En el acto de colocación de la placa de memoria, harán uso de la palabra e integrantes del Grupo de Memoria de Carmelo y Mariana Mota, quien preside la Comisión en tanto directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La marca de memoria señalará que entre los años 1972 y 1984 la Seccional 3ª funcionó como primer lugar de represión de personas que eran detenidas en Carmelo. Integraba el circuito de detención y tortura de la localidad, luego las personas eran trasladadas en camiones militares al Batallón de Infantería de Colonia.

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El Jueves 7 de diciembre, a partir de la hora 9:00 en el Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, se realizará el VII Espacio de Innovación Penitenciaria, que se centrará en el tema “Impacto del nuevo Código del Proceso Penal en las cárceles”. La actividad es organizada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario y auspiciada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En la apertura (hora 9:00) estarán la senadora Ivonne Passada, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, Mariana Mota, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mireia Villar, Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario.

En el encuentro habrá dos meses con jueces, defensores y académicos que analizarán las novedades que ya está generado el nuevo juicio penal sobre la realidad penitenciaria. En la primera mesa (hora 9:45) sobre las novedades legales vigentes, habrá presentaciones de Jorge Chediak, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Adriana Berezán, Presidenta de la Asociación de Defensores.  Luego (hora 11:15), hablarán sobre las herramientas legales que pueden cambiar la realidad carcelaria Carlos Negro, fiscal, Alberto Reyes, ministro de Tribunal de Apelaciones Penal y Martín Sbrocca, académico e integrante de IELSUR.

La conferencia de cierre (hora 13:00) estará a cargo del profesor Juan Ceretta y sobre la “Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos”. Como despedida de estas actividades de reflexión y prospectiva, se presentará un grupo de tambores de internos del COMCAR. Se distribuirá material informativo elaborado por la Oficina del Comisionado Parlamentario durante 2017.

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A la opinión pública:

Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), en consonancia con el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Universidad, la cual nos obliga como universitarios a “defender los valores morales, y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”, y haciendo honor a las más caras tradiciones del movimiento popular de nuestro país, creemos necesario hacer pública la opinión del movimiento estudiantil ante el traslado del ámbito penal al civil de la Dra. Mariana Mota.

La doctora Mariana Mota se ha desempeñado durante cuatro años en materia penal, tiempo que ha utilizado para especializarse en Derechos Humanos, a partir de su experiencia en la investigación de crímenes cometidos bajo el Terrorismo de Estado. Con más de 50 causas a su cargo, La Dra. Mota ha desarrollado en los últimos años una excelente labor en la aplicación de la legislación nacional e internacional, en lo que refiere a la investigación, esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado contra la población en la última dictadura.

En más de 20 años de carrera, a la Dra. Mota nunca se le inició ningún sumario administrativo o recibió algún tipo de sanción. Su tarea la ha realizado casi en solitario, debido a que, como ella misma expresara, en nuestro país no existe una real política de promoción de los DDHH ni de la investigación de los crímenes cometidos, ya que no se ha destinado el presupuesto y recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de investigaciones.

El traslado de la Dra. Mota pone fin a toda una serie de movimientos y traslados de jueces y fiscales vinculados a la investigación de los delitos cometidos en dictadura: el traslado del fiscal Ricardo Percivale y doctor Álvarez Petraglia.

Es también la última acción de una campaña política y mediática contra la jueza que comenzó hace ya dos años, con los cuestionamientos por parte del presidente de la república ante las declaraciones de la jueza al diario argentino página 12, y el impedimento de fotografiar el Batallón de Infantería Nº13 (mejor conocido como “infierno grande” o “300 Carlos”) por orden directa del actual ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro, entre otras. Asimismo, la campaña mediática ejercida por los diarios de mayor circulación de nuestro país, que cuestionaban la asistencia de la Jueza a la Marcha del Silencio.

Las consecuencias de este traslado son el retraso seguro de las causas que estaban a su cargo, la dilación de la verdad para los familiares y la impunidad de los represores. Implica, además, un duro golpe en el lento y empedrado camino por verdad y justicia que transita nuestra sociedad y una nueva victoria de la impunidad, fomentada desde la corporación militar, los sectores más reaccionarios y apoyada por el silencio del poder político.

Los medios señalan que está a estudio actualmente de la SCJ, la declaración de inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad. Esta decisión implicaría la prescripción de la abrumadora mayoría de los crímenes cometidos en la dictadura. En otras palabras, la impunidad de los genocidas. Esta posibilidad, aunque no esté confirmada, demuestra la debilidad de las medidas tomadas por el poder político contra la impunidad, medidas solo tomadas bajo la presión de la sociedad movilizada.

Además, desde la FEUU queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la intención de procesar a las personas que ingresaron a presenciar el juramento de la Dra. Mota en el edificio de la SCJ y a las cuales se les envió un innecesario contingente de fuerzas de choque.

19 de febrero de 2013.

Fuente Imagen: www.logoteca.uy

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1) Expresar su más profunda preocupación por la situación generada a partir de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la Jueza Mariana Mota a una sede civil, cuyos fundamentos se desconocen, hecho que ha generado conmoción y rechazo en importantes sectores de la opinión pública.

