La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicitó información a la Presidencia de la República y al Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre los decretos del 31 de diciembre de 2012 (que estableció un régimen especial para que los actuales canales privados accedan directamente a frecuencias en la televisión digital) y del 23 de enero, que suspendió sin plazo el llamado a interesados en explotar el servicio de televisión digital abierta en el sector comercial.

El organismo lo hizo luego de tramitar una denuncia presentada por la Coalición por una Comunicación Democrática por la presunta violación de los estándares de diversidad, pluralismo y libertad de expresión establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la solicitud, la Institución describió la situación planteada a partir de la aprobación de los decretos aprobados entre diciembre y enero por el Poder Ejecutivo y solicitó información acerca del respeto de los derechos en juego.

En su parte dispositiva la INDDHH solicitó a la Presidencia y el MIEM: «(Informes) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Estado uruguayo a los efectos de cumplir estrictamente las obligaciones originadas en las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificadas por la República, sus estándares y principios generales, al momento de regular el tema objeto de esta denuncia», la Presidencia de la República y el MIEM tienen 10 días corridos para contestar el pedido de informes y la denuncia remitidos por la INDDHH.

La Coalición considera como un hecho muy importante que la Institución Nacional de Derechos Humanos se ocupe por primera vez de un tema clave para la democracia y la comunicación, desde un enfoque de derechos.

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