*Que llama poderosamente la atención este grosero procedimiento que no respeta los tiempos políticos y de coordinación mínima entre los partidos con representación parlamentaria.

*Que dicha práctica socaba y desprestigia los mecanismos más básicos de la convivencia democrática.

*Que esta legislación constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos ya que consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de la libertad de expresión que el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar.

*Que dicha aprobación facilita el avance del preocupante aumento de la concentración de medios de comunicación que ya se está verificando en el país.

*Que la legislación aprobada también allana el camino para la definitiva extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.

Que dicha ley menoscaba la soberanía nacional y perjudica el rol de ANTEL, regalando a los operadores de cable licencias para brindar internet fija rompiendo el monopolio público, constituyendo el traspaso de los dineros públicos a manos privadas.

Por lo expuesto, la Mesa Representativa del PIT CNT rechaza enfáticamente por su forma y contenido esta “Ley de medios express”, que es regresiva y se aprueba sin el proceso de discusión adecuado que nuestro Estado de derecho y democrático amerita.

MESA REPRESENTATIVA DEL PIT CNT.

Montevideo, 15 de mayo de 2024.

Fuente Imagen: https://www.pictoeduca.com/

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Los casos surgen del monitoreo que CAinfo presenta todos los años con el apoyo de la Red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) y la Pan American Development Foundation (PADF).

En 60 meses se registraron en Uruguay 126 amenazas a la libertad de expresión de profesionales de la información.

En promedio hubo anualmente 25 casos de amenazas a la libertad de expresión en los últimos cinco años en Uruguay, según los datos del Informe de Monitoreo que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) desde 2014.

Si bien se observa un descenso en el número de casos registrados en cada uno de los informes, y en casi todas las categorías, hay algunos indicadores que presentan una reiteración que resulta preocupante.

En este sentido, las “Amenazas” de distinto tipo (29), la “Obstrucción al trabajo periodístico” (25) y el “Hostigamiento a través de la Justicia” (22) son las categorías que registran el mayor número de ocurrencias y que entre las tres suman 76 de los 126 episodios confirmados (60%) en el período analizado.

El “Rechazo a pedidos de acceso a la información pública” es la única categoría que aumentó el número de casos registrados anualmente y llegó a 4 en el quinto informe, luego de alcanzar .

Asimismo se observa una concentración de los registros en Montevideo (73 casos), mientras que los departamentos que lo siguen son Soriano (10) y Colonia (8).

El episodio más grave de todo el periodo (2014-2019), la agresión con un arma de fuego sufrida por la periodista Isabel Prieto en febrero de 2017, todavía continúa sin esclarecerse.

El informe completo en: https://www.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2019/05/Informe-5-anos-monitoreo-Cainfo.pdf

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El día 9 se  tratará el tema Código del Proceso Penal y garantías para ejercer el periodismo. Contará con la participación de Edison Lanza (Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA), Jorge Díaz (Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación), Raúl Oxandabarat (Director de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia) y Marcelo Pesce (Subdirector general de los Servicios Administrativos del poder Judicial).

El día 16 tratará sobre Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y derechos de niños, niñas y adolescentes.

Expondrán: Paula Baleato (Coordinadora de la Agencia Voz y Vos), Gustavo Gómez (Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), Andrea Venosa (Directora de la División Jurídica del INAU) y Marianella Fernández (Asesora de Dirección del INAU).

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CAinfo expresó: «El texto identifica con nombre y apellido al ciudadano, señala que mantiene deudas con el Instituto Nacional de Colonización así como la existencia de un proceso judicial impulsado por parte del organismo a fin de recuperar las tierras en su poder en el departamento de San José.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresa su preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país.

Si bien es de interés público toda información referida a la utilización de recursos públicos y las acciones que realizan los organismos públicos para recuperar los mismos, es inadecuado que la misma sea utilizada por Presidencia de la República para denostar a una persona que –más allá de las formas elegidas- se manifestó públicamente, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en forma crítica hacia el Presidente de la República.

CAinfo desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada desde una situación de poder».

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La actividad contará con la presencia de Guilherme Canela (Consejero de Comunicación e Información para Mercosur y Chile – UNESCO), Roberto Saba (ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina) y varios periodistas de nuestro medio.

