La convocatoria es para la hora 10 en la Antesala de la Cámara de Senadores.

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Compartimos el fundamento el MGAP realizado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes el pasado 4 de julio.

La delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvo integrada por el ministro, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre; el subsecretario, ingeniero agrónomo Enzo Benech; el director general de la Dirección General de Secretaría, doctor Alberto Castelar; la asesora, doctora escribana Cecilia Riera; el director general de Recursos Acuáticos de la Dinara, Daniel Gilardoni; el director general de Servicios Agrícolas, ingeniero agrónomo Federico Montes; el director general de Desarrollo Rural, veterinario José Olascoaga; el director de Comunicaciones, licenciado Juan Andrés Elhordoy; la directora de Recursos Naturales, ingeniera agrónoma Mariana Hill; el subdirector de OPYPA, ingeniero agrónomo Adrián Tambler; el director de Servicios Ganaderos, doctor Eduardo Barre, y el director de Sanidad Animal, doctor Carlos Fuellis.

MINISTRO DE GANADERÍA, AGRIGULTURA Y PESCA.

A continuación, pasaremos a considerar el artículo 93, que tiene un sustitutivo que es bastante distinto al original que les enviamos. Por lo tanto, voy a leer el primer párrafo. Dice así: «Dispónese que las empresas que brindan servicios de aplicación de productos fitosanitarios (plaguicidas) que realicen aplicaciones con equipos pulverizadores mecanizados (aéreos o terrestres), en cultivos agrícolas extensivos (cereales, oleaginosos y/o forrajeros), deberán contar con un Técnico de Referencia Ingeniero Agrónomo, registrado por la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

¿Cuál es el espíritu de esta norma? En la introducción hablamos mucho de la conservación de los suelos y de la implementación de una política moderna en materia de conservación de suelos. Al terminar la introducción, hablamos de la enorme posibilidad que tiene nuestro país de ponerle un segundo piso a la producción con un uso inteligente del agua, ley de riego que está en ciernes. También es cierto que la intensificación sostenible, que es el segundo pilar de nuestra política, requiere tener cada vez mayor control y mayor precisión en las aplicaciones de los agroquímicos que vienen asociados a esa intensificación.

El objetivo del artículo 93 es empezar a instrumentar medidas tendientes a minimizar los riesgos que se derivan de una mayor aplicación de fitosanitarios, sobre todo, por los problemas que pueda haber en el ambiente o en la salud. No se trata solamente de instrumentos vinculados al control de la aplicación de acá en adelante; la política se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. El primer instrumento de política es el registro del producto fitosanitario. Cualquier producto fitosanitario que se registre en el Uruguay debe cumplir con una cantidad de información nacional e internacional proveniente de los distintos países donde esa molécula esté registrada y en qué condiciones está autorizado su uso.

Después de todo un trámite que implica el análisis comparado de qué ocurre con ese producto en esos países y en esos cultivos se realiza la autorización del registro. Esta autorización establece qué nivel de toxicidad puede tener el producto -Grado 1, 2 o 3-, qué dosis se tiene que aplicar y sobre qué cultivos. Ese es el primer nivel de control sobre la aplicación de los agroquímicos.

El segundo nivel tiene que ver con quiénes son los que aplican. Al respecto, hemos enfocado una política de tipo educativo-preventivo que ha apuntado a mejorar la capacitación de quienes realizan la actividad de aplicar. En este momento, estamos a pocas semanas de que se ponga en práctica a nivel comercial la instalación de unos equipos de comunicación permanente que van a estar en todas las máquinas de aplicación terrestre -sean mosquitos o máquinas autopropulsadas- que están registrados en el Ministerio, que nos van a permitir saber en qué lugar está aplicando cada uno de los equipos, en qué condiciones de viento lo está haciendo y qué productos está utilizando.

Uruguay tiene una norma que dice que una empresa de aplicación debe comunicar diariamente que aplicó, qué aplicó y en qué lugar lo hizo. Ahora, si no podemos hacer el control respectivo, esa norma no sirve de nada. Lo que estamos haciendo es establecer una disposición que determina que cada equipo de aplicación tiene una unidad de comunicación.

