En el marco de dicha instancia orgánica se abordará: informe de gestión del Gobierno Departamental; informe sobre el desarrollo de trabajo de la fuerza política e informe y balance sobre la actividad de la bancada del FA en la Junta Departamental.

Además, centralmente, se recibirá al economista, Pedro Buonomo – Presidente de la Comisión interministerial por el Puerto de Aguas Profundas – arquitecta, Raquel Lejtrejer – Subsecretaria MVOTMA – y Pablo Genta, Subsecretario MTOP.

Los citados jerarcas de gobierno expondrán sobre los avances en el proyecto de Puerto de Aguas Profundas en el Departamento.

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El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo «no entender» cabalmente algunas de las objeciones que han realizado el MPP, el Partido Comunista y el PS, en particular porque «todo lo que está en la ley hoy se puede hacer, aunque no tan eficientemente».

Las críticas en el FA apuntan a excluir la participación de los privados en la construcción de la denominada infraestructura social (escuelas, cárceles y hospitales, por ejemplo), así como negarles la intervención respecto a los «servicios conexos» a las obras que se construyen (servicios de gastronomía y hotelería, entre otros).

También han reclamado que se establezcan plazos para las concesiones y que se exija el control parlamentario para los contratos de mayor monto.

Ayer los jerarcas del Ministerio de Economía dieron su visión sobre el proyecto y se mostraron «receptivos» para que sea aprobado con el mayor respaldo político posible. «Compartimos totalmente los fundamentos de la ley», aseguró Asti. Según el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), tanto Buonomo como Apezteguía «defendieron» el texto, pero dijeron estar dispuestos a analizar las propuestas de cambios que lleguen desde los diputados frenteamplistas para que el proyecto se apruebe rápidamente.

Para Asti algunas de las críticas son «fácilmente subsanables».

El concepto de infraestructura «es claro» para el legislador astorista, y los privados podrían participar en el funcionamiento de cárceles según el alcance que le dé el Ministerio del Interior en los contratos de participación público privada. «En tanto no sean servicios esenciales del Estado -la seguridad obviamente no va a estar en manos de privados-, sí toda la parte de hotelería, brindar la comida, los colchones, las camas, las frazadas y el lavado de éstas. Pero ésas son cosas que hoy también se podrían hacer, ¿por qué no se puede hacer en un proyecto en el cual el repago de la inversión esté condicionado a que eso funcione correctamente?», se preguntó el diputado, quien dijo «no entender la objeción en ese sentido».

No hay gatos Pozzi recordó, por ejemplo, que hoy son los privados los que brindan servicios como seguridad o limpieza en hospitales, y dijo que se «podría discutir» si corresponde que brinden servicios de hotelería en las cárceles, pero de todas formas consideró que «no está en el espíritu de la ley que un privado se vaya a encargar de la enfermería». El diputado dijo que no hay «nada cerrado» y que el Nuevo Espacio todavía no ha tomado una resolución, pero agregó que tras la reunión de ayer «queda claro que nada de lo que la ley dice son cosas que no se hagan hoy».

Respecto a agregar el control parlamentario a los contratos, Asti dijo que a AU le parece «perfecto», aunque no de la forma como reclama el PS. Para el diputado se podría exigir que en las rendiciones de cuentas anuales todos los organismos estatales detallen qué contratos han firmado y entreguen copias de éstos a los parlamentarios. En relación al planteo del Tribunal de Cuentas, que reclamó tener mayor participación en el control de los contratos de participación público privada, Asti reiteró que las intervenciones del organismo «se van a seguir realizando exactamente como hoy, antes de la firma del contrato».

Asti fue tajante al rechazar las críticas planteadas por el PCU: «No hay ninguna transferencia del patrimonio público, no se está vendiendo el patrimonio de las empresas públicas. No vemos las observaciones respecto a la eventual privatización de ningún servicio o bien del Estado. No puede ser ése el motivo de oposición a este proyecto de ley».

El próximo miércoles la dirección de la Vertiente Artiguista tomará una definición sobre el proyecto y un día después todos los sectores del FA intercambiarán sus puntos de vista en el secretariado ejecutivo de la fuerza política, que ayer recibió un informe del director del INAU, Javier Salsamendi. Dentro de 15 días el equipo económico se reunirá con la bancada oficialista, y allí se discutirán los cambios propuestos. «Lo que sea necesario aclarar se aclarará para evitar cualquier suspicacia que pueda esconderse atrás de alguna interpretación de las normas. La ley no tiene un gato encerrado», defendió Asti.

