El Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lanzaron este jueves el proyecto de ley de Biotecnología. Al acto, realizado en la Torre Ejecutiva, asistieron el ministro Roberto Kreimerman y el subsecretario Enzo Benech.

El proyecto de ley, que próximamente se enviará al Parlamento para su estudio, tiene por objeto promover la investigación, la innovación, el desarrollo, la producción, la transferencia de tecnología y la aplicación de la biotecnología en todo el territorio nacional.

Durante el lanzamiento, Kreimerman dijo que la elaboración de este proyecto es un paso “trascendente” para que el país pueda avanzar en el desarrollo económico y social, debido a la importancia que tiene la biotecnología en distintos procesos productivos, que incluyen los alimentos, la energía, los bioplásticos, la salud, la educación y la producción en general.

El jerarca agregó que este proyecto “completa el panorama” de crecimiento económico y social de los últimos años, al favorecer la transformación productiva para continuar aumentando la calidad de la producción en nuevas ramas. Kreimerman recordó que la biotecnología es “una industria en sí misma” y, a la vez, una “disciplina transversal”, particularmente en un mundo en que la revolución tecnocientífica se basa en la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las energías nuevas y la biotecnología.

Marco normativo

El ministro Kreimerman dijo que el país ya cuenta con una masa crítica y cuenta con el Consejo Sectorial de Biotecnología, cuyo trabajo destacó. “Faltaba el marco normativo”, dijo el ministro, quien resaltó el decreto de promoción del sector, además de este proyecto que será discutido y que tiene como intención “la creación de un fondo de estímulo a la biotecnología como medio de crecimiento de los emprendimientos tecnológicos, que suelen ser de alto riesgo y que además muchas veces no tienen acceso a mercados de financiamiento”.

Asimismo, apunta al registro nacional de emprendimientos biotecnológicos, dijo el jerarca, quien agregó que se continuará el trabajo del Gabinete de la Innovación, para el que “la biotecnología es uno de los temas importantes”.

Kreimerman afirmó que este proyecto complementa el marco normativo en un momento especial del país, en el que la investigación ha aumentado su calidad y en el que se muestran ventajas claras y se apuesta a la integración. De hecho, el ministro recordó que se trabaja junto a Brasil en el área de la biotecnología.

“La investigación de primera no es solo de gran escala”, dijo Kreimerman, a la vez que afirmó que existen muy buenas “posibilidades de avances” para el país en las áreas de biotecnología, TIC y energías. “Faltaba el marco que dé impulso” y dé base “a un período de transformación económica y social” y “un nuevo empuje de inversiones nacionales y extranjeras”, y fundamentalmente a las “capacidades de la industria nacional”. De este modo se logrará la continuidad del desarrollo económico y se posibilitará el desarrollo social y la transformación productiva del país, afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, el subsecretario Benech destacó que este proyecto de ley surgió del trabajo conjunto de ambos ministerios, en una definición política que se explica por la importancia de la biotecnología, a la que calificó como “trascendental para la actividad agropecuaria”.

Benech afirmó que no habrá un país agrointeligente sin biotecnología, investigación y la aplicación de estos conocimientos a los procesos productivos, lo que se “derrama” al resto de la sociedad.

El jerarca finalizó destacando la importancia de continuar apoyando estos procesos.

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El Poder Ejecutivo (PE) entregó hoy a la Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte (MGP)-conformada a instancias del presidente de la República, José Mujica, e integrada por representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y del propio PE-, el proyecto de ley para esta área.

La redacción del proyecto fue liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

En su exposición de motivos, se explica que el proyecto de ley surgió de los compromisos establecidos en el documento de acuerdo que se firmó en diciembre de 2011, producto del trabajo de la comisión multipartidaria. En él se incluyeron los principios y bases que se consideran necesarios para el desarrollo de la MGP en el país, y se acordó que se les daría rango legal.

“El presente proyecto de Ley, producto de dichos acuerdos y compromisos, tiene como objetivo dotar al País de un instrumento moderno de política de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables, y que por tanto su accionar deberá asegurar la protección del ambiente, las necesidades sociales de las comunidades cercanas a los lugares donde se realizará la actividad, así como las necesidades nacionales de desarrollo económico”, indica textualmente el proyecto de ley.

En una perspectiva que toma en cuenta que la explotación de la MGP debe “generar oportunidades para las generaciones actuales pero prever también beneficios para las generaciones futuras”, se considera que “el Estado debe participar eficientemente de una parte de las rentas económicas generadas por la explotación de recursos no renovables del cual es propietario y garantizar a la sociedad una asignación y gestión óptima a los objetivos trazados”.

“En cuanto a los aspectos ambientales cabe destacar que se incorpora la necesidad de realizar un Estudio de impacto ambiental completo el cual será a la vez auditado por una entidad internacional con reconocida trayectoria en la materia. El proyecto de ley enfatiza la necesidad del plan de cierre de forma de asegurar el reacondicionamiento de los sitios a niveles tales que posibiliten el desarrollo de actividades post-cierre u otros usos posteriores. De forma de asegurar esto se crean garantías de cumplimiento de la MGP”, señala, textualmente, el proyecto presentado hoy.

En lo que refiere a los aspectos tributarios, se propone “el establecimiento de límites respecto al alcance de los beneficios fiscales que recaen sobre ciertas inversiones; la realización de ajustes en el régimen general de liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE); así como la incorporación de un adicional al mismo, específico a la renta proveniente de la explotación de la Minería de Gran Porte (MGP) incorporándose al cuerpo normativo de este impuesto”.

En los próximos días, el documento también se enviará al Parlamento.

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