(Ocupa la Presidencia ad hoc el señor Senador Arana)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 16 minutos)

La Comisión de Medio Ambiente del Senado tiene el agrado de recibir al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ingeniero Carlos Colacce y a la Directora Nacional de Medio Ambiente, Ingeniera Agrónoma Alicia Torres. El motivo de la convocatoria refiere al proyecto de ley sobre residuos de artefactos eléctricos y electrónicos que actualmente está a consideración de la Comisión.

SEÑOR LAPAZ.- En primer lugar, damos la bienvenida a las autoridades que nos visitan. Si bien el motivo de la convocatoria es el que ha señalado el señor Presidente, teniendo en cuenta que hoy trascendió información sobre la empresa Botnia en cuanto a que habría variado su integración de capitales accionarios y que ello resultaría en una disminución en la producción de celulosa de la planta de Fray Bentos, me gustaría saber si ese tema ha sido informado al Gobierno ya que, de ser así, motivaría cierta preocupación respecto al eventual descenso en el número de funcionarios que allí trabajan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si bien esto no está en el orden del día, si el señor Ministro o la señora Directora tienen información al respecto, los escuchamos con mucho gusto.

SEÑOR MINISTRO.- Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes.

Con respecto a la pregunta del señor Senador Lapaz, debemos decir que no ha llegado a nuestro Ministerio ninguna comunicación por parte de la empresa Botnia con el anuncio a que se ha hecho referencia. En consecuencia, no tenemos ningún dato formal; simplemente ha habido un contacto telefónico con la Directora Nacional de Medio Ambiente, Ingeniera Agrónoma Alicia Torres, pero reitero: no hay más que eso, y menos aún en lo que respecta a una eventual disminución de la producción.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica)

A continuación, la Directora Nacional de Medio Ambiente, Ingeniera Agrónoma Alicia Torres, será quien realice una exposición sobre los comentarios respecto a este proyecto de ley relativo al sistema de gestión de residuos eléctricos. Esto es en un contexto donde, efectivamente, una de las preocupaciones constantes de la DINAMA es todo el tratamiento de ciertos tipos de residuos que presentan  dificultades y peligrosidad en su manejo. A su vez, queremos aportar la experiencia que tiene esta Dirección al respecto y hacer referencia a su estructura actual. Tenemos otros ejemplos de cómo estamos trabajando en este tema que pueden ser tenidos en cuenta en el texto de la norma para que esta tenga la mejor aplicación.

SEÑORA TORRES.- Buenas tardes. Es un gusto estar aquí y exponer algunos comentarios acerca del trabajo que realizamos sobre el proyecto de ley presentado a la Comisión de Medio Ambiente.

En principio, quiero enmarcar que esta temática es de interés para la gestión ambiental del territorio y, particularmente, para lo que significa la generación de residuos: la gestión de recolección, acopio y disposición final. Sin duda, esto involucra a un conjunto de actores que hay que sensibilizar para que sean parte de propuestas de gestión de residuos y tengan circuitos independientes según la peligrosidad o la afectación que ellos puedan generar.

Venimos trabajando en un plan -de manera participativa y en talleres- que refiere a la producción y al consumo sustentable, el que nos hemos comprometido a finalizar para que esté disponible en el mes de setiembre. Traigo a colación este hecho porque para nosotros el tema de la gestión de residuos tiene que estar enmarcado en una estrategia de consumo responsable, derivando al responsable de esos productos que se dejan de consumir la necesidad de que esto sea sustentable, tratando de extender la vida útil de esos productos, reutilizando lo máximo posible y dando una disposición adecuada a lo que de ninguna manera puede tener otro uso.

Este es el marco en el que estamos trabajando y, tal como señalé, hemos realizado una serie de talleres y varios foros en los que se participa virtualmente -porque si bien es un tema que ha generado mucho interés, no todos los sectores pueden estar permanentemente participando en los seminarios- que creo van a brindar mucha información útil. Dentro de esa gran estrategia de producción y consumo sustentable hay dos temas sobre los cuales recogí insumos para poder volcar aquí; uno de ellos es la gestión de los residuos electro-electrónicos, que está a consideración de los señores Senadores, y el otro es la gestión de bolsas de nylon, que no sé si también está a estudio.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Así es; está a estudio.

SEÑORA TORRES.- Con respecto a este último tema, hemos avanzado; tenemos un borrador de plan de acción y tal vez hoy o en una próxima jornada podamos incluirlo.

Uno de los primeros comentarios sobre el proyecto tiene que ver con el alcance de la categoría. Tratamos de enumerar todos los productos definidos en la norma y una de las primeras conclusiones es que el universo es muy amplio. De alguna manera, pensamos que quizás en el futuro decreto que reglamente esta ley habrá que ir ajustando o priorizando cuáles son los artículos en los cuales debemos empezar a implementar procesos de gestión. De esa manera podríamos ejercer un rápido impacto priorizando aquellos productos que por su peligrosidad, por su permanencia o por su dificultad de disposición, merecen ser jerarquizados dentro del amplio espectro que los involucra. Dentro de esta lista de productos, veíamos que las bombitas de iluminación son un tema sobre el cual debemos tener una estrategia de trabajo paralela, fundamentalmente por el contenido en mercurio de las nuevas. Ese componente para nosotros merece una gestión especial y estamos trabajando con UTE para que próximamente podamos informar a la población -por medio de ese Ente- sobre la estrategia de recolección y disposición adecuada de esos productos posconsumo.

SEÑOR CID.- Por lo que veo, estas categorías coinciden bastante con lo que considera el proyecto de ley. De todas maneras, no sé si dentro de esas categorías está incluido un grupo muy importante de productos de desecho que hoy no tienen ningún destino razonable, que son los equipos médicos; me refiero a los equipos de radiología y algunos vinculados con la asistencia médica, que también son eléctricos y electrónicos. Inclusive, los termómetros clínicos contienen mercurio.

SEÑORA TORRES.- En el caso de los termómetros, los consideramos igual que a las bombitas porque tienen el mismo componente, que es el mercurio. O sea que no importa cuál sea el producto -si es una bombita o un termómetro- sino que se considera el componente que tiene: el mercurio. No obstante, es bueno lo que hace notar el señor Senador en cuanto a considerar los equipos médicos.