Este es un equipamiento novedoso que no existe en el mundo; se desarrolló en el Uruguay, y lo que nos ha demorado más fue el proceso de homologación que se ha llevado adelante por parte del LATU. En este momento, tenemos dos empresas que tienen equipamiento patentado y homologado y estamos a la espera de que haya una tercera empresa proveedora para realizar esta reglamentación en el marco de una mínima competencia entre los proveedores. Cumplida esa etapa, vamos a tener los productos registrados, los predios que mediante la regulación del uso de suelos -planes de uso mediante- están identificados con un plan de rotaciones, un equipo que está trasmitiendo si se está realizando una aplicación sobre un área agrícola, también las que se realizan en áreas que no forman parte de los planes de uso y manejo de suelos, y eso nos va a permitir asegurar una mejor fiscalización, porque reitero: podemos tener todas las normas, pero si no tenemos los instrumentos de fiscalización, no podemos controlar si se cumplen.

Para que se entienda gráficamente, esto es como estar en una torre de control y ver en una pantalla dónde están ubicados los aviones. O sea, estamos apuntando a que, en tiempo real, en algunas de las dependencias de la Dirección General de Servicios Agrícolas, sepamos dónde están los distintos aplicadores. Por supuesto que la perfección no existe, pero hoy no tenemos otra cosa que el mecanismo de la denuncia. ¿Cómo opera la Dirección de Servicios Agrícolas? Va a atender una denuncia de un vecino que dice que le aplicaron con viento, que tuvo daño sobre tal o cual cultivo. Hay un lugar claramente definido en la página web del Ministerio para recibir denuncias y nuestro compromiso es responder a cualquier denuncia en menos de 24 horas, pero si no hay denuncia, no estamos ejerciendo ningún tipo de control, es un sistema antiguo. Lo que estamos proponiendo es un sistema que nos permita una gestión moderna de algo tan importante como los agroquímicos, como defensivos agrícolas que son importantes para la competitividad de los procesos productivos que el Uruguay tiene que hacer hoy, pero que deben ser bien manejados, respetando las normas y las condiciones para que los efectos colaterales estén dentro de lo aceptable desde el punto de vista científico.

¿Dónde entran la parte de la responsabilidad del productor y la parte de tener los profesionales vinculados a los productores para hacer nexos, para mejorar la comunicación previa o para mejorar la comunicación posterior frente a un eventual problema? Hoy hablamos de que en la certificación de la cadena ganadera, que se hace mediante el sistema de acreditación, hay más de mil veterinarios privados. En este momento, no estamos planteando arrancar de esa manera; ni siquiera estamos planteando la obligatoriedad de que todos los productores de este país tengan un agrónomo responsable de esa aplicación. Lo que estamos diciendo es que las empresas que se dedican a proveer un servicio de aplicación deben tener un técnico de referencia.

El doctor Federico Montes, director de Servicios Agrícolas, puede tener algo para agregar.

MONTES (Federico).- Con este paso que estamos dando en un tema muy importante para el país como es el uso seguro de agroquímicos, queremos avanzar en la conformación de una plantilla de técnicos referentes tanto para las empresas aplicadoras como para los productores, de manera de irlos integrando a los cursos de capacitación que venimos realizando. Cada año, tendremos unos setecientos u ochocientos participantes en los cursos sobre manejo de agroquímicos, generalmente, dirigidos a los aplicadores, a los que manejan una máquina. Sin embargo, nos hemos ido encontrando con dificultades, a veces, por la evolución de los principios activos y necesitamos tener también una red de profesionales, para poder organizar cursos de capacitación específicos y netamente preventivos para cualquier molécula nueva que pueda salir, a efectos de que en el día de mañana podamos explicar algo referente a ese tema.

Como observarán, ponemos un registro departamental, porque, a veces, nos encontramos con dificultades específicas de un departamento. Eso nos posibilitaría focalizar una problemática y abordarla desde el punto de vista técnico, de capacitación, para poder establecer y fortalecer esto que mencionaba el ministro en cuanto al monitoreo satelital perfectamente objetivo, además de la capacitación de una red de profesionales que colabore y fortalezca el sistema que estamos implementando.

LAFLUF HEBEICH (Omar).- Quiero hacer una consulta a este respecto. ¿El asesoramiento profesional es particular de la empresa? De hecho, la mayoría vende servicios a grandes consorcios agrícolas. Por ejemplo, una empresa muy grande, de 120.000 hectáreas, tiene su equipo de ingenieros agrónomos. ¿Pueden ser los supervisores de esa empresa que le vende servicios? ¿O la empresa que vende servicios tiene que tener un ingeniero agrónomo propio para el asesoramiento?