Fuente: LA DIARIA. www.ladiaria.com.uy

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Durante el Foro Económico de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), el Subsecretario Pedro Buonomo hizo referencia a la estrategia del Gobierno en torno a la promoción de inversiones. Afirmó que Uruguay viene de 40 años con niveles muy bajos de inversión, en comparación con países más pobres, por lo que este tema se configuró como uno de los principales aspectos que trató el Gobierno de Tabaré Vázquez.

Buonomo recordó que la política de promoción de inversiones que existe en nuestro país, se desarrolló a través de la reglamentación de Ley de Promoción de Inversiones. En ese marco se buscó desarrollar políticas de foco, brindando beneficios a los proyectos que estaban en línea con la política llevada adelante por el Gobierno. Por tanto, se ponderaba emprendimientos que aportaban en áreas como empleo, exportaciones, tecnología, medio ambiente, incremento del valor agrado y con componentes de desarrollo regional y equilibrio internacional.

Durante el quinquenio 2005-2009, las inversiones registraron un crecimiento importante, a pesar de la caída de la inversión internacional a raíz la crisis financiera. De todos modos, la inversión extranjera directa también tuvo un incremento sustantivo, ubicando a Uruguay en un lugar favorable respecto al resto de los países de América Latina. En este contexto, la inversión pública tuvo un rol protagónico y dinámico, demostrando la importancia y beneficio de una política de inversión activa.

Entre 2008 y 2009 los proyectos promovidos y presentados mostraron un crecimiento significativo. El 54% se trataba de proyectos industriales, mientras que el 30% correspondió al comercio y servicios, 9% a la agroindustria y 7% respondía a proyectos de turismo.

Sin embargo, Buonomo aclaró que si bien la política de promoción de inversiones continúa en vigencia, Uruguay necesita continuar por el camino del crecimiento. Para ello, se deberá adecuar el sistema de promoción de inversiones a esta nueva realidad. El jerarca del MEF anunció que a la brevedad se presentará un proyecto que promueve cambios en el enfoque de la promoción de inversiones.

Nuevos objetivos de la promoción de inversiones

El Subsecretario de Economía explicó que en 2005 la desocupación rondaba el 13% y el objetivo de política económica del Gobierno atendía al empleo. Hoy, con una tasa de empleo cercana al 7%, esta variable no sería la prioritaria, pero sí se apuntaría a la generación de empleo de calidad. Por tanto, los nuevos objetivos de política económica (y que se traslada a la promoción de inversiones) serían la atención de la masa salarial, compatibilizando empleo con salario y premiando el empleo de calidad.

Del mismo modo, la descentralización que fue un tema fundamental en el pasado período de gobierno se atendería a través de un nuevo perfil, apuntando a las zonas más carenciadas del interior del país y dejando de lado la dualidad Montevideo-Interior.

Además, se estudiará la incorporación de grandes emprendimientos con voluntad de instalarse en nuestro país y que, al mismo tiempo, tocan temas como infraestructura, logística, empleo. En este aspecto, se analizará el rol del Gobierno y se instará a facilitar las negociaciones.

En cuanto a las exportaciones, que registraron un aumento significativo en el período anterior, se pondrá el énfasis en la incorporación de valor agregado y en la inclusión de nuevas cadenas de valor.

Uruguay invierte para que se invierta en Uruguay

«Uruguay está en posición de un desarrollo relativo en materia de infraestructura», sostuvo el Subsecretario Pedro Buonomo y afirmó que se necesita mayor inversión en esta área, para que no se convierta en el cuello de botella que frene el desarrollo del país. «Se precisa una infraestructura acorde a los objetivos planteados». En tal sentido, la asociación público-privada se presenta como el elemento ideal para financiar proyectos de infraestructura que permitan cumplir con los requerimientos en la materia. Las ventajas de una asociación radican en el traslado de riesgos al sector privado y la mejora de la eficiencia en la gestión del proyecto, mientras que se potencia la capacidad presupuestal y permite apalancar financieramente los proyectos.

A su vez, destacó que el marco normativo vigente del Uruguay permite llevar adelante un ambicioso proceso de promoción de inversiones, pero desde el Gobierno se opta por el camino de una ley específica que cree esta figura de asociación público-privada, brindándole garantías a los privados y permitiéndole al Uruguay competir en forma ventajosa para atraer capitales privados interesados en invertir en infraestructura.

Esta ley también incorporaría nuevas atribuciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como agencia de promoción de inversiones.

Entre los proyectos de infraestructura que se deberán concebir atienden al transporte, red vial, puerto de aguas profundas, infraestructura productiva, energética, telecomunicaciones, cambio climático, represas, turismo, escuelas, hospitales, cárceles y vivienda.

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