SEÑOR LAPAZ.- ¿Dentro de esta lista están incluidas las maquinitas que se usan en los casinos? Formulo la pregunta porque, obviamente, no son consideradas como grandes electrodomésticos.

SEÑORA TORRES.- En realidad, la idea de plantear esta lista fue discutir los criterios a priorizar. Y voy a formular una serie de ejemplos que son preguntas a las que hay que buscarles respuesta. ¿Es por cantidad? ¿Es por el contenido de determinada sustancia y su peligrosidad? ¿Es por el volumen? Por ejemplo, las maquinitas de los casinos son pocas pero, a su vez, ocupan un volumen importante; en cambio, las bombitas son muchas, muy pequeñas, pero tienen sustancias mucho más peligrosas. Entonces, la cuestión está en cuáles son los criterios a priorizar, porque a la hora de pasar el proyecto de ley a decreto, tenemos que establecer categorías para comenzar a actuar por donde creemos que es más importante o por donde generemos la mayor protección desde el punto de vista ambiental.

SEÑOR LAPAZ.- A nivel farmacéutico existen productos que tienen fecha de vencimiento. Me gustaría saber qué se hace con esos productos después de que vencen.

SEÑORA TORRES.- Esos productos no entran dentro de estos desechos electro-electrónicos. Por ejemplo, tenemos un mecanismo de gestión de todos los medicamentos vencidos que implica un trámite, ya que tienen que ser dispuestos adecuadamente. Esto ocurre, sobre todo, a nivel de zonas francas, que es donde se generan mayores volúmenes y donde hay problemas de vencimiento. En ese sentido, estamos llevando adelante un proyecto de trabajo con una cámara que engloba a toda la industria farmacéutica.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas maneras, estos productos no integran este proyecto de ley específico.

Me gustaría que me explicaran porque, realmente, no me doy cuenta a qué se refiere el ítem que habla de equipos de consumo.

SEÑORA TORRES.- Lo que hicimos fue dividir los productos en grandes electrodomésticos, como heladeras industriales; pequeños electrodomésticos, que son todos los electrodomésticos chicos, como batidora o licuadora; y equipos de consumo, como celulares, ipods, mp3, mp4, y similares.

SEÑOR PRESIDENTE.- También pueden incluirse las máquinas de fotos, porque las pilas pequeñas que llevan son particularmente nocivas, aunque sea muy poca la sustancia.

SEÑORA TORRES.- Quisiera referirme ahora a algunos criterios que deben regir todo el sistema de gestión de residuos. El primer criterio a tener en cuenta es que el que contamina o, de alguna manera, genera el problema, debe pagarlo. Otro criterio contemplado en el proyecto de ley es la minimización de la generación, tendiendo a reusar, reciclar y reducir. Y, por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la valorización de los residuos, de manera que tengan otro destino, como insumos para otras industrias o microemprendimientos.

La otra estrategia que hay que tener en cuenta es lo que llamamos los circuitos diferenciados. Es decir que hay que evitar su inclusión como parte de los residuos sólidos domiciliarios. Actualmente, por ejemplo, esto se lleva adelante con los residuos hospitalarios; también con las baterías. Lo ideal de un sistema de gestión nacional de residuos sólidos es que cada flujo lleve un circuito separado y  tenga una disposición adecuada de acuerdo con su categoría.

Por otra parte, hay que minimizar los impactos de la disposición incontrolada y  tener en cuenta el principio de responsabilidad extendida. Entonces, tanto los que lo producen como los que lo importan o comercializan, son responsables del adecuado destino del producto una vez consumido.

SEÑOR CID.- Me parece fantástico lo que nos han planteado porque, como ustedes saben ya que han leído el proyecto de ley, se trata de una norma marco; no se entra en los detalles, porque creemos que eso debe ser parte de la instrumentación de la ley. Creo que en esos tres aspectos -reducir, reusar y reciclar- están las claves de lo que debe ser la captación y destino de los productos. Por tanto, considero que es un adelanto lo que nos están proponiendo como parte de la reglamentación de la ley, lo cual es muy importante. Quería hacer esta observación porque entiendo que hay que reducir, pero también reusar, y en ello imaginaba que las escuelas tecnológicas podían tener una función importante en lo que tiene que ver con el entrenamiento de los estudiantes. Inclusive, en ese reuso y reciclado no solamente se recupera un equipo, sino que luego se le puede dar un determinado destino.

Repito, me parece fantástico este esquema de los criterios generales porque está en línea con lo que uno estaba pensando.

SEÑORA TORRES.- Con respecto a lo que planteaba el señor Senador, es algo que me quedaba como pregunta, ya que en la ley marco no aparece el tema de quién paga todo el sistema. Por tanto, es algo que hay que analizar. No sé si algún artículo facultaría al Poder Ejecutivo a disponerlo. Claramente, algunos de los actores debe ser el que obligue a que se pague, porque esta es una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de implementar los circuitos diferenciados de residuos. En este sentido, el tema de la ley de envases es uno de los cuellos de botella. Por eso en este artículo se debe establecer algo al respecto para que alguien sea el que obligue a que los demás se hagan cargo del tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sería algo similar a lo que debería pasar con la tutela de diferentes sitios, edificios, entornos urbanos, paisajes, monumentos, etcétera, y con la calidad de las áreas protegidas. Creo que debe haber una forma de sancionar el daño que se hace -por desconocimiento o a sabiendas- ya que no se actúa con la suficiente severidad ante este tipo de conductas.

SEÑORA TORRES.- De alguna manera, si el que genera o comercializa estos productos no sabe que tiene que incluir en sus gastos el costo de la disposición, va a tender a dejarlo en la puerta y que se lo lleve el que pase.

SEÑOR LAPAZ.- En lo que tiene que ver con el tema de las sanciones y de la recaudación que se logre a través de los que incumplan con la norma, creo que se podría destinar a la propaganda en contra de la contaminación, es decir, reusar el dinero de esa manera. Que la recaudación sea cada vez menor va a significar que la contaminación también es menor.

