad en sus tres dimensiones, en particular con la conservación de la calidad del agua, es un principio clave que debe resguardarse en este Plan. Finalmente, es notable la coyuntura de convergencia de la evolución del negocio agrícola, el estadio de madurez alcanzado por la tecnología de riego, el conocimiento generado en distintos esfuerzos de política de promoción y el alto acuerdo político en cuanto a la relevancia de impulsar esta práctica productiva transformadora.

2. Situación actual y caracterización del riego con destino agrario.

2.1 Disponibilidad y utilización actual del recurso hídrico.

Uruguay tiene un régimen de lluvias caracterizado por una relativamente alta variabilidad interanual de precipitaciones, con la consiguiente variación de los caudales de ríos y arroyos, además de tener suelos con poca capacidad de almacenamiento de agua. De manera que es habitual que en los veranos se presenten, en mayor o menor medida, situaciones de déficit hídrico. Cada año llueven 1.300 mm en promedio, con variaciones en la distribución intraanual. De ese total, el 65% es aprovechado por la vegetación, se evapora, se infiltra en los suelos y recarga acuíferos. El 35% restante escurre hacia los cursos de agua. De acuerdo al Plan Nacional de Aguas de 2017, la producción agropecuaria bajo riego es su mayor usuario (77%), seguida por producción industrial (12%), los diversos consumos humanos (9%) y otros usos incluyendo la producción ganadera y lechera (2%). El agua usada para el sector agropecuario extraída de cursos superficiales o embalses representa un 5% del agua de escurrimiento que se mencionó anteriormente (MVOTMA, 2017).

2.2 Impacto del déficit hídrico sobre la producción agrícola. Según estimaciones de Cortelezzi et al. (2023), el impacto del déficit hídrico 2022-2023 en la producción agropecuaria le generó al país pérdidas económicas directas estimadas en unos 1.800 millones de dólares. De esta cifra, aproximadamente 1.000 millones de dólares corresponden al daño ocasionado en la agricultura de secano. En 2023 el rendimiento promedio del maíz en secano se ubicó en 914 kg por hectárea, una diferencia notable con el promedio de los cinco años previos, que se situó en 5.900 kg por hectárea. Para la soja, el rendimiento en secano fue de 628 kg por hectárea, contrastando con el promedio quinquenal de 2.200 kg por hectárea. Adicionalmente, un 28% del área sembrada no pudo ser cosechada (DIEA, 2023).

2.3 Nivel de adopción del riego en la agricultura.

Según estimaciones realizadas para la construcción de este diagnóstico, en el año 2023, 239.600 hectáreas contaban con infraestructura de riego. Esta área se distribuye en diferentes cultivos: 149.000 hectáreas destinadas al cultivo de arroz, 7.100 hectáreas a la caña de azúcar, 70.000 hectáreas a la rotación de cultivos de cereales y oleaginosas junto con pasturas y forrajes, y 13.500 hectáreas destinadas a la producción de hortalizas y frutas.

Por su parte, la superficie agrícola comprendida en planes de uso y manejo responsable de suelos (PUMRS) abarca aproximadamente 1,7 millones de hectáreas, por lo que el riego agrícola y agrícola-ganadero tiene potencial de desarrollo futuro. Dos fenómenos se configuran como motores del aumento de la superficie bajo riego. Por una parte, durante el período 2000-2020 se registró un significativo crecimiento de los precios internacionales de los productos agrícolas, como muestra el índice real de precios de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que aumentó casi un 50% (OCDE y FAO, 2021). En el mismo período, los precios de la tierra experimentaron un crecimiento en un factor de 7,8, según la DIEA (2022), lo que ha llevado a estrategias de intensificación y búsqueda de aumento de la rentabilidad. Este escenario se desarrolla en un contexto de heterogeneidad de situaciones. Se observa que los mecanismos de la Ley de Promoción de Inversiones han sido exitosos para promover el riego en cierto perfil de productores. Sin embargo, surge la necesidad de adoptar un enfoque que contemple las diferentes realidades para garantizar que las políticas lleguen a todos los actores del sector, independientemente de su escala, rubro o ubicación.

• Políticas públicas para la gestión del agua para riego

Se han implementado diversas medidas de incentivo que han influido en el panorama de inversión y desarrollo del riego y la gestión del agua. Se destacan las exoneraciones fiscales previstas a través de la aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones. Las modificaciones en la reglamentación de 2020 significaron un importante impulso en la realización de proyectos de riego. Entre los años 2021 y 2024 la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) recibió 316 proyectos orientados al riego, con inversiones estimadas en más de 150 millones de dólares (Díaz et al., 2024). Otra iniciativa es el instrumento que proporciona créditos fiscales equivalentes al 10% de la inversión (sin IVA) y al 100% del IVA a productores que tributan IMEBA. La implementación de proyectos específicos también ha sido una parte fundamental de los esfuerzos en la gestión del agua y el riego en Uruguay. El Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo de Riego (PRENADER), implementado entre 1994 y 2002, logró extender el riego en 35.000 hectáreas, mayoritariamente destinadas al cultivo de arroz. El proyecto tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la infraestructura para riego. Sin embargo, esto no se tradujo en un aumento equivalente en la implementación efectiva de la tecnología (BM, 2003; Failde et al., 2013). El Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja, ejecutado entre 1998 y 2005, estimuló el uso de riego en fruticultura y viticultura, en el marco de la reconversión frutícola. Por su parte, la Dirección General de la Granja realizó tres convocatorias entre 2014 y 2016, en las que ejecutó 300 proyectos de riego. Entre 2005 y 2011 se ejecutó el Proyecto de Producción Responsable (PPR), que se propuso contribuir con soluciones de acceso al agua para riego y para abrevadero animal. Según su evaluación de cierre, el programa fue exitoso en el desarrollo de proyectos individuales en el estrato de productores familiares (PPR-MGAP, 2012). El proyecto Agua para la Producción Animal, ejecutado entre los años 2010 y 2013, apoyó proyectos prediales para ganadería y lechería, principalmente orientados a la distribución de agua. De 1.789 proyectos ejecutados, la mayor parte tuvo como destino la distribución de agua y sólo un 11% fueron proyectos de riego de muy pequeña escala. La convocatoria a estrategias asociativas de agua para la producción, del proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, involucró a 400 productores en departamentos, con una superficie potencial de riego de 1.000 hectáreas. Esta convocatoria fue diseñada para fomentar la colaboración y la gestión conjunta de recursos hídricos, que permitiese a los agricultores aprovechar de manera efectiva el riego en sus operaciones agrícolas. El monitoreo permanente de estos proyectos muestra casos exitosos y casos que no lograron consolidarse. Entre el año 2018 y el 2022, se ejecutó el proyecto Más Agua para la Producción, que apoyó a 530 productores para implementar soluciones ante la problemática del agua. Por su parte, el Instituto Nacional de Colonización (INC) ha desempeñado un rol importante en la implementación de obras de agua y riego, aunque actualmente algunas de ellas no se encuentran en su nivel óptimo de uso. El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) lanzó instrumentos específicos en el año 2015, sin embargo, su uso fue limitado. En 2023, lanzó un nuevo producto para riego que financia hasta el 80% de la inversión, con tasa fija en dólares y 15 años de plazo. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) implementa anualmente una política de descuentos y devoluciones con el objetivo de incentivar el riego al reducir el costo operativo.