Por otro lado, hace algún tiempo y a raíz de múltiples reclamos de los apicultores, se había hecho un registro de empresas aplicadoras, fumigadoras -supongo que debe estar funcionando-, que también debían tener asesoramiento. ¿Cómo ha funcionado el sistema? Había obligación de aviso previo de en qué predio se iba a aplicar, qué día, qué efecto, qué producto, etcétera, para que los productores apícolas pudieran cerrar sus colmenas. Hemos tenido reclamo de los apicultores, que han venido al Parlamento a decir que eso se ha respetado poco.

ANDÚJAR (Sebastián).- Quiero hacer una pregunta con relación a la presentación que se hizo sobre aplicaciones de productos fitosanitarios.

Los productores de este país y de algún departamento en particular están un poco desorientados en cuanto a qué es lo que rige, si la normativa nacional o la departamental. Sabemos que muchos departamentos tienen su propia normativa en cuanto a las aplicaciones. Podemos nombrar algo que se viene -que va a ser bastante confuso y debatido-, que son las ruralidades canarias y el no ordenamiento del uso de suelo rural en el departamento de Canelones, que en otros departamentos se está observando como para poder implementarlo posteriormente. Creo que es importante determinar qué prevalece y si hay un sentido común respecto de este tema.

MONTES (Federico).- Con respecto al técnico referente, no estamos buscando que necesariamente pertenezca a la empresa aplicadora, sino que esta tenga un referente técnico, que puede ser el productor o quien indica la aplicación. Resulta relevante para nosotros que la empresa aplicadora sepa a quién llamar ante cualquier duda o consulta, por ejemplo, si hay un evento climático como viento o se dan condiciones de volatilidad del producto al momento de estar aplicando. Tal vez, la empresa aplicadora, por su tamaño, decida tener o ya tiene algunos referentes. Quiere decir que el referente de la empresa puede ser propio o externo.

MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- Con respecto a la segunda pregunta del señor diputado Lafluf Hebeich, el espíritu de la georreferenciación de los apiarios con la información de las aplicaciones presuponía el mecanismo de aviso entre un privado y otro privado. El sistema no ha funcionado bien porque es complejo. Ahora estamos en una etapa en la que de manera obligatoria los apicultores tienen que declarar anualmente el número de colmenas y su localización georreferenciada.

La trashumancia, es decir, el movimiento de apiarios de un lugar a otro, no es una práctica mayoritaria, pero existe en el Uruguay. Hay muchos apicultores que mueven las colmenas, que hoy tienen el apiario en determinado lugar y en cuatro meses lo cambian para hacer un servicio de polinización en un semillero. En este preciso momento, estamos generando los mecanismos informáticos necesarios para que el apicultor, mediante una aplicación en su tableta o celular, pueda comunicar los cambios que realice. Eso va a ingresar en una capa de información que va a estar disponible. Aquí hay un tema que debe primar: la ignorancia de la ley no es excusa. Hay determinadas condiciones en las cuales se debe hacer una aplicación, pero quien aplica un producto registrado en un cultivo que forma parte de una actividad económica normal cumpliendo con las condiciones de aplicación, tiene todo su derecho a hacerla. Lo que nosotros queremos generar son dos capas de información; es

decir, que quien va a instalar un apiario pueda saber que en ese lugar está previsto que haya un cultivo de maíz en la próxima primavera, y que quien va a realizar una aplicación hoy en este cultivo de maíz sepa que del lado de atrás del bosque de eucalipto hay una apiario, que él no sabe que está. Entonces, poniendo a disposición esas dos capas de información, cada privado tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Además, como el monitoreo de aplicación se va a hacer en tiempo real, queda registrado si aplicó con 40 kilómetros de viento en dirección del apiario.

Por supuesto que el sistema no es perfecto y no nos va a librar de ese conflicto permanente. Un caso de coexistencia compartida de dos actividades que están interactuando en el territorio podría ser el de alguien que pagó un arrendamiento para plantar maíz y trata de ejercer su derecho a hacer ese cultivo, para el cual hizo la inversión y está pagando la renta y a 500 metros de ahí un apicultor pone las colmenas, sabiendo que las abejas tienen un radio de vuelo de 2,5 kilómetros. Allí hay un problema que nosotros no lo vamos a resolver, salvo que tengamos normativas claras, mecanismos de control y mucha información para que los usuarios que están coexistiendo con sus actividades en un espacio y en un tiempo puedan mejorar su toma de decisiones.

