Dicha ocasión fue propicia para que el Embajador de Suiza en Uruguay, Sr. Daniel Derzic y su esposa, Sra. Giovanna Paparelli Lee Derzic, recibieran cordialmente al Representante Regional para Mercosur del Consejo de Comercio e Inversiones del Caricom, Sr. Nelson Simatovich.
La Comunidad del Caribe (CARICOM) está integrada por 15 naciones, cuyos miembros plenos son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
La Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA por sus siglas en ingles está integrada por: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, todos estados europeos no miembros de la Unión Europea (UE).

The post CARICOM impulsa negocios con EFTA appeared first on Sociedad Uruguaya.

Compartimos sus conceptos en la siguiente columna.

Históricamente hemos escuchado autoridades y expertos en materia económica, destacar desde Uruguay el fenómeno Chile, como modelo de referencia en diversos aspectos económicos y comerciales, como un faro a seguir por su política exterior de libre comercio sin ataduras a ningún bloque regional, su capacidad de negociar bilateralmente con grandes potencias comerciales, su crecimiento económico sostenido -aunque quizás con malos niveles de distribución de la riqueza-, seguramente uno de los modelos de la región con mayor concentración de la riqueza, lo que llevó en los últimos tiempos pre-pandemia a multitudinarias protestas sociales, que culminaron con una decisión acordada por todos los actores políticos, de la necesidad de reformar su constitución y rediscutir ciertos paradigmas dados por válidos desde hace décadas, pero que surgieron en épocas oscuras de la historia de dicha nación.

Pero más allá de esto y de que Chile indudablemente ha sido de los países que según las cifras manejadas por los organismos internacionales financieros, más ha invertido en ayuda social directa en la región durante la pandemia de coronavirus.

Muchas veces se dice que las crisis generan oportunidades, bueno esta crisis económica derivada de una crisis sanitaria en un país como Uruguay, no puede dejar pasar el momento histórico de resolver varios problemas con una decisión estructural que solucionará la mayor parte de los problemas coyunturales de tipo económico, social, laboral y educativo.

Debe enviar al Parlamento una Propuesta que autorice el retiro de los fondos de ahorros de capitalización individual de trabajadores y/o empleadores depositados en las AFAP´s, que contemple la posibilidad de retirar en primera instancia por los menos entre un 25 % a un 50 % de los mismos, dependiendondel total de la cuenta individual, en un rango de retiro mínimo de USD 5000 (cinco mil dólares americanos) y con un tope de retiro máximo USD 10000 (diez mil dólares americanos).

No existe mejor política económica, que permitirle a las personas, disponer de su propio dinero para reactivar la economía, esto es justicia social distributiva ya que alcanza a todos y no solo a los que puedan anotarse a unos jornales solidarios transitorios, que puedan acceder al seguro por desempleo parcial o las ayudas sociales de tarjetas o canastas mínimas del MIDES u otros pequeños subsidios otorgados para algunos colectivos por un par de meses como ya se realzaron sin efecto alguno en la economía.

Si se habla de “Libertad Responsable” en lo sanitario que más justificado que en lo económico, no se puede permitir que más personas pierdan sus emprendimientos productivos, trabajos autónomos y empleos precarios, sin tomar medidas de fondo, que además no tienen costo alguno para las arcas del Estado, esto es mucho más económico que la famosa renta básica universal plateada por la oposición política y negada por el gobierno, dado que se esgrime que luego de otorgarla quien la puede retirar y además el incremento del déficit que implica pagarla y la dificultad de elegir a quienes otorgarla, ambas partes con argumentos atendibles desde lo positivo y negativo de la propuesta.

Ya un ex Ministro de Economía y Finanzas de la década de los 90, habló de aplicar una especie de Plan Marshall en Uruguay que reactive la obra pública y genere un schok en la economía, pero de donde se piensa sacar el dinero, seguramente del ahorro de los trabajadores, es decir de los fondos ahorrados en la AFAP’s. Asimismo una Intendenta de la oposición planteó desarrollar un plan de infraestructura sobre un nuevo corredor metropolitano de movilidad y también apeló al interés que despertaría para las AFAP’s el invertir en esta posibilidad. Pero no señores, las AFAP’s no son las que tienen que poner el dinero en sus ideas improvisadas, el dinero debe ir a los bolsillos de los trabajadores, como lo está haciendo Chile o Perú en la región y en otras latitudes países muy desarrollados y ricos como por ejemplo Australia.

Antes de generar apreciaciones confusas hay que tener presente, que el trabajador amparado en este sistema mixto, no quedará sin aportes jubilatorios, ni sin una prestación llegado el momento de generar la causal jubilatoria, ya que se mantiene el tramo aportado y que le pagará el sistema público a través de la caja que corresponda, la mayoría a través del Banco de Previsión Social (BPS).

Esto no afecta la solidaridad intergeneracional, ya que lo que va al BPS no se toca y además en caso de que la persona llegara a la edad de causal jubilatoria la cual se proyecta elevar o generará una pensión, tendrá siempre para cobrar el tramo del BPS e incluso una parte del tramo de su ahorro que la AFAP´s conservará si no retira el total, si continuara trabajando y aportando, ya que el fondo que administra pasa a una aseguradora para el pago, por una tabla actuarial que estipula la proyección de vida, la cual podemos asegurar que pocos alcanzan, la misma está en los 100 fijada en la actualidad el BCU.

Ya que no tiene sentido, en una situación de crisis absoluta como la actual, en uno de los países con una tasa de suicidios de las más alta de Latinoamérica y del mundo sostenida desde hace décadas y en aumento, que los trabajadores no pueden acceder en caso de desempleo u otras causas de fuerza mayor a un capital, que es de su propiedad, que corresponde a su aportación personal, que sufre variables para bien o mal derivado de la rentabilidad que manejan otros en este caso las AFAP´s, en manos de ejecutivos con sueldos exageradamente altos para el mercado laboral local y el resultado de sus portafolios de inversiones los cuales han llegado a dar rentabilidad negativa, incluso por financiar negocios inviables, sumado a los descuentos por comisiones varias que aplican diversos agentes involucrados.

No tiene sentido que si es una cuenta individual, personal e intransferible que termina siendo liquidada por una aseguradora, no funcione como un seguro de ahorro de retiro, en el cual, cuando uno lo desea, después de pagar o aportar cierta cantidad de años, uno tiene acceso al monto del dinero y a retirarlo y disponer del mismo en vida, por ejemplo para sobrevivir, para poder generarse un autoempleo o micro emprendimiento para poder seguir trabajando y obtener ingresos auténticos, y así dinamizar la economía toda y no seguir apostando a financiar programas de asistencia social y transferencias directas mínimas como canastas de alimentación que poco ayudan a subsistir con dignidad o apoyando ollas populares lo cual es realmente inaceptable como política pública, lo cual ya aconteció durante la crisis bancaria de los años 2000. Los trabajadores tienen derecho a disponer de sus ahorros, ya que el sistema se creó con esta ideología de capitalización individual, como que fuera una cuenta bancaria.

Esta propuesta sí cumple con la idea de que podría ser una política pública de Estado, que en medio de una crisis económica y en el marco de la decisión de reforma la seguridad social, sería una caja de herramientas que permitiría solucionar problemas de diversa índole a muchos grupos heterogéneos de la sociedad, que no son alcanzados por las soluciones brindadas hasta el momento y también para otros sectores a los que si se le están ofreciendo alternativas, pero que no son sostenibles a mediano y largo plazo por cuestiones de financiamiento.

Ya vimos que la propuesta asistencialista de los denominados Jornales Solidarios con 15000 puestos por 6 meses de contrato, que se abonarán un monto mensual nominal de $12.500 (pesos uruguayos) por 12 jornales efectivamente trabajados, para tareas simbólicas como barrido de plazas y sin un debido componente de formación profesional y/o capacitación productiva que pueden brindar los varios organismos que sustenta el Estado con estas capacidades y competencias, como son por ejemplo: el INEFOP, CONENFOR (PNET/PAS), CECAP’s, COCAP, CITS, UTU, UTEC, ANII, ANDE, etcétera.

Todo lo cual redondea una iniciativa la cual es absolutamente insuficiente, cuando en el primer día ya se inscribieron diez veces más personas que las vacantes, es decir 150000 personas en un día, de una semana de plazo para la inscripción, esta es la mejor encuesta del caos social, laboral y económico que afronta el Uruguay y parece que aún hay dirigentes políticos y líderes de opinión pública, que tienen tiempo para discutir temas menores pensado en el redito político que pueden lograr a corto plazo.

Prof. Lic. Nelson Simatovich.

Experto en Trabajo Decente, Formación Profesional y Desarrollo Productivo.

The post Nelson Simatovich: “La medida más justa de ayuda social en Pandemia” appeared first on Sociedad Uruguaya.

El sector de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), atrae una atención especial por parte de los gobiernos y del sector privado en América Latina y del Caribe, dado su éxito en el viejo continente europeo.

