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Este fin de semana tomamos conocimiento de la existencia de una denuncia referida al uso de una picana por parte de agentes policiales, torturando a un ciudadano que estaba en el piso y esposado.

El Partido Socialista de Uruguay expresa su más absoluta condena a este hecho y su alarma y preocupación por las múltiples y graves situaciones de abuso policial.

Hemos denunciado y repudiado este tipo de hechos en cualquier gobierno. El actual, con sus señales recurrentes hacia las fuerzas de seguridad y con las normas de talante represivo y autoritario que promueve, barriendo con garantías ciudadanas, es directamente responsable de la multiplicación y agravamiento de esta clase de situaciones.

Las recientes declaraciones del Ministro del Interior y del Jefe de Policía nos llevan a plantear y promover en todos los ámbitos las acciones pertinentes para exigir responsabilidad política por esta situación, en el entendido de que este camino debe detenerse ya, antes de lamentar peores consecuencias.

Nuestra memoria y nuestro compromiso democrático nos mueven a decir con contundencia NUNCA MÁS VIOLENCIA POR PARTE DEL ESTADO, NUNCA MÁS TORTURA EN URUGUAY.

27 de julio de 2020.

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ARTICULO 1º.- Sustitúyase el artículo 88 de la ley Nº 19.315, de 18 de Febrero de 2015, por el siguiente:

Artículo 88

(Retención de haberes).- Cuando un policía sea procesado por cualquier motivo, deberá disponerse en forma preceptiva la instrucción de sumario administrativo.

Si el procesamiento fuera con prisión preventiva o con aplicación de penas alternativas, deberá disponerse la retención de la mitad de los haberes, mientras dure la reclusión o la medida alternativa dispuesta por la Justicia.

En los casos en que el procesamiento con prisión preventiva o con aplicación de penas alternativas haya sido por un delito que haya ocurrido a consecuencia del desempeño de la función presumiéndose el cumplimiento de la ley, el Ministro del Interior por resolución fundada podrá disponer la no aplicación de retención de haberes mencionada en el inciso anterior.

Adrián Peña.

Representante por Canelones.

Exposición de Motivos

El presente Proyecto de Ley se orienta a adecuar la normativa y a un tema de igualdad y justicia como se detallará.

En el régimen general para todos los funcionarios públicos, se establece que en caso de ser sometidos a un sumario administrativo la retención de haberes será de medios sueldos.

Así el decreto 500/991sobre el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO APLICABLE AL FUNCIONARIO PÙBLICO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, en su artículo 187, establece que:

“La suspensión preventiva en el desempeño del cargo de los funcionarios sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la información constituyan falta grave. Deberá decretarse con la resolución que ordena el sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios sueldos correspondientes.”

Es decir que para los casos de falta grave, el sumario se decreta con la retención de “medios sueldos”.

No obstante, en la normativa del art. 88 de la ley Nº 19.315, se establece un régimen distinto y mucho más gravoso, por cuanto se dispone la “Retención total de haberes”.

Tal situación crea, por un lado un desequilibrio y desigualdad injustificada entre funcionarios públicos.

En efecto, la norma vulneraría el principio constitucional de igualdad ante la ley (artículo 33 de la Constitución Nacional) por cuanto se trataría de manera desigual a los funcionarios públicos, en caso de que fueran funcionarios policiales o cuando pertenecieran a otra dependencia u otro inciso de la administración pública.

“Igualdad ente la ley significa igual trato en condiciones iguales, y resultaría contrario a ese principio aplicar una misma medida en condiciones diferentes”. Es exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones similares.

El otro elemento importantísimo, es como afecta esta medida de retención de haberes, no solo al imputado, sino normalmente a su núcleo familiar, quien es injustamente perjudicado y castigado por esta situación.

Normalmente el funcionario policial tiene constituida una familia, donde suelen existir menores, y ese núcleo familiar habitualmente depende económicamente de los ingresos y haberes que percibe el funcionario policial. El hecho de la retención de los medios sueldos, de por sí implica un serio problema para la manutención de esa familia, pero el tema se dispara a un nivel gravísimo si la retención es total de los haberes, como lo establece la norma en cuestión, de la ley orgánica policial. Es en muchos casos, dejar prácticamente sin ingresos y sin poder de manutención, a toda una familia que no es responsable por la conducta del sumariado.