• Consideraciones ambientales en la gestión del agua.

El artículo 47 de la Constitución establece que las aguas superficiales y subterráneas son un recurso subordinado al interés general y define principios básicos para su gestión. Se dispone que la política nacional de aguas debe estar basada en el ordenamiento del territorio, la protección del medio ambiente, y la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. También se establece que la política de aguas se debe sustentar en el establecimiento de prioridades para sus usos, por regiones o cuencas. A texto explícito se define como prioridad el abastecimiento de agua potable para las poblaciones. Dando cumplimiento al artículo 47, en el año 2009 se estableció por ley la Política Nacional de Aguas. Esta define una nueva institucionalidad para la participación de la ciudadanía: los consejos regionales de los recursos hídricos y las comisiones de cuenca y acuíferos. Precisamente, en el Plan Nacional de Aguas (PNA) se describe la instancia de diagnóstico participativo desde la planificación, la gestión y el control, siendo este un instrumento técnico-político para la planificación y la gestión de las aguas con la consideración de los diversos usos del recurso. Una estrategia de desarrollo del riego promovida por el Poder Ejecutivo también debe ser analizada en dichos ámbitos Una gestión integrada del agua implica el conocimiento de la disponibilidad de los recursos hídricos por cuenca, información sobre la demanda actual de todos los usos, las interrelaciones entre los usos en el tiempo y los escenarios a futuro que se planifiquen desde la perspectiva de un ordenamiento territorial sostenible. Conocer la disponibilidad de agua a distintas escalas de la cuenca (subcuencas o unidades hidrológicas) y a distintas escalas temporales (mensual, diaria, cada 5 años) permite caracterizar zonas y momentos vulnerables para aplicar políticas de gestión. También permite agrupar usuarios, entender sus comportamientos, definir períodos de escasez y definir políticas específicas para grupos de interés. En el PNA se cuenta con información de cantidad de obras y volúmenes anuales por tipo de uso y fuente. A nivel de cuenca principal existe información de volúmenes por tipo y a nivel de subcuencas se tiene la densidad de obras cada 10.000 km2 y el volumen de uso anual por unidad de área. Para una mejor gestión de las aguas a nivel de microcuencas es deseable que los usuarios manejen información a una escala temporal y espacial menor, así como conocer la afectación que tienen entre sí y el pronóstico a futuro. A los efectos de la gestión del agua es relevante definir la escasez para los distintos usuarios (relación entre la oferta y la demanda), en particular, el sector agropecuario puede sufrir problemas de déficit hídrico temporal, sin estar transcurriendo un período de sequía prolongada. Otro aspecto ambiental relevante en la construcción de nuevas obras hidráulicas es la alteración de la calidad de agua de los cursos de influencia por cambios en el escurrimiento ante obras de almacenamiento. La calidad de agua de un curso es variable en el tiempo en función de los aportes antropogénicos que reciba y del escurrimiento de agua de lluvia ligado a la dinámica hidrológica. Para un mejor diagnóstico, los monitoreos de parámetros físicos, químicos o bacteriológicos deben complementarse con monitoreos de cantidad para poder inferir tiempo de permanencia de ese estado y evaluar su evolución con la dinámica del ecosistema. Las obras hidráulicas que se generen, por ejemplo, embalses, pueden ser puntos de concentración de nutrientes y materia orgánica por su propia característica de retención del agua, con lo cual se requiere tomar medidas de gestión para controlar la calidad de agua en el embalse y en las aguas bajo el curso. Los mecanismos preventivos de control de la calidad en las fuentes de agua se basan en una lógica de gestión integrada, donde se deben ponderar las causas de afectación de la calidad de agua a nivel de cuenca: desagües industriales, efluentes sanitarios, prácticas en la producción agropecuaria. En este sentido, la normativa establece que los represamientos deben prever, desde la etapa de proyecto, mecanismos de gestión en el área de influencia del embalse para la disminución del ingreso de nutrientes, como la aplicación de áreas de amortiguación, cercado, manejo adecuado o mecanismos para la prevención, la mitigación y el control de la propagación de eventuales floraciones algales, entre otros. Relacionado con las medidas de control de la calidad de agua, como la disminución del ingreso de nutrientes, así como con la conservación del suelo, desde el año 1997 los establecimientos con producción agrícola regada deben presentar planes de uso de suelos y aguas (PUSA), los cuales son tramitados ante la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) del MGAP y la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) del Ministerio de Ambiente (MA), de forma conjunta. Con la mejora continua de la herramienta, a partir del año 2013 se agrega a la planificación del uso del suelo el control de la erosión. Actualmente, estos planes deben considerar los suelos del predio, las prácticas de manejo, la secuencia de cultivos y la erosión tolerable estimada con la ecuación universal de pérdidas de suelos, para evitar alcanzar un límite pre-establecido. En la etapa de diseño de proyectos puntuales de riego, dependiendo de la envergadura del emprendimiento, se deben analizar aspectos ambientales para evaluar si constituye un impacto significativo. Al momento de definir la localización de los embalses, se deben tener en cuenta aspectos de calidad del agua instrumentando medidas para mitigar y prevenir modificaciones en ella, para lo cual el conocimiento de la línea de base de calidad de agua es importante para evaluar el impacto en un escenario de proyecto. Otro aspecto a considerar es la presencia de monte nativo, intentando localizar los proyectos en los sitios con menor densidad o instrumentar medidas compensatorias. El mantenimiento de zonas buffer, así como la instrumentación de buenas prácticas de conservación de suelos como minimizar las labranzas a favor de la pendiente, evitando la formación de surcos, mantener la cobertura vegetal y conservar los drenajes naturales del terreno, son prácticas que, además de conservar los suelos, controlan la acumulación de nutrientes en los embalses. Por otro lado, el Decreto n.o 349/005 establece que ciertas obras hidráulicas de gran magnitud, que podrían construirse para uso de riego, precisan pasar por un proceso de autorización ambiental previa. En este, los proyectos son comunicados a la autoridad ambiental (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental [DINACEA]), clasificados, evaluados, puestos en manifiesto y presentados en audiencia pública cuando corresponda, hasta obtener la autorización. Como parte del Decreto n.o 368/2018, en el marco de las modificaciones de la Ley de Riego, nuevos requerimientos ambientales fueron agregados para este tipo de proyectos, así como para otros proyectos de menor envergadura, que no entran en el artículo 2 del Decreto n.o 349/005, pero que deben considerar aspectos ambientales.