No obstante, las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresa) se enfrentan a varios problemas que obstaculizan su desarrollo. Estos incluyen un difícil acceso a los mercados de materias primas y de bienes finales y la carencia de una política y ambiente regulatorio que faciliten el crecimiento de
estas empresas. Diversos organismos internacionales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, desarrollan distintas actividades para apoyar el desarrollo de las MIPYMES incluyendo entre otras, apoyo a la innovación y a la difusión de la tecnología, promoción de cadenas productivas, fomentar el espíritu emprendedor y mejorar el marco regulatorio empresarial.
Este artículo analiza la importancia del factor humano y su capacitación para el éxito de las pequeñas empresas.
El concepto “emprendedor”, en estudios e investigaciones realizados sobre el fenómeno “emprendedurismo”, se observa que no hay un consenso entre los estudiosos e investigadores respecto a la exacta definición del concepto emprendedor.
El emprendedor es un innovador, un gestor de su destino, un estratega, creador de nuevos métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad creativa, siempre desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en oportunidades, caos en armonía, que más necesario en estos
momentos de crisis económica global e incertidumbre.
Algunos autores entienden que los “emprendedores son personas que persiguen el beneficio, trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones de recursos, para extraer
los mejores beneficios de sus innovaciones en un medio incierto”.

En este sentido el “emprendedurismo” es el principio que privilegia la innovación, descentralización y delegación de poder.
La innovación es el instrumento específico de los emprendedores, el medio por el cual ellos exploran el cambio como una oportunidad para un negocio o servicio diferente. Ella puede ser presentada como una disciplina a ser aprendida y ser practicada. Los emprendedores necesitan buscar, con
propósito deliberado, las fuentes de la innovación, los cambios y sus síntomas que indican oportunidades para que una creación tenga éxito. Los emprendedores crean algo nuevo, algo diferente, ellos cambian o transforman valores.
Los grandes emprendedores también tienen una perspectiva diferente de la realidad, eso posibilita la implementación de innovaciones extraordinarias que generan la consecuente revolución que les da notoriedad.
La innovación es la característica más saliente de los emprendedores, conseguir ver al mundo con una óptica diferente, concebir una nueva forma de lidear con las problemáticas que afligen a los individuos hace siglos. El ser innovador es mucho más que ser creativo, es capaz de razonar en una faja
diferente de pensamiento y ver la realidad de una manera singular, nueva pero no desprovistas de sentido, al contrario, el emprendedor le da sentido al caos, crea un método innovador para luchar con las demandas y genera soluciones donde todo el mundo se acostumbra a convivir con problemas.
Las grandes corporaciones globales, las empresas transnacionales, las organizaciones internaciones públicas o privadas, los gobiernos nacional, estaduales o locales, las personas en general, buscan pagar por soluciones, nadie quiere comprar problemas, ese es el nicho natural de los
emprendedores.
Características de los emprendedores: Emprendedores son individuos que persiguen el beneficio, trabajando individualmente o colectivamente. Puede ser definido como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones de recursos, para extraer los mejores beneficios de sus innovaciones en un medio incierto.
En este sentido, las principales funciones de un emprendedor con relación a su empresa son:
– Buscar descubrir o encontrar nuevas informaciones.

– Traducir estas informaciones en nuevos mercados, técnicas o bienes.
– Buscar y descubrir oportunidades.
– Evaluarlas.
– Conseguir recursos financieros necesarios para la empresa.
– Desarrollar cronogramas y metas.
– Definir responsabilidades de administración.
– Desarrollar el sistema motivacional de la empresa.
– Generar liderazgo para el grupo de trabajo.
– Definir incertidumbre o riesgos latentes.
Las empresas al igual que las personas también pasan por varios estados hasta volverse maduras. Con relación al emprendedor esta evolución tiene una serie de implicaciones que irán interfiriendo en la salud de la empresa. A medida que una empresa crece, va exigiendo modificaciones en el
comportamiento del dueño. Cuanto más rápidamente crezca la empresa, más rápidos deberán ser los cambios. Iniciar un negocio es muy diferente a administrar una organización. Es por eso que el emprendedor debe estar siempre atento a los desafíos que su empresa le impone, para poder
implementar anticipadamente los conocimientos y habilidades exigidas.
El emprendedor y las MIPYMES: ¿Qué es una pequeña empresa?.
Independientemente de la referencia legal existente, ya que hay diversas formas para definir que a una pequeña empresa según cada país, la adopción de una fórmula global para agrupar esas empresas podría crear distorsiones, lo que es grande para determinado sector de actividad, puede no serlo para otro,
además pueden existir otras variaciones culturales.
Por lo tanto se adopta como alternativa el término de empresa de pequeña dimensión. En este grupo se incluyen organizaciones empresariales que, independientemente al número de empleados, facturación o activos fijos, presentan características peculiares.
Las principales son:
-Propietario y administración interdependientes: el dueño y la empresa se confunden. Frecuentemente utilizan una misma cuenta bancaria, se localizan en la misma dirección. No existe una diferencia clara entre los asuntos personales del emprendedor y las actividades empresariales.

-No domina el sector donde opera: ocupan un lugar bien definido en el mercado. Por ejemplo: un taller mecánico dedicada a la reparación de aire acondicionado para vehículos podrá ser el mejor de ese mercado, pero difícilmente dominará el ramo en el mercado.
Estructura organizacional simple: se dedican a la producción de bienes y servicios específicos y operan con pocos empleados. Esta situación permite mantener una organización relativamente flexible, con pocos niveles jerárquicos y una gran concentración de autoridad.
Además de estas características, es importante destacar otras como:
– Mayor intensidad de trabajo con relación a las grandes empresas.
– Mejor aprovechamiento de los talentos y energía individual.
– Mayor relación entre empleo ofrecido y capital invertido.
– Los empleados son más independientes.
– Explotan parte del mercado que no es atractivo para las grandes empresas.
Mortalidad empresarial: muchas expectativas y esperanzas son depositadas en estas pequeñas unidades productivas, porque ellas generan nuevos empleos y contribuyen a mejorar la competencia y una economía más eficiente.
Al mismo tiempo es preocupante el número de empresas que fracasan en los primeros años de vida. Recientes investigaciones buscan explicar por que unas empresas sobreviven y otras fracasan.
Hay un alto índice de mortalidad empresarial. Algunas estadísticas de distintos países coinciden que entre el 70 y el 80% de las empresas que hoy se crean, cierran antes de cumplir un año de vida.
Entre los principales motivos puntuales de fracaso de las nuevas pequeñas empresas y también de nuevos productos, podemos citar:
– Competencia más fuerte en el mercado de lo que se esperaba: Por lo general el emprendedor se focaliza más en el producto o servicio y no lleva en cuenta a la competencia y sus ventajas tales como: precios, condiciones de crédito, asesoramiento, atención al cliente, entre otros.
– El número de clientes potenciales en el mercado fue sobreestimado:
uno de los errores que comete una persona al iniciar la empresa es que dimensiona el mercado según su capacidad de producción. La dimensión de las ventas y la programación de la producción se deben basar en el estudio de mercado.
– Los esfuerzos de venta, promoción y distribución estaban mal direccionadas: este dato tiene que ver con las frases sátiras como “vender bufanda en el desierto” o “vender helado en el polo”. El emprendedor no identifica quien es su cliente y donde se encuentra, de esa forma mucho esfuerzo es malgastado sin que tenga un retorno.
– El precio fue fijado muy por arriba de lo que pagaría el cliente: al iniciar una empresa el propietario no maneja instrumentos como la determinación de costos y la fijación del precio de venta. El empresario debe entender que el precio de venta hoy en día lo fija el mercado. Pasó la época de aplicar un
porcentaje sobre el costo de la mercadería sin considerar el precio de la competencia.
– El producto era igual al de la competencia? Los nuevos productos no se diferencian en nada con los que ofrece la competencia? La pregunta aquí es ¿Por qué el cliente cambiaría de proveedor? ¿Qué ventajas ofrece mi producto o servicio sobre la competencia?
– Faltó capital de trabajo para la venta del producto: este probablemente sea el principal motivo que los empresarios perciben que afecta al éxito de sus negocios. Pero en realidad la falta de capital operativo incide en bajo porcentaje.
Los recursos humanos: el principal factor: la preparación, tanto de los gerentes como de sus colaboradores, como factor clave de competitividad, aún no es visualizada por muchos empresarios. Definitivamente la capacitación tiene directa relación con las utilidades de la empresa. Para bajar los costos de fabricación o gastos fijos de la empresa es necesario sensibilizar a los colaboradores a cerca de la calidad y productividad en el trabajo. Solamente así podríamos conseguir un aporte conciente y voluntario de todos los componentes del equipo para mejorar los índices de eficiencia, lo que se
traducirá en más y mejores utilidades.
También, cuando las ganancias deban provenir de un aumento de las ventas, la capacitación en el área de marketing, atención al cliente, técnicas de ventas, entre otros, deben ser considerados como inversión que pueda tener su retorno en las operaciones.
Los estudios muestran que son tres los factores que afectan a la sobrevivencia de una nueva empresa:
– El primero se refiere a las características individuales del emprendedor fundador.
– El segundo factor es estructural y estratégico del nuevo negocio.
– El tercero se refiere a las características del medio ambiente de la empresa
Los factores relacionados al emprendedor son las características del empresario que intervienen directamente en el proceso de creación y desarrollo de empresas. Las habilidades necesarias de gestión, conocimientos y valores, son las más importantes.
Los factores de éxito adquieren un mayor o menor relevancia de acuerdo con el estado de evolución de la empresa. El éxito de una empresa se origina cuando hay un equilibrio en los factores citados. La empresa, el ambiente y el emprendedor, son tres variables que se influyen mutuamente. Una genera una
serie de necesidades que necesitan ser atendidas para que la empresa obtenga el éxito. Por lo tanto, la evolución de la empresa en el tiempo, depende del equilibrio y desempeño de estos factores.
Estudios recientes demuestran que a pesar de la variedad de factores que llevan a las pequeñas empresas al éxito, casi todos están relacionados a la figura del emprendedor. El fracaso de una empresa es un proceso de aprendizaje doloroso y traumático para el emprendedor, pues están envueltos
muchos recursos propios y de terceros, así como energía y entusiasmo.
Dentro de las diversas áreas del conocimiento que tienen que ser atendidas en el estudio del éxito empresarial, casi todas confirman que el fundador es la pieza fundamental para que efectivamente ocurra el éxito.

