Mujica dijo que faltarían elementos científicos y técnicos para evaluar el proyecto de Aratirí y que, en acuerdo con Vázquez, enviará al Parlamento un proyecto de ley que disponga una prorroga de las negociaciones con la empresa. Por las disposiciones de la Ley de Minería de Gran Porte ese plazo, que ya tuvo una prórroga de 90 días, vence el próximo 28 de febrero.

Se pretendería prolongar los plazos fijados en la Ley de Minería de Gran Porte para negociar con estas empresas, cuando las mismas autoridades reconocieron un “enfriamiento” del proyecto de Aratirí por la baja pronunciada del precio del hierro. ¿Cuáles pueden ser ahora los fundamentos para llegar al punto de hacer aprobar una nueva ley para este caso particular?

Desde hace más de cuatro años venimos, junto con otras organizaciones sociales, analizando el proyecto de Aratirí con técnicos calificados en todas las áreas involucradas. Sin desmerecer otras posiciones, hemos aportado una opinión responsable al respecto y, sobre todo, hemos insistido en que para tomar decisiones de esta envergadura debe consultarse al pueblo.

Hemos solicitado entonces estas entrevistas con el fin de conocer los fundamentos de esta nueva propuesta y trasmitir, en forma personal y directa, nuestra preocupación sobre las implicaciones de este y otros proyectos similares que están planteados en nuestro país.

MOVIMIENTO URUGUAY LIBRE

19 de enero de 2015.

Fuente Imagen: caminoverde.com.uy

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Frente a la Declaración del territorio del departamento de Lavalleja como “libre de minería metalífera a cielo abierto” debemos recordar y subrayar algunas competencias establecidas en la Constitución y las leyes que respaldan esa legítima norma.

La constitución establece en su artículo 262 que «El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente…»

Ley Orgánica Municipal, N 9515, establece competencias en todo el territorio departamental con connotación ambiental relativas a vigilancia y adopción de medidas para evitar la contaminación de aguas, promoción de ganadería y agricultura, fomentar desarrollo de montes y arbolados, entre otras.

Ley 17.283 (Ley General del Ambiente) establece como principios rectores de la Política Nacional Ambiental que “prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas” conocido como principio precautorio y asimismo consagra que “la gestión ambiental debe partir del reconocimiento de su transectorialidad, por lo que requiere la integración y coordinación de los distintos sectores públicos y privados involucrados, asegurando el alcance nacional de la instrumentación de la política ambiental y la descentralización en el ejercicio de los cometidos de protección ambiental”.

Por otra parte la norma reconoce como instrumentos de gestión ambiental tanto a las leyes nacionales como a las normas departamentales, estableciendo que “Ninguna persona podrá desconocer las exigencias derivadas de normas nacionales o departamentales de protección y/o conservación ambiental, de igual jerarquía, dictadas en el marco de sus respectivas competencias, al amparo de normas menos rigurosas de los ámbitos departamentales o nacional, respectivamente”.

Asimismo la ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, destaca los instrumentos de planificación en el ámbito departamental y reconoce la competencia exclusiva de los gobiernos departamentales para establecer las Directrices, Ordenanzas Departamentales y Planes Locales.

La normativa nacional que rige la minería en general y la de gran porte en particular, establecen las competencias y procedimientos que regulan esa actividad, permisos, concesiones y en general toda la intervención del Estado nacional en esa actividad; pero aquí estamos ante una legítima disposición de un gobierno departamental que establece una estrategia de desarrollo para su departamento donde estratégicamente excluye una actividad basado en objetivos ambientales, de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Estamos de acuerdo que la competencia en minería es del gobierno nacional, para autorizarla, promoverla o regularla, pero los Gobiernos Departamentales tienen competencia en todo su territorio para excluir esta u otras actividades que entiendan incompatibles con su modelo de desarrollo. Como muestra ya existen disposiciones relativas a otras actividades como la forestal en San José y el propio Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, a fines de los 90 fue uno de los primeros ejemplos de una norma estratégica de lo que un gobierno departamental quería para el territorio rural bajo su jurisdicción.

Dr. Gerardo Amarilla De Nicola

Representante Nacional

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Jueves 7 de marzo, 14 – 18.30 horas.

Sala Paulina Luisi – Anexo del Palacio Legislativo.

PROGRAMA

■ «Filosofía del Código de Minería ante el proyecto de ley de minería de gran porte», Dr. Alfredo Caputo, profesor del Curso de Posgrado sobre Derecho Minero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

■ «Acceso a la información y participación ciudadana en emprendimientos de gran porte», Dr. Edison Lanza, periodista e integrante del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO).

■ «El proyecto de ley desde la mirada del Derecho Ambiental», Dr. Marcelo Cousillas, profesor del Curso de Derecho Ambiental en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo; Director de la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

■ «Inversión extranjera en minería, costos y beneficios», Dr. Julián Alcayaga Olivares, economista y abogado chileno, Presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre de Chile.

■ «Minería de Gran Porte, Estado Ambiental de Derecho, Estado Teatral y Derecho Ambiental de utileria», Dr. Ricardo Gorosito, profesor de Política y Derecho Ambiental en la Universidad Católica; miembro del Panel de Expertos en Derecho Ambiental de la Corte de La Haya; Director de IDEA Uruguay.

■ Representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Preguntas/Comentarios de los asistentes.

Organiza:

Casa Bertolt Brecht (CBB)

Apoya:

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).

Auspicia:

Fundación Rosa Luxemburgo (FRL).

Fuente Imagen: www.mineria.com.uy

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Kreimerman expuso sobre la creación de una planta regasificadora y el proyecto de Ley de Minería de Gran Porte (MGP) ante la Mesa Política del Frente Amplio.

En cuanto al proyecto de abastecimiento de gas natural mediante una planta regasificadora de gas natural licuado (GNL) en Puntas de Sayago (oeste de Montevideo), el ministro se refirió a su importancia estratégica y ética para el país –ya que implicará una menor dependencia del petróleo y de la hidraulicidad, a la vez que tiene un menor efecto de emisión de gases con efecto invernadero que el resto de los combustibles fósiles-, y anunció que la construcción del proyecto comenzará en abril de 2013 y finalizará en abril de 2015 o incluso antes.

Cuatro son los consorcios precalificados entre los 18 que compraron los pliegos de la licitación hasta el 1 de octubre. Todas tienen experiencia en el área marítima, en la de la construcción y en la del gas natural. En febrero de 2013 presentarán sus ofertas. Los bocetos de sus proyectos ya fueron entregados y resultaron “esenciales” para calificar a la siguiente ronda, dijo el jerarca. Se trata de uno español, uno francés, uno coreano y uno noruego.

El gas natural llegará a la planta en barcos metaneros, por lo que la licitación de este proyecto incluye la construcción de muelles de amarre y descarga, así como de una escollera de protección. A cambio de esto, del arrendamiento de la unidad flotante y de la operación de la planta, la empresa ganadora cobrará un canon de 120 millones de dólares. A los 15 años, el bien se transferirá al Estado

Paralelamente, se construirá un gasoducto que conectará la unidad flotante y la costa, situada a dos kilómetros, para luego conectarse al gasoducto hoy existente. Este, que une nuestro país y Argentina, tiene capacidad para entre 6 y 8 millones de metros cúbicos de gas, aunque hoy la cifra alcanza solo los 300.000.

Asimismo, el Estado dragará el canal de acceso a los barcos a 12,6 metros de profundidad, lo que también habilitará, en el futuro, a que la zona se convierta en un puerto de contenedores. El director nacional de Energía, Ramón Méndez, quien acompañó al ministro en la presentación, afirmó que el dragado de este canal permitirá que los buques que cargan cereal puedan partir desde Montevideo.

En una primera etapa, el GNL se utilizará para le generación eléctrica (en la planta de Punta del Tigre), y luego será de uso industrial y domiciliario. En caso de que existan excedentes en el futuro, podrán venderse a Brasil y Argentina.

Kreimerman enfatizó la importancia de “comprar bien” el gas natural del que se abastezca la planta. Para ello ya se han hecho rondas en el exterior, informó.

Minería de Gran Porte

A su vez, el ministro explicó la importancia del proyecto de Ley de Minería de Gran Porte enviado al Parlamento, que se suma a las modificaciones realizadas al Código de Minería el año pasado. El jerarca dijo que estas medidas se toman en momentos en que existe una gran demanda mundial de metálicos.

Esta ley, que surge del trabajo realizado por los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, permitirá negociar en forma ventajosa con las empresas mineras, afirmó Kreimerman. Busca dar garantías a la actividad y, al mismo tiempo, fortalecer los aspectos recaudatorios para el Estado.

La norma incluye ejes ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Permitirá una política de desarrollo sustentable, dijo Kreimerman.

Contiene un fuerte énfasis en los planes de cierre de cada uno de los yacimientos, incluyendo el reacondicionamiento del terreno para actividades posteriores a su explotación, que es de entre 15 y 20 años. Prevé la obligación de firmar contratos de concesión y de que el Estado reciba toda la información sobre el avance de los trabajos.

También crea un consejo sectorial minero para posibilitar la incorporación de valor agregado a la actividad (que dará mano de obra de alta calificación), así como la realización de audiencias públicas.

Además, a través de la recaudación del Estado (entre el 50 y 60% de las ganancias, en promedio), que incluirá el pago de un canon, el impuesto a la renta y un impuesto adicional, se creará un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión. Asimismo, los ingresos se volcarán a proyectos productivos de infraestructuras y ambientales, al Fondo de Desarrollo del Interior y a la capacitación y el fortalecimiento de las direcciones nacionales de Medio Ambiente (Dinama) y Minería y Geología (Dinamige).

Finalmente, el jerarca señaló la importancia de incorporar un régimen de sanciones e infracciones. En cuanto al director nacional de Minería y Geología, Pier Rossi, recalcó la relevancia del Código Minero y las leyes de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para realizar esta actividad con un mayor control.

En conclusión, Kreimerman afirmó que la MGP es beneficiosa para diversificar la estructura productiva e incrementar los ingresos del país. Se aplicarán las mejores tecnologías y se incorporarán instrumentos económicos intergeneracionales, una gestión transparente, garantías ambientales y el “debido resguardo de los recursos hacia el futuro”.

La Mesa Política del Frente Amplio valoró positivamente el informe.

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