El cuadro 1 presenta de forma esquemática los principales hitos que delinean el marco jurídico actual para el uso del agua. Cuadro 1. Evolución del marco jurídico en torno al uso del agua

3.2 El Plan Nacional de Aguas como marco general del Plan de Riego

El Plan Nacional de Aguas es un instrumento técnico-político para la planificación y la gestión de las aguas considerando sus diversos usos, aprobado por decreto y previsto por la Ley de Política Nacional de Aguas del año 2009 (MVOTMA, 2017). El PNA propone tres grandes objetivos, entre los cuales se considera la gestión del agua para el desarrollo productivo sostenible y como práctica adaptativa ante la variabilidad climática y el cambio climático:

1. Garantizar a los habitantes el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de acceso al agua potable y al saneamiento.
2. Disponer de agua en cantidad y calidad para el desarrollo social y económico del país y para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas mediante la gestión integrada y participativa
3. Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos de eventos extremos y al cambio climático, con enfoque en la gestión de riesgo. El PNA se estructura en torno a diez programas de intervención. El primero, “Agua para el desarrollo sustentable”, prevé específicamente la ejecución de un plan estratégico de riego. Adicionalmente, una estrategia de desarrollo de riego mantiene varios puntos de intersección con los restantes programas.

3.3 Creación de la mesa ejecutiva para la formulación del Plan de Riego En agosto 2024, el MA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el MGAP, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el MTOP, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), así como las empresas públicas Obras Sanitarias del Estado (OSE) y UTE, crearon un espacio de coordinación y de toma de decisiones para elaborar conjuntamente el Plan de Riego y facilitar la articulación para la implementación efectiva y rápida de sus acciones.

3.4 Ley de Riego y modificaciones Este apartado presenta un resumen de los aspectos más importantes de la Ley de Riego (Ley n.o 16.858) de 1997 y la Ley n.o 19.553, de 2017, y ofrece una discusión de posibles limitantes que podrían persistir en el terreno de lo reglamentario. La Ley de Riego, entre otros aspectos, declara de interés general el riego con destino agrario, estatuye las sociedades agrarias de riego y las asociaciones agrarias de riego, y habilita a gravar a los predios que participen de un sistema multipredial de riego, siendo esto una garantía para asegurar el cobro de quienes inviertan en obras multiprediales. La ley habilita a otorgar derecho de uso privativo de aguas de dominio público con destino a riego, condicionado al cumplimiento de requisitos: i) que exista agua disponible en cantidad y calidad; ii) que el solicitante cuente con un plan de uso y manejo de suelos aprobado; y iii) que el solicitante acredite ser titular de un derecho de propiedad, usufructo o goce de los suelos donde se asienten las obras hidráulicas o sean afectadas por ellas.

Por otra parte, en la Ley n.o 19.553 se definen los sistemas multiprediales de riego y se habilita la posibilidad de realizar proyectos bajo el mecanismo de participación públicoprivada. El artículo 12 de esta ley crea la figura del operador de sistemas de riego. Esta figura no es necesaria ni excluyente para poner en marcha un sistema de riego, sea multipredial o no. La creación de dicha figura responde a la previsión de eventuales requisitos o exigencias futuras sobre los operadores. El artículo 15 de esta ley, donde se establece la posibilidad de trasladar los beneficios fiscales obtenidos por la Ley n.o 16.906, de 1998, por las sociedades a los socios, no ha sido reglamentado. Esta reglamentación debe ser diseñada en conjunto con la Dirección General Impositiva, organismo designado para determinar el mecanismo concreto de la transferencia de beneficios. Sin embargo, resulta fundamental remarcar que este beneficio fiscal no aplica a todas las sociedades, sino únicamente a las asociaciones y sociedades agrarias de riego y a las asociaciones y sociedades agrarias cuyo objeto esté limitado exclusivamente al riego. Es decir, que este beneficio podría obtenerlo un número marginal de sociedades, ya que es poco habitual encontrar personas jurídicas que limiten su accionar exclusivamente al riego. Por último, el artículo 16 establece la posibilidad de conducir el agua por cursos naturales, lo cual es otro aspecto que debe ser reglamentado. Es necesario definir las condiciones para ello y, especialmente, cómo se articulará ese traslado con el caudal ambiental.

3.4 Consistencia y continuidad en los principales estudios y propuestas Uruguay cuenta con una vasta trayectoria de esfuerzos referidos a la promoción del riego. El cuadro 2 presenta resumidamente los principales estudios, lo que permite sintetizar una propuesta construida sobre los cimientos de la experiencia acumulada.

Cuadro 2. Síntesis de antecedentes estratégicos Nombre Autor y año Contenido sintético Lineamientos para una política de Estado relativa a la utilización de agua para riego Grupo de Desarrollo del Riego, 2009 Antecedente directo. Propuesta estratégica con siete ejes articuladores: Creación de capacidades técnicas; Generación de conocimientos; Fortalecimiento institucional y de la legislación; Integración del Riego en los Sistemas de Producción; Planificación territorial; Aumento en las fuentes de agua; Políticas de estímulo.

4. Barreras y limitantes para la adopción del riego.

Existen antecedentes nacionales que identifican algunos factores que actúan como limitantes para la adopción de prácticas de riego en el país (Grupo de Desarrollo del Riego, 2009; Failde et al., 2013; MGAP, 2015; CERES, 2023). Estas limitaciones pueden ser de índole técnica, económica o institucional, y su identificación es esencial para desarrollar estrategias que impulsen el uso sostenible del agua en la producción agrícola.

• Limitantes económicas.

En general, implementar el riego requiere de inversiones altas y no modulables, que lleva varios años amortizar. Si bien la adopción de riego reduce la incertidumbre en los rendimientos y trae aumentos de productividad, el margen de rentabilidad puede ser acotado: sea por la magnitud de la inversión, por la exposición a la evolución de precios de las commodities o por el nivel de los costos de operación, que están ligados al diseño de cada sistema particular. Por otra parte, la variabilidad climática sigue influyendo en los criterios de decisión de las inversiones. Aunque se estabiliza el ingreso a niveles mayores, la incertidumbre climática afecta el resultado económico incremental de la producción con riego respecto a la producción sin riego. Otro factor limitante es el problema de coordinación entre agentes para asegurar la sostenibilidad económica de proyectos colectivos. Existe el riesgo de que los potenciales usuarios, una vez construido el sistema colectivo, decidan no demandar toda el agua que previamente habían manifestado interés de demandar (por ejemplo, porque se da un buen año de lluvias o porque se da un mal año en el valor de los granos). Dado que los costos del sistema estarán condicionados por los parámetros de demanda de diseño, que ahora son diferentes a los efectivamente verificados, la rentabilidad del operador, y con ello la viabilidad del sistema, se vería afectada. Adicionalmente, el régimen predominante de tenencia de la tierra podría ser una barrera económica para la inversión. La mayor parte de las áreas dedicadas a la agricultura y la lechería están arrendadas en contratos a corto plazo, lo que desincentiva inversiones de largo plazo. Por último, desde una lógica de transición tecnológica, es posible que otras inversiones más urgentes, de menor riesgo percibido, o de menor magnitud, compitan con la inversión en riego. Esta serie de limitantes tiene impacto en el acceso y las condiciones de financiamiento, elementos fundamentales para que se concreten los proyectos de inversión. Como ya se mencionó, una de las herramientas que se han utilizado desde la política pública para compensar estas limitantes económicas ha sido la exoneración parcial del IRAE y otros impuestos, en el marco del régimen de promoción de inversiones. Si bien la reglamentación más reciente ha impulsado los proyectos vinculados al riego, el hecho de que una alta proporción de productores hagan uso de la opción por tributar el IMEBA y no el IRAE constituye un obstáculo para un uso más extendido de este beneficio. Asimismo, la naturaleza colectiva o tercerizada de algunos proyectos de riego hace más desafiante el uso del beneficio.