The post Simatovich: “El emprendedurismo como motor para impulsar la economía postpandemia Covid-19” appeared first on Sociedad Uruguaya.

Conceptos iniciales:

Para introducirnos al tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) partiremos de la base de una definición común,  la RSE es una visión de negocios que integra en la gestión empresarial y en forma armónica el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente.

Para que una organización pueda realizar su autoevaluación vinculada a una gestión socialmente responsable, debe trabajar en diferentes dimensiones en su organización: valores éticos; condiciones de ambiente de trabajo y empleo; apoyo a la comunidad; protección del medio ambiente; marketing responsable.

Vincula la integridad del producto, las prácticas comerciales, precios, distribución, reclamaciones, divulgación de las características del producto.

Los programas de RSE se desarrollan a partir de un análisis de los llamados grupos de interés compuestos por propietarios, accionistas, el Estado, clientes, proveedores, organizaciones no gubernamentales, comunidad, empresas competidoras, es decir todo el entorno cercano en el que gira la empresa.

Es entonces importante reflexionar el motivo por el que las organizaciones entendieron que debían realizar un análisis interno de su situación en particular, en qué posición se encontraban y que camino deberían transitar para dar por cumplido el nivel mínimo social y legalmente exigido.

El control social es uno de los motivos fundamentales, dado que las nuevas tecnologías de la información y la comunicaciones (TIC’s), aceleran las comunicaciones entre las personas a una velocidad antes no concebida, ni imaginada hace unas décadas atrás.

Las personas participan más activamente de lo que pasa a su alrededor, exigen más respuestas válidas y con contenido sustentable, reaccionan y sancionan a las empresas que no cumplen con los valores establecidos y reconocen el funcionamiento responsable de las que cumplen determinados requisitos, se exige transparencia de procedimientos y rendición de cuentas.

Es así que la RSE no es un acto de beneficencia de las empresas, ni tan sólo cumplir con las reglamentaciones mínimas vigentes.

Organizaciones Intergubernamentales vinculadas a la RSE:

–           Organización de las Naciones Unidas (ONU): organización intergubernamental de carácter mundial,  con sede en New York – EE.UU., a través del Pacto Global o Pacto Mundial sobre RSE que administra su Oficina Ejecutiva del Global Compact ahora Fundación.

–           Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): organización intergubernamental de carácter internacional que reúne a los países más industrializados, ricos, desarrollados o centrales, con sede en París, Francia, a través de sus Directrices para Empresas Transnacionales sobre RSE de las cuales ya existían antecedentes de las estas Guías Directrices de la OIT.

Entidades Internacionales privadas vinculadas a la RSE:

–           Organización Internacional para la Estandarización (ISO): organización internacional de derecho privado con filiales en casi todos los países del mundo que se dedica a comercializar certificaciones sobre áreas varias para empresas e instituciones de toda índole, con sede en Ginebra. Suiza, a través de su Certificación GUÍA ISO 26000.

–           Rendición de Cuentas Internacional (SAI): empresa privada estadounidense presente en algunos países que se dedica a comercializar certificaciones sobre algunas áreas para empresas e instituciones de toda índole, en con sede en EE.UU, a través de su Certificación SA 8000.

Órganos Nacionales en Uruguay vinculados a la RSE:

–           Consejo Nacional de Responsabilidad Social Empresarial (CONARSE): En el mes de mayo de 2010, por Decreto del Poder Ejecutivo se creó el Consejo Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas, presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  con el objetivo de constituir un ámbito de diálogo, coordinación e intercambio de políticas y herramientas de responsabilidad social de las empresas entre los distintos actores de nuestra sociedad. La idea fue generar un ámbito donde estuvieran presentes las diferentes visiones del concepto de la RSE, facilitando a partir del Estado el diálogo entre empresarios, trabajadores y demás actores de la sociedad.

Debía fomentar y difundir la aplicación de políticas de RSE en el marco de un desarrollo productivo sostenible para el país, con atención a las políticas de inclusión social, género, formación profesional y respeto por los derechos humanos y medioambiente.

Este Consejo estaría integrado por cinco miembros en representación de las Cámaras Empresarias, cinco integrantes en representación de la Central Sindical, cinco integrantes por las Cooperativas y Empresas de la Economía Social y cinco en representación de las Empresas Públicas Servicios Descentralizados y Personas Públicas no estatales.

Lamentablemente este ámbito consultivo sin capacidad decisoria ninguna, sin presupuesto, ni soporte técnico y administrativo de índole alguna, adscripto erróneamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) -y no a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la cual tiene un vínculo natural con las empresas públicas-, nunca logró funcionar, siendo un gran debe del gobierno que lo creó su impulso. Sumado a ello la falta de políticas públicas en la temática como si se han desarrollado con éxito países desarrollados, donde implementaron el Balance Social de las Empresas, lo cual logró estimular la temática de forma seria y formal, ya que se debe presentar simultáneamente al Balance Contable ante los organismos públicos responsables de fiscalizar la recaudación en estos Estados.

–           Red Local del Pacto Global de la ONU: En cada país miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas, se constituye una red local que es el nexo con la Oficina Ejecutiva del Pacto Global con sede en Nueva York, a través de la persona que administra la Red Nacional denominada Punto Focal.

En Uruguay la Red Local no funcionó nunca en la realidad seriamente, sin personería jurídica, sin cuenta bancaria propia, sin sede física, sin personal, etc.

Su existencia fue simbólica y en cambio sí se crearon instancias paralelas como ser la Red de Empresas Públicas, Cátedras Académicas o Centros de Estudios, para abordar la temática.

Ya que la Red Local que debería haber sido un ámbito técnico, nunca tuvo agenda propia, ni plan de trabajo, por lo cual no realizó actividades de interés, ni investigaciones, ni publicaciones, no contribuyendo a generar conocimiento alguno sobre el tema, lo cual le impidió ser un actor de referencia en el tema.

–           Comité Experto de UNIT para la GUÍA ISO 26000: En Uruguay la representación de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), está en manos del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), en este ámbito se creó este comité espejo especializado para analizar la viabilidad de la certificación en Uruguay, pero finalizó su labor por resolución propia.

Una mirada más profunda sobre la temática planteada:

Algunas organizaciones en el Uruguay han comenzado a entender un poco el tema y mantienen  buen ritmo de avance en materia de RSE, en particular acciones de voluntariado corporativo, reafirmando su compromiso con la sociedad, el medioambiente, los derechos de trabajadores y consumidores, cambio climático, energías renovables, producción limpia, negocios inclusivos, consumo responsable y economía circular, son algunos de los temas que cobran cada vez más fuerza y que  se visualizan un poco al menos en el discurso incipiente, pero falta contenido conceptual.

Algunos entendidos en la temática, han procurado apoyar la comprensión de la disciplina, para dotarla de contenido teórico, pero se hace muy difícil, ya que existen  grupos de presión desde el sector privado que han generado un negocio de esto, pues su éxito está en impedir que se difunda el conocimiento técnico y objetivo de forma horizontal y democrática.

Estos grupos de presión no quieren que la temática sea horizontal en la sociedad y que pueda permear logrando ser transversal a todas las áreas de actividad, estos pretenden  que el tema se maneje como en los antiguos monasterios medievales, desde las cúpulas que confunden intencionalmente marketing, filantropía o deducción de impuestos con RSE.

Ya que debemos tener presente aquella máxima de que el conocimiento es poder, ya no solo alcanza con la teoría inicial de que la información es poder, pues con ésta se debe generar investigación y aplicarla en lo que es la innovación y con ella generar desarrollo que promueva la existencia de masa crítica calificada. Cuando se llega a esa dimensión que es el conocimiento, se está realmente más cerca de ejercer la libertad individual y colectiva en una sociedad verdaderamente democrática, ya que el poder de decisión debe partir de la capacidad de discernir y para esto, hay que poder saber de qué se nos está hablando y es clara la ausencia de los grandes medios de comunicación en estos temas.

Desconstruyendo la génesis del paradigma inicial que impulsó la RSE.

Existen tres componentes en el ciclo de vida de cualquier bien que se pretenda colocar en cualquier mercado del mundo, 1) Producción; 2) Distribución; 3) Comercialización.

Para buscar soluciones a los desafíos y dificultades que generaban cada una de estas etapas, se desarrollaron técnicas, que dieron lugar a disciplinas ya reconocidas, que hoy como ejemplo de su consolidación en los mercados y sociedades del mundo en algunos casos, ya son incluso carreras universitarias de grado y posgrado, con el objeto de formar profesionales en estas áreas híbridas.

