La iniciativa presentada el 6 de abril fue derivada a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes.

En la exposición de motivos, Echeverría y Radiccioni manifiestan que “la Ley Nº 19.175, de 20 de diciembre de 2013, que tiene como nombre ‘Declaración de interés general. Conservación, investigación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos y ecosistemas’, reguló en forma integral los recursos y la actividad sobre recursos hidrobiológicos, entre otras, a la pesca.”

Expresan que “existen previsiones específicas que conceptualizan a las distintas especies del género actividad pesquera. En ese sentido, en el artículo 8º se definió a la pesca artesanal -en una de sus variantes- asociándola a las características de la embarcación, tomando como referencia el peso de la unidad ‘registro bruto’, además de usar las artes de pesca.”

Asimismo, “los pescadores artesanales de varias zonas del país, plantean dificultades en la utilización de la unidad tonelaje bruto para que se admita a la embarcación como idónea para dicha actividad, cuando en derecho comparado se ha sustituido esa calificación por la longitud, lo que introduce criterios más objetivos frente a la autoridad competente y a las características de las nuevas embarcaciones.”

Por tal razón, “se propone la modificación del inciso primero del literal A) del artículo 8º de la Ley Nº 19.175, cambiando la referencia de diez toneladas de registro bruto como máximo por una eslora que no sea superior a cuarenta y cinco pies (que representan unos 13,71 metros), siendo un promedio aceptable si se compara las regulaciones de otros Estados que desarrollan la actividad.”

Dicho cambio, “promueve el desarrollo de la actividad de los pescadores artesanales y, por consiguiente, el trabajo de las familias que se dedican a esa actividad, que le han dado identidad a muchas zonas del país y que también enfrentan la competencia por la importación de productos pesqueros así como de operadores de mayor escala.”

Además, “facilitaría la proyección y adquisición de nuevas embarcaciones con ese destino, simplificando la operación de calificación por una medición de la longitud, sin alterar al sistema hidrobiológico por el cambio de esta variable en comparación con otros actores de mayor porte.

Por otra parte, “en el artículo 36 del texto vigente se impone la prohibición de realizar cualquier negocio jurídico que involucre permisos, concesiones y/o autorizaciones, cuya infracción determina la nulidad y las máximas sanciones que prevé dicha ley. En cambio, si la actividad es desarrollada por una sociedad comercial, el cambio de capital social o accionario no incide en los permisos otorgados. La previsión introduce una excepción a la prohibición en caso de transferencia por causa de muerte del titular. Además, declara la inembargabilidad de los permisos”.

Echeverría y Raddicioni consideran que “dicha disposición fue objeto de distintas visiones en su tratamiento legislativo y merece ser reconsiderado, tanto por aspectos jurídicos como por la limitación, introduciendo una flexibilización en la transferencia en el caso de los permisos de pesca artesanal que están vinculados con la embarcación, suprimiendo las rigurosas sanciones de la previsión actual.”

Los legisladores del PN estiman que “la rígida regulación actual, ha llevado a que exista un número importante de pescadores artesanales que, al no poder transferir los permisos, las embarcaciones pierden valor y terminan con afectaciones o abandonadas, de un grupo que en muchos casos tiene una vulnerabilidad económica y social. En cambio, las sociedades comerciales, pueden cambiar la titularidad de la participación social, sin que se altere el régimen de permisos por ser el mismo sujeto de derecho.”

En la pesca artesanal, “la titularidad mayoritaria corresponde a personas físicas, sin beneficiarse por esa previsión.”

Limitantes temporales

Por ello, “la modificación propuesta procura eliminar esos obstáculos, introduciendo limitantes temporales y cuantitativos para la transferencia de los permisos de pesca artesanales, logrando un equilibrio, para que se evite la especulación pero sin desconocer la realidad económica de un sector que hace de la pesca su medio de vida.

Agregan que “la transferencia del permiso estará condicionada a un plazo del titular originario y que no registre sanciones económicas por la actividad, sin otorgar mayores derechos al nuevo beneficiario. Asimismo, se prevé que quien transfiere no pueda recibir -temporalmente- nuevos permisos salvo las renovaciones de los que ya sea titular.”

