Finalmente, la operación permitió alcanzar las 717 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a US$ 85 millones. Con ese monto, el Consorcio Unidad Punta de Rieles S.A., integrado por Abengoa Teyma, Instalaciones Inabensa y Goddard Cattering Group, podrá iniciar las obras del nuevo centro carcelario, que será el primer proyecto de Participación Público Privada del país.

Gonzalo Bava, director de Finanzas de Banco Santander, que actuó como estructurador, entidad registrante y agente de pago y de cuenta de la operación, indicó que “el éxito de esta emisión se refleja en la elevada demanda. Resulta una verdadera satisfacción ofrecer nuestro respaldo a una operación de estas características, favorable para los inversores y para el país en su conjunto, que ganará en desarrollo e infraestructura. Estamos seguros que este es el primer paso para un futuro de más inversiones con participación conjunta entre el sector público y el privado, en el marco de la nueva normativa vigente”.

La nueva cárcel de Punta de Rieles tendrá capacidad para recibir a 1.960 reclusos. La operación, mantenimiento y limpieza del lugar, así como la alimentación de los reclusos, quedará a cargo de la empresa por los próximos 27 años y medio, mientras que los servicios de seguridad, salud y reeducación serán brindados por el Ministerio del Interior.

La emisión, que cotizará en BEVSA y en la Bolsa de Valores de Montevideo, contó con una calificación A (uy) con perspectiva estable, otorgada por FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. Con una tasa de interés de 5,85% en UI, tendrá un plazo de 24 años y 11 meses, por lo que vencerá el 28 de junio de 2040. La amortización será semestral en junio y diciembre, contando con 29 meses de gracia desde la fecha de emisión, plazo en el que devengarán intereses que serán posteriormente capitalizados.

Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA, entidad representante de la emisión, señaló que este tipo de operativa “demuestra la validez que tiene el mercado de capitales para aportar al financiamiento de obras de infraestructura tan necesarias para el país,  y en particular el importante papel que juegan los inversores institucionales en proyectos de largo plazo”.

La operación también contó con el asesoramiento financiero de CAF – banco de Desarrollo de América Latina, y el asesoramiento legal de los estudios Clifford Chance de España, Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause y Guyer & Regules.

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El presente marco normativo será de aplicación preceptiva para todos los contratos de Participación Público-Privada definidos en la presente ley.

Bajo los límites establecidos constitucionalmente, dichos contratos podrán celebrarse para el desarrollo de obras de infraestructura en los siguientes sectores de actividad:

A) Obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. Se considerarán incluidas dentro de las obras viales las de caminería rural.

B) Obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931 (Creación de ANCAP).

C) Obras de disposición y tratamiento de residuos.

D) Obras de Infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.

También podrá celebrarse este tipo de contratos para la colonización de tierras, que por su ubicación, superficie y características agrológicas resulten económicamente apropiadas para la formación de colonias, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948 (creación del Instituto Nacional de Colonización), en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.187, de 2 de noviembre de 1987. En particular los contratos podrán incluir los servicios de interés colectivo mencionados en el artículo 48 así como las instalaciones a las que refiere en el artículo 52 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948.

En ningún caso, los contratos de Participación Público-Privada podrán incluir:

i) Servicios educativos cuando se trate de centros educativos.

ii) Servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud.

iii) Servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles.

Se exceptúan de este régimen de contratación los cometidos esenciales cuya prestación corresponde al Estado en forma exclusiva, así como la explotación de los monopolios establecidos por ley a favor de éste.

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Corresponde que la norma sea tratada ahora por el Senado.

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Tal lo asegurado por el Dr. Miguel Castellán, socio de la firma Castellán Abogados Consultores que junto al Cr. Gustavo Weigel de la firma Weigel Haller y representantes del  Ministerio de Transportes y Obras Públicas, disertaron recientemente sobre el desarrollo de nuevas infraestructuras en el Uruguay en el marco del Business Club organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo- Alemana.

Castellán, quién analizó el marco jurídico actual y el nuevo escenario que se presentará de ser aprobado el proyecto, expresó que la “nueva normativa viene a sumar a la ya existente y en muchos aspectos dota de más transparencia al proceso así como incorpora aspectos que beneficiarán tanto al Estado como a los potenciales inversores privados”.

Las actuales debilidades estructurales y las urgencias en materia de infraestructura social, hacen impostergable la concreción de proyectos de gran escala sostuvo Castellán y agregó: “esto no puede estar atado al espacio fiscal disponible”.

El profesional indicó además que el marco jurídico actual en este sentido, regula fuertemente todos aquellos aspectos vinculados a la celebración del  contrato, (aspectos reunidos en el TOCAF), sin embargo no están lo suficientemente regulados los aspectos relacionados con la ejecución del mismo tales como la modificación unilateral del contrato, el ejercicio del poder sancionatorio entre otros, además de los derechos del co-contratante.

