“Los procedimientos, mecanismos y decisiones que se implementan o manifiestan en el ámbito de nuestra Democracia, generan a veces situaciones en las que sentimos que nuestros representantes dejaron de serlo.

En efecto, la consabida “disciplina partidaria”, el cambio de pensamiento una vez sentado el representante en los sillones de los que el ciudadano es legítimo dueño, y otras actitudes cuestionables, hacen con razón pensar al elector que “eso” que se está votando, no fue lo que se le prometió en otros tiempos previos.

Sin llegar al extremo de considerar alguna insólita iniciativa de ciudadanos indignados, de limitar el número de representantes nacionales a dos por partido político – un diputado y un senador- en el escenario de que los partidos “votan en bloque”- hay decisiones que hacen al entorno físico, que se disciernen en las Juntas Departamentales, que son, al menos, reprobables, y que deberían llamarnos a seria reflexión, por lo que implican.

La actuación en el entorno, sea éste urbano o rural, genera concreciones físicas que en general son irreversibles. De ahí la importancia de que las intervenciones estén respaldadas no sólo por los reglamentos y normas, sino por los especialistas técnicos del caso en los proyectos o decisiones a implementarse.

Vivimos entre las realidades urbanísticas que se corresponden con lo resuelto en el pasado, y muchas veces los errores nos abruman. Pero los que se cometen aún ante la advertencia, los informes en contrario y contraviniendo la norma –o modificándola para proceder en consecuencia – son incalificables.

Nuestra ciudad y nuestro entorno natural han sido víctima de muchas impericias, en todos los tiempos. Nos referimos aquí sólo a algún caso reciente que se concretó o que va camino a hacerlo, porque son ejemplo de lo antedicho, y se materializarán –o materializaron- en realidades físicas irreversibles. Para siempre o no, pero a un costo indefendible en la última hipótesis.

La nueva Cárcel de Punta de Rieles se construirá, a pesar de que se han opuesto miles de vecinos, de que altera con su ubicación un entorno natural protegido –bañados de Carrasco- y de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la Intendencia de Montevideo, lo prohíbe expresamente.

En efecto, la referida norma, burlada con la implantación, no permite la ubicación de asentamientos humanos en la zona.

La nueva cárcel tendrá lugar para 2000 reclusos –asentamiento humano- y costará 80 millones de dólares.

Generará además un movimiento de personas –visitas- y servicios que hacen improbable cualquier emprendimiento en la zona, como los que están desde hace décadas, que son agropecuarios –como lo define el P.O.T.-, fundamentalmente viñedos.

En Maldonado se ha modificado recientemente la Ordenanza Municipal para autorizar la construcción de edificios en la zona comprendida entre la Laguna del Diario y Punta Ballena, sin argumentos técnicos, sin estudios previos, con los votos a favor del oficialismo en bloque –a pesar de estar muchos en contra- y con los votos en contra de toda la oposición.

Por supuesto que la insólita decisión dará muchísimo más valor inmobiliario (sic) a los predios involucrados, y cambiará para siempre el paisaje del que hoy disfrutamos – pues permite en la faja costera la construcción de edificios de cinco pisos de altura- patrimonio de todos los uruguayos, y de los habitantes del mundo que nos visitan.

El novel Corredor Garzón de nuestra maltratada Montevideo ha demostrado ser el paradigma de la improvisación, la falta de planificación, y un costoso ejemplo – 40 millones de dólares- de cómo se hace una obra sin considerar a los usuarios, a los técnicos especialistas y a quienes argumentaron aspectos negativos, antes de que se concretaran.

La corrección de errores, en caso de ser posible, sólo es atribuible a un infeliz proyecto, concretado y materializado, entre otras cosas, gracias a las mayorías – impertérritas en este caso- que supone la Junta Departamental.

El Corredor Garzón no mejorará aunque la Intendenta Ana Olivera admita que se ha equivocado en la gestión.

Claramente podrá apreciarse que en ninguno de los tres casos mencionados alcanza con pedir perdón, o asumir la responsabilidad “administrativa” una vez concretado el ultraje.

Las ocasionales mayorías junto a los Administradores correspondientes han incidido en nuestro entorno, y todos pagaremos las consecuencias».

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