SEÑORA TORRES.- En lo que tiene que ver con los circuitos diferenciados, hay que pagar el sistema de recolección diferenciado, a veces la disposición final diferenciada y, también, toda la comunicación para que los consumidores sean actores partícipes. Si la sociedad no vigila que cada uno de los actores que consume un producto haga su adecuada disposición, el sistema cae. Lo señalado por el señor Senador es muy importante; hay que destinar recursos a las tres áreas: a la gestión, a la disposición y a la comunicación o divulgación de estos temas en la comunidad.

Quisiera compartir con los señores Senadores cuál es la situación actual del país de acuerdo con el diagnóstico que hemos realizado. Actualmente,  no hay capacidad tecnológica para tratar la mayoría de los residuos electro-electrónicos. Se han realizado algunas experiencias piloto, como la de una empresa de reciclaje de equipos, ubicada en Montevideo; como el desguace de partes para los metales de los circuitos, o como el de una empresa dedicada al tema de los tubos fluorescentes. Asimismo, existen propuestas de planes de gestión de empresas de telefonía celular, que llegan a la etapa de gestión pero no a la de disposición final de residuos especiales, porque este último sigue siendo un tema en el que el país apenas ha tenido algún avance. Quizás el señor Ministro pueda dar alguna explicación más a este respecto, pero puedo decir que lo cierto es que recién estamos empezando a tomar conciencia de la necesidad de tener flujos separados de los residuos y que no termine tirándose todo junto en un mismo lugar. Es un tema que  planteamos como una prioridad para la agenda del próximo Gobierno.

Estamos en proceso de elaborar un sistema de gestión ambientalmente sustentable de este tipo de residuos, que debe ser parte, como insumo, del Plan Nacional de Producción y Consumo Sustentable en el componente Implementación de Sistemas de Gestión de Residuos Post Consumo. Quiere decir que damos los lineamientos estratégicos para que luego de aprobadas las normas y de contar con los marcos jurídicos correspondientes, se puedan tener líneas de acción para  implementar esto en el territorio.

Los otros actores clave en todo este contexto -que no están mencionados en el informe- son las Intendencias Municipales. Para ellos actualmente todo es residuo sólido  y saben que son responsables, por las competencias municipales,  de dar disposición a los residuos sólidos domiciliarios. En la medida en que las normas nacionales comienzan a tener flujos diferenciados, hay que tener un doble control: por un lado, que se realice la disposición adecuada y, por otro, que no ingresen residuos donde no deban, mezclados con los residuos domiciliarios. Repito que las Intendencias Municipales son actores clave.

Por otra parte, quiero indicar que cuando se plantea el sistema de gestión, no aparece el tema de la disposición final -supongo que por cuestiones jurídicas; son temas que no manejo- y es una pregunta específica que tenía con respecto  al proyecto de ley.

En el artículo 2º, que refiere a la integración, no aparecen los actores responsables de la disposición final, quizás porque ello quedará establecido en acuerdos que hagan los Gobiernos departamentales y el Gobierno nacional. De todas maneras, insisto en que creo que son actores clave y que deberíamos ver dónde y cómo se define ese tema, así como si habrá sitio para las disposiciones nacionales, regionales o departamentales. Son actores que van a tener que estar incluidos cuando hablemos del sistema, siguiendo toda la vida del producto. Como saben, éste se produce, se comercializa, se consume, luego es residuo, tiene una gestión y después, más allá de que una gran parte se reutiliza, algo va a disposición final. Por lo tanto, los actores relacionados con la disposición final tienen que ser parte y entender cómo funciona todo el sistema.

SEÑOR CID.- En función de la pregunta que acaba de manifestar la Ingeniera Torres, quiero decir que desde esta Comisión hemos seguido bien las dificultades que ha tenido la DINAMA para lograr un lugar que permita la disposición final de los residuos industriales, y tal vez los productos a los que nos estamos refiriendo entrarían dentro de esa categoría. Por ese motivo, la Bancada del Frente Amplio -que presenta este proyecto de ley- lo ha dejado librado al mejor criterio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para que vaya logrando, por consenso, encontrar ubicación en un lugar de esas características. Sabemos las dificultades que tiene; nadie quiere tener la disposición final de los residuos industriales o de otro tipo en el fondo de su casa. Eso está establecido y lo hemos visto con el último emprendimiento que se ha suspendido, lo que ha llevado a que hablemos de ley marco, que quedaría librada a lo que decida la autoridad competente.

SEÑOR MINISTRO.- La intervención del señor Senador Cid me ha hecho recordar algo.  El día 5 de junio se firmó un convenio con la Intendencia y con la Cámara de Industrias, donde la última se obliga a construir la celda de seguridad para residuos peligrosos. Esto es un hecho y están corriendo los plazos. Obviamente la Intendencia pone el predio, nosotros hacemos los controles, y habrá una gestión propia de la Cámara de Industrias que será viable porque los industriales estarán obligados a verter ahí. Además, como es lógico, van a pagar por esa disposición final. Se trata de un convenio típico en el que se da una estupenda sinergia positiva entre lo público y lo privado, donde todos buscamos el mismo fin. Evidentemente, el hecho de que no exista un punto de disposición final es un problema para el sector público; somos responsables de velar por esto. Sabemos que los privados, como no cuentan con estas soluciones, se encuentran con enormes dificultades. Por lo tanto, se ha dado un paso muy importante en ese sentido.

SEÑORA TORRES.- Me interesa reafirmar el tercer punto, que tiene que ver con el hecho de que en esos procesos se ha demostrado que se generan nuevas oportunidades laborales en sectores importantes de la sociedad. Además, estamos hablando de promotores de todo lo relativo al reciclaje y de generadores de pequeños y microemprendimientos, por lo que si el involucrar a  esos actores sociales en los procesos de reciclaje, reutilización o rearmado -por ejemplo, en el tema de los equipos-  es una estrategia nacional, esta es una oportunidad de facilitar la inclusión social y de generar fuentes de trabajo, formalizando a aquellos que realizan esta tarea de una forma no organizada. Considero que esto también tendrá que ser incluido en el futuro decreto, porque por un lado podremos disminuir los residuos y, por otro, generaremos más fuentes de trabajo. Quiero destacar que ya existen experiencias en el país que son alentadoras y que demuestran que eso es  posible.

