La iniciativa presentada el pasado 7 de octubre pasó a su estudio a la Comisión de Defensa Nacional del Senado.

Se plantea: Artículo 1º (Objeto). Créase el, en adelante «Registro», con el fin de identificar, clasificar y sancionar Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales administrativamente – sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes- a organizaciones, personas o entidades que representen una amenaza terrorista para el Estado uruguayo y sus ciudadanos.

En su exposición de motivos, los legisladores colorados expresan que “la amenaza del terrorismo transnacional constituye un riesgo creciente para la seguridad nacional, regional e internacional. Si bien Uruguay no ha sido objetivo aún directo de acciones terroristas, la globalización de los flujos financieros, migratorios y tecnológicos ha incrementado su exposición indirecta a organizaciones terroristas que operan en diversas regiones del mundo”.

Este proyecto de ley propone “la creación de un Registro Nacional de Entidades Terroristas lnternacionales, que permita al Estado uruguayo identificar, monitorear y sancionar -en coordinación con agencias internacionales- a organizaciones, personas y entidades asociadas con actividades terroristas. Se toma como referencia las prácticas de países con amplia experiencia en la temática como Canadá, Australia y el Reino Unido, y se incorpora el marco sancionatorio de Naciones Unidas, manteniendo la posibilidad de que Uruguay agregue entidades que, sin estar listadas por la ONU, representen una amenaza para la seguridad nacional o regional.

Prevención de lavado de activos

Asimismo, el proyecto “busca fortalecer las herramientas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la articulación entre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

En este sentido, “la iniciativa se enmarca en las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay como Estado miembro de las Naciones Unidas, en cumplimiento de las resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001) y subsiguientes del Consejo de Seguridad, así como en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILA T). Estos estándares imponen a los Estados la creación de mecanismos internos eficaces para identificar y congelar de manera preventiva activos de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento”.

Los parlamentarios del PC agregan que “la experiencia comparada demuestra la necesidad de dotar a los Estados de registros ágiles y flexibles. Canadá mantiene un listado oficial de entidades terroristas en el marco de su Criminal Code; Australia aplica de forma automática las listas de Naciones Unidas y habilitas designaciones nacionales adicionales; el Reino Unido administra la UK Sanctions List y la lista de organizaciones proscritas; mientras que Argentina creó en 2019 el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”.

“Uruguay debe seguir esta línea, asegurando un instrumento nacional que complemente el marco multilateral. El proyecto se fundamenta también en la necesidad de proteger la integridad del sistema financiero, comercial y migratorio de nuestro país frente a eventuales infiltraciones, y de asegurar que las instituciones obligadas cuenten con información confiable y actualizada para cumplir con sus deberes de prevención. Todo ello bajo un enfoque garantista, que asegure el debido proceso, el derecho de defensa y el control judicial”, manifiesta el argumento del emprendimiento impulsado por Ojeda, Silva y Zubía.

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