• Limitantes técnicas.

La producción agrícola con riego implica una transformación del sistema productivo que presenta una curva de aprendizaje costosa, de alta demanda de capacidades técnicas y gerenciales de operadores y de empresarios. Este aspecto es fundamental para el éxito de la implementación de proyectos productivos con riego. Se ha identificado que no disponer de una guía metodológica técnica para el cálculo de caudales ambientales, puede implicar un sobredimensionamiento de obras, lo que afectaría el monto de inversiones y de costos operativos, y, por este canal, la viabilidad de proyectos de riego. Desde el punto de vista técnico, la información nacional sobre cantidad y disponibilidad de agua, y sobre la calidad del agua, todavía es insuficiente para tomar decisiones ágiles de gestión del recurso. La infraestructura energética de transmisión eléctrica es un factor crítico que podría restringir la expansión del riego en zonas por lo demás adecuadas, debido a las altas demandas de potencia de la tecnología.

• Limitantes institucionales.

Para avanzar en el desarrollo sostenible del riego es necesario contar con una visión clara y coordinada desde las instancias de decisión más altas, que proporcione certezas y dirección a esta política pública. El liderazgo estratégico, entonces, es un aspecto crítico para alinear los esfuerzos de los distintos actores y organismos involucrados, y asegurar la efectividad de las acciones necesarias para una expansión exitosa del riego. En algunos casos, será necesaria la construcción de infraestructura eléctrica de mayor porte, para poder abastecer las demandas de potencia que se lleguen a requerir.

5. Plan Estratégico para el Desarrollo del Uso Productivo del Agua en Sistemas Agropecuarios (SENDA Riego)

5.1 Visión y objetivo estratégico

La visión que articula la construcción del proceso estratégico es fortalecer una política de Estado para el uso productivo del agua, construida sobre amplios acuerdos políticos y sociales, capitalizando la acumulación del conocimiento y el trabajo específico en la materia.

En este sentido, como objetivo estratégico, se propone habilitar las condiciones para que productores de diversas características tengan la oportunidad de acceder al riego como práctica productiva y adaptativa ante la variabilidad climática de forma ambientalmente responsable. El Plan se propone incorporar 150.000 nuevas hectáreas de riego en un período de 10 años como meta general. Como meta concreta a 2029, se propone incorporar 60.000 nuevas hectáreas y aumentar la cantidad de productores adoptantes, diversificando su perfil en cuanto a rubro productivo, tamaño y región.

5.2 Ejes estratégicos para el desarrollo del uso del agua en sistemas agropecuarios

La propuesta actual de política puede interpretarse como una síntesis de las propuestas y sugerencias acumuladas que se mencionaron en el apartado anterior. Para fortalecer el proceso de construcción se realizó un taller con una amplia participación de actores públicos y privados, en donde fueron validados el diagnóstico y el esquema del Plan, y se avanzó en la definición de los lineamientos de acción. La propuesta se presenta a continuación articulada en seis ejes estratégicos. 5.2.1 Políticas de estímulo y financiamiento

Como lineamiento de acción dentro de este eje, se propone avanzar en el análisis de las limitantes económicas al desarrollo de proyectos de riego, con el fin de desplegar desde la política pública instrumentos más idóneos para viabilizar proyectos económicamente sostenibles que por diversas fallas de mercado o problemas de coordinación no se están realizando. Con base en dicho análisis, se podrán implementar modificaciones a la aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones, apoyo técnico o fondos concursables para apoyo parcial para la construcción de sistemas de riego colectivos, entre otros instrumentos posibles. Los instrumentos a implementar deberán considerar tanto las garantías ambientales como los efectos de encadenamiento para el desarrollo productivo de la cuenca en donde se localicen. Complementariamente, se propone ejecutar nuevos programas desde el MGAP para riego asociativo y abrevadero animal, con fuerte orientación a mujeres y a productores familiares.

Para cerrar este apartado, es conveniente destacar la importancia de considerar los aspectos de eficiencia en cualquier herramienta que se diseñe para impulsar el riego, en particular, favorecer sistemas de riego eficiente que optimicen el uso de agua, la eficiencia energética de los equipos de bombeo y riego, y las fuentes renovables para los equipos de bombeo.

5.2.2 Fortalecimiento institucional y coordinación

El Plan propone concretar la reingeniería de los procedimientos administrativos para la autorización de proyectos, de modo de agilizar la resolución y simplificar los trámites en una ventanilla única. Es necesario fortalecer las oficinas relevantes mediante dotación de recursos humanos y tecnológicos para dar fluidez a los procesos y garantizar el desempeño eficiente de sus atribuciones. Otra línea de acción en este eje es el fortalecimiento y el perfeccionamiento de un inventario completo de los recursos hídricos y un sistema de monitoreo permanente de la disponibilidad y de la calidad de agua, de forma de contar con herramientas poderosas para el otorgamiento de derechos de uso, para la priorización de microcuencas para proyectos de riego y para la gestión oportuna de problemas de calidad. Otra acción a abordar en este capítulo se refiere a la definición de cursos de agua permanentes y no permanentes, y de las guías para la determinación de los caudales ambientales por cuencas y microcuencas. Finalmente, se busca formalizar y fortalecer el ámbito ejecutivo de coordinación para la implementación del plan formulado, bajo un modelo de manejo integrado, en el marco de la Política Nacional de Aguas.

5.2.3 Desarrollo de obras de infraestructura

Desarrollo de obras de infraestructura energética Para el desarrollo efectivo del riego, es esencial planificar la expansión de la transmisión de energía eléctrica en alta tensión, lo cual requiere una articulación sólida entre la UTE, el MIEM, el MGAP, la OPP y las gremiales de productores. La UTE, en particular, juega un rol fundamental como socio estratégico. Una acción para mejorar esta coordinación es crear un sistema compartido de información, que permita planificar la infraestructura en función de proyectos presentados ante la COMAP u otros promotores, facilitando la respuesta anticipada a la nueva demanda de energía.

Desarrollo de obras de infraestructura hidráulica En primer lugar, se propone construir un repertorio sistemático de todos los estudios existentes sobre obras potenciales, actualizando los aspectos que correspondan, en particular costos y potenciales de riego, y armonizando criterios y parámetros. En segundo lugar, se deberá dedicar todos los esfuerzos posibles para rehabilitar y repensar el uso de infraestructura existente cuando esta se encuentre subutilizada para lo cual es fundamental la articulación entre el MGAP, el INC y los agentes privados. En tercer lugar, se proponen acciones que propendan a facilitar el uso polivalente y protocolizado para el aprovechamiento multipropósito (por ejemplo, para generación de energía, uso industrial, consumo humano o uso agropecuario) de grandes obras hidráulicas existentes o que estén en etapa de diseño (UTE-OSE-MTOP). Por último, se propone definir y priorizar un conjunto de microcuencas para desarrollar nuevas obras para sistemas colectivos polivalentes.

