Hay unas 15 mil máquinas funcionando, señalan. El gobierno instará a los comerciantes a retirarlas, sin pagar indemnización, dado que fueron instaladas sin autorización.

El proyecto de ley señala que aquellos comerciantes que resistan el retiro de las máquinas serán denunciados ante la Justicia Penal.

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos, Daniel de León, expresó al diario El País que el gobierno quiere entregar a multinacionales las salas de casinos, perjudicando a pequeños comerciantes.

De León admitió que existen casos de menores que juegan en las máquinas, pero advirtió que no se trata de slots vinculados a la gremial de importadores de máquinas electrónicas, Aufoje.

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