Estos talleres han sido coordinados, de manera urgente, en respuesta a los últimos incidentes que se han producido en nuestras cárceles, en los que fallecieron siete internos debido a la inhalación de gases letales producidos por la quema de colchones.

El primer taller será dictado en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez este jueves a las 8.30 horas. Posteriormente, en la misma jornada, se brindará una segunda charla a las 10 horas .

En tanto, en el establecimiento de reclusión de Libertad el curso se dictará el miércoles 20 de enero, en dos turnos: a las 10 y 14 horas respectivamente. Mientras que en el establecimiento de Reclusión de Mujeres de Cabildo, el taller se efectivizará el jueves 28 de enero a las 10 horas.

Las charlas, que tendrán una duración de una hora, serán dictadas por el Comisario de Bomberos Antonio Rodríguez Febrer, especialista en el tema.

El temario a impartir consta de cinco puntos:

• Presentación de la exposición.

• Combustión en espacios confinados.

• Elementos perjudiciales del ambiente, para el ser humano en un incendio.

• Los productos de la combustión en el ser humano.

• Comportamientos correctos en un ambiente de incendio para alargar nuestra expectativa de vida.

Esta actividad ha producido gran interés entre la población privada de libertad; ya se han inscripto más de 120 personas para las charlas en el COMCAR, mientras que una cifra similar se aguarda para los cursos que se dicten en Libertad y Cabildo.

Los medios de comunicación podrán registrar el inicio del primer taller que se dictará este jueves 14 de enero a las 8.30 horas.

Montevideo, 13 de enero de 2010.

UNICOM.

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El asunto fue tratado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado.

«Nos enteramos a través de estas organizaciones tanto comunales o vinculadas a mujeres que estuvieron presas o de grupos que tienen como objetivo la mejoría del medio del hábitat en la zona de proyectos que son muy importantes y que se están por concretar con apoyo de la ciudad de Barcelona», sostuvo el presidente del grupo parlamentario, el senador frenteamplista Eduardo Lorier.

El proyecto es muy ambicioso y tendrá un financiamiento de 230.000 euros que «quizás sea tanto como lo que se piensa refaccionar la zona para crear una cárcel».

Lorier estimó que «son proyectos muy integradores con la zona que es una de las que alberga la mayor cantidad de asentamientos en el Uruguay, una zona altamente desregularizada, con la gente con muchas dificultades, y aquí hay un proyecto que nos sorprendió gratamente porque no sólo tiene que ver con la memoria, con lo que fue Punta Rieles para nuestras compañeras que allí estuvieron detenidas sino también para toda la zona, para todo el barrio, los vecinos, la construcción de una plaza, y de unas vías peatonales».

El legislador comunista se mostró partidario de remitir los conceptos vertidos hacia el Poder Ejecutivo «para que tengan conocimiento y ver si se puede compatibilizar o no con lo que sería una cárcel para mujeres de bajo riesgo, y utilizar esta modernización y arreglos que allí se van a estar haciendo».

Para Lorier, «quizás se puede lograr la armonización de ambos proyectos, quizás no, pero el esfuerzo hay que hacerlo» y «nos pareció buena esta participación, y también tener en cuenta que cuando la gente trabaja, se organiza desde hace tanto tiempo atrás no se puede no consultarla como si fuésemos paracaidistas introduciéndonos en un proyecto que tiene larga data y mucho esfuerzo detrás. Aquí hay que aplicar aquello de convencer y dialogar».

El parlamentario confirmó que estas organizaciones manifestaron reparos a la posibilidad de realojar reclusas en dicha zona».

Las palabras de la versión taquigráfica se enviarán a los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior, y también a la Intendencia Municipal de Montevideo, y se trabajará con la Comisión de Vivienda que está en conocimiento del tema.

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En este sentido,  lo vertido por el Relator Especial contra la Tortura de la ONU Sr. Manfred Nowak, coincide con el diagnóstico realizado por SERPAJ y otras organizaciones de derechos humanos que hacen el seguimiento al sistema carcelario uruguayo.