5.2.4 Articulación con el sector productivo

Un aspecto clave para el desarrollo del riego es la necesidad de los productores de reducir la incertidumbre en los rendimientos de la actividad productiva y reducir la vulnerabilidad asociada al déficit hídrico. El éxito en la transformación productiva hacia sistemas con riego está asociado, en general, a procesos que surgen desde la demanda y las necesidades de los productores: deben ser los productores quienes traccionen la adopción de la tecnología. De esta forma, se avanzará en aquellos proyectos que emerjan desde el sector productivo o en donde los productores manifiesten genuino interés y compromiso ante la implementación y operación de los proyectos. El enfoque, entonces, debe basarse en generar y potenciar oportunidades para todos los productores, prestando atención a sus características diferenciales y evitando imponer soluciones pensadas únicamente desde la planificación.

5.2.5 Investigación y generación de conocimiento

El sistema nacional de investigación agropecuaria debe ocupar un rol protagónico en una estrategia de riego y gestión sostenible del agua. En este sentido, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) presentó un compromiso de gestión que consiste en la definición de un plan de investigación en riego para el período 2025-2030, que aborda los grandes temas sobre los que se demandan conocimientos específicos: estrategias de riego adaptadas por sistema; sistemas y métodos de riego; toma de decisiones en sistemas de producción con riego.

En este capítulo, otra línea de trabajo importante consiste en la difusión del conjunto de conocimientos generados por experiencias de organizaciones privadas de productores, como Regadores Unidos y otros. 5.2.6 Formación de capacidades técnicas y profesionales Se propone incorporar la temática de riego y la gestión integral del agua en programas de capacitación, formación técnica y profesional, tanto de grado como de posgrado, abarcando aspectos legales, económicos y agronómicos, como una acción relevante para fortalecer las capacidades en este ámbito. Otra línea de acción propone implementar procesos de certificación y recalificación para personal técnico y empresas de servicios dedicadas al riego, asegurando que cuenten con las habilidades y los conocimientos actualizados necesarios para realizar tareas especializadas. Finalmente, se propone crear un sistema de extensión con un programa de pasantías para técnicos, facilitando su formación práctica y conexión con el sector.

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Contexto:

A pesar de ser este un país donde llueve mucho, la variabilidad del régimen de precipitaciones, la baja capacidad de almacenamiento de agua de nuestros suelos y la baja productividad en términos generales de nuestros acuíferos, hacen que el acceso al agua sea frecuentemente el factor que limita el volumen de la producción agrícola-ganadera.

En un contexto en el que los recursos hídricos disponibles para la producción agrícola-ganadera se encuentran aprovechados en su totalidad, existe una intensa demanda de agua para crecer y establecer certidumbres en cada ciclo productivo. Resulta directo el razonamiento que construyendo embalses y reteniendo el agua que escurre por nuestra extensa red hídrica hacia el océano es posible eliminar las limitantes descritas. Esto es lo que intenta asegurar la Ley N°19.553 cuyas modificaciones fueron recientemente aprobadas. La construcción de grandes embalses es entonces el medio para asegurar la intensificación agrícola-ganadera. De acuerdo a los promotores de la propuesta, la producción podría hasta duplicarse.

Otras consecuencias de la intensificación del riego con fin agrícola:

La generación de embalses tiene potencialidad para generar cambios importantes en múltiples dimensiones de la realidad. Entre ellas destaca, además del volumen de la producción agrícola, el perfil y relaciones entre los actores vinculados al medio rural, la generación de conflictos entre diversos actores sociales vinculados directa e indirectamente a la temática, el ciclo hidrológico a escala de cuenca, la calidad del agua y ecosistemas que sustentan la biodiversidad y la producción, el acceso al agua como un derecho e incluso el patrimonio histórico-arqueológico material e inmaterial presente en el territorio, sea éste actualmente conocido o no. El conjunto de las consecuencias de la construcción de embalses multiprediales de gran escala trasciende la extensión de cada cuenca directamente involucrada, generando efectos diferidos en el espacio (tanto aguas arriba como aguas abajo), y diferidos en el tiempo, de una magnitud significativa y quizás poco sospechable a priori. Estas consecuencias cuestionan la sustentabilidad de la estrategia promovida por la nueva ley de riego, en contraposición al mandato de gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y preservación del ciclo hidrológico (Ley de Política Nacional de Aguas 18610, art. 8A). Asegurar la sustentabilidad involucra garantizar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios ambientales, que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida actuales sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. En el contexto nacional, la construcción de embalses multiprediales de gran escala es un avance decisivo en el desarrollo de un modelo productivo intensivo y no sustentable de uso del territorio.

En los últimos 70 años, la humanidad fue capaz de generar un cambio mayúsculo en la producción de alimentos gracias a la denominada revolución verde. Esta “revolución” se basó en el uso intensivo y extensivo de plaguicidas, fertilizantes y riego, la selección de cultivares, su modificación genética, la mecanización y el desarrollo de nuevos usos y manejos. Algunos componentes desarrollados en el seno de este modelo han resultado sumamente beneficiosos desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, la siembra directa bajo uso racional, ha permitido disminuir significativamente la erosión y la degradación del suelo. Por otra parte, la eficiencia actual en el uso de nutrientes no es suficiente y ha provocado la generalización del problema de eutrofización (contaminación por nutrientes) de los cuerpos de agua tanto a nivel mundial como nacional. En este contexto, en Uruguay son pocos los sistemas acuáticos que cumplen con la normativa de calidad de agua (Decreto 253/79 y modificativos) en lo que refiere a concentración en agua de fósforo total. Los sistemas de aguas corrientes que drenan campos agrícolas ganaderos, llegan a superar por 5, 10, 20, 40, 80, 120 y hasta más de 300 veces los máximos establecidos en la mencionada norma (los datos provenientes de investigaciones nacionales se encuentran a disposición de los interesados). Debido a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, los ecosistemas de aguas quietas, como los embalses, son más vulnerables que los de aguas corrientes al ingreso de nutrientes. Esto quiere decir que ante un mismo escenario productivo en su cuenca, el agua de lagos y embalses se deteriora antes y se deteriora más que en ríos y arroyos.

La interacción entre todos los factores involucrados (riego, uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas, maquinaria, disminución de caudales, en un contexto de cambio climático) establece un nivel de complejidad extremo. De todas formas, desde el punto de vista científico, la evidencia es clara: el mayor impacto actual sobre la calidad del agua de la mayor parte de nuestros ecosistemas acuáticos se debe a la actividad agrícola-ganadera. El modelo de intensificación productiva sobre la base de grandes emprendimientos de riego, exacerbará significativamente la problemática.

Fomentar el desarrollo del riego agrícola a gran escala resulta contradictorio con los esfuerzos realizados y previstos para que el agua de nuestros lagos, ríos y arroyos, cumpla con los estándares mínimos de calidad establecidos en nuestra normativa. Esta conclusión trasciende ampliamente cada embalse y la suma del conjunto de los embalses que se construyan a futuro.