Lo paradójico es que el orden de creación de estas supuestas respuestas, fue inverso al orden de las preguntas que las generaron, ya que se fueron desarrollando en virtud de la dificultad que implicaban, surgiendo de la más sencilla a la más compleja, tomado estado público muchos años después de su generación conceptual, ya que su éxito o fracaso está asociado a la inserción que lograron en la sociedad estas disciplinas creadas para facilitar estimular el consumismo exacerbado de una sociedad liquida, de una sociedad postmoderna que perdió sus puntos cardinales por completo. Lo que podemos traducir en que se olvidó de todo ideal de equidad, justicia social, igualdad, distribución de la riqueza, inclusión social y solidaridad, que alguna vez formo parte de la utopía de las primaveras de la década de los años 1960.

3) Comercialización: una etapa fundamental, sino conquistamos a los consumidores potenciales y por ende a los mercados que conforman, que hacemos con lo que producimos, aquí es el momento en el que se procura vendernos cosas que no necesitamos o ya tenemos casi iguales, pero como lograr hacer esto de forma efectiva?, para buscar las respuestas a los retos que esta implicaba, se entendió que en el surgimiento de un nuevo conjunto de técnicas estaría la solución a los desafíos de la misma, esta disciplina que nació fue el Marketing.

2) Distribución: una etapa estratégica y crucial, si ya conseguimos despertar la demanda de los consumidores, debemos lograr hacer llegar nuestros bienes o servicios hasta esos mercados por más lejanos e inaccesibles que puedan ser en términos de empaquetado, transporte, almacenamiento y conservación, entre otros aspectos, para buscar las respuestas a los retos que esta implicaba, se entendió que en el surgimiento de un nuevo conjunto de técnicas está la solución a los desafíos de la misma, esta disciplina que nació fue la Logística.

1) Producción: para buscar las respuestas a los retos que esta etapa esencial implicaba ya que es la base de todo el sistema, es la que no logró respuestas del modelo Fordista, del Taylorismo, del Just Time (JIT), es la que esconde la explotación del hombre por el hombre, recordemos el apocalíptico pero vigente mensaje difundido por Hobbes: Homo homine lupus (el hombre es el lobo del hombre), que sigue resonando con cruel ironía en este siglo XXI. Había que lograr procurar esconder por parte de las Empresas e Instituciones Transnacionales y de los Gobiernos títeres de los países que las albergan en muchos casos, sus sistemas inteligentes de deslocalización de la producción, que ya superan lo que eran sus mecanismos de tercerización, en los cuales se explota a pueblos enteros para producir por centavos y desconociendo todo Derecho Humano Fundamental inherente a la persona humana, productos que luego se etiquetan con grifas de prestigiosas marcas internacionales, que llegan a la góndola de nuestros Centros Comerciales o Shopping y se nos venden a precios que podrían financiar lo que ellos pagan por producir miles de prendas. Por esto se entendió que en el surgimiento de un nuevo conjunto de técnicas estaba la solución a los desafíos de la misma, había que disfrazar al lobo de cordero, esta disciplina que nació tal vez podría ser la Responsabilidad Social Empresarial.

En síntesis, lo que presenciamos quizás podemos interpretar, son las respuestas del modelo capitalista a una sociedad de postmoderna netamente consumista y egoísta.

Donde cada día en el mundo impera más la lógica mercantilista, que el producto ideal es aquel que se denomina tres BBB (Bueno, Bonito y Barato).

Para ellos las grandes Corporaciones Globales operan en forma clandestina en muchos casos en lejanas latitudes fomentando conflictos bélicos, solo para mantener el estado de caos que les permite hacerse de materias primas esenciales para satisfacer esa demanda de productos tecnológicos y suntuosos que parece ser la única recompensa válida a cualquier esfuerzo que realiza el ser humano, sin importar su pasado, presente o futuro, todo se trata de tener lo que queremos ya, sin importar el costo para nuestros pares y muchos menos para las generaciones futuras las que tienen comprometida su existencia en virtud del cambio climático y la pandemia imperante.

Ya que en algunos casos algunas Organizaciones Transnacionales arman un esquema sumamente complejo, donde no son responsables por su cadena de proveedores, que ellos mismos constituyen con diversas empresas de papel en paraísos fiscales, creando muchas unidades productivas independientes en otros territorios, que elaboran partes para distintas etapas que confluyen en un producto final de la corporación multinacional, que luego solo pone su grifa de valor y que sí cumple con todos los estandartes socio- laborales, pero en su país de origen, donde está su casa matriz, ya que las corporaciones maximizan sus ganancias y para ello tienen múltiples medios legales, contables, etc.

Este artículo pretende ser un insumo para los tomadores de decisiones en el  Estado y la Sociedad, es una contribución técnica al desarrollo sostenible nacional, regional e internacional, y que creemos que no es tarde para salvar la idea.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entendemos debe ser un compromiso ético y moral, que asumen las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, ya sean estas públicas, paraestatales, de capital mixto, privadas o civiles, incluso nos animamos a decir que la RSE debe llegar a tener un carácter deontológico, que debe regir la actividad de un CEO o líder empresarial, entendiendo a este como un profesional en su actividad, ya que estos principios que implica la RSE deben ser como su Código de Conducta, que además es común que exista en muchas corporaciones globales.

No basta con que las empresas utilicen la RSE como una simple grifa o etiquetado social, con un costo económico X, lo cual la convertiría meramente en una marca, un slogan, por lo cual nos preguntamos si estamos camino a la mercantilización de la RSE.

Los que conocen algo sobre el tema, al escuchar Responsabilidad Social Empresarial, muchas veces pueden confundir esta, con acciones de mera publicidad, marketing social, filantropía o voluntariado, sin negar que muchas veces un poco de todo esto puede ser parte de la misma.

Además después de dos décadas de existencia, es común asociar el término en principio con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre RSE que es la iniciativa más difundida en el mundo sobre el tema, cuyo logotipo nos hemos acostumbrado a ver como sello internacional de respaldo de aquellos que apoyan la Responsabilidad Social Empresarial, tengamos presente que este en la actualidad agrupa a unos 12000 signatarios aproximadamente, en unos 160 países.

Pero qué es el United Nations Global Compact (UNGC):

La idea de un Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de responsabilidad social de las empresas, fue lanzada en su momento por el Secretario General de la ONU de la época, Kofi Annan ante el World Economic Forum en Davos, el 31 de Enero de 1999. Su fase operativa comenzó el 26 de julio de 2000, cuando el mismo Secretario General hizo una llamada a los líderes y responsables de las compañías para que se unieran a un gran pacto que llevara a la práctica el compromiso ampliamente compartido de sincronizar la actividad y las necesidades de las empresas, con los principios y objetivos de la acción política e institucional de las Naciones Unidas, de las organizaciones laborales y de la propia sociedad civil.

El Pacto Mundial o Global de las Naciones Unidas implica adherir a un decálogo de diez principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción

Además las entidades con fines de lucro deberán elaborar y presentar cada dos años una Comunicación de Progreso (COP’s) y las entidades sin fines de lucro deberán elaborar y presentar cada dos años una Comunicación de Involucramiento (COE’s), a la Oficina Ejecutiva del Pacto Global con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

Esta Oficina Ejecutiva, que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene su sede dentro de este organismo multilateral, es la responsable de difundir la iniciativa del UNGC, principalmente su cometido es recibir las solicitudes de adhesión de nuevos miembros, aceptar o no estas incorporaciones de nuevos adherentes, llevar dicho registro al día y recibir las COP’s y COE’s, entre otras tareas como reuniones y seminarios, etc.

Dicha Oficina Ejecutiva, constituyó una Fundación con el objetivo de tener patrimonio propio y mayor grado de autonomía, esto fue de la mano de un debate con sus miembros en cada país, hace unos años donde se resolvió además crear dos categorías de adherentes denominados: participantes y signatarios, que difieren en algunos derechos y obligaciones.

Estos debates se han llevado adelante por los Puntos Focales (una persona física por país, que pertenece a una organización miembro y es el nexo con todos los miembros adherentes del país en cuestión) o a través de las Redes Locales (una por país, no siempre existen y pueden estar consolidadas o en formación) que son el ámbito que agrupa a los miembros adheridos en un país.

Pero el mayor de los cambios de la Oficina Ejecutiva en su política, es que el UNGC desde el año 2018, impone la obligación a sus miembros de pagar una cuota según su nivel de facturación, para mantenerse como parte activa de dicha incitativa, que sin embargo surgió como la mayoría de las iniciativas sobre RSE, con carácter voluntario y unilateral, pero jamás pretendiendo ser un simple certificado con un costo económico, como si existen otros en el mercado global expedidos por empresas o instituciones privadas.

Además este sistema de contribuciones, es muy complejo ya que una parte de este pago que recauda la Oficina Ejecutiva en Nueva York, se derivaría a la financiación de las Redes Locales de cada país en cuestión, exista o no la misma, funcione o no la misma.

La pregunta es la RSE implica un compromiso ético y moral o solo un aporte económico?

Para nosotros como ya dijimos es mucho más, incluso es un tema deontológico y vamos a explicar porque:

La deontología es la ciencia de los deberes de aquellos que ejercen una profesión, en este caso la de empresario o CEO de una corporación.

El Pacto Global funciona como un decálogo de diez principios, es decir como un código de deontología, es una interpretación de los principios generales de la profesión y de las actitudes en las actividades profesionales, en este caso empresariales en principio, ya que esto fue pensado para las grandes transnacionales o multinacionales, corporaciones globales, por eso surgió en el Foro Económico Mundial de Suiza justamente, que reúne a este tipo de líderes económicos y financieros internacionales.