En ese sentido, Castellán consideró muy positivas las innovaciones que incluye el proyecto de ley de participación público-privada que se analiza en estos momentos y destacó  el llamado diálogo competitivo, la adecuada asignación de riesgos, la renegociación de los contratos, el mantenimiento de las condiciones contractuales y la regulación de la potestad de modificación unilateral del contrato por parte de la administración.

El abogado consignó que este proyecto significa un valioso instrumento que facilitará la inversión privada en infraestructura y maximizará las oportunidades de crecimiento del país en la materia.

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El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo «no entender» cabalmente algunas de las objeciones que han realizado el MPP, el Partido Comunista y el PS, en particular porque «todo lo que está en la ley hoy se puede hacer, aunque no tan eficientemente».

Las críticas en el FA apuntan a excluir la participación de los privados en la construcción de la denominada infraestructura social (escuelas, cárceles y hospitales, por ejemplo), así como negarles la intervención respecto a los «servicios conexos» a las obras que se construyen (servicios de gastronomía y hotelería, entre otros).

También han reclamado que se establezcan plazos para las concesiones y que se exija el control parlamentario para los contratos de mayor monto.

Ayer los jerarcas del Ministerio de Economía dieron su visión sobre el proyecto y se mostraron «receptivos» para que sea aprobado con el mayor respaldo político posible. «Compartimos totalmente los fundamentos de la ley», aseguró Asti. Según el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), tanto Buonomo como Apezteguía «defendieron» el texto, pero dijeron estar dispuestos a analizar las propuestas de cambios que lleguen desde los diputados frenteamplistas para que el proyecto se apruebe rápidamente.

Para Asti algunas de las críticas son «fácilmente subsanables».

El concepto de infraestructura «es claro» para el legislador astorista, y los privados podrían participar en el funcionamiento de cárceles según el alcance que le dé el Ministerio del Interior en los contratos de participación público privada. «En tanto no sean servicios esenciales del Estado -la seguridad obviamente no va a estar en manos de privados-, sí toda la parte de hotelería, brindar la comida, los colchones, las camas, las frazadas y el lavado de éstas. Pero ésas son cosas que hoy también se podrían hacer, ¿por qué no se puede hacer en un proyecto en el cual el repago de la inversión esté condicionado a que eso funcione correctamente?», se preguntó el diputado, quien dijo «no entender la objeción en ese sentido».

No hay gatos Pozzi recordó, por ejemplo, que hoy son los privados los que brindan servicios como seguridad o limpieza en hospitales, y dijo que se «podría discutir» si corresponde que brinden servicios de hotelería en las cárceles, pero de todas formas consideró que «no está en el espíritu de la ley que un privado se vaya a encargar de la enfermería». El diputado dijo que no hay «nada cerrado» y que el Nuevo Espacio todavía no ha tomado una resolución, pero agregó que tras la reunión de ayer «queda claro que nada de lo que la ley dice son cosas que no se hagan hoy».

Respecto a agregar el control parlamentario a los contratos, Asti dijo que a AU le parece «perfecto», aunque no de la forma como reclama el PS. Para el diputado se podría exigir que en las rendiciones de cuentas anuales todos los organismos estatales detallen qué contratos han firmado y entreguen copias de éstos a los parlamentarios. En relación al planteo del Tribunal de Cuentas, que reclamó tener mayor participación en el control de los contratos de participación público privada, Asti reiteró que las intervenciones del organismo «se van a seguir realizando exactamente como hoy, antes de la firma del contrato».

Asti fue tajante al rechazar las críticas planteadas por el PCU: «No hay ninguna transferencia del patrimonio público, no se está vendiendo el patrimonio de las empresas públicas. No vemos las observaciones respecto a la eventual privatización de ningún servicio o bien del Estado. No puede ser ése el motivo de oposición a este proyecto de ley».

El próximo miércoles la dirección de la Vertiente Artiguista tomará una definición sobre el proyecto y un día después todos los sectores del FA intercambiarán sus puntos de vista en el secretariado ejecutivo de la fuerza política, que ayer recibió un informe del director del INAU, Javier Salsamendi. Dentro de 15 días el equipo económico se reunirá con la bancada oficialista, y allí se discutirán los cambios propuestos. «Lo que sea necesario aclarar se aclarará para evitar cualquier suspicacia que pueda esconderse atrás de alguna interpretación de las normas. La ley no tiene un gato encerrado», defendió Asti.

Fuente: LA DIARIA. www.ladiaria.com.uy

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Economista Luis Porto.

Presidente del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

·         El potencial de una herramienta que facilite las PPP (Participación Público Privada)

·         Diferentes formas de participación del sector privado.

·         El rol de la CND en la estructuración de proyectos.

Jueves 30 de setiembre. 9:00 horas.

Sala Ayuntamiento del Hotel Four Points.

Por favor confirmar asistencia a la Sra. Ana Ma. González al 2902 45 46 int. 129.

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