Otro tema que está contemplado en el proyecto de ley tiene que ver con establecer restricciones en cuanto a la calidad de los productos que ingresan al país, sobre todo cuando son importados. Se plantea una alusión a las reglas existentes hoy en la Unión Europea y se destaca lo relativo al control de calidad, porque si los productos que ingresan al país son de mejor calidad, nos aseguramos que los residuos no serán tan malos.

SEÑOR CID.- En ese sentido, el proyecto de ley apunta a aquellas sustancias catalogadas dentro del grupo de las RoSH, es decir, las que tienen capacidad de afectar la salud. En la actualidad, la Unión Europea está trabajando en esto y exige que esas sustancias de carácter tóxico tengan cada vez menos participación en los procesos de soldadura y demás. Creo que a eso apuntan las restricciones de calidad, pero también deberían estar incluidos los equipos que ingresan al país como recertificados. Este tipo de materiales en realidad son desechos del primer mundo, que luego de ser mejorados y reparados, son exportados a otros lugares cuando ya no tienen utilidad en los países de origen.

SEÑORA TORRES.- Nosotros tratamos de volcar esas ideas en un plan de trabajo destinado a abordar este tema. Como decíamos al comienzo, se trata de elaborar un inventario de identificación de lo más significativo, clasificándolo por volumen, por vida útil o por componentes. También habrá que incorporar los criterios de calidad para los aparatos nuevos, para disminuir el impacto de los residuos a generarse. Eso implica comenzar a trabajar con los de mayor impacto para ser más eficaces en las acciones que se vayan a implementar. Considero que habrá que recoger los datos e identificar cuántos equipos hay, qué distribución tienen y en qué sectores, para con ese diagnóstico poder definir criterios y establecer las prioridades necesarias para adecuar el futuro reglamento.

El segundo paso tiene que ver con identificar los actores clave de la producción, importación y comercialización, elaborar propuestas, roles y responsabilidades y, tempranamente, involucrarlos en el futuro escenario, de manera que empiecen a tomar conciencia de que esto es algo que se viene y que tendrán que asumir roles que quizás hoy no tienen en cuenta. Aquí hay una dificultad que identificamos a priori, que planteaba recién el señor Senador Cid, en el sentido de que ciertos equipos informáticos no tienen claramente identificado el origen, porque han sido rearmados. En realidad, esa va a ser una dificultad a la hora de buscar quién se hace responsable de esos productos que no tienen una marca claramente identificada.

SEÑOR CID.- Uno de los artículos hace referencia a la necesidad del etiquetado de los productos. Si no me equivoco, para ser comercializados, esos productos deben tener algunas características. A pesar de que Estados Unidos también está trabajando en esto, de acuerdo a cómo está evolucionando el tema, quizás el país se torne muy dependiente de la Unión Europea, donde sí se exige un etiquetado para todos los productos eléctricos y electrónicos que se comercializan, teniendo en cuenta sus características. Esto otorga ciertas garantías, por ejemplo, en lo que hace a las seguridades de manejo y al uso de componentes menos tóxicos. Tal vez el mecanismo a aplicar sea que los aparatos que ingresen sin certificación y etiquetado no puedan ser comercializados.

Aprovecho esta instancia para formular una pregunta a las autoridades. Los planes de trabajo que ustedes están planteando, el inventario de identificación de actores y demás, ¿se puede ir estructurando en la medida en que no haya ley, o es necesario que esta exista para llevarlos adelante?

SEÑORA TORRES.- Veíamos que este era el escenario preparatorio ante la llegada de la ley; me refiero a generar ese trabajo de alguna manera. Como decía al principio, nos propusimos elaborar el Plan Nacional de Producción y Consumo Sustentable para repensar a priori todas estas cuestiones, así como los posibles caminos a recorrer en el caso de que haya avances -que necesariamente tendrán lugar- en las normas ambientales nacionales.

Queremos dejar esto como un producto de esta Administración que sirva como insumo a las nuevas autoridades, a los efectos de que puedan recorrer esos caminos, acompañados de alguna manera de nuevas normas para llegar a una disposición adecuada con relación a los residuos especiales.

Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Producción y Consumo Sustentable, estamos estudiando la posibilidad de promover o desestimular determinadas acciones a través de instrumentos económicos. En este caso, estamos viendo cómo promover el mercado de usados y el reciclaje. Debería existir algún instrumento o tendríamos que facultar a alguien para que lo aplicara a efectos de poder actuar y promover estas acciones.

Es necesario reafirmar que la sustentabilidad económica del sistema se basa en el aporte de los importadores y productores. Hay que determinar si se efectiviza a través de un tributo o de aportes para la implementación de un plan como el que estamos llevando adelante en relación a los envases.

A su vez, hay que tener en cuenta los criterios de eficiencia energética en los artículos usados y a ese respecto está trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por nuestra parte, en el Plan Nacional de Promoción y Consumo Sustentable estamos trabajando para que la eficiencia energética sea un aspecto clave a la hora de elegir un producto a consumir y a fin de que, al mismo tiempo, sean promovidos y estimulados los artículos más eficientes en lo que hace al uso de la energía. Nos parece que este también es un aspecto clave en el área ambiental.

Otro tema que debemos trabajar previamente es el de la evaluación de las capacidades existentes para la gestión y definición de los destinos finales para cada uno de los componentes. Hay que trabajar en este sentido y pensar previamente para no tener que enfrentar luego dificultades de implementación.

SEÑOR MINISTRO.- Simplemente haré un comentario de carácter general con respecto a lo que manifestaba la Ingeniera Alicia Torres.

A pesar de que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fue creado en 1990 -es decir que ni siquiera tiene veinte años de existencia- debido a las realidades nacionales y mundiales, la Dirección Nacional de Medio Ambiente ha constatado que, afortunadamente, los aspectos ambientales tienen cada vez mayor vigencia. En ese sentido, aparecen temas que hace veinte años no pensábamos que se tratarían ahora, tal como está sucediendo. Eso hace que la Dirección Nacional de Medio Ambiente esté obligada a actualizarse y a incorporar todas estas nuevas actividades y exigencias a las que la ciudadanía cada vez otorga mayor importancia. Sin embargo, dicha Dirección tiene recursos humanos limitados y, en cierta forma, se encuentra agobiada en muchas de sus tareas del día a día. No obstante ello, decíamos que tiene que prepararse, capacitarse, realizarse y generar los procesos para realmente llevar a cabo tanto los temas mencionados, como los que tienen que ver con los residuos sólidos, inspecciones, controles, autorizaciones ambientales, etcétera.