Debe tenerse en cuenta que el nivel de afectación existente de los sistemas acuáticos es tal que muchos de los procesos serán difícilmente reversibles a escalas de tiempo de décadas o incluso siglos considerando la fragmentación de hábitats que generan los embalses. Ese aspecto refiere directamente a falta de sustentabilidad.

El análisis de los efectos de la modificación de la Ley de Riego debe incluir múltiples aristas y diversos enfoques que hoy no están siendo puestos sobre la mesa por sus promotores. Más aún, muchos de los argumentos esgrimidos respecto a la inocuidad en términos ambientales de la proliferación del riego agrícola no son correctos. Esta afirmación surge por ejemplo del análisis de las palabras del Ministro Aguerre en diversas presentaciones públicas (ver nota en La Diaria del 23/06/17[1], o la nota de 28 científicos a los dichos del Ministro del 31/10/2017[2]).

Científicos especializados en áreas del conocimiento vinculadas al agua y el ambiente han expresado fuertes críticas a las acciones promovidas por la Ley N° 19.553. Los argumentos fueron presentados en diversos documentos públicos generados por los investigadores a lo largo de más de un año y que están a disposición de los interesados. Por otra parte, el proyecto de ley no fue discutido en los Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca, ámbitos previstos en la normativa para la planificación, gestión y control de los recursos hídricos donde usuarios y sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación de planes y políticas en estos temas (Art. 47 de la Constitución de la República; Ley 18.610, Arts. 8J, 18 y 19). Lo que sigue en el presente documento pretende realizar aportes, recomendaciones y sugerencias sobre aspectos de particular relevancia para el análisis de proyectos concretos de generación de embalses multiprediales, y para el manejo de embalses preexistentes y que se construyan a futuro, en el marco de la discusión tendiente a la reglamentación de la Ley N° 19.553, a su modificación, o a su derogación.

Aportes para el análisis de proyectos asociados a embalses multiprediales de riego con fines agrícolas

Estas recomendaciones están pensadas como criterios-guía para definir, por ejemplo, la localización más conveniente o para descartar aquellos sitios donde la generación de un embalse pudiese provocar consecuencias graves no deseadas en cualquier dimensión (por ej., económica, social, ambiental). No obstante, se parte del entendido de que los proyectos de generación de embalses pasarán por un detallado proceso de evaluación ambiental que considerará las características locales y regionales de cada proyecto en particular.

1) Certeza sobre la imposibilidad de cumplir con la normativa de calidad de agua.

La evidencia científica disponible respecto al nivel de afectación sobre la calidad del agua superficial que genera la aplicación del modelo de producción intensiva agrícola-ganadera en nuestro país, permite concluir que la intensificación basada en la estrategia del riego es incompatible con el cumplimiento de los estándares de calidad de agua establecidos en la normativa vigente para nuestros ecosistemas acuáticos (ver argumentación más arriba), particularmente para los parámetros asociados a contaminación por nutrientes y particularmente el fósforo total. Respecto a este punto específico y en consideración de lo antedicho, en la potencial reglamentación de la Ley N° 19.553 no corresponderá la aplicación del principio precautorio asociado a la falta de certeza técnica o científica ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos (Ley N° 18.610, Política Nacional de Aguas, Art. 8.c), ya que la evidencia indica claramente cuáles serán los resultados esperables de la aplicación generalizada de la estrategia de riego a gran escala sobre los ecosistemas acuáticos. El fomento del riego agrícola a gran escala resulta una estrategia de crecimiento económico contaminante y no sustentable, y por tanto contraria a lo establecido en nuestra normativa vigente (incluyendo la Constitución de la República, Art. 47).

2) Conocimiento de base y manejo de la incertidumbre.

Atendiendo a la significancia de las potenciales modificaciones asociadas a la generación de embalses multiprediales para riego agrícola, una recomendación transversal a las restantes, es que toda decisión concerniente a la creación de nuevos embalses, así como a la gestión de embalses nuevos o ya existentes sea tomada como producto de un análisis integral, considerando el mejor conocimiento científico disponible acerca de los sistemas sociales y ambientales que serán directa e indirectamente impactados por el proyecto. En este marco, los análisis sectoriales agronómicos-productivos resultan insuficientes.

Es previsible que en muchos casos no exista el conocimiento específico o toda la información requerida para la toma de una decisión debidamente informada que asegure el alcance de los objetivos dentro de un marco de certezas razonables. Por ello, y como criterio complementario a lo antes expuesto, se enfatiza la necesidad de guiarse por el principio precautorio. Este está establecido en la normativa específica, tal como Ley N° 18.610, Política Nacional de Aguas, Art. 8.c- “Que la falta de certeza técnica o científica no podrá alegarse como eximente -ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos- para la no adopción de medidas de prevención, mitigación y recomposición” y otras normas vigentes (Gorosito 2017). Esta es la única estrategia que permitirá evitar graves consecuencias asociadas a decisiones con alta incertidumbre intrínseca.

3) Participación de poblaciones afectadas, Comisiones de Cuenca y Consejos Regionales de Recursos Hídricos.

Un aspecto de singular importancia que debe mantenerse siempre en un primer plano focal es que los embalses se implantan y afectan territorios donde se desarrollan actividades productivas, sociales y culturales por parte de poblaciones bien arraigadas, en algunos casos durante muchas generaciones. Los territorios referidos incluyen las tierras directamente inundadas, pero también una parte de aquellas ubicadas aguas abajo y arriba del embalse en las cuales existirán modificaciones previsibles en el régimen hídrico, cambios en la disponibilidad y calidad del agua, así como sobre la biodiversidad existente. Frente a esta realidad, es de suma importancia que la decisión acerca de la construcción de un embalse multipredial con fin agrícola sea resultado de un proceso participativo que considere como insumo necesario la opinión y necesidades de las poblaciones afectadas, con el asesoramiento de especialistas independientes al proyecto, en consonancia con lo establecido por la Constitución y la Ley respecto a la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control (Art. 47 de la Constitución de la República; Ley N° 18.610, Art. 8J).

4) Prioridades de uso: calidad de agua y potabilización.

Como ya fue argumentado, un efecto esperable de las intervenciones propuestas es la pérdida de calidad del agua debido al enriquecimiento por nutrientes provenientes del drenaje de agua desde los cultivos y al mayor tiempo de residencia del agua, con consecuente desarrollo de importantes biomasas de plantas acuáticas, algas y/o cianobacterias, algunas de las cuales producen toxinas peligrosas para la salud humana y animal. La pérdida de calidad de agua interfiere con el uso con fines recreativos y especialmente impide, o dificulta y encarece los procesos de potabilización. A este aspecto se le debe sumar el uso intensivo de plaguicidas, cuyos residuos también ingresan al agua.

Existe un claro mandato constitucional respecto a la prioridad en el uso del agua para potabilización y consumo humano, frente a otros posibles usos como industrial y agrícola (Ley N° 18.610, Art. 8G). En función de ello se recomienda no habilitar la construcción de embalses en cursos de agua que sean utilizados como fuente de agua para consumo o que sean afluentes influyentes, por caudal y/o localización de los mismos, o aún en los cuales existan previsiones de uso como fuente de agua para potabilización en el futuro.