La actividad buscará generar aportes a la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial en el marco del proyecto de ley que estudia actualmente la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

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La actividad fue apoyada y se desarrolló en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, los días 11 y 12 de mayo.

La mesa de apertura contó con la participación del Sr. Embajador de España en Uruguay, Roberto Varela; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique;  el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz; el consejero de comunicación e información de la Unesco para el Mercosur, Guilherme Canela; y el Presidente del Consejo Directivo de CAinfo, Martín Prats.

El Embajador de España en Uruguay, Roberto Varela, abrió el seminario dando la bienvenida a los asistentes: “para el Centro de Formación es un honor acompañarles en el desafío de contribuir a la formación de operadores y operadoras del sistema judicial en materia de estándares relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información pública”.

Por su parte, Guilherme Canela de Unesco señaló la importancia del seminario en una realidad donde dos actores claves de la democracia, como el Poder Judicial y el periodismo, “no tienen la costumbre de dialogar entre ellos”.

En este sentido, Canela recordó que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas se proponen un conjunto de metas que ponen en el mismo espacio al Poder Judicial y el acceso a la información pública y la protección de periodistas.

“Con este espíritu nosotros desde la Unesco queremos cooperar con los sistemas de justicia para que haya un acercamiento con la prensa, pero también que haya un acercamiento con la temática de la libertad de expresión y el acceso a la información pública”, señaló Canela.

Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz hizo hincapié en la importancia de trabajar en cómo se relacionan los operadores del sistema judicial con los periodistas. Díaz aseguró que “los medios masivos llegaron hace tiempo a la puerta de los juzgados para quedarse. Y quien no acepte esa realidad está negando la existencia de algo que es así”.

Díaz destacó el valor de realizar un seminario de estas características en la medida que los operadores del sistema de justicia tienen que relacionarse con los medios de comunicación para que la información se transmita correctamente al ciudadano, «que es en última instancia el destinatario del mensaje».

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, se manifestó en el mismo sentido: “Creo que estos encuentros son importantes y esenciales porque tenemos que entendernos quienes estamos en la peripecia judicial con quienes están en la peripecia de los medios y de la información”.

Por último, el ministro Pérez Manrique alentó a seguir trabajando en estos temas: “No cabe ninguna duda que independencia e imparcialidad de los Poderes Judiciales; e independencia y autonomía de los medios de comunicación para asegurar la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos, son dos elementos imprescindibles para la vigencia del estado de derecho, democrático y social como lo queremos”.

Las dos jornadas continuaron con un talleres de acceso a la información pública, privacidad y datos personales, libertad de prensa y ley penal, y libertad de expresión e internet (a cargo de Moises Sánchez de la Alianza para la Libertad de Expresión e Información).

Centro de Acceso

El seminario también sirvió de marco para la presentación del sitio web Centro de Acceso (www.centrodeacceso.org.uy). La nueva plataforma ofrece una amplia base de datos con documentos relativos a la libertad de expresión y prensa, radiodifusión, internet y acceso a la Información pública.

El Presidente del Consejo Directivo de CAinfo, Martín Prats, señaló que la página está pensada para que sea un instrumento de trabajo y de consulta útil para todos los actores del sistema judicial. “Buscamos que utilicen la página y que nos proporcionen información para que esté incluída allí”, señaló Prats ante jueces y fiscales presentes.

Matías Jackson de CAinfo destacó que en la base de datos se puede encontrar doctrina, informes internacionales, sentencias de tribunales nacionales e internacionales, entre otros materiales.

“El uso de la base se buscó hacer lo más simple posible de manera que desde una tablet, celular o una computadora se puede navegar por el sitio y encontrar los documentos”, señaló Matías Jackson.

El Centro de Acceso es una iniciativa de CAinfo con el apoyo de Unesco.

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De los 37 casos 25 ocurrieron en 2014 y 12 en el primer trimestre de 2015. Quince de los 37 episodios identificados no fueron denunciados ante ninguna instancia; 17 fueron denunciados a través de la prensa o en alguna instancia como APU, cuatro fueron objeto de denuncia policial y sólo uno ante la Justicia.

Según el nivel de gravedad, dos de los episodios fueron de nivel “Alto”, 25 de nivel “Medio” y 10 “Leves”. Si se desglosa la información por departamento, Montevideo es donde se produjeron más episodios (15 casos), mientras que en el interior los departamentos que presentaron la mayor cantidad fueron Soriano con siete y Colonia con cuatro. En la suma se produjeron 22 episodios de amenazas en el interior, lo cual confirma que resulta mucho más difícil el ejercicio de la profesión fuera de la capital.