Quiero aclarar que en algún momento pensamos que ese servicio lo teníamos que dar nosotros como Ministerio. Es decir, nosotros íbamos a recibir la información del que iba a aplicar y le teníamos que comunicar cuál era la situación. Inclusive, habíamos llegado a diseñar un sistema de comunicación por correo electrónico y por SMS para el dueño del apiario que estaba en un determinado lugar. Después nos dimos cuenta de que cualquier falencia del sistema de comunicación o de uno de los dos privados en recibir la información o suministrarla, nos iba a dejar a nosotros como administración en el medio de un lío entre dos privados. Por lo tanto, cambiamos nuestra propuesta y estamos yendo a un sistema -que forma parte del Sistema Nacional de Información Agropecuaria- que lo que hace es disponibilizar información en tiempo real para que los usuarios mejoren su toma de decisiones, y nosotros fiscalizamos las desviaciones a la normativa, cosa que hoy, reitero, no podemos hacer.

No sé si advirtieron que cuando pusimos el ejemplo de la política de suelos, mostramos una lámina en la que está la planificación de la rotación de los suelos y al lado hay una zanja, una cárcava de erosión de 1 metro de profundidad. En la que está la cárcava dice autopsia y en la otra, medicina preventiva. ¿Por qué? Porque el sistema de control de suelo que tenía el Ministerio era multar a alguien que hacía una cárcava. Y cuando se multa a un productor porque hizo una cárcava, en realidad, lo que se está haciendo es certificar la defunción de ese suelo. Porque si 1 centímetro de suelo demora cien años en formarse, después de que hay una zanja de 2 metros de profundidad, con la multa no se arregla nada. Por lo tanto, vamos hacia un sistema de prevención; es decir, saber cuál es la capacidad de uso que tiene ese suelo y si no tolera agricultura continua. Después de veinte años de validación de la ecuación universal de pérdidas de suelos en el Uruguay realizada por la Facultad de Agronomía y el INIA, nosotros la transformamos en una política pública. Hoy hay 1.500.000 de hectáreas que están sometidas a la comparación de imágenes satelitales, y eso está lejos de ser perfecto. Con la aplicación de agroquímicos queremos hacer más o menos lo mismo, pero con una diferencia. La mayor parte de la aplicación de agroquímicos va a estar arriba de superficies que hoy forman parte de un plan de uso y manejo de suelos.

En cuanto a la pregunta del señor diputado Sebastián Andújar, quiero señalar que la propuesta de normativa apunta, primero, a la identificación de productores y parcelas; segundo, al registro de planes; tercero, al monitoreo en tiempo real de las aplicaciones de agroquímicos, y cuarto, a un sistema de información que haga interoperables todos los registros y todos los sistemas, para poder ejercer una fiscalización adecuada, y no a actuar como actuamos ahora, que es contra la denuncia. Cuando actuamos contra la denuncia, podemos estar haciéndolo por una denuncia fundada o porque alguien ve cualquier aplicación de agroquímicos como algo malo, y también podemos no estar actuando porque no hubo denuncia. Entonces, terminamos legislando por la excepción. Y cuando digo legislando, me refiero a nivel nacional y a nivel departamental. Y si legislamos por la excepción -me estoy metiendo en la materia de ustedes-, cometemos un error. Entonces, apuntamos a generar sistemas de información que permitan fiscalizar y tomar mejores decisiones a quienes tienen que hacerlo.

Con respecto a las competencias, quiero señalar que todas las vinculadas a la aplicación de agroquímicos son del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo que nosotros estamos planteando son las normativas, pero la ley de ordenamiento territorial -ustedes lo saben mejor que yo- da determinadas competencias a los gobiernos departamentales que les permiten establecer determinados objetivos por el uso de los territorios. La normativa a nivel nacional en materia de aplicación de agroquímicos es una normativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

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“Los organismos internacionales coinciden en la importancia del tema alimentario hacia el futuro y en que se debe hacer una correcta valoración de esta actividad”, señaló Benjamín Grayeb Ruíz, presidente de Alasa. El experto afirmó que en poco tiempo habrá una mayor demanda de alimentos, causada por el crecimiento de la población, de la clase media y de los ingresos a nivel global. Para enfrentar este reto, calificó como “necesario” que los gobiernos adopten medidas que abarquen, entre otros aspectos, a la administración de riesgos en los agronegocios.

