En ese sentido, tal como lo dio a conocer la página web de Presidencia de la República, el protocolo aprobado por el Poder Ejecutivo y anunciado este viernes 26 por las autoridades del Ministerio de Turismo contiene medidas para el trabajo en áreas públicas, servicios de limpieza y recepción de hoteles y espacios gastronómicos. También establece el distanciamiento social y el uso de tapabocas y alcohol en gel. Asimismo, adopta recaudos en caso de contagio de COVID-19 de huéspedes o trabajadores.

“El Gobierno aprobó el protocolo nacional de reactivación de la actividad turística, gastronómica y hotelera con piscina”, informó el ministro de Turismo, Germán Cardoso, en una conferencia de prensa realizada este viernes 26 en la Torre Ejecutiva.

Acompañado por el subsecretario de la cartera, Remo Monzeglio, el jerarca señaló que se trata de una medida esperada por miles de personas vinculadas laboralmente a estos sectores y en la que se trabajó varias semanas para unificar criterios de protección para trabajadores y clientes. Además, valoró la importancia del turismo para dinamizar la economía de Uruguay.

El protocolo presentado por las autoridades incluye medidas de prevención para el trabajo en áreas comunes, servicios de limpieza, recepción, con distanciamiento social, uso de tapabocas y alcohol en gel. También adopta recaudos en caso de contagios de COVID-19. Cada establecimiento gastronómico y hotelero dispondrá de un sello de control, que deberá estar en un lugar visible en la puerta de ingreso.

“Para los empresarios, este protocolo homologado no es difícil de aplicar y no implica una erogación de dinero que haga alguna diferencia”, destacó.

En el diseño de las medidas, participaron la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Salud Pública, la Cámara Uruguaya de Turismo y el Congreso de Intendentes. Además, estuvo a consideración del grupo de científicos que asesoran al Poder Ejecutivo, ámbito en el que se evalúan las medidas correspondientes para determinar la habilitación de los centros termales públicos.

El contralor del protocolo comenzará el lunes 29 y estará a cargo del Gobierno nacional y el Congreso de Intendentes. Ante incumplimientos a las disposiciones, se aplicarán sanciones, adelantó el ministro.

Por su parte, Monzeglio valoró el esfuerzo realizado por los empresarios hoteleros y gastronómicos, cuyos establecimientos permanecieron abiertos en los últimos cien días. Añadió que, con estas medidas, los ciudadanos podrán realizar turismo interno con los cuidados necesarios.

Conectividad aérea internacional

Ante la consulta de un medio periodístico, el ministro Cardoso aclaró que no llegarán a Uruguay turistas en los vuelos provenientes de Europa. Los vuelos habilitados para ingresar a territorio nacional serán aquellos con casos humanitarios de ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia fiscal o legal en Uruguay o que justifiquen el interés laboral o comercial.

“Eso no quita que estemos trabajando con las máximas autoridades de las compañías aéreas y aeroportuarias. Hay noticias auspiciosas, hoy la Unión Europea comunicó que con el único país de América Latina que tiene interés de mantener la conectividad aérea es con Uruguay. Es reflejo de cómo se transitó este camino de la pandemia”, subrayó.

Una segunda etapa implicará impulsar el llamado a inversionistas para desarrollar complejos integrales y, en una tercera fase, a partir de setiembre, se evaluará la temporada de sol y playa, que dependerá de la situación regional de la pandemia, puntualizó.

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Respecto a cualquier tipo de registro, Pérez Banchero dijo que debemos considerar primeramente la 18.331 ley de habeas data. Esta ley en su artículo 1º dispone: “Artículo 1º. Derecho humano. El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República”.

“La protección de datos personales es un derecho humano y es de rango constitucional”, precisó.

La Carta Magna no autoriza a ningún gobierno departamental a crear este tipo de registros.

“Si observamos desde la órbita de lo nacional (constitucional y legal) la creación de registros es absolutamente excepcional, si observamos desde la órbita departamental los gobiernos departamentales no tiene la competencia de crear registros”, agregó.

El curul colorado indicó que “la protección de datos personales es de rango constitucional, regulados por la ley de habeas data, que prohíbe la creación de registros con carácter general y que solo la ley puede crear. Si por otro lado la propia Carta Magna no le da competencia a los gobiernos departamentales para la creación de registros, notoriamente estamos ante una norma deliberadamente inconsitucional”.

Por tanto, Pérez Banchero puntualizó que “nuestra formación batllista, de matriz liberal, es contraria a un estado totalitario (ya sea comunista, fascista, populista, etc.). El Estado, en este caso el gobierno departamental, es la persona pública mayor del departamento, tiene todas las ventajas legales y judiciales que tal cosa le otorga, por lo que no se puede aceptar la creación de un registro para que en su uso avasalle los derechos de los ciudadanos”.

Asimismo, “la preocupación de nuestra bancada respecto a estos artículos de matriz “totalitaria”, se ve reforzada cuando el propio presupuesto en su artículo 71 asigna una partida de U$S 600 mil para financiar ‘un nuevo sistema de información y gestión de la Intendencia Departamental’”.

Evaluó que “es la armonización de estos artículos lo que mas preocupación nos general, esto es de que se quiera crear una especie de policía fiscalista del departamento de Colonia”.

Para poner un ejemplo, “y relacionado a los artículos 15 y 16 del presupuestos que refieren a las multas a propietarios y poseedores que no tengan en condiciones su vereda, que establece una multa de hasta 5 unidades reajustables de multa por metro lineal, esto es $ 4.4475 por metro (diez metros son casi U$S 1.500) en aplicación de estos artículos el gobierno departamental podrá cobrar arbitrariamente a unos sí a otros no, a unos más a otros menos, según lo que el registro indique como capacidad contributiva”.

Pérez Banchero sostuvo que “la obligación de inscribirse será para todos, incluidos, dice el artículo aquellos que se encuentren exentos del pago de tributos, debiendo aportar los datos que requiera el Departamento de Hacienda y Administración, su incumplimiento da lugar a una contravención. Una verdadera poesía totalitaria”.

Para la bancada colorada “este artículo es inconstitucional, lesiona los derechos de los ciudadanos y constituye un disparate jurídico que opaca la imagen del gobierno departamental”.

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Durante la mañana, Amorín realizará una ronda de prensa que le llevará a visitar varios medios que han solicitado entrevistas con el candidato de Batllistas de Ley.

Por la noche Amorín estará presente en la localidad de Estación Barker para participar en una charla con los vecinos del lugar.

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