Puntualizan que “la unidad productiva pesquera artesanal no se limita a la embarcación y a su personal, sino que debe contar con el correspondiente permiso, sin el cual no puede desarrollarse. La propuesta pretende la preservación de unidades productivas, evitando la destrucción de embarcaciones por no poder desarrollar la actividad y garantizar la libertad de su anterior titular de no seguir explotándola por distintas situaciones de la vida.”

Situaciones de concurso

Asimismo, “con la anterior finalidad y ante situaciones de crisis de la actividad empresarial, se proyectan modificaciones que contemplen las situaciones de concursos reguladas en la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2018, de forma de mantener la unidad productiva y, consiguientemente, preservar -en lo posible- las fuentes laborales. El régimen de las autorizaciones, concesiones y/o permisos, de empresas que atraviesan un proceso concursal, ha dificultado el mantenimiento de esas unidades productivas, situación que debe ser subsanada en vía legislativa.”

También –sostienen Echeverría y Raddicioni- “se mantiene la solución vigente sobre la transferencia por causa de muerte de las autorizaciones, concesiones y/o permisos, extendiéndola también a casos de ausencia, que en actividades riesgosas como la pesquera no es ajena a la realidad. Además, se prevé situaciones transitorias mientras los causahabientes tramitan judicialmente la sucesión o declaración de ausencia, de forma de no interrumpir la actividad, más aún en una situación de necesidad.”

Por otra parte, “en concordancia con las modificaciones propuestas, se proyectan cambios en la definición de armador artesanal en función con la longitud de la embarcación y se agrega como acto inscribible en el Registro General de Pesca y Acuicultura la transferencia de autorizaciones, concesiones y/o permisos, para lograr la debida publicidad y contralor.”

En suma, resumen, “este proyecto de ley, tiene por finalidad la de reconocer y promover la actividad pesquera, principalmente de unidades productivas artesanales que son sostén de muchas familias y en varios casos vinculados a sectores vulnerables. Compete al Poder Legislativo dictar leyes que fomenten la industria (artículo 85 numeral 3 de la Constitución de la República) así como la protección en el goce del trabajo (artículo 7º de la Constitución), lo que se pretende materializar con esta modificación legislativa.”

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La Cámara de Diputados -por unanimidad- aprobó el proyecto de ley relativo a “Reserva de mercado estatal de bienes y servicios alimenticios ala producción agropecuaria familiar y pesca artesanal”.

Ello en un año muy especial: la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.

¿Por qué dicha celebración?

Porque la Agricultura Familiar es una solución al hambre y la pobreza rural en América Latina y el Caribe, reduciendo la inseguridad alimentaria y propiciando el cuidado de la biodiversidad y el manejo sostenible delos recursos naturales.

Porque es una forma de organizar la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la acuacultura y el pastoreo, administrada y operada por una familia y que depende predominantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como de hombres.

Deseo realizar una mención a un material de divulgación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que en 10 puntos sintetiza el valor económico, ecológico, social y cultural de la agricultura familiar:

1- genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola;

2- provee entre el 27 y el 67% del total de la producción alimentaria;

3- fomenta la equidad de género;

4- representa más del 80% de las explotaciones agrícolas;

5- contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios;

6- permite el arraigo de las familias al medio rural;

7- crea redes de protección social;

8- favorece la preservación de especies vegetales y animales;

9- potencia la creación de polos de desarrollo económico y redes de comercialización;

10- contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Es importante resaltar el rol de los parlamentarios integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe que surgió en 2009 – del cual Uruguay forma parte- como una respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo la incidencia en la construcción de marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre. La región ha experimentado un importante proceso de institucionalización y desarrollo de políticas públicas referida a esta temática.

En el mismo sentido, también es digno de resaltar la aprobación por parte del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), de la ley marco de derecho ala alimentación, seguridad y soberanía alimentaria y la ley marco de alimentación escolar que se constituyen en un referente para reforzar la inclusión de este derecho en las legislaciones nacionales de los países de la región.