5) Prevención de la multiplicación y dispersión de floraciones tóxicas y especies invasoras en el territorio.

Las explosiones poblacionales de plantas, algas y cianobacterias (floraciones) son consecuencia esperable del represamiento de cursos de agua, cuando las aguas retenidas contienen concentraciones altas de los nutrientes que antes eran limitantes para el crecimiento de estos organismos. Una vez que prosperan en un embalse, éste funciona como inóculo y centro de dispersión aguas abajo, esparciendo el problema a otros sectores de la misma cuenca. Por este motivo se recomienda evitar el represamiento de cursos de agua cuyos niveles de nutrientes (especialmente el fósforo total) superen o estén cerca de los límites que hacen altamente probable el desarrollo de floraciones algales y de cianobacterias. Los embalses que se construyan en cursos de agua cuyos niveles de nutrientes aún se encuentren por debajo de los valores establecidos en la normativa (ver Decreto 253/79 y modificativos) deberán ser monitoreados y gestionados de manera de evitar por todos los medios que los niveles de nutrientes alcancen valores de incumplimiento. Para ello se recomienda la evaluación de balances de masa a nivel de cuenca basados en la estimación del flujo de nutrientes hacia y desde la cuenca, la movilización de los nutrientes retenidos en los suelos, las vías de transporte y entrega a los sistemas acuáticos. Resulta imprescindible gestionar los usos y manejos de suelo, los tipos, formas y vías de aplicación de los fertilizantes o abonos orgánicos, y considerar todos los ingresos de nutrientes generados por las restantes actividades en la cuenca para determinar la carga máxima tolerable. Asimismo, será imprescindible el mantenimiento o generación de zonas buffer o de transición en la periferia de los lagos artificiales. Estas deberán serán zonas de no-laboreo donde se favorezca la cobertura de pastizales naturales o bosques ribereños de especies nativas adaptadas a las condiciones de suelo y climáticas.

Como aspecto relacionado se hace un llamado de atención respecto a que es fundamental evitar el trasvase de agua entre cuencas, es decir que se represe el agua en una cuenca y luego se la derive a cuencas aledañas. Esta acción no ha sido descartada explícitamente en la Ley, que sí habilita a usar cursos de agua naturales para el transporte de agua desde el embalse a la zona a regar. El daño potencial de los trasvases puede alcanzar una magnitud de desastre ecológico. Efectos generalmente asociados a la conexión artificial entre ecosistemas distintos incluyen el transporte de enfermedades hídricas, el ingreso de especies exóticas invasoras, el fomento de especies nativas invasoras en cuencas donde no están naturalmente presentes, la hibridación entre especies, pérdida de bio-diversidad, entre otras. Por su naturaleza, luego de ocurridos, estos impactos no resultan reversibles. Resulta indispensable prohibir el trasvase de agua entre cuencas bajo cualquier circunstancia.

6) Preservación de ecosistemas vulnerables de reconocida importancia.

Este criterio apunta a evitar cambios hidrológicos significativos en áreas de alta relevancia ecológica. Algunos sistemas ecológicos particularmente relevantes están espacialmente asociados a cursos de agua, es decir, son contiguos a estos cursos. Ejemplos bien conocidos en nuestro territorio son los bosques riparios, humedales permanentes y planicies anegadas temporalmente. Estos ecosistemas cumplen funciones críticas en los ciclos biogeoquímicos que permiten el control de los flujos de nutrientes entre los ecosistemas terrestres y acuáticos y mantienen la calidad del agua, además de una alta riqueza de especies. También constituyen hábitats núcleo o exclusivos de especies carismáticas o de alto valor y prioritarias para la conservación (SNAP). Los cambios hidrológicos generados por la construcción de embalses no deberían impactar ecosistemas donde estos atributos estén presentes.

7) Ciclo hidrológico y caudal ambiental: no basta con que haya agua.

La generación de un embalse genera un conjunto de cambios relevantes en el régimen hidrológico de todo el sistema de aguas corrientes, con cambios significativos en la dinámica temporal de flujos y la reducción del caudal total aguas debajo de la cuenca regada, debido al incremento de la evapotranspiración. Adicionalmente, las modificaciones hidrológicas impactan sobre la conectividad lateral entre los sistemas acuáticos y su entorno, cambiando la estructura y función de los ecosistemas asociados (ej. bosques ribereños, humedales, llanuras de inundación). Un cambio significativo de la variabilidad temporal del caudal de un sistema de aguas corrientes, puede provocar que una zona de bañados se transforme en pastizal, o que se reduzca la extensión de los bosques riparios. Este tipo de cambios puede involucrar pérdidas de hábitats, biodiversidad y servicios ecosistémicos (por ej., depuración del agua), aún en sitios alejados de los embalses construidos.

Más allá de los flujos de arriba hacia abajo, o del centro del curso hacia las zonas inundables, la construcción de grandes embalses establece la pérdida de conectividad biológica de las poblaciones de organismos acuáticos ubicados aguas arriba del embalse. Por ejemplo, especies migradoras de peces requieren que el curso, además de contar con el caudal mínimo para sobrevivir, mantenga la conexión a lo largo de su eje longitudinal de forma que los peces puedan viajar aguas arriba, completar el ciclo de vida y mantener poblaciones viables. La mayor parte de los grandes embalses hidroeléctricos o de riego en Uruguay no contemplan este aspecto, y este es uno de los motivos por los que en Uruguay ya se han registrado extinciones de especies de peces migradoras en amplísimos sectores del territorio (ej. represas del Río Negro). Muchas especies de peces de importancia económica en la actualidad son migradoras. Aún desconocemos aspectos de la biología de otras especies que pueden depender de migraciones locales durante distintas épocas del año.

Avanzar en definiciones respecto a la aplicación del concepto de caudal ambiental o ecológico, involucra fuertes requerimientos de información hidrológica, climática y biológica, específica para cada cuenca particular, y debe trascender la lógica de sólo asegurar cantidades mínimas de agua en momentos de déficit hídrico. Considerando la virtual desconexión existente entre los programas de monitoreo de cantidad y calidad de agua en el país, y la escasa cobertura espacial y temporal de programas institucionalizados de monitoreo biológico de comunidades acuáticas (particularmente de peces), toda definición al respecto debe guiarse por el principio precautorio.

8) Conservación, puesta en valor y uso sostenible del patrimonio cultural:

El patrimonio cultural nacional está integrado por un conjunto de bienes y valores (históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos y de biodiversidad) de gran significación cultural, histórica e identitaria, de carácter único y no renovable. Una pequeña parte de ese patrimonio ha sido incorporado en inventarios y catálogos de patrimonios departamentales y nacionales, siendo que una inmensa mayoría aún se encuentra en situación desconocida o sin catalogar, disperso principalmente bajo la superficie del tapiz vegetal, en zonas rurales de todo territorio nacional.