Su visión fue compartida por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quien recordó las perspectivas manejadas por la FAO respecto a la necesidad de duplicar la producción de alimentos de cara al año 2050. El jerarca destacó que el sector agroalimentario es uno de los que más siente la amenaza del cambio climático a nivel global, por lo que resaltó la importancia de los seguros.

“Frente a la variabilidad climática, un insumo estratégico para disminuir el riesgo e incrementar la productividad son los seguros, por lo que ustedes son socios estratégicos en la construcción de oportunidades para los productores medianos, pequeños o grandes de esta región, que tienen en el mundo la oportunidad de producir alimento a niveles competitivos”, dijo el ministro a los participantes en el congreso.

Aguerre destacó que la dificultad de medir los riesgos de antemano, suele conllevar a una escasa contratación de pólizas. A modo de ejemplo, indicó que durante la tormenta de granizo de 2013, que destruyó la producción en una amplia zona del país, solo el 17% de los productores estaba asegurado. Ese porcentaje aumentó al 87% después de la experiencia.

Pese a ello, el gobierno no plantea establecer la obligatoriedad del seguro agropecuario. El ministro aclaró que la responsabilidad es de cada productor, que debe asumir las consecuencias ante una catástrofe si no está asegurado.

En este XIV Congreso de Alasa se celebró el 30º aniversario de la institución, que abarca a 27 países. “Me cuentan los fundadores que en un comienzo eran ocho o nueve personas, y ahora ya de Latinoamérica nos ha quedado solo el nombre. Tenemos representantes de España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Suiza y Singapur”, señaló Grayeb Ruíz.

“En esta ocasión buscamos aportar una visión amplia de las nuevas herramientas disponibles para que el seguro agropecuario se caracterice por ser una actividad de vanguardia. El seguro es la única herramienta que tenemos los agricultores para resarcirnos o paliarnos de una catástrofe”, sentenció.

Durante el congreso, Alasa abordó el contexto macroeconómico de la región y las políticas públicas necesarias para fomentar la utilización del seguro agropecuario, además de impulsar la oferta de instrumentos financieros para que los pequeños productores puedan acceder a estos servicios, obteniendo también créditos agropecuarios, seguros paramétricos y tecnología satelital.

El evento incluyó la firma de una carta de intención entre Alasa y el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que nuclea a los titulares de las carteras de Agricultura del Mercosur más Chile y Bolivia, y está presidido en forma temporaria por el ministro Aguerre. El objetivo de este documento es aunar esfuerzos y concentrar posiciones para el desarrollo sostenible y la mayor penetración del seguro agropecuario, además del desarrollo de ofertas adecuadas a las necesidades de los productores.

El Congreso, que tuvo más de 350 participantes, contó con la presencia de decenas de especialistas de distintos países en áreas de seguros y agronegocios, que aportaron sus visiones en una serie de conferencias, mesas de debate y talleres. El cierre incluirá una visita de los ponentes y participantes del evento al campo uruguayo.

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Los ministros Tabaré Aguerre, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Eneida de León, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los subsecretarios Jorge Menéndez, de Defensa, y Guillermo Moncecchi, de Industria, y el futuro titular de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos Colacce, hicieron un balance del estado de los controles de calidad del agua y planificación, acciones en cambio climático e institucionalidad ambiental.

De León dijo que la actualización de la información que se proporciona en esta ocasión obedece al mandato del Presidente Tabaré Vázquez, que estableció como prioridad el cuidado del agua y los temas ambientales, en especial en las cuencas importantes de agua del país.

Destacó que, en el área productiva de todas las industrias instaladas en la zona, 23 son las responsables de 90 % de la contaminación y, por ello, es a las que se les exige proyectos de control ambiental.

Hasta este mes, 14 de esas industrias finalizaron sus obras, “lo cual es muy destacable”, una está finalizándolas y las ocho restantes siguen en construcción. Algunas fueron pasibles de restricciones, agregó.

En otro orden, la ministra repasó las obras que lleva adelante OSE en relación al abastecimiento de las poblaciones de la zona, sobre la planta potabilizadora y las plantas de tratamiento de los vertidos de origen doméstico (saneamiento).