La deontología, fluctuando entre la ética y la moral y basándose en las conclusiones de ambas, se propone a establecer las normas concretas que deben regir la conducta en situaciones determinadas, como puede ser el ejercicio de una profesión.

A la Deontología se le conoce como la ‘teoría del deber’. Por lo que podemos decir que cuando se habla de un código deontológico, estamos haciendo mención a unas normas y a unos valores que se llevan a cabo en una actividad profesional, parece que nada más se ajustaría a la RSE.

Algunas recomendaciones:

Quizás estamos en el momento de discutir un nuevo Pacto Mundial sobre RSE, para realmente poderla considerar como la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa, a nivel global en el ámbito del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, con participación de la Oficina Ejecutiva, de los gobiernos, de las organizaciones más representativas de los stackeholders (grupos de interés), como pueden ser la Organización Empresarial Internacional (OEI) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el posible asesoramiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyas Directrices sobre RSE son un modelo de referencia a nivel mundial para todo académico, especialista y directivo empresarial.

Además está claro, que en este nuevo esquema de Pacto Global a rediseñar, el Punto Focal que en la actualidad es asignado en cada país a un empleado de uno de los miembros adheridos, este agente debería claramente ser externo a todos los miembros del país en cuestión y trabajar en coordinación con la Oficina del Sistema de Naciones Unidas en el país de que se trate.

Una buena idea sería por ejemplo designar un Experto Independiente en RSE, que pueda cumplir esta función de Punto Focal del UNGC en el marco del Programa de Voluntarios de la Naciones Unidas (VNU), de esta forma esa función de enlace, daría mayores garantías a todas las partes involucradas, en lo que respecta a la información manejada, ya que hablamos de empresas que quizá pueden competir entre ellas o tener intereses cruzados, más transparencia sobre las invitaciones para viajar a eventos en el exterior que financia la Oficina Ejecutiva y así sería de utilidad real para los miembros del país, a la  hora de solicitar asistencia técnica por ejemplo para elaborar una COP o una COE, lo cual hoy no acontece y esta persona puede que no sepa absolutamente nada de RSE o del UNGC.

Esto con independencia de si funciona o no en un país determinado la Red Local del Pacto Global, a la cual la aportación económica debería ser voluntaria como hasta hace pocos años atrás y decidir los miembros de cada país si quieren que esta exista y si quieren aportar a la misma en forma voluntaria como hasta hace pocos años, ya que si no cumple ninguna actividad, no tiene personería jurídica y no es representativa, para que financiarla.

Cada miembro se supone invierte un presupuesto propio en llevar adelante su propio plan anual de RSE, el cual debe implicar acciones concretas, con indicadores que sean posibles de monitorear y evaluar, como asimismo de auditar por técnicos externos, para realizar las memorias descriptivas anuales, que las empresas suelen presentar a sus directorios y juntas de accionistas. Además de tener que presentar también estas rendiciones de cuentas a sus gobiernos, junto al Balance Fiscal, en caso de tener legislada la obligación de presentar el llamado Balance Social, lo cual permite tener mayores garantías de verificación, por intervenir un organismo externo gubernamental, si se cumple en realidad con lo que se indica en los informes que se invierte en RSE.

Es indudable que el nuevo Pacto Global no solo debe ser un decálogo de principios a respetar en materia de Derechos Humanos Fundamentales, sino que debe incorporar más herramientas que permitan mejorar su propia gestión interna central, regional y local, ya que la base de la RSE, se fundamenta en pilares como la transparencia en la información, la comunicación institucional, la rendición de cuentas, el voluntariado corporativo y todo esto orientado a la sostenibilidad y a la sustentabilidad.

  Consideraciones finales:

Quizá esta decisión, para el país de adoptar posición ante la Oficina Ejecutiva del Pacto Global en Nueva York, en referencia a estas contribuciones económicas, a realizar por parte de sus entes autónomos (empresas públicas) e instituciones paraestatales, debería discutirse en un nuevo ámbito gubernamental con una verdadera institucionalidad.

El mismo podría crearse por ley para dotarlo de legitimidad parlamentaria y articular sus acciones en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), incluso una opción sería la constitución de un organismo paraestatal, denominado por ejemplo Instituto para la Responsabilidad Social del Uruguay (IRSU).

The post Nelson Simatovich: Análisis sobre la Responsabilidad Social Empresarial appeared first on Sociedad Uruguaya.

Así lo expresa Simatovich:

“Este artículo tiene como finalidad, contribuir desde una perspectiva técnica e independiere a generar insumos y aportes conceptuales al gobierno y la sociedad toda, ante el inminente informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social constituida por el Poder Ejecutivo, que se presentará en las próximas horas. Los Diálogos Sociales en Uruguay: El Uruguay como buen país democrático, busca permanentemente promover el Diálogo Social como herramienta de intercambio de ideas y búsqueda de consensos políticos en articulación entre empresarios, sindicatos y sociedad civil Lamentablemente las últimas experiencias en este sentido han sido muy poco fructíferas y se han resumido a sendos resúmenes publicados y consultorías de recopilación archivadas en los anaqueles de las oficinas públicas a cargo de los mismos. Esta falta de éxito puede responder a varios motivos: uno puede ser la falta de ideas fuerza en los programas políticos de quienes acceden al gobierno y buscan mediante este mecanismo legitimar alguna idea que impulsa algún grupo de presión cercano al poder de turno; otro puede ser que cuando se convoca a estas instancias ya se tiene definido qué idea se quiere llevar adelante, pero lo único que se busca es la legitimación pública que simule un acuerdo nacional inexistente en realidad; otro puede ser que cuando realmente se presentan ideas que pretenden subsanar problemas estructurales, se descartan priorizando las que buscan soluciones coyunturales, ya que los resultados importan si se pueden mostrar durante el período de la administración del gobierno de turno, poco interesa generar logros para administraciones futuras. Lo que deja al descubierto la falta de políticas de Estado, es decir aquellas políticas públicas de largo plazo, esos acuerdos país que posibilitan dar el gran salto del subdesarrollo al crecimiento sostenible con justicia social y redistribución equitativa de la riqueza, definiendo un proyecto de desarrollo integral, un rumbo país. En Uruguay parece ser que este modelo es la industria de la celulosa y en verano el turismo zafral, sumado al modelo agroexportador tradicional de venta de commodities, como ser carne, lácteos, lana, arroz, soja, etc.

La Seguridad Social en Uruguay: El Uruguay ya generó varios Diálogos Sociales sobre Seguridad Social, que no arrojaron ningún resultado, el último cambio importante de fondo fue en la reforma previsional de 1996, que incluyó el sistema mixto de aportación con un tramo de capitalización individual en manos de las denominadas Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP’s). Este sistema mixto con marchas y contramarchas, ha logrado mantenerse y consolidarse, aunque los problemas no fueron resueltos y parece que siempre la solución pasa por subir la edad de retiro de la actividad laboral, ya que hay más trabajadores pasivos que activos, quizás el desafío real es crear más fuentes de trabajo y lograr ocupar a los desempleados, muchas veces contemplados dentro de programas de asistencia social que deberían ser un medio y no un fin en sí mismos, ya que terminan por volverse casi eternos, sin generar soluciones de fondo, ni satisfacer las necesidades de los beneficiarios. Ya que según todos los estudios oficiales, sube la expectativa de vida en un país de poco de 3 millones y poco de habitantes con una baja tasa de natalidad y un alto nivel de envejecimiento de su población desde hace décadas. Sumado a esto un pésimo diseño institucional previsional, que increíblemente tiene seis grandes Institutos Previsionales, estos son el Banco de Previsión Social (BPS), la Caja de Jubilación y Pensiones Bancarias (CJPB), Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS), Servicio de Retiros y Pensiones de la Fuerzas Armadas (SRPFFAA), Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP), todos los cuales han demandado reformas u otros aun las tienen pendientes por ser deficitarios. Lo cual a simple vista demuestra claramente por donde pasa el problema real y es por la falta de articulación del sistema previsional, que debe dar paso a la creación de un Sistema Nacional Integrado de Seguridad Social (SNISS) y quizás aún más, se debería unificar en un solo Instituto Previsional todos los existentes en la actualidad y crear un sistema que coordine ese gran Instituto Previsional con los otros actores que hay que contemplar como son las AFAP’s y las Aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay (BCU), que son las que pagan el tramo de la jubilación o pensión correspondiente a la capitalización individual en la actualidad. Ya que uno de los problemas quizás es que hay personas que logran obtener en razón de sus actividades y aportes, varias jubilaciones de distintos organismos previsionales lo cual es compatible y legal, pero otras muchas personas deben no logran acceder a una sola y deben esperar a una edad muy elevada para lograr una pensión a la vejez a los 70 años de edad, por no haber logrado cotizar los años necesarios para obtener su jubilación que son 30 años, esto es producto de trayectorias laborales discontinuadas, que no permiten alcanzar el mínimo de años de aportación que es muy alto quizás para el mercado de trabajo en Uruguay, salvo en sectores de gran estabilidad como lo puede ser el Estado o la Banca. Otro problema es la falta de un Sistema Integrado Nacional de Seguridad Social, ya que hay personas que quizás tuvieron un periodo de su vida con buen nivel de actividad laboral y aportaron a diversas cajas, pero luego estos años de aportación no se pueden acumular en caso de que se superpongan los periodos cotizados, lo cual es un gran error, ya que muchas personas pierden años de aportes en cajas en las que nunca van a lograr una prestación, teniendo un derecho razonable de que se le acumule en otra caja para llegar a los años que necesita para jubilarse, ya que la transferencia de fondos y la acumulación es posible, pero si es en distintos años, no en los mismos, lo cual es realmente inentendible, si son cajas distintas y aportes diferentes que pagaron sus correspondientes impuestos porque no pueden computarse para alcanzar los años necesarios en uno de los Institutos Previsionales existentes que se elijan. Existen mecanismos para acceder a pensión a la vejez, por parte de personas que no logran una jubilación en razón de no llegar a las aportaciones necesarias vía el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y también las denominadas pensiones graciables que es potestad del Parlamento Nacional otorgar por ley a personas que no logran una jubilación durante su vida por diversas situaciones que no logran realizar los aportes necesarios a la seguridad social, si se entiende que tiene los méritos para ello. Lo cual también parece algo particular ya que de crearse un Sistema Nacional Integrado de Seguridad Social, podría ser administrado por una Junta Nacional de Seguridad Social colegiada con integración de los actores sociales, además del Poder Ejecutivo, similar composición a la que actualmente tiene el propio BPS en su Directorio, y esta Junta parecería que sería la más adecuada a evaluar a quien otorgar estas pensiones graciables. Lo único que existe en Uruguay para coordinar estos temas es una Dirección Nacional de Seguridad Social que se creó hace pocos años dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para coordinar la temática con los actores que hemos mencionado conforman el ámbito previsional, pero sus resultados son muy escasos. El Uruguay hoy tiene un nuevo gobierno desde 2020, conformado por una coalición de una orientación política distinta, a la de los gobiernos que le precedieron los últimos 15 años (2005 – 2020), que pertenecieron a otra coalición política partidaria.