La actual crisis del sistema es un fenómeno complejo y multicausal que necesita  una solución estructural que incluya reformas indispensables en los ámbitos judicial, legal, administrativo, institucional, presupuestal y de recursos humanos.

En este proceso, creemos fundamental la instrumentación de medidas urgentes que apunten al cese de las graves condiciones de reclusión que existen actualmente en los establecimientos penitenciarios, provocando que la población reclusa sea objeto de violaciones sistémicas a los derechos humanos.

El hacinamiento es sin lugar a dudas, una situación que debe solucionarse inmediatamente por lo cual coincidimos con la propuesta de redistribución de las personas detenidas a otros establecimientos.

Sin embargo, ante algunas alternativas mencionadas por las autoridades, que incluyen al ex Penal de Punta Rieles, expresamos:

Dicho establecimiento fue la emblemática prisión de mujeres (presas políticas) de la dictadura cívico-militar. Punta de Rieles –tal como el Penal de Libertad en el caso de los hombres- fue pensada como lugar de destrucción física y especialmente psíquica de las detenidas.

Al finalizar la dictadura, los/as ex presos/as políticos/as y la sociedad en su conjunto demandaron la eliminación de esos centros de reclusión para recuperarlos como símbolos del terrorismo de estado.

Una forma de consolidar las memorias democráticas es promover la transformación del ex Penal de Punta Rieles como espacio y lugar para la Memoria. El primer paso debería ser transformar el sitio que fue utilizado para la represión, el horror, la tortura, la muerte y la impunidad, en un lugar donde se trabaje y eduque para  la verdad, la justicia y la memoria.

Apelamos a que esta discusión contribuya a la construcción de una política de Estado de carácter integral para el sistema carcelario, expresa SERPAJ en comunicado emitido el miércoles 1º de abril.

Fuente: Agenda Radical.

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Las consideraciones de Garcé fueron efectuadas luego de aclarar el alcance de hechos ocurridos en el centro de Reclusión «Las Rosas» en Maldonado el miércoles 14 de enero, y documentadas en un informe a la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

En torno a las recomendaciones al Ministerio del Interior y a la Jefatura de Policía de Maldonado, Garcé sostuvo que «al momento de la visita, constatamos la presencia de una interna en los calabozos de disciplina y seguridad (sector 6) conjuntamente con internos de sexo masculino. Si bien aquélla no compartía la celda con reclusos, la presencia en un mismo celdario de personas privadas de libertad de distinto sexo contraviene en forma expresa lo dispuesto por el decreto ley 14.470 (artículo 25) y por las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Trato de Personas Privadas de Libertad (regla 8.a)».

El jerarca señaló que «consultadas al respecto las autoridades del establecimiento, explicaron que la permanencia de la interna en el pabellón femenino habría significado un grave riesgo para su integridad física (en virtud de problemas de convivencia con otras reclusas) y que, careciendo de otra alternativa para ubicarla dentro del establecimiento, hasta que se concretara su realojamiento en la cárcel femenina de Montevideo prefirieron destinarla en forma transitoria al sector de calabozos».

Asimismo, señala Garcé, «si bien es de recibo el propósito de la Dirección del Establecimiento de preservar efectivamente la vida y la integridad de la interna, no puede convalidarse la práctica de alojar a internos e internas de distinto sexo en un mismo sector, aun en celdas contiguas».

Por tanto, «en su mérito, he recomendado al Ministerio del Interior la implementación de un mecanismo ágil de resolución y coordinación de los traslados cuando éstos deban realizarse desde órbitas distintas (Dirección Nacional de Cárceles y Jefaturas de Policía Departamentales), especialmente en aquéllas situaciones en las que, como la narrada en el caso, se encuentre en riesgo la vida o la integridad de personas privadas de libertad».

Garcé agregó recomendó a la Jefatura de Policía de Maldonado que, en aquellas ocasiones en que sea imposible o ampliamente riesgosa la permanencia de internos o internas en Las Rosas en forma cautelar se les destine a otras dependencias policiales en el departamento a la espera de la coordinación para el correspondiente traslado hacia otros establecimientos».

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