El Poder Ejecutivo incumplió sentencia del Poder Judicial de entregar información del memorando firmado con HIF, señala el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).

Vencido el plazo otorgado por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo no dio cumplimiento a la sentencia y no entregó la información del Memorando firmado públicamente el 28 de febrero de 2024 con HIF.

Ese documento, del que se dijo era paso previo a la firma de un contrato de inversión, como los que firmaron previos gobiernos con Montes del Plata y UPM, se mantiene así secreto en clara contravención de la sentencia y del equilibrio de poderes que hacen a la República.

Del memorando se dijo, como vana justificación para no publicarlo, que era inocuo y que no incluía compromisos para la República. Siendo así no se entiende que el Poder Ejecutivo haya llegado al extremo de incumplir una sentencia judicial para mantenerlo fuera de la vista del público.

Desde el MOVUS reiteramos nuestra firme posición en contrario a la firma de estos contratos por parte del Poder Ejecutivo, los que negociados en secreto, comprometen por décadas al Uruguay y los uruguayos.

Seguiremos procurando a través del Poder Judicial que se cumpla con la sentencia, la que no fue apelada por el Poder Ejecutivo, y así acceder a los documentos firmados.

No renunciaremos a nuestro derecho como ciudadanos de conocer lo que en nuestro nombre firman los funcionarios del Poder Ejecutivo.

Cómo dijo oportunamente el Sr. Presidente de la República:

“Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay”.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).

20 de agosto de 2024.

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«La pandemia que está sufriendo todo el mundo tiene íntima relación con las áreas protegidas. La sanidad humana está relacionada con la sanidad animal, vegetal y mineral, con el agua, el aire y la tierra». (Gonzalo García Lagos, MOVUS, ante la comisión parlamentaria para estudio de la LUC).

Este año el Día del Ambiente se vive en una circunstancia muy especial. Una pandemia con más de 6 millones de afectados y 400 mil muertos en el mundo, y el contagio se dispara ahora en pueblos hermanos como Brasil, Perú, Chile. La pandemia ha detonado una crisis económica mundial de salida incierta, que va a ahondar el hambre en América Latina y el Caribe, África y otras regiones.

¿Qué ha provocado esta enfermedad? Varios estudios científicos señalan desde hace décadas que el agronegocio predatorio, al acortar las cadenas de valor en la producción de alimentos vegetales y animales (alimentos a su vez degradados y contaminados, comida chatarra), destruye la inmunidad natural de los ecosistemas.

El intercambio ecológico desigual redirige el daño al Sur Global. Destruye la complejidad ambiental que acota el crecimiento virulento de los patógenos. Los ecosistemas que en parte controlan los virus «salvajes» están siendo arrasados por la deforestación y el desplazamiento del bosque nativo por el monocultivo a gran escala que expulsa animales silvestres exponiéndolas a nuevos patógenos que a su vez trasmiten. Las especies vegetales genéticamente modificadas suprimen la diversidad natural trayendo el quiebre de las defensas. El hacinamiento artificial en la reproducción del ganado industrial que es engordado a antibióticos, elimina la selección natural y la protección contra las enfermedades animales, luego trasmitidas a los humanos. Las infecciones contenidas en el bosque cuando los parásitos mueren con sus especies huésped, ahora se propagan sobre poblaciones humanas susceptibles. Los brotes locales tienen mayor extensión, duración y agresividad, y ahora son epidemias que se expanden a través de redes mundiales de viajes y comercio sin resguardo. Y en la otra punta están los déficits en salud pública y saneamiento ambiental. Esto se agrega a todo el conjunto de rebotes destructivos: calentamiento global, cambio climático, gases nocivos, deshielo polar y ascenso del nivel del mar, degradación del aire y del agua, incendios forestales descontrolados, aumento de radiación, sequías y desertificación, una lista interminable.

Las palabras de García Lagos recuerdan lo que decía hace medio siglo Barry Commoner, uno de los fundadores del movimiento ambiental en el mundo. «Hay una sola ecosfera para todos los organismos vivos y lo que afecta a uno, afecta a todo. No hay ‘almuerzos gratis’, la nueva tecnología se ha aplicado sin que se conocieran siquiera los nuevos peligros de esas aplicaciones. Hemos sido muy rápidos en cosechar los beneficios pero muy lentos en considerar los costos».

En los últimos años hemos visto varias epidemias similares, SARS 2002, Hong Kong 2003, H1N1 2009, MERS 2012, Ébola 2014. Y mientras el virus SARS-CoV-2 apareció en noviembre en China, moría el último ejemplar de Rinoceronte de Sumatra.

Y así, ingresó el virus a Uruguay a principios de marzo. No se originó aquí. Pero pase lo que pase con esta pandemia, no será la última de este tipo hasta que no erradiquemos la economía predatoria que las produce, en que Uruguay participa y confirma.

El presidente habla de que no se debe gravar al capital porque «hará la fuerza» para salir de la crisis, y que no se deben «parar los motores de la economía».

¿Qué motores, qué economía?

No ha salido un robot a trabajar para que puedas quedarte en casa sin perder tus ingresos. Quien hace la fuerza es el trabajo vivo, y ese es el problema cuando el sistema de producción cuestiona la vida porque pone por encima de ella el lucro y la explotación.

Y más aún. Una de las primeras empresas en retomar plenamente la actividad fue UPM en la construcción de su segunda planta. Porque este gobierno, lo mismo los anteriores, pone por encima el modelo productivo extractivista, cada vez más dependiente de la inversión extranjera directa y sometido a su arbitrio. Para crear empleo, proyectos productivos, empresas, incluso educación y normas, no quedaría otra que renunciar a la soberanía. Cuando en realidad se destruyen empleos, producción y soberanía alimentaria al arruinar la apicultura, la pesca artesanal, etc.

