“Que en unas elecciones gane un partido o el otro es parte del juego democrático. Una opción puede ser mejor, mucho mejor o aun peor que la otra. La dignidad de un pueblo no se mide por opciones ideológicas sino por decisiones morales. Lamento que la oportunidad de mostrar y demostrar que la justicia no negocia ni anda mendigando a los poderes que amenazan en nombre de la paz, esa, ha sido repetidamente defraudada. Y si los pueblos no se avergüenzan con más frecuencia de las que deberían es simplemente por su mala conciencia que no les permite imponerse a si mismo lo que le reclaman a otros ni otorgan a otros los derechos de los que gozan quienes tiene el poder de decidir.

En 1989 el pueblo uruguayo confirmó la ley de Caducidad, por la cual se perdonaba a los autores de secuestros, torturas, desapariciones y muertes organizadas desde el Estado. Casi una generación después, en el referéndum de 2009, aunque por estrecho margen, se confirma la misma ignominia.

Desde que nuestros países del sur nacieron  como republicas independientes que desesperadamente querían inventarse como naciones, tuvieron virtudes y errores. El primero de todos los errores, el error que ha persistido a lo largo de todas sus historias ha sido el de la impunidad. La única forma que han encontrado a este error que por repetido y por histórico no merece llamarse error sino debilidad del carácter, ha sido mirar para otro lado o quejarse. Quejarse, siempre quejarse y nunca mirar la realidad de frente y la conciencia de los crímenes propios directamente a los ojos.

Nunca se puede renunciar a la justicia. Renunciar a la justicia es un acto de cobardía. Cuando se renuncia a la justicia en nombre de la paz se está legitimando la impunidad de la fuerza. Cuando después de una generación esa fuerza ya es un saco de podredumbres, la renuncia es la herencia de una tara histórica, porque a veces los golpes enseñan y cuando son demasiado fuertes dejan incapacidades de por vida. Cuando quien renuncia no es la victima que clama por verdad y justicia, sino otros compatriotas que descansan satisfechos confortables en sus casas, entonces no sólo es un acto de cobardía sino, peor, un profundo acto de egoísmo aromatizado con la podredumbre de todas las justificaciones y las pseudo autorizaciones morales.

Si perdonar es divino, dejemos que Dios perdone. Si perdonar también es una virtud humana, perdonemos a quienes se han arrepentido y han colaborado con la justicia. No es posible perdonar a quien nunca ha sido juzgado ni condenado y a quienes hay que rogar infructuosamente que digan dónde están los huesitos de la hija o de la madre de algún desaparecido. Cuando ni siquiera se ha juzgado a los violadores, perdonar es solo el premio que una victima masoquista entrega al sadismo y a la impunidad y un crédito a largo plazo para nuevos abusos y nuevas humillaciones.

Digo todas estas palabras duras, sin edulcorantes ni demagógicas complacencias no porque me crea mejor que nadie sino porque alguien debe atreverse a decirlo de una vez por todas: querido pueblo, no tienes vergüenza. Lo digo aun sabiendo que muchos de mis queridos familiares y amigos han sido participes de este error histórico. Asumo que lo han hecho con la mejor intención. Pero también lo han hecho con la peor conciencia histórica, esa vieja tradición que nació con nuestros países, ya desde los celebrados genocidios indígenas. Por no entrar en otros desagradables detalles a la hora del té”.

Jorge Majfud.

Octubre 2009.

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«El domingo 28 de junio por la mañana, los militares de Honduras rodearon al presidente y, mientras lo apuntaban con sus armas le preguntaron por qué no había obedecido las órdenes del general Romeo Vásquez. Como el presidente pensaba que él debía dar las órdenes a sus subordinados, éstos lo invitaron a retirarse de la casa de gobierno. De ahí a un auto y luego a un avión de la fuerza aérea hasta Costa Rica.

Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación del país fueron copados y se les sugirió por la fuerza no transmitir información que no fuera controlada directamente por el proceso democrático que se estaba llevando a cabo. Apenas pudimos escuchar las declaraciones del presidente depuesto al arribar a Costa Rica, unos pocos periodistas que «ilegalmente» informaron al mundo de lo que estaba pasando y unos cuantos hondureños que nos mantuvieron informados vía electrónica.

Según las fuerzas armadas de Honduras, todo este proceso fue en defensa de la legalidad y la constitución. Los militares se justificaron diciendo que recibían órdenes de la Corte Suprema. A pesar de que la constitución hondureña no prevé este mecanismo para saltearse la autoridad de un presidente legal y legítimo, era necesaria una excusa para tontos. La declaración sólo demuestra que en Honduras se llevó a cabo un golpe de estado con todas sus letras; en nombre de la «legalidad» militares y jueces se pasaron por encima la misma constitución.

Si en el pasado este trabajo de gorilas era propio de los altos jefes militares, ahora vemos que la misma ilegalidad está apoyada, promovida y justificada por el poder judicial de un país. La complicidad del parlamento confirma esta práctica: las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad.

Cualquier constitución de cualquier país decente y democrático prevé la destitución de un presidente. Pero este proceso tiene determinadas condiciones y un número específico de etapas legales que garantizan su validez. Que yo recuerde, en ninguna constitución democrática se prevé que el presidente puede ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país. Menos en nombre de la legalidad. Menos por orden de un puñado de jueces. Menos con la complicidad del jefe de un parlamento que además es el opositor político del presidente.

Todo lo cual demuestra hasta qué profundidad la cultura golpista sobrevive aún en las clases dirigentes de Honduras. Y no sólo de Honduras, lo que de paso sirve para estar alertas ante las viejas sobras de la historia latinoamericana.

Hoy defender al presidente Zelaya no es defender sus políticas ni mucho menos a su persona. Hoy defenderlo, aún contra las instituciones (secuestradas) de Honduras significa defender la democracia y cualquier estado de derecho en cualquier parte del mundo basado en el respeto a las leyes y la constitución no sólo cuando conviene. Porque en una democracia las leyes y la constitución no se corrigen rompiéndolas sino cambiándolas. Algo que precisamente pretendía hacer el presidente secuestrado.

Lamentablemente debo terminar esta breve nota de profundo repudio con las últimas líneas con que terminé la nota anterior al golpe:

Hoy Honduras se debate ante el desafío latinoamericano de enfrentar cualquier cambio político hacia la igual-libertad, hacia su destino de independencia y dignidad, o volver a los miserables tiempos en que nuestros países eran definidos como republiquetas o repúblicas bananeras».

Jorge Majfud

Jorge Majfud, PhD

http://majfud.info

http://escritos.us

Lincoln University

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