Es por todo lo expuesto que se entiende, oportuno, conveniente y de justicia, uniformizar esta temática estableciendo que los funcionarios policiales tengan el mismo régimen de retención de haberes que el resto de los funcionarios públicos, para el caso de sumarios por hechos de faltas graves, y por ende la retención de haberes sea solo hasta la mitad de los mismos y no por la totalidad.

Adrián Peña.

Representante por Canelones.

Fuente Imagen: www.freepik.es 

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El abordaje integral de seguridad y políticas sociales aplicado con el Plan 7 Zonas ha dado un descenso en rapiñas, homicidios, lesiones y violencia doméstica en cada una de las zonas donde se está aplicando.

Si se habla de tecnología, hay que destacar la inclusión de 1.200 nuevos vehículos policiales.

Entre ellos los “patrulleros inteligentes”, que disponen al momento de información de matrículas de vehículos, los aparatos que miden la huella dactilar y al momento indican si la persona está requerida o no o si tiene antecedentes penales.  Además se están sustituyendo los viejos revólveres calibre 38 por pistolas Glock y H&K 9mm, antes solo usadas por oficiales. En tanto que Policía Técnica dejó atrás una carencia histórica y ha incorporado tecnología de última generación.

En el sistema carcelario también se dejaron atrás carencias históricas. El fin del hacinamiento a fines de 2014 es una de ellas. Más del 60% de los reclusos estudia o trabaja o las dos cosas, en otro hecho histórico.

En estos dos períodos de gobierno del Frente Amplio  se construyeron 6.400 plazas carcelarias. De ellas 2.000 suplieron a las “latas” del Penal de Libertad, de la época del Gobierno de Jorge Batlle, cuando se dijo que eran de acero y en realidad eran de chapa y como tal se abrían con un abrelatas. La reincidencia bajó de un 71% hace cinco años al 52%.

Además Uruguay tiene la mayor tasa de presos por habitante de América Latina, lo que demuestra el buen funcionamiento policial, que no solo detiene sino que logra aportar las  pruebas necesarias a la Justicia.

En cuanto a la  incorporación de funcionarios a la institución policial solo en el área metropolitana hay 1.700 policías más y 2.000 en todo el país. La Guardia Republicana, a la que en este período se le dio carácter nacional, pasó de 800 a 1.500 efectivos. En lo que refiere a los sueldos de los funcionarios policiales estos han tenido un incremento de un 460% en nueve años.

Novedades en seguridad a corto plazo

Según indicaron a LA REPÚBLICA fuentes del  Ministerio del Interior, en los próximos meses se incorporará una alarma a los POS que se usan para pasar la tarjeta magnética cuyo uso se ha multiplicado a partir de la Ley de Inclusión Financiera, de forma que ante cualquier hecho delictivo se recibirá una señal georreferenciada en el Comando de Control.

Otra novedad es la aplicación de una alerta móvil para personas con discapacidad desde un celular. El plan piloto comenzará a aplicarse con un grupo especial de gente con discapacidad auditiva. Paralelamente antes de fin de año en Soriano se inaugurará 1a primera cárcel con sistema  de control automatizado. “Esto va a revolucionar el sistema, porque ya no se necesitará por ejemplo la guardia perimetral en la que se destinan muchos recursos humanos”, apuntaron las fuentes. También se usarán tobilleras para todos los reclusos con salidas transitorias.

Y antes de fin de año comenzarán a usarse los drones “Colibrí”, ese símil de un pequeño helicóptero que se maneja a distancia y que admite imágenes recibidas en el Comando de Control. “Ya se está al fin de la etapa de capacitación de quienes los van a manejar”, contaron las fuentes consultadas.

Fuente:

Contenido e Imagen: republica.com.uy

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De acuerdo  a lo publicado por con UNICOM, el titular de la unidad, William García dijo que «este año tuvimos la suerte de contar con el Laboratorio de Registro y Huella Genética, la incorporación del software del CODIS al los efectos del estudio del ADN, y posteriormente en el laboratorio balístico de ésta Dirección se incorporó un software llamado de Evofinder, con una estación de trabajo para los procedimientos que se efectúan en dicho laboratorio, comparación de vainas y proyectiles que hasta el momento han dado buen resultado».

