La iniciativa prorroga el plazo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014.

Artículo 1. Prorrógase el plazo establecido en el artículo 6º de la ley número 19.247, de 15 de agosto de 2014 hasta el día 1 º de marzo del año 2025. Artículo 2.- La presente ley entrará en vigencia con fecha 5 de enero del año 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Como es de conocimiento, la ley. número 19 .24 7 promulgada el 15 de agosto de 2014, reguló la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas y municiones, la misma ley encomendó al Poder Ejecutivo su reglamentación, hecho que ocurrió recién en el mes de diciembre del año 2016. La mencionada norma, conjuntamente con el decreto reglamentario 377 /2016 de fecha 5 de diciembre de 2016, determinó un plazo de 12 meses para el cumplimiento de la regularización de armas, municiones y explosivos en los servicios estatales correspondientes, habiendo expirado ya.

Hay coincidencia en el sistema político de que estos temas son muy delicados y requieren de un proceso largo de concientización, también existe la idea generalizada que la aplicación de la norma es un proceso lento y no exento de inconvenientes técnicos a la hora de su aplicación, estos hechos fueron claramente fundamentados en los anteriores proyectos, lo que dio lugar a la sanción de 2 normas que comentaremos a continuación.

La primera de ellas, es una ley de nuestra autoría, «Tenencia de Armas – Se prorroga el plazo establecido en el artículo 6 de la ley 19.247, de 15 de agosto de 2014» aprobada con el número 19.734 y promulgada el 4 de enero de 2019, donde se estableció una prórroga de 12 meses aunque en su redacción original se establecía que fuera por 2 años.

La segunda es la ley número 19.915 de fecha 13 de noviembre de 2020 que prorrogó el plazo establecido en el artículo 6º de la ley 19 .24 7 cuya vigencia se extiende hasta 5 de enero del 2022, que tuvo aplicación retroactiva al constatarse el vencimiento del plazo de la primera prórroga. En ambas oportunidades y como producto de la negociación entre los diferentes partidos políticos se agregó un artículo 2, que encomendaba al Poder Ejecutivo la realización de diferentes campañas a través de medios de comunicación a efectos de dar mayor difusión a la normativa. La inquietud legislativa no fue en vano, a través del Servicio de Material y Armamento, el Ejército Nacional puso en marcha el plan: «RNA Móvil», donde una unidad militar recorre los diferentes departamentos del interior acercando soluciones y prestando asesoramiento, lo que ha permitido que en el año 2021, el número de solicitudes aumentó un 20 % con respecto a 2020, en el que reconocemos pandemia mediante, hubo un retroceso. Ante el inminente vencimiento del nuevo plazo, se hicieron diferentes consultas sobre la marcha y efectividad del programa y se nos proporcionó información de que se planea continuar con el programa en 2022 cosa que nos estimula a seguir trabajando y pensar en implementar una nueva extensión del plazo. Es evidente que el accionar del Estado saliendo al interior del país está dando sus frutos y creemos necesario extender nuevamente el plazo hasta el 1º de Marzo de 2025, sin comprometer a la nueva administración, para que se continúe trabajando en el proceso de regularización, recordemos que en la actualidad, la tenencia o porte de un arma sin registro, constituye un delito que se encuentra tipificado en artículo 152 del Código Penal. Como se puede observar el nuevo proyecto insiste con la necesidad de adecuar el plazo, esta vez hasta 2025, permitiendo que más ciudadanos puedan de forma voluntaria y ordenada, entregar aquel armamento viejo o en desuso que muchas veces ocasiona más problemas que soluciones.

Fuente Imagen: rpp.pe

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La información fue suministrada por el legislador Carlos Daniel Camy (Partido Nacional) en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado del pasado 16 de junio.

Camy pidió a la Comisión que se estudie el proyecto de ley relativo a la tenencia de armas.

“En la legislatura pasada se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Representantes una ley que prorrogaba el plazo que establece el artículo 6º de la Ley n. º 19247, del año 2014, que regula la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas y municiones”, agregó Camy.

El senador de Alianza Nacional expresó que “a partir de algunos pedidos de informes realizados oportunamente, se detecta que no se logró el objetivo que la ley perseguía, que era la entrega de armas de manera voluntaria”.

“Entre los años 2015 y 2017, según lo que resulta de la respuesta a un pedido de informes  al  Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional, se entregaron de forma voluntaria 1362 armas. Tengamos en cuenta que desde 1943 a la fecha hay en el registro aproximadamente unas 605.000”, sostuvo el parlamentario.

Asimismo, “también hicimos un pedido de informes al Poder Judicial y de la respuesta resulta que en el mismo período realizó 14.102 solicitudes de información al Servicio de Material y Armamento sobre el origen de las armas sujetas a procesos judiciales y solamente el 2,48 % tenía denuncia de extravío. Además, 5682 carecían de registro”.