En ese sentido, hoy se está desarrollando un contrato de préstamo con el BID que, justamente, apunta a todo lo que tiene que ver con los procesos e, incluso, con la parte institucional de la DINAMA, en cuanto a definir todos estos temas de los que estamos hablando. ¿Es correcta la institucionalidad que tenemos para tratarlos o hay que plantear distintos escenarios? Se está trabajando en este programa que, fundamentalmente redefiniendo, hace toda la reingeniería de los procesos.

¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque debemos tener presentes todos esos aspectos en un contexto general para que estos proyectos, el día que sean convertidos en ley, incluyan esa consideración. El Legislador debe tenerlo en cuenta y generar la posibilidad de que la aplicación, en cierta forma, sea un proceso. Hace un momento, la Ingeniera Torres identificaba por qué cada uno de los aparatos eléctricos y electrónicos debe seguir líneas de acción. En ese sentido, los Legisladores saben mejor que nadie que la ley resultante debe ser aplicable. Cuando en casos como estos, desde el Poder Ejecutivo se tienen posibilidades de aplicar la ley, entendemos que ese tema debe ser tenido en cuenta. Queremos trasmitirles nuestra experiencia para que prevean un proceso que contemple y faculte todos los aspectos que hemos planteado, aunque después queden librados a la reglamentación.

SEÑOR CID.- Justamente, la intención de la Bancada del Frente Amplio, que presenta el proyecto, es aprobar una ley que permita que después, en la parte instrumental, sean las autoridades competentes las que definan metas, objetivos, etcétera. Por ejemplo, recuerdo que en el proyecto ya está contemplado que la ley esté vigente al año de  promulgada por el Poder Ejecutivo. Creo del caso mencionar que la Ingeniera Alicia Torres expresó que ese tiempo le parecía insuficiente, por lo que transformo esto en una pregunta, aprovechando la intervención del señor Ministro. Si hay necesidad de cambiar los plazos, no creo que existan dificultades porque nos interesa que ustedes estén preparados para afrontar las responsabilidades del caso. En ese sentido, esperamos que evalúen cómo encarar el artículo en el que se establece un año de plazo para su entrada en vigencia. Si consideran necesario que sea mayor, así se procederá, porque el asunto es que se pueda poner en marcha.

SEÑORA TORRES.- Siguiendo con las líneas del plan de trabajo que nos proponíamos, quiero decir que vimos la oportunidad de crear un grupo de trabajo interinstitucional a nivel de la COTAMA, donde ya tenemos, por ejemplo, el tema de los residuos sólidos industriales. Entonces, se generó un grupo de trabajo a nivel de la COTAMA, que elaboró todos los aspectos técnicos que debería contemplar un reglamento. Vale aclarar que no tuvimos oportunidad aún de dar a conocer ni de aplicar ese reglamento, porque no teníamos un sitio para la disposición final; sin embargo, creemos que ese camino y ese ejercicio son los apropiados. En general, en estos grupos interinstitucionales participan actores, tanto de la Cámara de Industrias como de diferentes Ministerios; en lo personal, me parece que el Ministerio de Industria, Energía y Minería es un actor clave en esto. En este caso, empezamos a involucrarnos y, al empaparnos en los criterios de las futuras normas que se aprueben en el Parlamento, ya podremos ir preparando esa implementación que mencionaba el señor Ministro para poder adelantar los tiempos. Por ello nos parecía que se podía proponer un grupo a nivel de la COTAMA que ya empezara a pensar en esos aspectos.

Tenemos todo el tema de preparar un plan de inclusión social -que podríamos trabajar con el MIDES- haciendo un relevamiento de cuáles serían las oportunidades para generar nuevos emprendimientos productivos a partir de estos reciclajes. A su vez, se pensó en desarrollar algunas acciones de capacitación y sensibilización a actores clave. Aquí es donde decía que tanto los industriales productores de estos implementos, como los comerciantes, deben ser conscientes de que esto se instrumentará y que van a ser responsables de lo que hagan al respecto. También las Intendencias deben ser conscientes de cómo van a manejar el tema ya que, de un día para el otro, deberán empezar a disgregar parte de sus residuos sólidos, hoy mezclados. Entonces, deberán analizar cómo manejarán eso y cómo lo van a controlar, ya que muchos controles van a terminar a nivel local; queremos que sean actores clave.

Otro desafío es implementar un plan de control porque existen normas y hay que aplicarlas, pero también hay que tener en cuenta que quienes no las cumplan deberán recibir las sanciones correspondientes. Esto nos parecía que era otro punto clave.

Esta era la presentación que había preparado y después anoté algunos comentarios sobre determinados artículos de la propuesta que quería acercar como aporte al tratamiento del tema.

Nos parecía que crear un sistema de gestión de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos era una propuesta interesante, que implicaba comenzar a hablar, precisamente, de la recolección de residuos en un sistema. Me parece que este es un aporte importante, que va a llevar a que todos tomemos conciencia de la necesidad de que el país cuente con un sistema nacional de residuos sólidos y que estos puedan tener diferentes flujos, destinos  y actores involucrados. Lo básico es que todo esto se lleve a cabo con una visión de sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden existir diferentes partes, pero integradas a una unidad y con un criterio de acción. Así, se aplicarían los mismos criterios acerca de que es responsable quien genera los residuos, que hay que seguir todo el circuito de vida y contar con una adecuada disposición final.

Por todo esto nos parecía que el concepto de sistema era muy apropiado y, en todo caso, el comentario que quería efectuar era que el sistema de gestión de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos debía incluirse en el marco de un sistema nacional de residuos con el que el país debe contar; nos parece importante trabajar hacia eso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me voy a excusar porque debo retirarme, pues debo concurrir a la Comisión de Asuntos Internacionales, en la que ya se encuentran representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De manera que solicito al señor Senador Cid, que fue quien redactó el anteproyecto, que ocupe la Presidencia desde este momento.

