La sentencia surge en medio de la polémica con los arrendadores de maquinitas tragamonedas en kioscos, bares, clubes y comercios, ante el proyecto del gobierno de prohibir esta actividad.
Los cuatro dueños de slots fueron procesados por «tenencia y facilitar juegos de azar prohibidos».
En un local se empleaban un mínimo de siete máquinas de azar y en el segundo, un mínimo de ocho. Para preservar la prueba, la Justicia ordenó el relevamiento fotográfico de la Dirección Nacional de Policía Técnica, hecho que se efectivizó.
De acuerdo al proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, el gobierno estima que hay 15.000 maquinitas sin control que recaudan al menos 36 millones de dólares al año.
Se afirma que son «irregulares» porque el monopolio del juego es estatal y considera que no puede controlar el acceso de menores a las mismas.
En tanto, la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje), que reúne a 40 empresarios de ese rubro, regresará al Parlamento el martes 4 de agosto para insistir en ser recibidos por la Comisión de Hacienda del Senado.
El abogado de Aufoje, Gerardo Dibbern, sostuvo que buscarán convencer a los legisladores que la actividad de los miembros de la gremial es legal y que, incluso, tiene el apoyo de Cambadu.
En tanto, el proyecto de ley será analizado este lunes 3 de agosto en la bancada de senadores del FA.

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Los fabricantes y operadores de esas máquinas critican la «intención reguladora», y afirman que en esa actividad trabajan directamente 50.000 familias. Atribuyen la prohibición prevista a intereses «de hacer negociados con empresas de capitales extranjeros», señaló a El Observador el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje), Daniel De León (ver apunte).

Ayer, cuando estaba previsto que comenzara la reunión de Nopitsch con los diputados en una sala del edificio Anexo al Palacio Legislativo, irrumpió una manifestación de Aufoje que protestaban por la postura de Nopitsch y pedían ser recibidos.

La protesta, que incluía un parlante a todo volumen, impedía que los diputados se escucharan entre sí. Por ello terminaron cambiandose de sala para poder continuar con la sesión de la comisión.

Prohibición. Un grupo de legisladores del Frente Amplio envió hace dos meses una minuta de aspiración al Poder Ejecutivo pidiendo la regulación de las máquinas tragamonedas, para romper un vacío legal y habilitarlas, pero limitandolas y controlando su uso.

Sucede que hoy hay más de 15.000 máquinas funcionando en almacenes y bares, pero no pagan ningún tipo de impuestos y no son controladas por el Estado.

Cuando Nopitsch concurrió ayer a la comisión de Hacienda, el diputado convocante Jorge Gandini (Alianza Nacional) le preguntó «si la posición del gobierno es regular la actividad». Y prosiguió: ¿cómo se hace para controlar a 2.000 o 3.000 establecimientos? y ¿cómo se controla que no jueguen menores ni estén (las máquinas) cerca de centros educativos?».

En su respuesta el director de Casinos reiteró lo que había adelantado a El Observador a comienzos de esta semana: «Mi posición es prohibir estas máquinas clandestinas», dijo. Fue en ese marco que adelantó que reflotará un proyecto de ley que el ex ministro Danilo Astori había firmado y nunca se envió al Parlamento.

Tras la argumentación de Nopitsch todos los legisladores oficialistas presentes en la comisión se mostraron partidarios de prohibir la actividad de las maquinitas fuera del circuito legal.

Fuente: Diario El Observador. http://www.observa.com.uy

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