La filosofía rectora de este modelo productivo es, paradójicamente:

«Nada podemos esperar de nosotros mismos».

Y UPM se asegura de que cada trabajador que ingresa declare que no ha tenido contacto con contagiados. ¿Cómo puede saberlo el trabajador si no se realizan test masivos y aleatorios, y como es bien sabido el virus se propaga también en su período asintomático de incubación? Cínicamente, en materia de la propagación, UPM aplica a su modo la directiva sanitaria: se lava las manos.

Es una cruel ironía que este año el Día del Ambiente esté dedicado a la biodiversidad. Efectivamente, no hay ‘almuerzos gratis’. El agronegocio que destruye la biodiversidad no es negocio para la vida humana.

Lo urgente es defender el agua, la tierra y la vida.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).

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Son momentos decisivos para los proyectos económicos de alto impacto social y ambiental que están siendo impuestos sin las evaluaciones técnicas necesarias, sin brindarle al público las informaciones requeridas y sin la participación ni la licencia social de las poblaciones afectadas.

El ejemplo inmediato es el proyecto de construcción de una planta regasificadora en la zona oeste de Montevideo.

Sin suministrar los informes solicitados por los vecinos de la zona, se realizó una audiencia pública cuando ya estaba firmado un contrato con la empresa adjudicataria del proyecto sumamente lesivo para el país. Ese contrato reitera las condiciones de la bancarrota de PLUNA al quedar el estado uruguayo como única garantía de los préstamos que solicitará una empresa extranjera que no asume obligaciones equiparables.

En un hecho sin precedentes, en el contrato se fija un plazo para el otorgamiento de la Autorización Ambiental por la DINAMA y el gobierno se compromete a pagar una multa a la empresa si ese plazo no es cumplido.

Por último, para la eventualidad de un litigio con la empresa adjudicataria, el gobierno renuncia otra vez a la jurisdicción de la justicia uruguaya, recurriendo al arbitraje en una instancia comercial internacional como ya lo hizo en la ley de megaminería.

Es público y notorio que la regasificadora es para suministrale energía al proyecto de extracción de hierro de la empresa Aratirí, una energía por la cual la minera pagará un tercio de la tarifa eléctrica que pagamos los uruguayos.

Simultáneamente, la evaluación ambiental del proyecto de Aratirí se encuentra lejos de ser aprobada, por carencias tanto de informaciones requeridas a la empresa como rediseño de partes claves del proyecto. No obstante, el gobierno anuncia que firmará el próximo mes de noviembre el correspondiente contrato de inversión.

• ¿Será otro contrato donde el estado uruguayo sale de garante de Aratirí para su supuesta inversión?

• ¿Será otro contrato donde se le impondrá a la DINAMA un plazo perentorio para que apruebe el proyecto, so pena de pagar multa?

• ¿Será otro contrato de renuncia a la justicia uruguaya?

Se pretende ignorar el derecho de la sociedad a ser correctamente informada y a ser tenida en cuenta en las decisiones. Esta es la razón de una creciente movilización social en todo el territorio nacional en rechazo a esos proyectos y que reclama instancias de participación en las decisiones.

Son hechos muy graves en los que está en juego el futuro del país.

A la entrega de 13.000 firmas en el departamento de Tacuarembó para que se realice un plebiscito, ayer la Junta Departamental de Lavalleja aprobó una ordenanza por la cual se prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en la zona rural de su jurisdicción. En el día de mañana daremos inicio a una recolección de firmas en todo el país dirigida a introducir una enmienda constitucional con el mismo propósito.

Por todo ello, el MOVUS convoca a participar mañana en la 5ta. Marcha Nacional en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, organizada por la Asamblea Nacional Permanente, que partirá a las 17 hs desde el Obelisco rumbo la Plaza Independencia, lugar donde sobre las 19 hs se dará lectura a la proclama del grupo organizador.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).

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La Comisión Especial de Diputados designada para analizar el proyecto de ley decidió hoy no conceder las audiencias solicitadas por diversos ciudadanos y organizaciones sociales y aceptó por mayoría la propuesta con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores el pasado 13 de agosto y que fuera aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) advirtió que esta iniciativa no cuenta con los apoyos políticos y sociales requeridos para una decisión de esta importancia, que se propone un cambio de la matriz productiva del país y que no ha pasado por la consulta a la ciudadanía dado que ningún sector político propuso esta alternativa en los planes electorales del 2008.

Esta ley es ajena a la realidad de un país que posee tierras privilegiadas para la producción de alimentos. Las reservas minerales del Uruguay son pequeñas, la corta duración de la actividad extractiva posible no justifica la destrucción del ecosistema. El proyecto Aratirí es el negocio de una empresa especulativa que solo se propone sacar y exportar el hierro en bruto.

Por la excención del IVA, esta ley habilita beneficios por más de 700 millones de dólares, a lo que se agrega el no pago del impuesto al patrimonio ni de los aranceles de importación y exportación. Mantiene el impuesto a las ganancias (IRAE) y su adicional, pero no evita la subdeclaración y le permite a la empresa descontar las inversiones previas y el canon del adicional del IRAE.

Son un engaño para confundir a la población las declaraciones de quienes afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias a la minería de gran porte. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, no es significativa en nuestra historia y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Este proyecto de ley es altamente inconveniente para el Uruguay y no puede ser aprobado por el simple hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los legisladores son representantes y no dueños de la voluntad de los electores. La ciudadanía está movilizada y se seguirá movilizando para poner en práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos.

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