El actual formato de la discusión sobre Seguridad Social: Este nuevo gobierno creó una Comisión de Expertos sobre Seguridad Social (CESS), ya que nadie niega en Uruguay que el sistema previsional tiene graves problemas, el mismo genera un gran déficit fiscal al país, que en parte es consecuencia de un régimen de seguridad social desfinanciado sostienen casi todos los actores involucrados, aunque con matices. Hay un conocido proverbio, que dice que cuando no sepas como solucionar un problema pero quieras demostrar que estás buscando una solución, crea una comisión. Esta alusión no pretende subestimar el resultado que pueda tener el trabajo de esta comisión en particular, que presentará una propuesta de reforma al actual régimen de seguridad social, pero el principal problema pasa que cuando debatimos sobre seguridad social, el espectro de análisis debe ser más amplio y en realidad deberíamos discutir sobre Protección Social, que dentro de sus cometidos también está la Seguridad Social.

El reto de la Protección Social en el marco de la Pandemia de COVID-19: Nadie pensó hace dos años que el mundo enfrentaría una Pandemia sin precedentes como la que estamos atravesando con el Coronavirus, salvo lo que significó a mediados del Siglo XIV la Gripe Negra. Con la Declaración de Emergencia Sanitaria Nacional adoptada por el gobierno uruguayo el pasado 13 de marzo de 2020, la vida de todos los habitantes del Uruguay cambió, como la de casi todos los habitantes del mundo.

El gobierno uruguayo ha sido elogiado y destacado en el mundo entero, por su manejo de la Pandemia de COVID-19, lo cual es indiscutible, ya que fue de los pocos países que apeló a la responsabilidad individual y al cuidado colectivo, sin apelar a medidas restrictivas de la movilidad que violaran libertades individuales o garantías sociales, que además han demostrado ser ineficientes en donde se aplicaron como los confinamientos obligatorios, las cuarentenas coercitivas o los toques de queda con control policial y/o militar bajo pena pecuniaria y/o penal. Con el gran acierto de crear y respaldarse en los expertos en estas temáticas, como fue la creación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), como órgano asesor de las decisiones políticas que siempre deben ser del gobierno. La estrategia del gobierno entendemos estuvo correcta sigue siéndolo, ya que estuvo más centrada en limitar los contactos sociales que en limitar la movilidad. Esta última fórmula de restringir la movilidad resultó totalmente ineficiente desde todo punto de vista y quedo demostrado en el mundo entero, tanto en Europa como en Latinoamérica. Ya que además fue utilizada más como herramienta de control social para impedir marchas y protestas contra los gobiernos de turno en esos países, aquí existe libertad de expresión total, hasta para realizar marchas, como la realizada como vimos el pasado 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aunque desaconsejada por los científicos y expertos en salud pública. Ya que el ser humano es un ser social por excelencia y esta pandemia muy inteligente en su núcleo de acción, vino a destruir nuestra más profunda esencia que motiva nuestra existencia, compartir momentos con otros seres humanos. Además debió poner en marcha una serie de medidas económicas con la creación del Fondo Coronavirus para apaliar en parte y de forma parcial los terribles impactos sociales que dicha pandemia ha generado sobre la población, en particular su impacto en la destrucción de fuentes de trabajo, lo cual incrementó el desempleo, en particular en sectores autónomos como microempresarios o cuenta propistas, además de otras personas con contratos laborales precarios que son muchos en Uruguay, tanto en el sector público como privado. Para contrarrestar esto, el gobierno otorgó subsidios por desempleo excepcionales, por más tiempo que el usual a quienes tienen trabajos registrados en el ámbito privado, con muchos menos requisitos para su acceso, además de otros tipos de subsidios con pagos puntuales por algunos meses para ciertos grupos de actividad que no puede desarrollar su actividad. Además de algunas exenciones y/o exoneraciones impositivas para empresarios muy afectados por las restricciones propias que impone el distanciamiento social y la imposibilidad de aglomerarse, entre otros impactos en la de-socialización que genera este virus, ya que su mayor afectación no está en lo físico quizás, sino en lo psicológico y esto lo confirmaremos a largo plazo, esa será la verdadera segunda ola de la pandemia de coronavirus. Todas estas medidas implementadas por el gobierno implican un costo muy alto para el Estado y la sociedad toda por ende que lo financia con tributos, ya que gran parte se pagará con endeudamiento externo del país, pero además para muchos grupos de actividad las medidas de apoyo fueron líneas de crédito que se deberán pagar con intereses y de caer en atrasos con multas y recargos, lo cual supone un alivio a corto plazo y una mayor presión a mediano plazo y quizás una catástrofe a largo plazo si las cosas no resultan como se espera y ya se están encendiendo ciertas alertas no tan alentadoras como las previsiones que se tenían hasta hace semanas atrás, de que estos impactos como mínimo serán hasta 2022 inclusive.

Nuestro análisis y propuesta: Muchas veces se dice que las crisis generan oportunidades, bueno esta crisis económica derivada de una crisis sanitaria en un país como Uruguay, que además tiene un cambio de gobierno con el inicio de la pandemia y que por su ideología distintiva a la de los gobiernos anteriores decide en este contexto asumir un debate que implica reformar el sistema de seguridad social, no puede dejar pasar el momento histórico de resolver varios problemas con una decisión estructural que solucionará la mayor parte de los problemas coyunturales de tipo económico, social, laboral y educativo.