Puntualizó que ya están adjudicadas las licitaciones correspondientes en San Ramón y Fray Marcos y las redes de saneamiento para esas ciudades y que la planta sobre Casupá está en la etapa de elaboración del anteproyecto por un monto de 32 millones de dólares.

Informó también que se mejoraron los índices de reducción de fósforo en Casupá y Florida, que se trabaja en la construcción de un perímetro de restricción en Paso Severino con la instalación de 100 kilómetros de alambrado. Asimismo mencionó el Atlas de la Cuenca del Río Santa Lucía que ayuda a planificar y gestionar dicha área.

La titular de Vivienda y Medio Ambiente añadió que se mantiene en práctica el protocolo de monitoreo sobre la cuenca, en el que participan las carteras de Defensa, de Interior y de Ganadería, la Intendencia de Canelones y los municipios de ese departamento.

Esos controles se realizan por agua, tierra y aire y han permitido incautar  redes de pesca, detectar a cazadores furtivos y mal uso de arenera entre otras cosas, abundó.

Otra medida que se aplica es la prohibición de laboreo y agroquímicos en la zona de restricción del río Santa Lucía, para lo cual están todos los padrones notificados, destacó el acuerdo firmado últimamente con varias intendencias para proteger los humedales de Santa Lucía, que superan las 80.000 hectáreas, y recordó que se creó la figura de guardaparques.

Otro aspecto de control que se utiliza es el visualizador satelital que permite observar si se respetan las zonas buffer o con restricciones.

En otro orden, mencionó el control de los tambos, que se realiza conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Finalmente la ministra destacó la concientización creciente de la población respecto de estos temas, que se refleja en el aumento de 50 %, de la cantidad de denuncias que se recibieron el año pasado en el sitio web de la cartera a su cargo, con respecto de 2014.

Desde el Ministerio de Industria, el subsecretario Moncecchi hizo referencia a la actuación interinstitucional para monitorear la cuenca mediante la instalación de sensores de calidad de agua que transmiten información en tiempo real en lugares definidos. Sostuvo que también existen otros trabajos en la línea de monitoreo, como el uso de drones.

Por su parte, Menéndez informó que el Ministerio de Defensa colabora con trabajos desde el agua y aire, con salidas quincenales que transportan técnicos para evaluar la situación de las cuencas. También apuntó que próximamente se incorporará una aeronave con un sistema de registro de visión infrarrojo que permitirá estudiar los efluentes durante la noche.

Agregó que se prevé la incorporación, en la rendición de cuentas, de un organismo de inteligencia estratégica se podrá contar con mayor información.

A su turno, Aguerre detalló la batería de normas disposiciones y medios tecnológicos que se utilizan para garantizar el cumplimiento de la conservación del medio ambiente en equilibrio con la producción.

“Se hace imposible pensar en el ambiente contra el trabajo o sin el trabajo. Por eso tenemos que generar la sostenibilidad”, indicó.

La cuenca del río Santa Lucía es la que tiene la historia agrícola más larga del Uruguay e involucra a 75 % de los uruguayos. Su problema más grave ha sido la erosión hídrica de los suelos, que es un tema que data de muchos años, reiteró.

Dijo que en esta cuenca se están adaptando los planes de manejo de suelo, el contralor de los niveles de fósforo en el suelo y el manejo de los efluentes de los tambos.

“La ciudadanía que puede no tener conocimiento concreto de la realizad agropecuaria, industrial o ciudades ubicadas en la cuenca, debe tener claro que el tema está analizado, diagnosticado y que se realizan acciones de todo tipo”, recalcó.

Fuente Contenido e Imagen: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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Según la información del jueves 11 de febrero, se da cuenta que el objetivo del acuerdo suscripto el miércoles, en el marco de la visita de Aguerre a Rusia, es fomentar el intercambio en el área agropecuaria con ejecución de programas y proyectos conjuntos, acceso a resultados de desarrollo tecnológico, e intercambio de información.

Las áreas definidas son supervisión veterinaria y fitosanitaria, acciones para erradicación y control de enfermedades en animales, aplicación de comercio mutuo de la producción agrícola y agroindustrial, suministro de ganado en pie, semen congelado y embriones bovino, investigación agronómica, registro de identificación de ganado en pie.