(Ocupa la Presidencia Ad hoc el señor Senador Cid)

SEÑORA TORRES.- Con respecto al artículo 2º, relativo a quienes participan en ese sistema, quiero decir que nos parecía que, de alguna manera, había que explicitar la participación de los actores vinculados a la disposición final; esto podría establecerse en forma genérica o indicarse en forma más precisa.

En el artículo 11 se hace referencia al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y se expresa: “Las autoridades del MVOTMA determinarán el destino y tratamiento de las partes que no puedan ser recuperadas, evitando los impactos medioambientales derivados de su disposición”. Nos parece que quizás la redacción podría quedar mejor si se dijera que el Ministerio será responsable de aprobar los planes de gestión para los destinos finales y tratamiento de las partes. La aprobación de los planes de gestión es el instrumento que aplicamos con los envases, porque nos permite tener registros, ya que debemos tener identificados -es decir, registrados-  a todos los actores que van a ser controlados y serán parte del sistema para poder saber si cumplen o no. Ellos son los que están obligados a definir cómo, cuándo y dónde van a dar disposición a esos residuos, y nosotros somos los que tenemos que aprobar o no el procedimiento. De lo contrario, puede suceder que todos nos pregunten “¿Y ahora qué hago?”, y lo que queremos que quede claro es que los responsables de proponer lo que hacen son quienes están frente al problema y no nosotros; nosotros somos responsables de que la solución que ellos proponen sea la adecuada. Es por eso que nos parece mejor que la redacción del artículo 11 diga que el Ministerio aprobará los planes de gestión para los destinos finales; de esa manera queda claro que nosotros garantizamos que la solución que proponen es ambientalmente viable, pero quienes están obligados a pensar, elaborar, trabajar y hacer los estudios que sean necesarios para demostrar que determinado lugar sirve para disponer los desechos, son los implicados.

El otro punto comentado por el señor Senador fue el del plazo. Nos parece que doce meses es muy poco, por lo que propondríamos, por lo menos, un plazo de veinticuatro meses, aunque quizás este plan de preparación nos permita acortarlo. De todos modos, tener que elaborar un registro y registrar a los actores son pasos previos que van a tener que empezar a ponerse en marcha una vez aprobado el decreto, por lo que preferimos no quedar atrapados en un plazo que luego difícilmente podamos ampliar.

SEÑORA XAVIER.- Ante todo, pido disculpas por no haber llegado en hora.

En cuanto a los plazos de implementación, quizás la cuestión no vaya exclusivamente por un criterio temporal, sino por buscar una forma -que alguna otra norma contiene, ya sea del pasado lejano o reciente- mediante la cual el Poder Ejecutivo pueda modular los tiempos, la clase de residuos e, incluso, las zonas de disposición. Sin duda, más allá de la preparación central que pueda existir en los Gobiernos Municipales, la implicancia que deben tener en esto los encuentra condiciones desiguales.  Por más que una vez que se aprueban leyes, son para todos los ciudadanos, es cierto que cuando implican cambios de pautas culturales y situaciones en las que, desde el punto de vista de la comercialización, no se encuentra trazabilidad, a veces son de difícil implementación.

Entonces, no es con ánimo de evadir algo que nos preocupa que queremos dejar un marco de acción; quizás podríamos buscar una fórmula que no necesariamente fije un tiempo, sino que exija al Poder Ejecutivo programar en el tiempo diferentes concreciones de lo que dispone la ley o algunas normas que contiene el proyecto de ley, para llegar a un plazo máximo con un sistema instalado a nivel nacional. Creo que en ese caso la ley puede dejar algunos criterios para la reglamentación -sin que sea un cheque en blanco- a fin de que pueda introducir los elementos dinámicos que implican la creación de un sistema.

SEÑOR LAPAZ.- Con respecto a lo que planteaba la señora Senadora Xavier, creo que podrían preverse fechas en las cuales se fueran cumpliendo etapas, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad del cambio de autoridades, por ejemplo, en el Ministerio y en las Direcciones de las Intendencias, más allá de si cambian en el Gobierno departamental o nacional. Podría contemplarse, por ejemplo, una primera etapa anterior al 1º de marzo, y considerar que los cambios departamentales se producen en el mes de julio de 2010. Y para la segunda etapa se debería prever que las nuevas autoridades en las Intendencias tendrían que tener su afianzamiento en toda esta temática. De esa manera, se podría ir dando pasos seguros, concretos y firmes, y con fechas determinadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al señor Ministro y a la Ingeniera Torres su comparecencia, que considero que ha sido de extraordinaria utilidad para perfeccionar este proyecto de ley. Esto nos motiva a comenzar a trabajar en él, lo que no habíamos hecho ya que estábamos esperando, justamente, la opinión del Ministerio.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18 y 16 minutos).

Fuente Imagen: www.computronica.com

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El Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce, informó sobre el lanzamiento de nuevos créditos para la compra de vivienda usada. Indicó que se otorgarán 300 créditos y que la mitad de los mismos, serán destinados a Montevideo, en tanto que la otra mitad, se distribuirá en distintas capitales del interior del país.

Explicó que se trata del tercer llamado de compra de vivienda usada que se ha realizado con importantes subsidios que dependen de la cantidad de integrantes de la familia. Añadió que siempre -como requisito- se pide que haya menores a cargo y, a menores ingresos, mayor es el subsidio. El límite de los ingresos como los lugares, se definen de acuerdo a las demandas recibidas, explicó Colacce.

Agregó que en el interior, la condición en cuanto a ingresos, se encuentra entre las 15 y 60 Unidades Reajustables. El Secretario de Estado afirmó que el límite inferior, de 15 UR -que supera los $ 6.000- es una muestra de la adaptación a las circunstancias que se han constatado con respecto a las demandas de las familias uruguayas para este tipo de soluciones habitacionales.

Añadió que a partir del próximo miércoles, se recibirán las solicitudes del público y se podrán inscribir por el teléfono 0800 HOGAR (0800 46427).

Colacce adelantó que en breve, habrá otra convocatoria para compra de vivienda nueva.