La utilización de las demandas judiciales para amenazar a la libertad de expresión ha sido la modalidad más reiterada en el período analizado, con nueve casos registrados, cuatro de ellos en Montevideo, dos en Rocha y uno en Soriano, Colonia y Cerro Largo respectivamente.

Puede acceder al Informe completo en http://monitoreo.cainfo.org.uy

Fuente de Imagen: periodicoatico.com.ar

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Según informaciones que las organizaciones pudieron recabar, en la mañana de este miércoles 18 de febrero la jueza penal de Carmelo María Alexandra Facal dispuso la realización de un procedimiento judicial, en el marco de un proceso iniciado en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería, que terminó con la incautación de los equipamientos informáticos utilizados por el semanario El Eco de Colonia

La denuncia persigue el pago de una indemnización por el uso de software sin licencia y es objeto de un proceso de conciliación judicial que se encontraba en marcha en el momento de la medida. De hecho, está fijada una audiencia para el próximo miércoles 4 de marzo dado que el medio ya expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo de pago, aunque por un monto menor al reclamado por los empresarios.

La incautación de los equipos se realizó luego de dos procedimientos en las oficinas que el medio tiene en las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, de los que participaron funcionarios policiales acompañados por el presidente de la Cámara Antipiratería Fernando Couto y otra persona que no quiso identificarse. En Carmelo no se incautó ninguna computadora porque se comprobó que se utilizaba software libre pero en Nueva Palmira se procedió al retiro de todo el equipamiento, incluyendo una laptop propiedad de uno de los directivos del medio que no estaba comprendida en la medida judicial.

Libertad de expresión afectada

La medida adoptada por la Justicia coloniense resulta especialmente grave ya que desconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión2 del Sistema Interamericano.

En efecto, el artículo 13 de la convención establece en su numeral 2 que el derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a). el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b). la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

A continuación, el numeral 3 añade que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

En tanto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su punto 4 que “Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

La medida dispuesta por el Poder Judicial –que forma parte del Estado y por lo tanto está sujeto a las mismas obligaciones que el resto de los poderes– pone en serio riesgo la publicación de la edición de El Eco del próximo día sábado 21 de febrero, lo cual implica un claro caso de censura indirecta. A este respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Considerando que los equipos incautados a El Eco contienen información periodística sensible, la medida judicial viola también el Principio 8, que establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Arbitraria, innecesaria y desproporcionada

Por otro lado, a la luz de las disposiciones del sistema interamericano de Derechos Humanos, también resulta evidente que la disposición de la jueza Facal que afecta al diario El Eco de Colonia resulta arbitraria, innecesaria y desproporcionada. En efecto, según el Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión3, “las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden”.

Asimismo, establece que “el adjetivo ‘necesarias’ no equivale a ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’. Para que la restricción sea legítima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos”.

El Marco Jurídico Interamericano establece asimismo que “cualquier limitación al derecho a la libertad de expresión debe ser un instrumento idóneo para cumplir la finalidad que se busca a través de su imposición —esto es, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen—. En otras palabras, las limitaciones deben ser adecuadas para contribuir al logro de finalidades compatibles con la Convención Americana, o estar en capacidad de contribuir a la realización de tales objetivos”.

Asimismo, los estándares interamericanos señalan que estas eventuales restricciones a la libertad de expresión “deben ser estrictamente proporcionales al fin legítimo que las justifica, y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo de tal libertad. Para determinar la estricta proporcionalidad de la medida de limitación, ha de determinarse si el sacrificio de la libertad de expresión que ella conlleva resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que mediante ella se obtienen”.

En este sentido, según la Corte Interamericana, para establecer la proporcionalidad de una restricción cuando se limita la libertad de expresión con el objetivo de preservar otros derechos, “se deben evaluar tres factores: (i) el grado de afectación del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; (ii) la importancia de satisfacer el derecho contrario; y (iii) si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción de la libertad de expresión”.