Propuesta de libre disposición de fondos para los trabajadores de sus ahorros de capitalización individual en las AFAP´s: Nuestra propuesta consiste en permitir a los trabajadores acceso ilimitado y cuando lo deseen a un monto parcial o total de sus ahorros a la fecha de capitalización individual en las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP´s), si están comprendidos dentro del régimen de seguridad social mixto, que implica una parte de capitalización individual en cuentas definidas en estas instituciones privadas y que además dicho monto se supone que esté disponible, como en el caso de la persona que fallece y pasa a su acervo hereditario y es cobrado por sus familiares en forma contado efectivo, en caso de no configurarse el otorgamiento de una pensión. Antes de generar apreciaciones confusas hay que tener presente, que el trabajador amparado en este sistema mixto, no quedará sin aportes jubilatorios, ni sin una prestación llegado el momento de generar la causal jubilatoria, ya que se mantiene el tramo aportado y que le pagará el sistema público a través de la caja que corresponda, la mayoría a través del Banco de Previsión Social (BPS). Esto no afecta la solidaridad intergeneracional, ya que lo que va al BPS no se toca y además en caso de que la persona llegara a la edad de causal jubilatoria la cual se proyecta elevar o generará una pensión, tendrá siempre para cobrar el tramo del BPS e incluso una parte del tramo de su ahorro que la AFAP´s conservará si no retirara el total, si continuara trabajando y aportando, ya que el fondo que administra pasa a una aseguradora para el pago, por una tabla actuarial que estipula la proyección de vida en una edad exagerada sin dudas, la cual podemos asegurar que pocos alcanzan, la misma llegó a estar muy por encima de los 100 años de expectativa de vida que fija en la actualidad el BCU. Ya que no tiene sentido, en una situación de crisis absoluta como la actual, en uno de los países con la tasa de suicidios más alta de Latinoamérica y del mundo sostenida desde hace décadas y en aumento, que los trabajadores no pueden acceder en caso de desempleo u otras causas de fuerza mayor a un capital, que es de su propiedad, que corresponde a su aportación personal, que sufre variables para bien o mal derivado de la rentabilidad que manejan otros en este caso las AFAP´s, en manos de ejecutivos con sueldos exageradamente altos para el mercado laboral local y el resultado de sus portafolios de inversiones los cuales han llegado a dar rentabilidad negativa, incluso por financiar negocios inviables, sumado a los descuentos por comisión de administración de las AFAP´s, comisión de traspaso del BPS y comisión de custodia del BCU. No parece razonable que si es una cuenta individual, personal e intransferible que termina siendo liquidada por una aseguradora, no funcione como un seguro de ahorro de retiro, en el cual, cuando uno lo desea, después de pagar o aportar cierta cantidad de años, uno tiene acceso al monto del dinero y a retirarlo y disponer del mismo en vida, por ejemplo para sobrevivir, para poder generase un autoempleo o micro emprendimiento para poder seguir trabajando y obtener ingresos auténticos, y así dinamizar la economía toda y no seguir apostando a financiar programas de asistencia social y transferencias directas mínimas como canastas de alimentación que poco ayudan a subsistir con dignidad o apoyando ollas populares lo cual es realmente inaceptable como política pública, lo cual ya aconteció durante la crisis bancaria de los años 2000. Ya que paradójicamente si se autoriza en Uruguay, cada vez más, que personas jubiladas vuelvan a la actividad laboral y manteniendo el cobro de su jubilación en el mismo Instituto Previsional en el cual aportan nuevamente (docencia), pues esto además siempre existió entre distintos institutos previsionales, la persona se jubila por uno y sigue trabajando aportando a otro, pero no dentro del mismo, antes debía dejar de cobrar la jubilación si volvía a la actividad. Esta propuesta contempla el principio de libertad del ser humano y el derecho a la propiedad privada, ya que además las cajas de retiro por ejemplo de los organismos internacionales, permite que los funcionarios al retirarse también puedan llevarse el monto total o cobrar una renta como prefieran, asimismo hay sistemas de seguridad social públicos que también permiten a los trabajadores cobrar una indemnización a su retiro o muerte en caso de no haber llegado a los aportes necesarios para una jubilación o pensión. Hay que comprender que en una situación tan excepcional como la actual, esto evitaría la innecesaria transferencia de fondos que está realizando el gobierno a los sectores trabajadores y empresariales afectados, que implica un fuerte costo para la sociedad que todos ellos también integran y costean, que no cubre a todos los que necesitan apoyo. Sin embargo esta iniciativa, si permitiría que todo quien la precisa, pero no está contemplado por ninguna asistencia pública, la pueda utilizar, no incrementar el endeudamiento del país, ni de la sociedad toda. Ya que de optar por acceder a esta opción que planteamos en caso de aprobarse una ley que lo autorizara y posterior decreto reglamentario que lo instrumentará, quien utilice sus fondos de ahorros de capitalización individual, dejaría automáticamente de percibir otras ayudas de estar recibiendo, como ser canastas alimenticias, subsidios sectoriales transitorios por inactividad, seguro de paro parciales, etc. Ya que parece contradictorio que el país toma deuda externa otorgada por el primer mundo y muy cara en este difícil momento para apoyar a los sectores más afectados por pérdida de actividad laboral y económica, pero al mismo tiempo dispone de fondos de miles de millones de dólares de las AFAP’s que se prestan a tasas más bajas dentro del país a mega emprendimientos propiedad de empresas trasnacionales muy ricas de primer mundo, que están realizando mega obras de infraestructura. Por ejemplo un tren central con fuertes impactos ambientales y en el hábitat y que en gran parte son financiadas por el Estado para instalar una tercer planta de celulosa, que pasada la obra civil no genera demasiados puestos de trabajo permanentes directos, para esto solo es necesario revisar la información oficial de los resultados de la instalación de las plantas de celulosa anteriores y que están en funcionamiento en la actualidad Además proponemos se cree un mecanismo como en otros temas más sensibles como es la donación de órganos, que con la firma de un formulario que oficiara como testamento especifico del monto de la cuenta que proporcionaran las AFAP’s, bajo certificación de firmas que deberá certificar notarialmente un Escribano Público de las AFAP’s, sin costo para el cliente de la AFAP, ya que muchas personas sin familia o con relaciones conyugales libres que no desean o pueden registrar, en caso de muerte este dinero se pierde o se lo queda la AFAP durante años hasta transferirlo al Tesoro Nacional (Estado). Lo cual supone una legislación contradictoria y que coarta el libre albedrío, si la persona puede disponer de sus órganos en vida, también debe poder disponer de sus ahorros previsionales legítimos de trabajo en vida, ya que los mismos son inembargables por norma constitucional, debe quedar claro el concepto está bien que pueda manifestar la voluntad de donar o no órganos en vida o manifestar anticipadamente su voluntad de oponerse a la aplicación de tratamientos que prolonguen su vida -conocido como testamento vital-, pero también debe poder decidir sobre el destino de sus ahorros laborales si no pudo llegar a utilizarlos. Parece poco lógico que una persona que queda desempleada en Uruguay, por más formación o no que tenga, deba terminar en situación de indigencia si no tiene familia que le pueda ayudar, teniendo quizás ahorrados en una cuenta fondos que le permitirían continuar subsistiendo con tranquilidad y no supuestamente tener que esperar a alcanzar la edad de jubilación 60 años en la cual quizás no acceda a prestación alguna o mínimo de 65 años para acceder a una renta mínima por el tramo de ahorro de la capitalización individual en la AFAP. Si bien la edad no parece ser muy avanzada debe computarse 30 años de aportes efectivos al sistema previsional, que además tiene algunos problemas a la hora de acumular lo cual ya hemos explicado con anterioridad. Esto sería un mecanismo que solucionaría la vida de muchos trabajadores desempleados por la crisis económica y social que generó esta pandemia, en particular aquellos que son cesados con contratos a término o a través de tercerizaciones con unipersonales, que no tienen acceso a ningún seguro por desempleo, ni a sindicatos que los protejan y presionen para reinsertarlos en bolsas de trabajo, ni a cursos de reconversión laboral estimulados con beca financiera, ni a nada. Además de no aprobarse una ley que permita el retiro completo de estos fondos cuando la persona lo desee que sería lo ideal, pues por ejemplo el trabajador que queda desempleado y pretende irse del país tendría derecho de poderse llevar su dinero para procurar comenzar una nueva vida en otro país y que este dinero no quede aquí para terminar siendo perdido seguramente, ya que son pocos los que se van y logran radicarse legalmente en otro país para poder aportar y contribuir a otros sistemas de seguridad social y luego acumular entre varios países, lo cual de todas formas se podría hacer con el tramo de aportación que aún continúa intacto aquí en el Banco de Previsión Social (BPS), siempre y cuando exista convenio bilateral de seguridad social, ya que es discutible la eficacia de los acuerdos multilaterales en estos casos. Los trabajadores tienen derecho a disponer de sus ahorros, ya que el sistema se creó con esta ideología de capitalización individual, como que fuera una cuenta bancaria, debería además poder ser trasladado también al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), para poder obtener préstamo de vivienda propia, ya sea para pagar el saldo en cuotas o complementar ahorros propios y tener una casa propia abatiendo los enormes costos de alquilar en Uruguay, de los más altos de la región. Incluso el Estado dentro de sus medidas de apoyo a ciertos sectores acomodados de la población financiando un porcentaje de los alquileres de personas que arriendan con garantía de la Contaduría General de la Nación (CGN) y/o de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), básicamente ambos mecanismos son utilizados por funcionarios públicos, bancarios o de grandes empresas, ya que implica tener ingresos muy altos y trabajos estables para lo que es el mercado de trabajo de Uruguay.

También debería permitirse a través del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), transferir parte de los trabajadores de sus cuentas de ahorro previsional de las AFAP’s en esta situación, un porcentaje de esos fondos para poder constituir Depósitos de Garantía de Alquileres, para quienes necesitan alquilar pero no tienen capital disponible para realizar la apertura de dicha cuenta de aval y están desempleados. Ya que este es el sistema de garantía de alquileres más común entre las personas de ingresos medio bajos y con trabajos menos estables, como lo son la mayoría en el sector privado en particular en el rubro comercio y servicios, que tampoco pueden llegar a las exigencias de las empresas aseguradoras que comercializan por costos altos seguros de alquiler. Esta propuesta, sí es una política pública de Estado, que en medio de una crisis económica y en el marco de la decisión de reforma la seguridad social, sería una caja de herramientas que permitiría solucionar problemas de diversa índole a muchos grupos heterogéneos de la sociedad, que no son alcanzados por las soluciones brindadas hasta el momento y también para otros sectores a los que si se le están ofreciendo alternativas, pero que no son sostenibles a mediano y largo plazo por cuestiones de financiamiento. Creemos que poder contar con un menú de instrumentos tan amplio, como ofrece esta iniciativa que sugerimos, justifica que se analice esta propuesta de justicia social, de redistribución de la riqueza propia y de recuperar parte del patrimonio individual de cada empleado y trabajador autónomo, en una coyuntura de incertidumbre internacional. Conclusiones Finales:

El Estado tiene el deber de brindar la mayor protección social a sus sociedades, esto en los países donde se cumple de forma adecuada es conocido como Estado de Bienestar, característica de los países nórdicos que suelen liderar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Generalmente esta red de Protección Social tiene base en los Sistemas de Seguridad Social, cuando estos son deficientes e ineficientes, la red de Protección Social suele serlo también. Para ello se procura por los gobiernos de turno impulsar reformas permanentes en los regímenes previsionales y de asistencia social, pero quizás un debe de esos intentos gubernamentales, es no integrar un enfoque transversal a estas políticas públicas de Estado.