En otro orden, el Jerarca indicó que se ha arribado a una instancia en la que ya está plenamente instalada la institucionalidad en el ramo de vivienda, tal como se lo propuso el actual Gobierno. En este sentido, hizo referencia al Banco Hipotecario, quien se encuentra cumpliendo con su exclusivo rol hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda, que oficia de brazo ejecutor y que se encuentra promoviendo un importante número de construcciones que estaban abandonadas o sin finalizar, dijo.

Agregó que se continuará con estas políticas de crédito, con distintos programas y que -próximamente- se realizará un ajuste al alza de las soluciones habitacionales que se otorgarán en este período. Añadió que la política de vivienda llevada a cabo por esta Administración está arrojando muy buenos resultados.

Por su parte, el Director de Vivienda, Gonzalo Altamirano, explicó que para acceder a los créditos para vivienda usada, las familias interesadas se deberán inscribir a través del teléfono 0800 46427, a partir del miércoles 8 de julio. Allí se les dará día y hora para una entrevista personal en la sede ministerial. Se trata de 300 viviendas que se suman a las 900 que ya se lanzaron en el año 2008.

Agregó que la intención del Gobierno es llegar a los 2.000 créditos para vivienda usada hacia el final de período.

Señaló que la oferta, será sólo para aquellos Departamentos en los que la demanda anterior se duplicó o triplicó, con respecto a la cantidad de créditos ofrecidos. Por eso la mitad de la oferta, será para la capital del país, donde el año pasado, se triplicó la demanda, lo que muestra -según señaló- que existe una gran cantidad de familias que cumplen los requisitos para acceder a estos créditos. El resto de los Departamentos en los que se podrá acceder a este tipo de préstamo, son: Canelones, Artigas, Cerro Largo, San José, Soriano, Florida, Durazno y Rocha.

Las condiciones de acceso se harán según valores de tasación, los que difieren entre el interior y los Departamentos de Montevideo y Canelones, ya que los ingresos y las ofertas de vivienda usada, tienen un valor distinto.

En el interior del país, se otorgarán préstamos que oscilarán entre las 1.800 y 2.000 UR (entre U$S 32.000 y 36.000) y en Montevideo, se prestarán entre 2.000 y 2.200 UR (U$S 36.000 a 40.000).

Para el interior, se solicita un monto de ahorro menor, correspondiente a un 4% de ese valor, en tanto que para la capital y Canelones, el monto exigido es de un 5%. Por el mismo motivo, los ingresos son diferenciales, ya que la canasta per cápita en el interior es menor que en Montevideo y Canelones. Por lo tanto, para el interior del país, el ingreso menor es de 15 UR ($ 6.300), en tanto que en Montevideo es de 25 UR (cerca de $ 9.000).

En cuanto a préstamos para viviendas nuevas, el Director de Vivienda dijo que se lanzará un llamado a interesados en los Departamentos de Canelones, Colonia y Salto, para soluciones habitacionales construidas por el propio Ministerio. Altamirano indicó que -en este momento- se está realizando el llamado a familias interesadas, las que deben cumplir con los requisitos tradicionales de ahorro y un menor a cargo, entre otros.

Afirmó que con este último llamado, se estarán sobrepasando las 800 viviendas en construcción, desde el pasado año. Añadió que en agosto, se producirá un nuevo llamado a interesados, con unas 500 viviendas en todo el país.

En cuanto al conflicto planteado con FUCVAM en las pasadas semanas, el Ministro Colacce afirmó que observa con optimismo el relacionamiento entre las partes. Dijo que por parte del Gobierno, se planteó la realización de un seguimiento, destinado especialmente a aquellas cooperativas que desde FUCVAM, se planteaban como muy rezagadas en sus trámites. Afirmó que no se trata de documentos que estén «dormidos» en ningún escritorio, sino que muchas veces, la complejidad del asunto, retrasa su implementación.

Señaló que en atención a los antecedentes de este tipo de trámites, el año pasado, se aprobó un nuevo reglamento para el cooperativismo que ya tuvo una primera aplicación en el mes de mayo y -según el Ministro de Vivienda- brinda mayores certezas, tanto a los cooperativistas en cuanto a la obtención de sus créditos, como al Ministerio, en la optimización de la ejecución presupuestal de los mismos.

Colacce explicó que en este Gobierno, se aplicó un 25% del Fondo Nacional de Vivienda, básicamente al cooperativismo de ayuda mutua y  resaltó que se trata de un récord histórico, tanto en el porcentaje como en el monto en sí mismo.

Dijo que también se debe incorporar -dentro del formato de ayuda mutua- a los planes MEVIR, en los convenios con las intendencias, en todo lo referido a los realojos de asentamientos precarios, lo que asciende a un 66% del Fondo Nacional de Vivienda.

Declaraciones del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce, y del Director Nacional de Vivienda, Gonzalo Altamirano, al finalizar los Acuerdos Ministeriales correspondientes al 6 de julio de 2009

MINISTRO COLACCE: En primera instancia, queremos informar sobre un nuevo lanzamiento para créditos de compra de vivienda usada. Serán 300 créditos con importantes subsidios. Por más detalles, el Director Nacional de Vivienda, Gonzalo Altamirano, nos los va a brindar. Hay algunos aspectos importantes, ya que la mitad de los créditos se otorgarán en Montevideo y la otra mitad en distintas ciudades capitales del interior.

Lo importante es que estos llamados, que se van realizando en pocos meses, es el tercer llamado de compra de vivienda usada realizado con importantes subsidios, los cuales dependen de la cantidad de miembros que integran la familia, siempre con el requisito de que haya menores a cargo, además de acuerdo a menores ingresos mayor es el subsidio.

En este caso, tanto en los lugares donde se hace el llamado, como los requisitos mismos, especialmente el límite de los ingresos, siempre van siendo adaptados de acuerdo a lo que vamos percibiendo en cada una de las demandas de los llamados que tenemos.

En este sentido, vamos a establecer una condición para los ingresos, va a ser en el interior, entre 15 y 60 unidades reajustables. Este limite inferior de 15 unidades reajustables, que es algo más de 6.000 pesos, realmente muestra cómo estamos adaptando a lo que son las circunstancias que hemos constatado en otras ocasiones, con respecto a la demanda o las posibilidades de las familias uruguayas para cumplir los requisitos para presentarse a los créditos.

A partir del lunes próximo se va a comenzar a atender al público, y como siempre, a través del 0800 HOGAR podrán inscribirse.