En el caso de marras resulta evidente que la intención de reparar el derecho de la cámara empresarial de percibir el dinero reclamado por la no adquisición de programas informáticos no justifica la violación del derecho a la libertad de expresión del medio de comunicación y sus periodistas. En este caso además, no solo se viola el derecho de El Eco a difundir información sino también el de sus lectores a recibirla, ya que el sistema interamericano considera que el derecho a la libertad de expresión incluye “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública

Asociación de la Prensa Uruguaya

Organización de la Prensa del Interior.

Fuente Imagen: www.infoycom.org.uy

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Lanza fue seleccionado entre más de 60 postulantes de las Américas, junto a otros cinco candidatos/as que ahora participarán de un proceso público en el que se exhibirán sus hojas de vida a los efectos de que la sociedad civil, los Estados y otros actores de la región hagan llegar los comentarios, observaciones y aportes que crean del caso. Finalmente, los candidatos se entrevistarán con los siete comisionados de la CIDH que, con todos estos elementos, seleccionarán al próximo relator/a.

Hay que destacar que el proceso de selección de un nuevo Relator/a constituye una instancia clave para el fortalecimiento de esta institución creada hace más de una década en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En un contexto en el que algunos Estados han pretendido recortar las atribuciones de la Relatoría, e incluso eliminar la calidad de relator especial, la elección de un nuevo experto independiente bajo un proceso transparente, constituye una señal de continuidad y fortalecimiento.

La Coalición destaca esta nominación como un merecido reconocimiento al compañero por su trayectoria en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información, su conocimiento de la materia y su independencia de los distintos intereses y poderes que juegan en torno a estos derechos, siempre en disputa.

Del mismo modo, la nominación también encierra un reconocimiento a los cambios que se vienen produciendo en materia de comunicación democrática en Uruguay, a través de un proceso que cuenta con amplia incidencia de la sociedad civil. En este sentido no se puede soslayar que el candidato forma parte de un movimiento social que incidió en la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, la despenalización de los delitos de comunicación, la Ley de Acceso a la Información Pública, el CTC sobre libertad de expresión, medios y derechos de niños, niñas y adolescentes, y el proceso en marcha para aprobar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Invitamos a las organizaciones amigas, a los medios de comunicación, a las universidades y las instituciones estatales con competencia en los temas que aborda la Relatoría a acompañar la candidatura, enviando una carta de apoyo .

El plazo para presentar observaciones es del 1º de mayo al 31 de mayo de 2014, inclusive. Las observaciones deben ser enviadas a cidhoea@oas.org, con las siguientes palabras en el asunto del mensaje: “Concurso Relator/a para la Libertad de Expresión”.

La CIDH entrevistará a los finalistas durante el 151º Período de Sesiones, que se realizará en su sede en Washington, D.C., entre el 14 y el 26 de julio de 2014. En esas mismas sesiones la CIDH anunciará a la persona seleccionada para ocupar el cargo. La fecha de inicio de labores es el 6 de octubre de 2014. En concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la CIDH, el/la Relator/a es designado por un período de tres años, renovable por un período más, a menos que el mandato de la relatoría concluya antes de que se cumpla ese período.

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Coalición por una Comunicación Democrática

http://www.infoycom.org.uy/

Somos una coalición de la sociedad civil creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.

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La organización, con sede en Londres, realizó el análisis a pedido de la Coalición por una Comunicación Democrática. El análisis destacó que el proyecto reconoce y garantiza expresamente la libertad de expresión sin censura previa ni indirecta, promueve el pluralismo y la diversidad, la educación y los derechos humanos, promueve la producción nacional, garantiza la protección de los derechos de los niños contra contenidos nocivos, desalienta la intolerancia, promueve el acceso de personas con discapacidad a los medios y establece mecanismos de auto-regulación para los radiodifusores.

No obstante, «Artículo 19» cuestionó aspectos concretos y sugirió mejoras en el trámite parlamentario. El informe es enfático en la necesidad de dotar de independencia al Consejo de Comunicación Audiovisual, principal órgano regulador. La organización subraya que este tipo de organismos deben ser «independientes de intereses políticos y económicos» y dijo que el proceso de designación de sus miembros «es muy problemático».

El análisis pondera positivamente que se establezca un horario de protección de niños y niñas y normas concretas para prevenirlos de contenidos nocivos, sin embargo, apunta que es necesario ajustar algunas figuras, como las de pornografía y violencia excesiva.

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