La cooperación se realizará en la modalidad de programas de investigación, formación de grupos de trabajo, intercambios y visitas, organización de seminarios y programas de intercambio entre expertos, según informa el sitio ministerial en Internet.

Este convenio permite tener un fluido contacto entre autoridades sanitarias para facilitar los temas relativos al comercio, ya que Rusia es uno de los principales mercados para Uruguay.

Los países disponen de las posibilidades para incrementar el comercio bilateral y, en particular, los suministros desde Uruguay de productos lácteos, carnes y subproductos alimentarios.

Aguerre subrayó que la responsabilidad de los gobiernos es generar los marcos que posibiliten y propicien un comercio adecuado. Comentó que Uruguay vende a Rusia el 55 % de la manteca que produce. Desde enero a octubre del 2015 las exportaciones de este producto a Rusia alcanzaron las 8.000 toneladas.

Asimismo, recordó que el acceso comercial sin aranceles y sin cuotas en el segmento de carne de alta calidad refrigerada es para Uruguay una formidable oportunidad que se concretó tras varios años de negociación.

Fuente Contenido e Imagen: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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El mismo fue convocado, entre otros asuntos, para contestar a los legisladores sobre el cobro de los productos que se vendieron a Venezuela, los cuales aún no han sido pagos.

Por Alianza Nacional hablará el diputado Edmundo Roselli, Vicepresidente de la Comisión de Ganadería.

Fuente Imagen: www.diario.coloniatotal.com.uy 

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El ministro alemán será recibido por su par uruguayo, Tabaré Aguerre, y el embajador de Alemania en Uruguay, Dr. Heinz Peters, y conocerá la Estación Experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), “La Estanzuela”.

Uruguay y Alemania han firmado recientemente convenios de cooperación en forestación del bosque nativo y en seguridad alimentaria, especialmente de la carne y la leche. Las autoridades locales posicionan al país europeo como mercado “selecto” para las producciones uruguayas.

Enmarcados en ese vínculo entre ambos países, la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana (AHK Uruguay) organiza una delegación empresarial para visitar la mayor feria internacional de alimentos y bebidas, Anuga 2015, en Colonia, Alemania. “La Anuga es la plataforma ferial internacional más importante del mundo para los negocios alimenticios” manifiesta Gerald Böse, presidente del Consejo de Dirección de Koelnmesse GmbH.

Y agrega que “en ningún otro lugar se une la oferta con la demanda a este nivel de calidad y eficacia como en la Anuga”.

Fuente Imagen: www.bmel.de

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Los resúmenes se evaluarán para asegurar que se ajustan a los tópicos tratados en la Reunión Anual de ISTA. Durante el evento se otorgarán premios a los mejores posters según su contenido de investigación y diseño.

Fecha límite para enviar resúmenes: 15 de abril de 2015.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) será el anfitrión de la Reunión Anual 2015. El Instituto fue fundado en el año 1997 para facilitar el comercio de semillas de mejor calidad en Uruguay. INASE supervisa a más de 40 laboratorios de semillas en el país. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) será la sede de los talleres que complementan la Reunión Anual, oportunidad para poner en práctica la metodología de trabajo de ISTA, expresó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre en su convocatoria.

Más Información www.ista2015.org

Fuente Imagen: www.entiemporealmx.com 

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Astori aseguró que Uruguay deberá mejorar su infraestructura para que la economía continúe creciendo como lo ha hecho ininterrumpidamente desde 2003, política que requiere inversiones públicas y privadas en materia vial, ferroviaria y de puertos fluviales y oceánicos.

Los cambios promovidos en la infraestructura energética en el gobierno de José Mujica posibilitarán que Uruguay tenga un superávit energético y mejore por ende la competitividad de la industria, los servicios y el campo, destacó el ya nominado ministro de Economía del próximo mandato del Frente Amplio en un foro organizado el jueves pasado por la Asociación de Dirigentes de Marketing.

Sobre este último ítem destacó que Uruguay tiene 3 % de su territorio con riego artificial y su ampliación demandará producir energía a precios competitivos.

Esa futura expansión del riego es un elemento fundamental para que este país con solo 3,3 millones de habitantes pueda alcanzar una producción de alimentos para 40 millones de personas.