También habrá una convocatoria para compra de vivienda nueva de 108 viviendas, de las que construye el Ministerio (30 en Colonia y 78 en Las Piedras, ubicadas en dos complejos habitacionales).

Ahora, con la institucionalidad creada por este Gobierno, con un Banco Hipotecario exclusivamente como banco hipotecario, una Agencia Nacional de Vivienda como brazo ejecutor, incluso está promoviendo la ejecución de muchos esqueletos (obras que estuvieron sin finalizar por muchos años), y todas estas políticas que desde el Ministerio estamos impartiendo con estos créditos, con distintos programas, vamos a estar próximamente realizando un ajuste al alza de lo que es la cantidad de soluciones habitacionales que se van a lograr en este período. Nosotros lo decimos con mucha alegría, porque ahora que se está jugando en la cancha esta nueva institucionalidad, está dando muy buenos resultados.

Con respecto a lo que ha sido este conflicto que se ha planteado con FUCVAM estas pasadas semanas, vemos con optimismo de aquí en más el relacionamiento con ellos, en el sentido que hemos planteado -y por ese lado estamos encontrando un camino común- hacer un seguimiento especialmente a aquellas cooperativas que ellos planteaban que tenían grandes dilatorias en los trámites, que no están durmiendo en ningún escritorio, sino que muchas veces por la complejidad propia pueden tener más tiempo del que los cooperativistas pretenden, con su más que fundada ansiedad para encontrar las soluciones de vivienda.

Justamente, atendiendo lo que ha sido la historia de estos trámites tan largos, es que el año pasado aprobamos un nuevo reglamento para el cooperativismo, que es el que ahora ha tenido una primera aplicación -a fines de mayo se concluyó el mismo- y que brinda más certezas, tanto a los cooperativistas, con respecto a cuándo van a obtener el crédito, como también al Ministerio para saber cuándo puede ir programando los mismos, y de esa forma mejorar la ejecución presupuestal correspondiente.

Por último, comentar que durante este Gobierno se ha aplicado un 25% de los fondos nacionales de vivienda al cooperativismo, fundamentalmente de ayuda mutua, lo cual es un valor récord, histórico en ese sentido, tanto en el porcentaje como en el monto en sí mismo.

Si vamos a todo lo que ha sido las soluciones habitacionales por ayuda mutua, debemos incorporar todo lo que está incluido en los planes MEVIR, los convenios con las Intendencias, generalmente para realojos de asentamientos precarios, que asciende a un 66% del Fondo Nacional de Vivienda que se utiliza para nuevas viviendas a través de este sistema.

Antes de las preguntas, pediría al Director Nacional de Vivienda, que profundice en los detalles del lanzamiento que estamos anunciando hoy.

DIRECTOR ALTAMIRANO: Con respecto a este lanzamiento, que es el segundo que hacemos con el nuevo reglamento de compra de vivienda usada, ya saben, es tradicional, se tienen que inscribir las familias a través del 0800 HOGAR. A partir del 8 de julio, o sea pasado mañana, las personas se agendan a través de ese teléfono y luego tienen una entrevista personal en el Ministerio.

Se trata de 300 viviendas que se suman a las 900 que el año pasado lanzamos. Estamos cerca de las 1.500 viviendas en este Programa de Compra de Vivienda Usada, en el período. Vamos a llegar a las 2.000 presumiblemente.

No se va a lanzar en todos los departamentos, se va a lanzar solamente en aquellos departamentos en que la demanda del llamado anterior se duplicó o se triplicó con respecto a la cantidad de oferta de créditos que llamamos.

La mitad de estas 300 viviendas serán en Montevideo, que el año pasado triplicó la cantidad de viviendas que habíamos ofrecido, o sea que hay una enorme cantidad de familias que cumplen con los requisitos.

El resto de los departamentos son: Canelones, Artigas, Cerro Largo, San José, Soriano, Florida, Durazno y Rocha.

Las condiciones el Ministro ya las decía, son valores de tasación diferenciales en el interior que en Montevideo y Canelones, ya que los ingresos y las ofertas de vivienda usada tienen distinto valor.

En el interior, prestamos entre 1.800 y 2.000 UR para la compra de las viviendas, quiere decir entre 32.000 y 36.000 dólares para comprar, y en Montevideo se presta entre 2.000 y 2.200 UR, que equivalen a entre 36.000 y 40.000 dólares, todo depende de la relación UR-dólar, que es variable.

Los ahorros que se solicitan en el interior son menores, de un 4% mínimo. En Montevideo un 5% de ese valor.

Los ingresos también son diferenciales por el mismo motivo, la canasta per cápita en el interior es menor, por lo tanto el ingreso menor en el interior es de 15 UR (6.300 pesos) y en Montevideo es de 25 UR (cerca de 10.000 pesos).

También estamos lanzando en tres departamentos, en Canelones (Las Piedras), Salto y Colonia viviendas nuevas, construidas por el Ministerio. Se está llamando a inscripción a familias que cumplan con los requisitos tradicionales, ahorro y un menor a cargo, entre otros.

Con estas viviendas que estamos llamando en estos tres departamentos estamos pasando las 800 viviendas en construcción a partir del año pasado y se realizará otro llamado en el mes de agosto, cerca de 500 viviendas en todo el país.

PERIODISTA: Ministro, usted dijo en su presentación que se iba a hacer un reajuste de la cantidad de viviendas que se han construido en el período. ¿Tiene un indicio de cuántas podrían evaluarse en este momento? ¿Hay una cifra que la opinión pública pueda conocer?

MINISTRO COLACCE: No, no estoy en estos momentos en condiciones de dar las cifras. Por supuesto que oportunamente las daremos con toda la seriedad.

Recuerden que cuando el año pasado presentamos el cuadro a toda la prensa del detalle de las más de 45.000 soluciones habitaciones que el Gobierno tiene planteadas, incluso comparando con períodos anteriores lo hacemos con todo el detalle y toda la seriedad que este tipo de información merece.

Permítannos procesarlo, nosotros calculamos que en menos de 30 días vamos a estar brindando esta información. De todas formas, las noticias son buenas en ese sentido.

Fuente: Presidencia de la República. http://www.presidencia.gub.uy

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