García explicó que a las tecnologías recientemente agregadas se sumarán otras complementarias: «en lo que refiere a huellas genéticas, vamos a contar próximamente con los elementos de mantenimiento del mismo situación que le trae aparejado al Ministerio del Interior un insumo importante de dinero.

En balística, vamos a recibir dos estaciones nuevas de trabajo que por un lado nos va a implicar más personal y por otro va a implicar más celeridad a la hora de realizar las pericias que se nos requieran».

Las estaciones son lugares de trabajo donde el perito, que es en definitiva el que termina realizando el trabajo porque el software proporciona herramientas fundamentales «pero el perito es el que realiza el análisis comparativo, dos estaciones de trabajo nos daría, para todos los hechos anteriores que están pendientes y para incorporarle al software todo lo que va ingresando a la Dirección, significaría aumentar el caudal de trabajo y poder responder a las pericias que se requieran con mayor celeridad» indicó el jerarca.

Fuente: Uypress.net

Imagen: blog.movistar.com.gt

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La actividad se enmarca dentro del proyecto «Apoyo a las respuestas sobre violencia basada en género», que cuenta con el apoyo del Fondo de Población y Desarrollo de Naciones Unidas UNFPA, y consiste básicamente en formar funcionarios policiales de diferentes Unidades Ejecutoras que serán quienes capaciten posteriormente al personal policial.

En este marco la Escuela Nacional de Policía se encuentra abocada a profundizar el proceso de formación de los Oficiales y Sub-alternos en este tema y está trabajando en el diseño de una tecnicatura de especialización en Violencia Doméstica y Género que se integre de forma permanente a los Planes de Estudio.

Este curso se enmarca dentro de la primera etapa del proceso de implementación de esta tecnicatura, y ha consistido en la formación de 30 funcionarios/as policiales especialmente seleccionados, para desempeñarse como futuros capacitadotes en el tema Violencia Doméstica y de Género.

El curso ha sido brindado por la Lic. Sonia Recinos del Cid, consultora permanente del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ILANUD, y ha tenido una metodología de 40 horas semanales durante toda esta semana (del 9 al 13 de noviembre).

En el día de mañana, viernes 13 de noviembre, se realizará el cierre de este seminario. La cita es para la hora 17, en la Escuela Nacional de Policía, Camino Maldonado 1952.

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Transcribimos textualmente el Comunicado.

“A la opinión publica:

A.S.PO.CA se dirige a la ciudadanía en general, quienes en definitiva son los destinatarios de todos los servicios policiales, exponiendo nuestro punto de vista desde la perspectiva laboral y sindical sobre los hechos luctuosos que motivaron el homicidio de nuestro compañero de la Dirección nacional de Información e Inteligencia el Agte. Mario Morena el pasado 31 de Octubre.

Este sindicato ha exigido al Ministerio del Interior mediante expte. 13661/08 la entrega de chalecos antibala en cantidad y calidad suficiente para los policías de este departamento, pero por supuesto la misma solicitud se hacia natural e intrínsicamente extensiva a todas las Unidades Ejecutoras (UUEE) de esa cartera de estado.

El pasado 31 de octubre nos vimos sorprendidos y acongojados por la noticia de la muerte de un compañero en ocasión del servicio que desempeñaba, y el mismo, al decir de sus compañeros de Inteligencia, ya que la información oficial al respecto no es clara, no llevaba puesto chaleco antibalas.

Nos preguntamos entonces ¿los responsables jerárquicos del personal que concurrió al domicilio de quien ocultaba un arsenal de guerra, habrán tomado las precauciones de seguridad suficientes para con su personal? Aparentemente no, porque parece al menos “inocente” por parte de sus superiores, enviar a tres policías a citar a una persona en cuya casa se encontraron mas de 300 armas de guerra, como si se tratara de una citación de rutina, es decir sin evaluar la potencial peligrosidad de una persona evidentemente vinculada con el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades, hecho que quedó en evidencia desde el momento mismo en que se descubrió el arsenal en la ciudad de Montevideo.

¿Por qué el policía caído no fue comisionado a realizar lo que a la postre seria su ultima tarea con chaleco antibalas, como mínimo e indispensable elemento de seguridad, además de otras medidas complementarias que se podrían haber adoptado, las cuales corresponde instrumentar a los mandos superiores dado la formación en seguridad que estos reciben a lo largo de su carrera?

