Recordó que “en algunos casos había una desproporción absoluta con respecto a los aportes, pues horas o días de atraso significaban montos enormes, ya que estaban vinculadas a cada renglón de la planilla que se presentaba”.

Entonces, “cuando ingresaba un funcionario nuevo y se lo declaraba tres días después, se cobraban las multas sobre toda la planilla. Este artículo resuelve esa situación. Según lo expresado por el propio BPS, esto no lo afecta; como tiene una situación mayoritariamente regular de  pago, es posible esta acción”.

Certificado web

Por el artículo 273 –agregó Apezteguía- “se autoriza al Banco de Previsión Social a que, de alguna manera, pueda sumar los aspectos relacionados con el gobierno electrónico. Actualmente, si se quiere saber si una empresa afiliada al Banco de Previsión Social tiene el certificado al día, hay que solicitárselo”.

Por esta disposición “se establece que el Banco pueda publicar los certificados comunes que hayan sido emitidos y se encuentren vigentes, incluyendo los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la acreditación  perseguida”.

Según el jerarca del MEF “la idea es que esta información esté disponible en la página web y que se pueda ver si está o no al día, pero que además se pueda vincular la información, por ejemplo, con el Registro Único de Proveedores Estatales sin violar el secreto tributario que aplica el Banco de Previsión Social”.

Fuente: guiaderecursos.mides.gub.uy

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El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo «no entender» cabalmente algunas de las objeciones que han realizado el MPP, el Partido Comunista y el PS, en particular porque «todo lo que está en la ley hoy se puede hacer, aunque no tan eficientemente».

Las críticas en el FA apuntan a excluir la participación de los privados en la construcción de la denominada infraestructura social (escuelas, cárceles y hospitales, por ejemplo), así como negarles la intervención respecto a los «servicios conexos» a las obras que se construyen (servicios de gastronomía y hotelería, entre otros).

También han reclamado que se establezcan plazos para las concesiones y que se exija el control parlamentario para los contratos de mayor monto.

Ayer los jerarcas del Ministerio de Economía dieron su visión sobre el proyecto y se mostraron «receptivos» para que sea aprobado con el mayor respaldo político posible. «Compartimos totalmente los fundamentos de la ley», aseguró Asti. Según el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), tanto Buonomo como Apezteguía «defendieron» el texto, pero dijeron estar dispuestos a analizar las propuestas de cambios que lleguen desde los diputados frenteamplistas para que el proyecto se apruebe rápidamente.

Para Asti algunas de las críticas son «fácilmente subsanables».

El concepto de infraestructura «es claro» para el legislador astorista, y los privados podrían participar en el funcionamiento de cárceles según el alcance que le dé el Ministerio del Interior en los contratos de participación público privada. «En tanto no sean servicios esenciales del Estado -la seguridad obviamente no va a estar en manos de privados-, sí toda la parte de hotelería, brindar la comida, los colchones, las camas, las frazadas y el lavado de éstas. Pero ésas son cosas que hoy también se podrían hacer, ¿por qué no se puede hacer en un proyecto en el cual el repago de la inversión esté condicionado a que eso funcione correctamente?», se preguntó el diputado, quien dijo «no entender la objeción en ese sentido».

No hay gatos Pozzi recordó, por ejemplo, que hoy son los privados los que brindan servicios como seguridad o limpieza en hospitales, y dijo que se «podría discutir» si corresponde que brinden servicios de hotelería en las cárceles, pero de todas formas consideró que «no está en el espíritu de la ley que un privado se vaya a encargar de la enfermería». El diputado dijo que no hay «nada cerrado» y que el Nuevo Espacio todavía no ha tomado una resolución, pero agregó que tras la reunión de ayer «queda claro que nada de lo que la ley dice son cosas que no se hagan hoy».

Respecto a agregar el control parlamentario a los contratos, Asti dijo que a AU le parece «perfecto», aunque no de la forma como reclama el PS. Para el diputado se podría exigir que en las rendiciones de cuentas anuales todos los organismos estatales detallen qué contratos han firmado y entreguen copias de éstos a los parlamentarios. En relación al planteo del Tribunal de Cuentas, que reclamó tener mayor participación en el control de los contratos de participación público privada, Asti reiteró que las intervenciones del organismo «se van a seguir realizando exactamente como hoy, antes de la firma del contrato».

Asti fue tajante al rechazar las críticas planteadas por el PCU: «No hay ninguna transferencia del patrimonio público, no se está vendiendo el patrimonio de las empresas públicas. No vemos las observaciones respecto a la eventual privatización de ningún servicio o bien del Estado. No puede ser ése el motivo de oposición a este proyecto de ley».

El próximo miércoles la dirección de la Vertiente Artiguista tomará una definición sobre el proyecto y un día después todos los sectores del FA intercambiarán sus puntos de vista en el secretariado ejecutivo de la fuerza política, que ayer recibió un informe del director del INAU, Javier Salsamendi. Dentro de 15 días el equipo económico se reunirá con la bancada oficialista, y allí se discutirán los cambios propuestos. «Lo que sea necesario aclarar se aclarará para evitar cualquier suspicacia que pueda esconderse atrás de alguna interpretación de las normas. La ley no tiene un gato encerrado», defendió Asti.

Fuente: LA DIARIA. www.ladiaria.com.uy

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