Para Camy, “de esto se desprende claramente la situación en que está la tenencia de armas en el país. Pero si esto también lo enmarcamos en que la tenencia irregular de armas está tipificada en el artículo 152 del Código Penal como un delito penal, miles de uruguayos están en una situación delictual, con enormes dificultades para poder tramitar el permiso”.

En ese sentido, “estamos hablando de cazadores, etcétera, y lo que más me preocupa es que en el interior es muy normal heredar una escopeta o un revólver del abuelo. Basta, según nos han dicho varios abogados, que una persona tenga un arma vieja de mero adorno en una barbacoa para que, si no está registrada, quede en una situación penal concreta”.

Entonces, “la Ley Nº 19247, a pesar del loable fin con el que fue elaborada,  no advirtió que la suma de instancias que hoy tiene un ciudadano que quiere regularizar sus armas provoca dificultades tales que hacen que sea prácticamente imposible completar el trámite, por la que la gente desiste. Esto puede implicar el riesgo de que las armas ingresen al mercado negro, porque la gente puede llegar a venderlas por no poder regularizarlas, y también hay una situación de practicidad”.

Según Camy, “en la última información que requerí, me dicen que el servicio de balística da 20 números por semana, cuando estamos hablando de cientos de miles de armas que deben regularizarse”.

En la ley que se sancionó en la legislatura pasada –recoró- “se realizaron incorporaciones que la bancada del Frente Amplio nos trasladó a través del señor senador Carrera. Por ejemplo, se agregó que el plazo de prórroga también se promocionara a través de los medios de comunicación, de manera que la gente se enterara, porque hay muchos que no saben. Esto, en definitiva, tampoco sucedió”.

Lo que plantea este proyecto de ley, puntualizó Camy “es prorrogar el plazo establecido oportunamente para que entrara en vigencia a partir del 5 de enero de este año, que fue cuando quedamos en la situación que estamos pretendiendo cambiar”.

Por ello, “me parece que el tiempo apremia. Estaríamos hablando de una prórroga de dos años, en el entendido de que esto se pueda corregir, y no de ingresar en la posibilidad –que sé que tal vez algún legislador pueda manejar– de ir a la corrección directa de la ley. La idea es simplemente tomarnos dos años para regularizar la situación de cientos de miles de tenedores de armas y, al mismo tiempo, promover efectivamente una campaña que haga conocer la situación a todos los interesados en nuestro país”.

En suma, dijo Camy, “lo que planteo es que, si la comisión está de acuerdo, se incorpore el tema dentro de las prioridades de la comisión, básicamente porque esto se aprobó por unanimidad y en definitiva, desde el 5 de enero estamos en la misma situación que se pretendió corregir en la legislatura pasada”.

Fuente Imagen: sanjoseahora.com.uy

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1.- Su mas enérgico rechaza a las posturas armamentistas y conservadoras que transmite el Sr. Fernández Huidobro, tanto en referencia a la posesión de armas a nivel particular, como a la concepción de que dicha posesión debe ejercerse incluso contra el gobierno, y en defensa de la democracia.

2.- Que la democracia y la seguridad del país se defienden con el apoyo, el respeto y la confianza en la integridad de las instituciones y las autoridades electas democráticamente y su mayor garantía es la convicción del pueblo de ser el dueño de su propio destino.

3.- Que la dictadura militar fue derribada por la movilización organizada, tenaz y pacífica de nuestro pueblo, movilización que permitió además que el actual Ministro de Defensa fuera liberado de las cárceles del régimen, cosa que se logró sin disparar una bala ni afectar una vida humana.

4.- Que reafirmamos plenamente y en todos sus términos nuestro apoyo a la política de seguridad que desarrolla el Ministro Bonomi, desde su Ministerio, el único que reconocemos competente para marcar los lineamientos en materia de seguridad interna, en consonancia con los lineamientos del programa del Frente Amplio.

5.- Que la persistencia del Sr. Ministro en enfrentarse con las organizaciones populares, e incluso con las políticas gubernamentales impulsadas por otras instituciones del Estado, resulta en una contradicción flagrante con el programa del FA, y un desconocimiento de los principios y valores tradicionales de la izquierda nacional.

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Entre otros datos a divulgar se adelanta que el 75% de los uruguayos residentes en territorio urbano está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad penal, 6 de cada 10 uruguayos residentes cree en la Policía, 42,9% de esos uruguayos cree poco o nada en la Justicia.

También, 10,3% de los hogares civiles del Uruguay urbano tiene arma de fuego, lo que significa 69.700 hogares particulares.

Fuente: Diario La República. http://www.larepublica.com.uy

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