En la misiva entre otros los y las ciudadanas le recordaron además que:

-el contrato entre UPM y el Poder Ejecutivo constituye un grave ataque a la soberanía de este país, es inconstitucional, fue firmado a espaldas de la gente y provocará daños irreparables a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya

-el proyecto traerá perjuicios para la economía pues el Estado uruguayo pagaría los costos de infraestructura, estimados en más de 5.000 millones de dólares, que no se recuperarán, mientras que UPM invertiría 2400 millones, está exenta de la gran mayoría de los impuestos, operará en una zona franca y ganará 700 millones de dólares por año.

-entre las obras de infraestructura, la vía férrea que se realizará para uso prioritario de UPM compromete la vida de un sinnúmero de ciudades ya que las atravesará un tren con cargas peligrosas que pasará por zonas urbanas densamente pobladas, inclusive por la Capital del país, a lo largo de más de 270 kilómetros, causará altos impactos negativos y riesgos para los habitantes del lugar, además de pérdida de fuentes laborales en los comercios linderos.

-la construcción de la vía férrea, pagada por los y las uruguayas a un costo de 2700 millones de dólares, ya está perjudicando a la gente. En este primer período de obra ya se vieron afectadas varias viviendas a consecuencia de los movimientos de tierra y la presencia de máquinas de gran porte operando en los barrios. Se sucedieron lamentables accidentes a consecuencia de la falta de precauciones para los vecinos que transitan por las zonas de las obras. Se han destruido estaciones de trenes que habían sido declaradas Patrimonio Nacional al igual que ejemplares centenarios de flora autóctona.

-La obra se ejecuta con pocos controles y sin haber realizado estudios pormenorizados de suelo. El uso de la traza antigua se justificó porque el terreno ya estaba nivelado y tenía 150 años de compactación por el pasaje del ferrocarril. Sin embargo en 25 de mayo llevan 5 metros de excavaciones y no logran estabilizar el terreno. Además, el suelo permanece inundado y no se desagota a pesar de que hay bombas extrayendo agua en forma permanente.

Finalmente le solicitan al Presidente que el “gobierno reconsidere de inmediato el trazado de la vía del Ferrocarril Central, se tomen por válidas las soluciones planteadas por técnicos y hasta por los Intendentes de Montevideo y Canelones, que no se permita que un tren de las características mencionadas atraviese la zona urbana de nuestras localidades, que se respete a la ciudadanía y no se avasallen nuestros derechos que deben tener prioridad sobre los contratos firmados en forma inconsulta con la ciudadanía” al igual que lo hicieron la semana anterior ante el MTOP.

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“Tenemos derecho a decidir nuestro futuro. La Corte Electoral emitió una sentencia mediante la cual declara ‘improcedentes’ las iniciativas locales que habilitarían que los trenes que llevarían cargas peligrosas a la planta de UPM no circulen por las zonas urbanas de nuestros centros poblados.

Somos miles de vecinos y vecinas que reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre los destinos de nuestros hogares y nuestras vidas cercanas a la vía.

Este tren diseñado por UPM fue cuestionado por las Intendencias de Montevideo y Canelones, por técnicos reconocidos en la materia, por la Sociedad de Arquitectos, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por miles de ciudadanos y ciudadanas, incluso hemos aportado alternativas y vemos con horror como se le deja a la multinacional UPM decidir sobre nuestro futuro.

Esta decisión de la Corte Electoral, con la anuencia de los representantes de los tres partidos políticos en su seno es lo que es improcedente. Los gobiernos departamentales tienen derecho absoluto a decidir sobre su territorio, incluso el trazado de las vías de tránsito de todo tipo y para ello tanto la Constitución como las leyes nos amparan.

No podemos permitir que un tren de carga con productos químicos peligrosos pase por centros poblados de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno incumpliendo las normas de seguridad que rigen para dicho transporte. Sólo a modo de ejemplo, por un descarrilamiento en Estados Unidos en setiembre de 2019 de un tren cargado con un solvente de los que transportará el tren de UPM, se debieron evacuar casas y escuelas ya que los productos provocaron un incendio químico. La calidad del aire se vio afectada hasta 8 kilómetros del siniestro.

Si el país ha de embarcarse en gastar miles de millones de dólares para hacer una vía de tren, la misma no debe construirse afectando los derechos a la salud y la vida de los uruguayos. Llevar las vías de los trenes de carga fuera de las áreas urbanas sirva además para mantener la trama urbana y la vida social que si no se cambia el proyecto serán divididas por el tren de UPM.

Los vecinos y vecinas de todos los departamentos que serán afectados por este tren reiteramos nuestro firme propósito de luchar para que los gobiernos departamentales y el gobierno nacional cumplan con el deber de proteger a los y las ciudadanas de este país por encima de los intereses de una empresa extranjera”.

Fuente Imagen: subrayado.com.uy

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Fecha: Miércoles 5 de febrero de 2020.

Lugar: Anexo del Palacio Legislativo.

Hora: 18 horas.

Participantes: Representantes de las capitales departamentales de Durazno, Florida y Canelones, y las ciudades de 25 de Mayo, Sarandí Grande y La Paz.

Fuente Imagen: Facebook Luis Alberto Heber.

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