Con respecto a Uruguay, compartimos el informe elevado por el Poder Ejecutivo. Uruguay presenta un claro proceso de centralización y urbanización de la población. Según el último censo de 2011, la población total alcanza los 3.286.314 habitantes, de los cuales sólo 175.613 viven en el medio rural, representando el 5,34% del total. Para intentar revertir esta situación, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se han venido realizando distintos esfuerzos. Existen importantes antecedentes como el Programa Uruguay Rural, el Programa Ganadero y Proyecto Producción Responsable, y la creación de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) en el año 2008, intentado con distintas herramientas cambiar esta realidad.

En Uruguay, según los datos del Registro de Productores Familiares de la DGDR (MGAP), existen 21.421 registros, lo que involucra unas 67.073 personas. De este total de establecimientos familiares la gran mayoría están especializados en ganadería de carne y lana (57,5%), el 17,9% se especializan en el rubro hortícola, un 13,2% son lecheros, un 2,5%se dedican a la cría de cerdos y aves y un

4,1 % en Fruti y Horticultura.

¿Cuál es la importancia del proyecto de ley que hoy aprobamos en el pleno de nuestra Cámara de Diputados?

Crea un régimen de compras estatales de bienes alimenticios provenientes de productores familiares agropecuarios y pescadores artesanales.

Su objetivo:

Mejorar los precios que recibe la producción familiar por su producción, ya que en muchos casos la intermediación en la comercialización se lleva gran parte del margen.

Apoyar a contrarrestar la concentración de la tierra.

Apoyar a contrarrestar la emigración campo-ciudad con la concerniente pérdida de mano de obra calificada.

Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del país.

Posibilitar una mejor planificación de la producción, sobre todo en algunos rubros, como el hortícola, en el que muchas veces se planea la producción teniendo en cuenta lo que se pagó de buena manera el año anterior, sin saber con certeza que va a suceder en el siguiente período.

Desde la responsabilidad del Estado, con la aplicación de la presente ley, se podría alcanzar mejores precios, ya que como es conocido, la excesiva centralización de las compras puede hacer que un producto recorra innecesariamente muchos kilómetros y haga aumentar su precio final.

Para concluir, nos sentimos muy felices de aprobar un muy buen proyecto de ley que contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de nuestros productores familiares que redundará en un beneficio general a toda la sociedad. El mismo pasa a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva.

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Mujeres que pescan o trabajan en las tareas relacionadas directamente con la pesca, en los ríos Negro, Uruguay, Laguna de Rocha, Río de la Plata, Océano Atlántico, Laguna Merin y ríos del Departamentos de Treinta y Tres, etc., se reunieron los días 17 y 18 de Julio de 2010 en el Campus Municipal de la Ciudad de Maldonado, Uruguay.

Este II Encuentro estuvo co- organizado por el INDRA (Fundación Instituto del Río Negro), en el marco del proyecto “Equidad de Género en la Cuenca Media del Río Negro”, con el apoyo del Banco de Previsión Social  que premió este proyecto, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia Municipal de Maldonado y REPEM.

Participaron también  del encuentro,  autoridades públicas: DINARA Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, del Ministerio de Salud Publica- Área de la Mujer, del Proyecto Desarrollo Regional de Oficina Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República,  organizaciones de la sociedad civil que tratan esta temática y que están relacionadas con las realidades de las mujeres en la pesca artesanal. Todas las instituciones quienes informaron e intercambiaron con las mujeres sobre los servicios de estas instituciones a las mujeres pescadoras.

Las participantes retomaron los temas del año anterior definieron áreas prioritarias para continuar trabando en ellas, así como presentaron sus logros, avances y reflexionaron sobre las relaciones de género en la pesca artesanal con la guía del experto Dr. Carlo Güida.

La doctora Claudia Sánchez de INDRA coordinó este Encuentro. Rosario de los Santos por REPEM acompañó metodológicamente el trabajo, junto al Instituto de las Mujeres.

Desde ya esperamos el !!! Encuentro!!!

Iliana Pereyra Sarti.

REPEM.

Fuente: Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM). www.repem.org.uy

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