2) Desconocer los fundamentos de la decisión mencionada puede afectar negativamente la confianza y credibilidad de importantes sectores de la población para con el Poder Judicial y en particular con la Suprema Corte de Justicia, así como afectar la credibilidad internacional de la Justicia uruguaya, tal como lo expresó el Canciller de la República.

3) Otorgar su respaldo a la iniciativa de nuestros compañeros Senador Enrique Rubio y Diputado José Bayardi, en el marco del más absoluto respeto a la independencia de poderes, de invitar al parlamento a la SCJ para que explique los motivos del traslado de la Dra. Mota y los criterios que aplica para resolver los cambios de jerarquías en el Poder Judicial.

4) En el marco de la resolución del Secretariado del Frente Amplio del día de la fecha, reafirmar su compromiso absoluto con una justicia independiente, transparente, confiable y profesional, que otorgue las más amplias garantías democráticas a todos los uruguayos y uruguayas.

Montevideo, 18 de febrero de 2013.

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1.- Los Tribunales de Justicia son el espacio institucional fundamental para la protección y garantía de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes, así como en el derecho internacional de los derechos humanos a través de los instrumentos ratificados por el Estado, de manera que existe una relación directa entre la solidez del sistema de justicia y la calidad de la democracia.

2.- Un Estado protector y promotor de los derechos humanos requiere por tanto de un Poder Judicial eficiente y dotado de los máximos recursos disponibles. Recursos económicos pero también recursos humanos que aseguren que aquellos funcionarios encargados de dictar justicia posean la máxima capacitación y puedan ejercer sus cargos con el máximo de independencia política y técnica. Para ello, la Justicia debe ser independiente con respecto a los demás Poderes del Estado, pero debe también poseer internamente la capacidad de generar la independencia técnica de los magistrados y que esta coadyuve a la obtención de la máxima calidad posible en la jurisprudencia.

3.- En este sentido, decisiones poco transparentes o no debidamente fundamentadas en lo referido a los ascensos, traslados y sanciones de los jueces pueden significar una amenaza contra la autonomía técnica y moral de los jueces.

4.- Para evitarlo, es deseable entonces que las potestades constitucionales que posee hoy la Suprema Corte de Justicia estén acompañadas por procedimientos legales que otorguen cristalinidad a las decisiones referidas a la carrera judicial para que así la ciudadanía pueda controlar el debido funcionamiento del Poder Judicial, obligue a la rendición de cuentas por parte de sus autoridades y así se garantice el acceso de los mejores jueces a las altas magistraturas del sistema.

5.- Polémicas desatadas como la sucedida por la decisión del traslado de la Dra. Mariana Mota podrían haberse evitado de existir procedimientos dotados de una mayor transparencia y garantías tanto para quien está implicado directamente como para las partes involucradas en los juicios que se están sustanciando bajo su competencia.

6.- El régimen actual de los traslados no cuenta con otra regulación legal que lo dispuesto en el art. 96 de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales (Ley 15.750), que establece que la Suprema Corte establecerá el orden de los traslados. De esta forma, los criterios empleados son de orden pragmático y su falta de debida fundamentación y transparencia propicia la sospecha de un sistema de ascensos o sanciones encubierto, o lo que es peor aún, la sospecha de concesiones otorgadas por presiones políticas o corporativas de distinto cuño.

Por tanto, IELSUR entiende indispensable abrir un gran debate sobre qué Poder Judicial el país necesita y cómo asegurar que quienes desempeñen la función publica de dictar Justicia estén mejor preparados para ello y puedan cumplir su función con las máximas garantías de imparcialidad e independencia incluyendo las reformas constitucionales y legales que sean necesarias. Estas, además de reafirmar el derecho humano a una judicatura independiente, deberán propiciar la existencia de un procedimiento garantista que establezca criterios objetivos e imparciales para la selección, ascensos y traslados de jueces y proteja la carrera judicial sobre la base de las aptitudes éticas y profesionales, la especialización y la inamovilidad e incorporando el control ciudadano sobre los fundamentos de este tipo de decisiones.

Montevideo 18 de febrero 2013.

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La Suprema Corte de Justicia en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y legales dictó un acto administrativo por el que realiza una serie de cambios y ascensos de diferentes magistrados a lo largo y ancho del país.

Fueron quince designaciones que supusieron cambios de titularidad en las sedes judiciales, con movimientos de jueces a diferentes departamentos y también cambios de materias. Estos cambios, que se realizan habitual y rutinariamente, aparentemente se llevarían a cabo sin ningún tipo de sorpresa.

La sorpresa fue constituida por una suerte de asonada al Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia, algo tan inédito en la historia del país como las declaraciones sobre uno de los traslados de dirigentes políticos, ministros, parlamentarios, organizaciones sociales y la propia central sindical de nuestro país.

Miembros del parlamento, con mucha experiencia en el mismo, plantearon “citar” a los titulares del Poder Judicial para pedirles “explicaciones” sobre el traslado de una jueza desde una sede penal a una civil, entendiendo que la misma ha generado “una alarma pública”.