Bueno, quizás esta crisis económica y social que muchos países atraviesan como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que la causó, impulse a los Estados a ser más audaces en sus reformas estructurales a corto, mediano y largo plazo. No conformándose con realizar retoques superficiales, para cumplir con las apariencias, llegó el momento de que quienes tienen el poder real, entiendan que el desafío es sociabilizar las pérdidas pero también las ganancias, proteger la propiedad privada tangible pero también la intangible, respetar la opinión pero también el conocimiento, ser mejores personas y así tener mejores sociedades. Ya que nadie puede cuantificar la pérdida futura que tendremos con estas generaciones, que se formen en estos dos o tres años de pandemia con sistemas precarios de educación y salud, que no han podido responder de forma satisfactoria a las necesidades de la poblaciones, quizás estemos ante una nueva década perdida como fue considerada la década de 1980 por varios organismos internacionales para toda Latinoamérica.

Quo Vadis Orbis?

Prof. Lic. Nelson Simatovich. Licenciado en Relaciones Laborales y Profesor Adscripto (Postgrado) en Derecho de la Integración (UdelaR). Ex Consultor y/o Experto en varios Proyecto de diversos Organismos Internacionales. Director del Programa Iberoamericano de Formación Universitaria Continua (PIFUC)

The post Nelson Simatovich: La Protección Social del Estado ante la Pandemia de Coronavirus appeared first on Sociedad Uruguaya.

En dicha ocasión el Excmo. Sr. Presidente de la CPI – Mag. Dr. Sang-Hyun Song mantuvo un cordial encuentro con el Hon. Sr. Cónsul General de Surinam en Uruguay – Lic. Nelson Simatovich, quien es un reconocido académico en Derecho de la Integración Regional.

Es de recordar que la CPI con sede en La Haya (Holanda) donde también tiene su sede la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ambos órganos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La CPI fue creada por el Estatuto de Roma de 1998, al cual adhirieron todos los Estados Miembros Permanentes y Asociados al Mercosur, entre ellos Surinam que fue de los primeros en suscribirlo y ratificarlo en el continente.

The post Presidente de la CPI visitó sede del Mercosur y se reunió con Representantes de Estados parte del bloque regional, entre ellos Surinam appeared first on Sociedad Uruguaya.

El Subsecretario, que estuvo acompañado por la Sra. María Clara Gutiérrez – Jefa de la Oficina de Asuntos Institucionales y por el Sr. Christian Leroux – Departamento de Acuerdos y Negociaciones, la Secretaria General reitero el interés de la ALADI, en la adhesión de la República de Surinam a la misma y brindaron información sobre las condiciones para ser país Observador y país Miembro de la ALADI.

Cabe resaltar que el Artículo 58 del TM80, prevé la adhesión de aquellos países latinoamericanos que así lo soliciten con el propósito de establecer, en forma gradual y progresiva, un mercado común latinoamericano.

Para ALADI que tiene un mandato de la CELAC de apoyar como órgano técnico en la región, la aproximación entre los diversos procesos de integración regional en el continente, por lo cual es de suma transcendencia lograr una aproximación de la Republica de Surinam que integra el CARICOM a la ALADI, ya que la República de Surinam podría constituir ese puente entre ambos procesos de integración subregional, ya que la día de hoy ningún otro país miembro del CARICOM integra la ALADI, a diferencia de los países del SICA que si tienen estatus de miembro pleno u Observador ante ALADI.

Se debe tener presente que la República de Suriman es Estado Asociado al Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

The post Representantes Diplomáticos de Surinam visitan la ALADI appeared first on Sociedad Uruguaya.

La ceremonia oficial estuvo encabezada por el Representante Consular  de Surinam en Uruguay – Lic. Nelson Simatovich, la Presidenta del Correo – Sra. Solange Moreira, el Director del Correo – Esc. Pablo Arretche, y la Directora de la Regional América de la Dirección General de Asuntos Políticos del MRREE – Ministra Gimena Hernández.

Además se contó con una importante participación de miembros del cuerpo diplomático, consular y de organismos internacionales acreditados ante Uruguay, destacándose el Embajador de Nicaragua – Mauricio Gelly, el Embajador de Egipto – Sami Salem, el Representante de la OEA – Ricardo Dominguez, el Secretario Ejecutivo de ARPEL – Jorge Cicciarelli y el Secretario General a.i. de la UPAEP – Alvaro Psetiski, además de varios Encargados de Negocios a.i y Cónsules Generales.

En dicho acto el discurso de apertura fue por parte del Representante Diplomático de Surinam, luego la Presidenta del Correo y el cierre por parte de la Representante del MRREE.

Posteriormente de la parte oratoria, se procedió  el acto de sellar la estampilla presentada y los intercambios de sobres como forma de reciprocidad, a continuación descubrieron la pieza encuadrada y se culminó con la entrega de esta por parte de la Presidenta del Correo al Cónsul de Surinam en Uruguay.

The post Lanzamiento del sello postal por el 35 aniversario del inicio de las Relaciones Diplomáticas entre Surinam y Uruguay appeared first on Sociedad Uruguaya.

*El 25 de noviembre de 1975 se declaró la Independencia de la República de Surinam que hoy festeja su 39 años de vida como una nación libre de toda potencia extranjera o colonial. Dentro de lo cual define académicamente a un Estado independiente esta su capacidad de mantener relacionales internacionales con otros países u organizaciones intergubernamentales, en ese contexto informamos sobre la actividad que cumple el Consulado de la República de Surinam en la ciudad de Montevideo, con jurisdicción en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay.

*Dado un importante trabajo realizado por el Jefe de la Oficina Consular de Distrito de la República de Surinam en Uruguay con sede en Montevideo – Cónsul (a.h.) Lic. Nelson Simatovich, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, el Municipio A y la Junta Departamental de Montevideo, a partir del mes de agosto de 2014, la capital uruguaya cuenta con una calle denominada Paramaribo en la histórica zona del Cerro, siendo hasta ahora el única Capital Sudamericana que no tenía una vía pública con su nombre en la ciudad de Montevideo. Según Resoluciones de la IMM Nº 2782/14 y Nº 3456/14, y Decreto Departamental de la JDM Nº 35.208.

*En el mes de setiembre de 2014 entro en vigencia el Acuerdo entre Surinam y Uruguay para el levantamiento de la exigencia de visado para Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, para poder pensar en un futuro poder llegar a levantar los requerimientos de visado de ambos países para sus ciudadanos portadores de pasaportes comunes, ya que en la actualidad es un requisito para poder ingresar en ambos países.

*El Poder Legislativo ratifico por Ley N° 19271 del pasado mes de setiembre de 2014 y promulgado por el Poder Ejecutivo el Acuerdo de adhesión de la República de Surinam como Estado Asociado al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), lo cual fue seguido de forma permanente por el representante diplomático de Surinam residente en Montevideo.

*En noviembre de 2014 la República Oriental del Uruguay acredito a la Excma. Embajadora en Panamá Sra. Ana María Bombau como Embajadora Concurrente ante la República de Surinam.

*El Representante Consular de Surinam Lic. Simatovich viene gestionado junto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y la Administración Nacional de Correos (ANC), la emisión de un Sello Postal conmemorativo por los 35 años del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales entre Surinam y Uruguay, por lo cual es muy relevante este gesto de amistad entre ambas naciones, el cual se lanzara públicamente próximamente.

*Asimismo el diplomático acreditado por Surinam en Uruguay Prof. Lic. Nelson Simatovich,  quien tiene una larga trayectoria además en temas socio – educativos a nivel internacional, viene gestionando con el apoyo de varias autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la posible denominación de la Escuela Pública N° 367 de la ciudad de Montevideo como República de Surinam.

*La Republica de Surinam traspasará el próximo mes de diciembre de 2014 la Presidencia Pro- Témpore de la UNASUR a la República Oriental del Uruguay, en la próxima Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), por lo cual a propuesta del diplomático Simatovich, la Excma. Sra. Intendenta de Montevideo Prof. Ana Olivera, tuvo la generosidad de resolver distinguir con la entrega de las Llaves de la Ciudad de Montevideo al Excmo. Sr. Presidente de la República de Surinam y la Declaración de Visitante Ilustre al Excmo. Sr. Canciller de la República de Surinam, según Resoluciones de la IMM Nº 3569/14 y Nº 3568/14.

La República de Surinam y la República Oriental del Uruguay vienen trabajando desde sus representaciones diplomáticas concurrentes y consulares residentes, con el apoyo de ambas Cancillerías, en la posible concreción de un Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral entre ambos países, para profundizar el intercambio en diversas áreas de mutuo interés.

Fuente Imagen: www.suriname.so

The post 39 años de la Independencia de Surinam y 35 años de Relaciones Diplomáticas con Uruguay appeared first on Sociedad Uruguaya.

Los interesados podrán inscribirse en la Unidad de Coordinación de Educación Permanente de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en el horario de 10 a 15 horas con copia del titulo universitario respectivo y pago de la matrícula respectiva en el local de la FCU, en el Edificio Anexo, Nivel

2, Oficina 2-11, Colonia 1801, Montevideo, Uruguay.

Quienes cursen el mismo y asistan como mínimo al 80 % de las clases recibirán un Certificado de Asistencia y aquellos que realicen y aprueben el mismo recibirán además un Certificado de Aprobación.

Más información en www.fder.edu.uy

The post Licenciatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República appeared first on Sociedad Uruguaya.