Entre otras acciones el representante por el departamento de Rivera pretende convocar al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro al Parlamento para analizar la situación y reclamar al gobierno medidas que permitan mantener las fuentes laborales.

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La reciente reunión del presidente con los representantes de la empresa Aratirí–Zamin Ferrous y las declaraciones del primer mandatario sobre una eventual asociación del Estado al proyecto aún en estudio, en sus condiciones, agravan los peligros que venimos denunciando desde hace meses desde diversos sectores de la sociedad civil.

Se viene alertando por este tipo de presiones indebidas ejercidas por Presidencia sobre otros poderes e instancias del estado para la aprobación “express” de este proyecto que está lejos de demostrar su conveniencia para el país. Presiones que agreden cada vez con mayor alevosía los principios republicanos del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y de la indispensable independencia técnica de los mismos organismos estatales llamados a entender en delicados aspectos ambientales, sociales, económicos y de ordenamiento territorial. Presiones que esperamos que el Parlamento y la DINAMA, responsables en este momento del estudio de distintos aspectos del proyecto minero, pueda resistir para actuar en beneficio del país y no de un negocio de ocasión.

Esta política de hechos consumados –autoritaria e inconsulta –pretende además ignorar el estado de conmoción social que se vive a diario en los tres millones y medio de hectáreas pedidas para minería en todo el país, así como en las distintas zonas costeras de Rocha en las que se ha anunciado el puerto de aguas profundas asociado al proyecto minero de Aratirí. Pretende ignorar también una importante corriente de opinión que, a lo largo y a lo ancho del país, crece día a día, y que se ha pronunciado en forma inequívoca contra la instalación de estos megaproyectos. En los plebiscitos que se promueven en varios departamentos, en los más de 400 recursos administrativos presentados para detener la entrada de las empresas a los campos, en los juicios promovidos ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo y en marchas multitudinarias como la del pasado 11 de octubre en Montevideo, que con sus casi 10.000 personas dejó en evidencia la preocupación ciudadana de un grupo mucho más amplio que los supuestamente afectados. En la Asamblea Nacional Permanente, compuesta por más de 35 organizaciones de todo el país, nacida en noviembre como respuesta a la proliferación de proyectos depredatorias e inconsultos, y que sesionó el domingo pasado en Sauce.

Con una responsabilidad que no ha mostrado buena parte del sistema político en todos los niveles, hemos presentado ante la Comisión a cargo de la Ley de Minería de Gran Porte, que habilitaría la instalación de Aratirí y otras empresas mineras, nuestras fundamentadas razones para oponernos a este proyecto y hemos dado cuenta de la situación de conmoción social que reina ante la incertidumbre y la falta de garantías sobre el futuro. Se ha reclamado, con razón, que delicadas decisiones como la sustitución de actividades agropecuarias y turísticas por emprendimientos extractivos de corto plazo comprometen irreversiblemente el uso sustentable del territorio y, con ello, el presente y el futuro de muchas familias, al tiempo que hipotecan sin garantía las posibilidades de las generaciones venideras.

Creemos que estas decisiones clave para el futuro del país deben tomarse por la ciudadanía, libre e informada, en un clima de garantías y respeto por la diversidad de opiniones, y precedida por un serio y amplio debate nacional. Nunca desde el centralismo de los escritorios de la burocracia montevideana y, mucho menos, en los despachos de las empresas interesadas en los mismos proyectos.

Ante la impunidad de los hechos acaecidos* en este largo proceso, vista la importancia de los valores en riesgoy como ciudadanos comprometidos con nuestro país, convocamos a todos los uruguayos a considerar nuevas y más amplias formas de protesta y acción ciudadana, por todos los medios disponibles. Si bien no hay aún un contrato firmado, una ley o un decreto que formalice alguna decisión del gobierno, las declaraciones del presidente ameritan la máxima atención y organización para la defensa de nuestros derechos y de la soberanía.

Con pesar constatamos, una vez más, que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.

Mesa Ampliada de Productores y Vecinos de ruta 7.

Productores de Cerro Chato y Valentines (Florida)

Productores de Tupambaé (Cerro Largo)

Comisión en Defensa de la Tierra (Treinta y Tres)

Comisión por la vida sustentable y el agua (Rivera)

Grupo No a la minería en Vichadero (Rivera)

Tacuarembó “Por la vida y el Agua”

Grupo de productores y vecinos de San José

Confederación de Pueblos Costeros.

Vecinos autoconvocados de La Paloma y la Pedrera

Vecinos y Amigos de Punta del Diablo

Vecinos Movilizados de Punta del Diablo

Vecinos de La Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, Punta Rubia.

Cabildo Abierto de Barra de Valizas

Vecinos de Aguas Dulces

Vecinos de Ciudad de Maldonado

Vecinos de Ciudad de la Costa

Vecinos de la Costa Oeste de Montevideo

Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra

Apoya: MOVUS.

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Señor Presidente de la República.

Don José Mujica.

En los últimos meses, nuestra sociedad ha asistido a un debate en relación a un mega emprendimiento minero que ha derivado en la discusión sobre la minería en general, los impactos ambientales, sociales, territoriales y los conflictos con otras actividades productivas.

Entiendo que resulta sumamente enriquecedor para la conciencia nacional ese debate que involucra dos aspectos muy importantes como lo son la ampliación de la matriz productiva y el Uruguay Natural.

Frente a ese debate y la Comisión creada por su iniciativa en respuesta al reclamo efectuado en la triple interpelación, consideramos necesaria una moratoria de los trámites mineros hasta que se definan las directrices nacionales de ordenamiento territorial en la materia y a los efectos de que se incluyan conclusiones del debate en el nuevo texto del Código Minero que se encuentra con media sanción en el parlamento.

El Poder Ejecutivo tiene la facultad que declarar esa moratoria, y por lo tanto suspender en forma inmediata todos los trámites tendientes a la habilitación de nuevos emprendimientos mineros hasta la aprobación de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, tal como lo prevé el artículo 10 de la ley 18.308.

Resulta imprescindible que por parte del Estado de proceda a la definición básica de la estructura territorial y la identificación de las actuaciones territoriales estratégicas, tal como lo dice la ley, con la formulación de criterios, lineamientos y orientaciones generales para los demás instrumentos de ordenamiento territorial y para las políticas sectoriales con incidencia territorial.

Esta moratoria, también podrá generar la posibilidad de incluir en el texto de nuevo Código Minero a estudio del parlamento,  algunos aspectos que han surgido en el debate y que pueden alcanzar consensos entre fuerzas políticas, gobiernos departamentales y sectores sociales.

Como se advierte en el mapa adjunto confeccionado por la propia Dinamige, donde se destacan los “ pedimentos otorgados y en trámite”, esta actividad tiene un avance importante sobre nuestro territorio y resulta necesario establecer políticas de estado en la materia. Me temo que si ello no sucede, ante conflictos por la competencia de las diversas actividades en el territorio, lamentablemente van a salir perjudicados los más débiles.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

Dr. Gerardo Amarilla

Representante Nacional

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