El ministro Aguerre, confirmado en el cargo por el gobierno electo de Tabaré Vázquez, había mostrado el 29 de noviembre una gráfica en la que se mostró que cómo Uruguay había crecido en su producción alimenticia hasta pasar de cubrir la demanda de nueve millones de personas en 2005 a 28 millones al cierre de 2013.

En el marco del acto de ese día por la celebración de los 50 años de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) y de la Dirección General Forestal, Aguerre precisó que el desafío futuro es llegar a alimentar a 40 millones de individuos.

Además se plantea el desafío de vender alimentos de máxima calidad, cuidando aspectos ambientales y sociales para que sea un proyecto sostenible en el tiempo, que genere inclusión, oportunidades para la gente y no deteriore los recursos naturales, explicó.

Para establecer la capacidad de de alimentación de la producción de Uruguay ambos jerarcas surgieron criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en los que se toma en cuenta el valor energético promedio de cada alimento.

Fuente Contenido: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

Fuente Imagen: blogs.ceibal.edu.uy

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Con la participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, este viernes la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) realizó la segunda edición de su ciclo Foro de la Producción, referido al sector agropecuario bajo el título “Hojas de ruta para la consolidación del Uruguay agrointeligente”.

El jerarca explicó que se entiende como Uruguay agrointeligente “a la construcción de oportunidades para su gente, sean productores empresariales, familiares, asalariados rurales, prestadores de servicios, gomeros, ferreteros, barraqueros, trabajadores del puerto o despachantes de Aduana”.

“Antes era posible pensar que los problemas se solucionaban produciendo más. Hoy sabemos que tenemos que satisfacer desafíos ambientales. No se trata de producir más, sino de producir en la ruta de la intensificación sostenible”, aseveró.

Destacó la necesidad de que el país se adapte a la variabilidad climática “incorporando instrumentos de gestión de riesgos a los bienes públicos e insumos de información para integrarnos internacionalmente”. También valoró como imprescindible promover inclusión social mediante políticas diferenciadas para productores familiares “de forma de insertarlos en la cadena de valor”.

En ese orden, enfatizó: “No podemos hablar de cantidad, sino de calidad y para eso no podemos producir solo un churrasco tierno y jugoso, además tenemos que agregarle valor y productos para ayudar a la competitividad y diferenciación de nuestra carne, leche, proteínas vegetales, soja y maíz, por ejemplo”.

“En realidad, la intensificación sostenible implica aprovechar las oportunidades que el mundo nos da, es una ruta de construcción de oportunidades para nuestra gente”, manifestó Aguerre.

Antes de la mencionada explicación el titular del MGAP, en su disertación de una hora veinte minutos repasó la importancia de generar políticas públicas con investigación e innovación privada.

Sostuvo que la política implementada por su cartera se basó en cinco líneas estratégicas: competitividad e inserción internacional, intensificación, adaptación a la variabilidad climática, desarrollo rural, fortalecimiento y articulación institucional.

En ese sentido, aseguró: “La verdadera transformación económica del país tiene que ver con el precio de la tierra. El cual en el año 2000, dividiendo el valor a precio de mercado sobre producto bruto interno (PBI), tenía 31 %. En el 2009 llegamos a 130 %. Eso explica que Uruguay se valorizó en un proceso sostenido y consistente aumentando el precio de la tierra y el producto bruto interno”.

Advirtió que el país invertía el 12 % del PBI y en 2013 llegó al 25% de inversión, “que no es solo por decisión de oportunidades de negocio sino también por la decisión política de promover inversiones”.

“Eso derivó que desde el 2008 se promovieran 10.149 millones de dólares de los cuales 3.200 millones tienen que ver con el complejo agropecuario”, acotó al respecto. A modo de ejemplo, sostuvo que de cuatro dólares que se exportan, uno está vinculado a la cadena agropecuaria.

Reiteró que los principales desafíos de un sector que emplea a 250 mil personas (el 17% de la población económicamente activa), son pasar de alimentar 28 millones de personas a 50 de manera sostenible, alcanzar los nichos de valor que paguen mejor y diferenciar nuestros productos agregando valor (una caja de carne exportada con el logo Uruguay Natural tiene 93% de valor agregado).

En el foro participaron junto al ministro, el subsecretario de la cartera, Enzo Benech; el director de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Inocencio Bertoni; el director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, Mario Mondelli; y el vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Repetto.

Fuente Contenido: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

Fuente Imagen: www.todoelcampo.com.uy

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