Es cierto que con el diario del lunes bajo el brazo es fácil hablar de lo que se podía haber hecho, y no se trata con este comunicado de buscar a toda costa “cabezas de turco” responsables de estos hechos, pero evidentemente algún responsable tiene que haber.

No se puede concurrir a citar al propietario de un arsenal de guerra como quien va a citar en determinada comisaría cada pocos días a la vecina “conventillera” del barrio, que a menudo tiene problemas con sus vecinos.

Si el compañero fallecido no llevaba chaleco antibalas porque no se lo puso por voluntad propia (lo que en ocasiones sucede) tiene parte de responsabilidad en su propia muerte, pero compartida, porque quienes tienen que controlar el uso de los implementos de seguridad (oficiales y personal jerárquico) evidentemente no lo hicieron y hoy estamos lamentando una vida y una familia que queda destruida.

A menudo algunos representantes del personal superior policial que tienen el cometido de controlar el servicio, los operativos y la seguridad de los efectivos, se muestran mas preocupados por ejemplo porque los policías lleven puesta su boina que por las condiciones de seguridad, higiene y salubridad en que estos efectivos desempeñan sus tareas. La “imagen de la institución” a la que repetidamente aluden, privilegiando a veces dicha “imagen” por sobre el contenido sustancial de nuestra arriesgada tarea.

En cambio si el compañero no llevaba puesto chaleco porque no se lo habían proporcionado, entonces la negligencia es total y la responsabilidad de sus superiores cae por su propio peso.

Lo dicho, no se trata de buscar culpables a diestra y siniestra, mas bien se trata de un hecho lamentable al que todos los policías estamos expuestos, pero en este caso, creemos que se podían haber tomado otras medidas precautorias, que quizás hubieran evitado o minimizado el daño irreparable sufrido”.

Atentamente por A.S.PO.CA.- FE.NA.SI.P- PIT CNT

Ariel Fernández.

Sec. Gral.

A.S.PO.CA

Asociación Sindical de Policías de Canelones

Personería Jurídica (En Tramite)

Garibaldi 560 y Batlle y Ordóñez, Las Piedras, Canelones

Teléfono 094772840  096117845  Mail aspoca@adinet.com.uy

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Este viernes un ciudadano croata con pasaporte serbio fue procesado con prisión por estar involucrado en la incautación de droga y la Policía maneja datos que hacen sospechar de que en altamar, en una zona cercana o quizá en aguas territoriales, hay un gran buque cargado de droga.

Según publica el diario El Observador, esta sería una “nave nodriza” a la que supuestamente el yate iba a descargar la cocaína con destino a Europa. Según se relató es un método utilizado por los narcotraficantes que consiste en tener diferentes naves cargadas con droga que luego van hacia un carguero.

La mafia serbia tiene fuerte presencia en Argentina. En Uruguay existe preocupación porque no sería la primera vez que mafiosos serbios aparecen vinculados con intentos de tomar represalias, incluso contra policías antinarcóticos.

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El CCU comenzará a funcionar a fines de la presente semana desde el nuevo local ubicado frente a la sede del Ministerio del Interior.

Se trata de un complejo sistema de cámaras instaladas en lugares estratégicos de la ciudad que reciben en tiempo real lo registrado en estos 30 dispositivos visuales.

Este equipamiento de alta tecnología fue adquirido desde la empresa ZTE Corporation de China, firma especializada a la alta tecnología en materia de seguridad pública.

Se aseguró desde el Ministerio del Interior que algunas de esta cámaras ya están operativas, como por ejemplo las instaladas en el estadio Centenario, en tanto las restantes se están instalando en diversos puntos claves de Montevideo que, por razones de seguridad, no se han especificado.

Los equipos de filmación se colocarán en 12 establecimientos de reclusión del Uruguay.

El CCU, una vez se complete el proceso de instalación de todo el equipo se unificará las llamadas de emergencia al 911 derivando en forma directa a la unidad correspondiente el pedido de auxilio en cualquier parte del territorio uruguayo.

También incluirá un sistema de control migratorio el que se entiende imprescindible para un prolijo control de las personas que entran y salen del Uruguay por cualquier paso fronterizo.

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