Ante la situación que se ha producido en nuestro país a raíz de la propagación de la pandemia del coronavirus Covid-19, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resuelve:

1. En defensa del trabajo, mantenimiento de los vínculos laborales de las trabajadoras y los trabajadores con las empresas contratantes.
2. Medidas para apoyar las pequeñas y medianas empresas en su actividad con el objetivo de mantener los puestos de trabajo.
3. Crear una renta básica que alcance a todas y todos aquellos afectados por esta crisis que no estén comprendidos en la red de protección social para garantizar la alimentación y la sanidad de toda la población.
4. Flexibilizar los vencimientos de las tarifas públicas, tributos, alquileres y tarjetas de crédito.
5. Implementar el control de precios de la canasta alimentaria y sanitaria que sea accesible para la población y garantice la prevención para evitar la propagación del Covid-19.
6. Compensar los jornales caídos en el sector doméstico y en las ramas de actividad que involucren trabajo eventual.
7. Reclamar que no se tomen definiciones unilaterales al margen de la negociación colectiva y estudiar de manera conjunta las medidas para los sectores más afectados por esta crisis.

Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT

Montevideo, 18 de marzo 2020.

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La carga del ajuste fiscal para encauzar las cuentas públicas en el año 2015 recayó principalmente sobre las empresas públicas (EEPP). Al asumir la presente  administración se les solicitó un esfuerzo de un punto del PIB que contribuiría a la mejora del resultado fiscal.

El conjunto de las EEPP cumplió con lo solicitado, no así el resto del sector público, ya que el déficit fiscal prácticamente no ha variado.

Pese a haber cumplido con el mandato, se le vuelven a solicitar “nuevos esfuerzos”, a la luz del propio déficit fiscal del gobierno y el nuevo contexto internacional que al momento se presenta incierto, lo que demora la recuperación regional. Tampoco hay que olvidar a los cambios de precios relativos que se avizoran.

Agotado el ajuste por el lado de las inversiones, ese mayor esfuerzo ahora vendrá por el lado de las mayores tarifas que pagará la población a partir del próximo 1° de enero.

Existe mucha confusión respecto al rol que deben cumplir las EEPP. Las principales EEPP en Uruguay tienen como finalidad proveer servicios que sirven de base e infraestructura a la población en general y al sector productivo en particular.

En tal sentido, deben ser vistas como una palanca que contribuye a mejorar la productividad global de la economía, ofreciendo servicios a un precio adecuado e introduciendo nuevas tecnologías que contribuyan a la modernización de la matriz productiva del país.

Vistas así, las tarifas que cobran deben ser tales que permitan cubrir los costos de producción, financiar las inversiones y transferir a su único accionista (el Estado) dividendos que reflejen una rentabilidad acorde al capital invertido.

Para justificar el aumento de las tarifas, se ha señalado que el mismo es similar a la inflación pasada. Por cierto que esa justificación no es de recibo, ya que los costos particulares de las EEPP no evolucionan necesariamente con el IPC. En otras partes del mundo se espera que las empresas de servicios públicos intensivas en capital como energía eléctrica, agua y saneamiento tengan tarifas que evolucionen algunos puntos porcentuales por debajo de los precios al por mayor de la industria. La referencia a la inflación medida por el IPC debería ser solo para el caso de empresas de servicios muy intensivas en mano de obra y otros costos variables.

Si tomamos el caso de UTE, los pagos por remuneraciones y compras de bienes y servicios acumulados en los doce meses a octubre del presente año cayeron 4,4% con respecto al mismo período finalizado en octubre de 2015. Sin embargo, se anuncia un aumento del 7,5% en la tarifa eléctrica. La principal razón de este desfasaje es la exigencia para esta empresa de triplicar a partir del año próximo los dividendos que aporta a la Tesorería. La carga de esta transferencia estará, por lo tanto, en los costos del sector productivo o en el costo de vida de la población presionando los salarios que son un componente de costos de producción.

Es claro que, el ajuste en base a la inflación persigue en este caso un fin recaudador. Esta es una forma ineficiente de recaudar, abusando del poder monopólico de la empresa y trasladando mayores costos al sector productivo.

El de los combustibles, es otro ejemplo de aumento recaudador. Los pagos por remuneraciones y compra de crudo cayeron 15% en el último año. Se anuncia un aumento del 8% en éstos. Si bien es cierto que el precio internacional del crudo está subiendo, en los valores actuales todavía se adecuan a la paramétrica. Se podrá decir que es previendo mayores costos, pero esos costos futuros recién se materializarán en importaciones ya entrado el año próximo, por lo que se recaudará “de más” durante la temporada turística, que es un período de gran movimiento.

En los casos de ANTEL y OSE, los aumentos están en línea con los costos. De hecho, se quedan cortos, ya que los gastos corrientes aumentaron en términos reales a lo largo del último año, fundamentalmente en compras de bienes y servicios. Tal vez habría que hincar el diente en esos gastos antes que ajustar tarifas.

Una referencia a las inversiones. Por su propia naturaleza, las EEPP deben invertir continuamente. Tal vez no a los niveles del período pre electoral pasado, cuando en términos del PIB se ubicaron un 50% por encima del promedio histórico. Pero tampoco pueden permanecer en los bajos niveles actuales. La calidad de los servicios depende de esas inversiones. Pero deben evaluarse adecuadamente y dirigirse a proyectos rentables que tengan que ver con el giro principal de la empresa.

Las EEPP tienen la particularidad que el propietario (la sociedad) es al mismo tiempo el principal consumidor. Como propietario la sociedad debe procurar que la administración de estas empresas sea la más cercana a los extremos de eficiencia y para ello son fundamentales las condiciones de gobierno que rigen a estas empresas.

En tal sentido, el país se merece un profundo debate sobre el funcionamiento de las EEPP, que aborde su gobierno y eficiencia. La mala gestión de años anteriores obligó a un fuerte y rápido ajuste de dudosa calidad. Se pararon las inversiones (lo que es correcto en los casos de desvío de los objetivos sociales) pero no se operó a fondo en los gastos operativos.

El caso de ANCAP es paradigmático, ya que la paridad de importación muestra que el gasoil producido es un 30% más caro que el importado. Pero también suben los costos en ANTEL (4% en términos reales) y OSE (13% real).

A su vez, se las usó como fuente indirecta de recaudación, vía mayores tarifas o aportes directos a la Tesorería. Otra medida distorsiva, ya que se pretende financiar parte del déficit generado por el mayor gasto del gobierno, con tarifas.

En definitiva, se recae en una política distorsiva que no resuelve el origen del problema: un gasto publico que no para de crecer en términos reales».

Para la CNCS «este aumento de tarifas públicas, sumado a una creciente inflación en dólares, afectará la competitividad de todas las empresas nacionales y, muy en particular, aquellas volcadas al mercado externo, ante la imposibilidad de trasladar dicho incremento a sus precios de venta. En consecuencia, es un nuevo factor que impacta sobre el empleo en las actividades laborales que dependen directamente del sector real de la economía».

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