La construcción de embalses habilitada por la nueva ley de riego, atenta directamente contra la conservación de estos patrimonios protegidos y regulados por diferentes normas (Art. 34 de la Constitución, Ley N° 14.040 de Patrimonio Cultural y Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible). En ese marco, el patrimonio cultural es objeto específico de planificación, tutela y valorización. En particular, los aspectos patrimoniales han sido considerados como ejes del desarrollo sostenible en varias directrices departamentales, motivando incluso la creación de un régimen patrimonial de suelo que permite su gestión y conservación dentro de la planificación departamental. Estos desarrollos normativos, han transformado al patrimonio en un recurso nacional para promover actividades productivas alternativas a la producción agrícola-ganadera intensiva, resituándolo como oportunidad especialmente para el desarrollo local de numerosas comunidades del país.

Con la nueva ley de riego, de la mano del aumento de embalses y represas, viene el aumento del impacto directo sobre el patrimonio cultural en todo el territorio nacional, sin que actualmente existan vías para evitarlo, minimizarlo o corregirlo. Particularmente, los decretos 435/1994 y 349/2005 de la Ley N° 16.466 de Medio Ambiente establecen la tramitación de autorización ambiental previa (y por tanto de los Estudios de Impacto Arqueológico) solo para obras de construcción de represas con una capacidad de embalse de más de 10 millones de metros cúbicos o cuyo espejo de agua supere las 50 hectáreas. Los sitios y bienes arqueológicos, históricos y/o paleontológicos rara vez alcanzan o superan esta superficie; por ejemplo un conjunto de cerritos de 15 a 20 montículos puede ocupar entre 1 o 2 hectáreas. Esta situación conducirá a que, en la mayor parte de los casos, no cabría tan siquiera la posibilidad de estudiar el impacto potencial que suponen estas obras sobre el patrimonio arqueológico, derivando en la desaparición total del mismo sin su conocimiento previo.

Claramente estos temas plantean, además de contradicciones en los instrumentos normativos y las visiones del desarrollo sostenible que promueven, la necesidad de considerar los aspectos antes mencionados en la discusión sobre una futura reglamentación de la Ley o en su eventual modificación. En este contexto, se hace urgente una revisión y reformulación de los procedimientos para asegurar, no solo la preservación del patrimonio sino, sobre todo, la posibilidad de promover el acceso público a su conocimiento y uso social sostenible.

Firmantes (en orden alfabético).

Dra. Cecilia Alonso.

Dr. Ernesto Brugnoli.

Lic. Carla Bruzzone.

Dr. Danilo Calliari.

MSc. Juan Clemente.

MSc. Maite Colina.

Dr. Guillermo Chalar.

Lic. Andrés de la Rosa.

Dr. Javier García Alonso.

MSc. Lucía Gaucher.

Dra. Camila Gianotti.

Dr. Julio Gómez.

Dr. Iván González Bergonzoni.

Dr. Guillermo Goyenola.

MSc. Daniel Hernández Pérez.

Dr. Carlos Iglesias.

Dra. Gissell Lacerot.

Lic. Juan José Lagomarsino.

Dr. Marcelo Loureiro.

Lic. Gabriela Martínez de la Escalera.

Dra. Mariana Meerhoff.

Dr. Pablo Muniz.

Dr. Daniel Panario.

Dra. Claudia Piccini.

Dra. Laura Rodríguez Graña.

Dr. Ángel Segura.

MSc. Claudia Simón.

Lic. Franca Stábile.

Dr. Franco Teixeira de Mello.

Dra. Natalia Venturini.

MSc. Leticia Vidal.

[1] https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/6/aguerre-sostiene-que-es-un-error-pensar-que-los-problemas-del-santa-lucia-estan-asociados-a-la-intensificacion-agricola/

[2] http://www.uypress.net/auc.aspx?81042,124

Fuente Imagen: lista711.uy

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Roselli expresa:

“En la agenda de debate político actual hay dos temas ineludibles, uno es la ley de Presupuesto y el otro la crisis institucional venezolana. Es tal la trascendencia de ambos que nadie es indiferente a ellos.

Pero lejos de los titulares de prensa hay un tercer tema del que prácticamente no se ha dicho nada salvo en los medios especializados en información agropecuaria, sin embargo, de concretarse, se transformará en uno de los cambios más revolucionarios en la historia de la agropecuaria nacional con repercusión en toda la economía. Me refiero a la ley de riego que está en estudio del Parlamento y al proyecto de riego multipredial que en Colonia impulsa la Alianza de Cooperativas Innovadoras de Colonia (ALCICO) que integran Cradeco, Colaveco, la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza y Colonia Valdense.

Esto último se trata de una iniciativa privada que cuanta con el apoyo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Agr. Tabaré Aguerre, y de las comisiones respectivas del Senado y Diputados. Pero lo más importante es que los productores también la consideran buena y necesaria para impulsar y mejorar la cantidad y calidad productiva en todos los rubros agropecuarios.

En Uruguay llueven 1.300 litros de agua por metro cuadro de los cuales se escurren casi la mitad. Estamos desperdiciando un elemento vital y cada vez más necesario y escaso. Eso pasa porque afortunadamente no tenemos las dificultades de otros países en cuanto a la intensidad de sus sequías, no obstante ello conocemos la forma en que ese fenómeno puede llegar a afectarnos. Por eso un sistema de riego multipredial constituye una garantía para quienes hacen uso de él, pero también para la economía del país.

Lo revolucionario de la iniciativa consiste en que Uruguay, un país conocido en el mundo por el volumen y la calidad de su producción agropecuaria alimentando a millones de personas de todo el mundo, potenciaría tanto la calidad como la cantidad sin incrementar el área trabajada.

El adecuado uso del agua incrementará radicalmente la productividad y eso le permitirá al país mejorar sus exportaciones.

El proyecto de ALCICO abarca un área piloto de 7.000 hectáreas con 80 productores pero la planificación total es por 40.000 hectáreas que tomarán agua del río Rosario, el arroyo Cufré y el Río de la Plata. El agua circulará por tuberías que se extenderán por los caminos sin afectar ni limitar el uso del suelo.

Hay tres aspectos que hay que aclarar. El primero es que el mayor uso del suelo no atenta contra la calidad del mismo debido a que nuestro país cuenta con una ley de suelos que garantiza su cuidado y preservación para las generaciones futuras.

El segundo tiene que ver con la financiación. Una iniciativa como esta tiene costos importantes y para el plan piloto la inversión ronda los U$S 3.500.000. ALCICO considera que la solución pasa por la inversión de algún privado o tramitar una asistencia del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o las Afaps con un crédito a 30 años.

Y tercero, hay que decir que la iniciativa del riego multipredial al que nos referimos nació como un proyecto a desarrollar en Colonia pero es aplicable a todo el país previa realización de los estudios necesarios sobre las características del agua en cada zona, etc.

Uruguay ya posee iniciativas de riego, la más característica es la de los arroceros, pero hay otras de las que casi no se habla como es el caso de los productores de Soriano.

La agropecuaria es una rama productiva que permanentemente enfrenta los desafíos de la modernidad tecnológica y científica. Avanzar sobre el riego es un desafío que conociendo los pronósticos científicos sobre los cambios en el comportamiento de la naturaleza, debemos asumir como país”, manifestó en su página web www.edmundoroselli.com.uy

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