La reciente reunión del presidente con los representantes de la empresa Aratirí–Zamin Ferrous y las declaraciones del primer mandatario sobre una eventual asociación del Estado al proyecto aún en estudio, en sus condiciones, agravan los peligros que venimos denunciando desde hace meses desde diversos sectores de la sociedad civil.

Se viene alertando por este tipo de presiones indebidas ejercidas por Presidencia sobre otros poderes e instancias del estado para la aprobación “express” de este proyecto que está lejos de demostrar su conveniencia para el país. Presiones que agreden cada vez con mayor alevosía los principios republicanos del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y de la indispensable independencia técnica de los mismos organismos estatales llamados a entender en delicados aspectos ambientales, sociales, económicos y de ordenamiento territorial. Presiones que esperamos que el Parlamento y la DINAMA, responsables en este momento del estudio de distintos aspectos del proyecto minero, pueda resistir para actuar en beneficio del país y no de un negocio de ocasión.

Esta política de hechos consumados –autoritaria e inconsulta –pretende además ignorar el estado de conmoción social que se vive a diario en los tres millones y medio de hectáreas pedidas para minería en todo el país, así como en las distintas zonas costeras de Rocha en las que se ha anunciado el puerto de aguas profundas asociado al proyecto minero de Aratirí. Pretende ignorar también una importante corriente de opinión que, a lo largo y a lo ancho del país, crece día a día, y que se ha pronunciado en forma inequívoca contra la instalación de estos megaproyectos. En los plebiscitos que se promueven en varios departamentos, en los más de 400 recursos administrativos presentados para detener la entrada de las empresas a los campos, en los juicios promovidos ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo y en marchas multitudinarias como la del pasado 11 de octubre en Montevideo, que con sus casi 10.000 personas dejó en evidencia la preocupación ciudadana de un grupo mucho más amplio que los supuestamente afectados. En la Asamblea Nacional Permanente, compuesta por más de 35 organizaciones de todo el país, nacida en noviembre como respuesta a la proliferación de proyectos depredatorias e inconsultos, y que sesionó el domingo pasado en Sauce.

Con una responsabilidad que no ha mostrado buena parte del sistema político en todos los niveles, hemos presentado ante la Comisión a cargo de la Ley de Minería de Gran Porte, que habilitaría la instalación de Aratirí y otras empresas mineras, nuestras fundamentadas razones para oponernos a este proyecto y hemos dado cuenta de la situación de conmoción social que reina ante la incertidumbre y la falta de garantías sobre el futuro. Se ha reclamado, con razón, que delicadas decisiones como la sustitución de actividades agropecuarias y turísticas por emprendimientos extractivos de corto plazo comprometen irreversiblemente el uso sustentable del territorio y, con ello, el presente y el futuro de muchas familias, al tiempo que hipotecan sin garantía las posibilidades de las generaciones venideras.

Creemos que estas decisiones clave para el futuro del país deben tomarse por la ciudadanía, libre e informada, en un clima de garantías y respeto por la diversidad de opiniones, y precedida por un serio y amplio debate nacional. Nunca desde el centralismo de los escritorios de la burocracia montevideana y, mucho menos, en los despachos de las empresas interesadas en los mismos proyectos.

Ante la impunidad de los hechos acaecidos* en este largo proceso, vista la importancia de los valores en riesgoy como ciudadanos comprometidos con nuestro país, convocamos a todos los uruguayos a considerar nuevas y más amplias formas de protesta y acción ciudadana, por todos los medios disponibles. Si bien no hay aún un contrato firmado, una ley o un decreto que formalice alguna decisión del gobierno, las declaraciones del presidente ameritan la máxima atención y organización para la defensa de nuestros derechos y de la soberanía.

Con pesar constatamos, una vez más, que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.

Mesa Ampliada de Productores y Vecinos de ruta 7.

Productores de Cerro Chato y Valentines (Florida)

Productores de Tupambaé (Cerro Largo)

Comisión en Defensa de la Tierra (Treinta y Tres)

Comisión por la vida sustentable y el agua (Rivera)

Grupo No a la minería en Vichadero (Rivera)

Tacuarembó “Por la vida y el Agua”

Grupo de productores y vecinos de San José

Confederación de Pueblos Costeros.

Vecinos autoconvocados de La Paloma y la Pedrera

Vecinos y Amigos de Punta del Diablo

Vecinos Movilizados de Punta del Diablo

Vecinos de La Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, Punta Rubia.

Cabildo Abierto de Barra de Valizas

Vecinos de Aguas Dulces

Vecinos de Ciudad de Maldonado

Vecinos de Ciudad de la Costa

Vecinos de la Costa Oeste de Montevideo

Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra

Apoya: MOVUS.

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La 1a. se realizó en agosto de este año a iniciativa de fundadores del ahora consolidado grupo Tacuarembó por la vida y el agua, promotor del primer referéndum departamental para prohibir la mega minería metalífera, y participaron en aquella instancia representantes de 35 organizaciones de todo el país. Uno de los resultados fue la coordinación nacional de la 3a. Marcha por la tierra y los bienes naturales del 11 de octubre pasado, que prácticamente triplicó en número la realizada un año antes.

Entre otros colectivos, estuvieron presentes integrantes de Redes-AT, Movimiento por un Uruguay Sustentable (Mesa de Ruta 7, CNDAV, Grupo Guayubira y otros), Colectivo de Lucha por la Tierra, Asamblea del Callejón, UTAA, Colectivo de Sauce, MONADET, Bio Uruguay, Vecinos de José Ignacio, Eco Tacuarembó, Olimar Piri, Sindicato del Taxi (SUATT), Coordinadora Contra los Megaproyectos, Acción Sin Fronteras, La Verdad Ofende, Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Asociación de Estudiantes de Agronomía, CIES, Confederación de los Pueblos Costeros, ADES-Montevideo, ADEOM-Tacuarembó, FM Raíces y Radio La Kandela.

En este nuevo encuentro nacional, se discutirán las estrategias de acción para consolidar un frente que crece día a día, de la mano de los preocupantes pedimentos para fines mineros de suelo productivo y habitado en todo el país, así como en respuesta a los diversos proyectos portuarios que ponen en riesgo la actividad turística y la sostenibilidad ambiental de la costa atlántica.

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