Otro parlamentario discrepó públicamente con el traslado y afirmó que “hay mucha gente festejando el mismo” ya que ese cambio “beneficia a los violadores de derechos humanos” y dejando entrever que hay una suerte de conspiración de sectores políticos por detrás de ésta decisión que han influido en la misma.

Un ministro de Estado, nada más ni nada menos que el Canciller, ha salido a la opinión pública – no sabemos si en nombre del Poder Ejecutivo pero evidentemente involucrándolo- afirmando que “Uruguay pierde posicionamiento internacional con ese cambio” , agregando que “pierden las víctimas y hay dinosaurios contentos” porque la jueza Mota “aplicaba cabalmente las convenciones internacionales de derechos humanos”.

Estas expresiones, así como el “copamiento” de la sede del Poder Judicial y otras declaraciones, nos llaman poderosamente la atención por diversas razones.

En primer lugar porque entendemos que justamente la imparcialidad del accionar de la justicia, tiene mucho que ver con la independencia de quienes sean los titulares de las diferentes sedes judiciales y la no selección de los mismos para actuar en casos concretos. La propia carrera judicial y la movilidad de los jueces generan garantías en los ciudadanos de que lo importante no son las personas que están al frente de los juzgados sino el debido procedimiento y la aplicación de la ley.

Desde Artigas, y significativamente este año donde se cumple el 200° aniversario de las Instrucciones del año XIII, lo importante en nuestra patria es que no mandan las personas sino la Ley. Estamos sujetos a las normas y no a los caprichos de quienes tienen posiciones de poder.

En segundo lugar también nos sorprende y nos causa un profundo rechazo, el culto a una magistrada por su compromiso por los derechos humanos, presumiendo que el resto de los magistrados no tienen compromiso con la justicia, los derechos humanos o aplican erróneamente los tratados internacionales.

Es un desprecio y acusación velada a todos los demás jueces, que debe ser rechazada en función de la jerarquía y posición relevante que debiera tener el sistema de justicia en nuestra sociedad.

Por último, las afirmaciones de las que se desprenden una suerte de confabulación, abonadas por las declaraciones de la propia jueza, que le pareció “anormal y sin fundamento” el cambio, no hacen más que intentar afectar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia como lo es la separación e independencia de poderes.

Tal vez estamos asistiendo a sectores que no creen en el sistema republicano y quisieran elegir los magistrados para que dicten sentencias a medida de determinada ideología o concepción.

Rechazamos que desde el propio sistema político se intente afectar la credibilidad de uno de los poderes del Estado, justamente el Poder Judicial que tendría que estar exento de las cuestiones político partidarias y sus objetivos.

Nos quedamos con la optimista sensación que, a pesar de las presiones, duras declaraciones, e infundadas sospechas, la Suprema Corte de Justicia mantiene su normal funcionamiento y decisiones adoptadas en el marco de la Constitución y la ley”.

Dr. Gerardo Amarilla

Representante Nacional.

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El PIT-CNT ante el traslado de la Dra. Mariana Mota.

1) Nuevamente una decisión de la Suprema Corte de Justicia pone de manifiesto las intrincadas tramas de intereses que siguen apostando a perpetuar la impunidad en el Uruguay, tomando represalias contra quienes intentando hacer justicia con idoneidad y competencia, desafían los mandatos y las presiones desde las esferas del poder.

2) Es en ese marco, que debe ser leído por los ciudadanos, el alejamiento de la Dra Mariana Mota de la Sede Penal de 7º Turno en la que se encuentran radicadas el mayor porcentaje de causas de violaciones a los DD.HH.

3) En momentos que el Uruguay está obligado internacionalmente por una sentencia de la Corte IDH a facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente que permita el esclarecimiento de los hechos del pasado y hacer justicia, es incomprensible que se tome una decisión como esta que redundara en acentuar la impunidad fáctica que se ha instalado en el Uruguay.

4) Una suerte de gatopardismo existente a todos los niveles de las distintas instituciones del Estado uruguayo con relación a sus obligaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos, donde se cambia algo para que todo siga como está o peor, suma con la Dra. Mota una nueva víctima a la lista de integrantes del sistema judicial, que han sido reprimidos por ser consecuentes con sus obligaciones de llevar a cabo un proceso de justicia eficaz para esclarecer los hechos y hacer justicia.

5) El regocijo que existirá en la Cárcel de Domingo Arena y la indignación de quienes hemos estado comprometidos a todos los niveles con la defensa de los derechos humanos, no pueden oscurecer los avances que en los casos a consideración de esa magistrado existieron tanto desde el punto de vista de su competencia técnica, como el de su calidad humana.

6) En función de esos dos últimos aspectos, la Suprema Corte de Justicia deberá brindar las explicaciones del caso que expliquen la resolución tomada. No nos encontramos en un estado feudal, sino en un estado democrático donde como ciudadanos dirimimos nuestros conflictos ante tribunales de justicia en los que debemos tener confianza y explicaciones satisfactorias de sus decisiones.

Secretaria de DD.HH del PIT-CNT.

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