La conclusión del Tribunal de Cuentas, el principal órgano de contralor en esta materia ha sido contundente: “si bien la figura del cónyuge de quien ejerce el cargo de Presidente de la República, no tiene regulación específica, en aplicación del estándar de razonabilidad, corresponde no formular observación al gasto correspondiente a su pasaje en el misma clase que la del Presidente de la República”.

El texto total del pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, se encuentra en:

resoluciones_38303_r2022-17-1-0000694.pdf (tcr.gub.uy)

Documentos escaneados

Fuente Imagen: https://trabajorrhhuruguay.blogspot.com/

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La nota del TC dirigida a la Asamblea General recordó la observación efectuada por el organismo a la polémica licitación el 30 de noviembre de 2017 (debió decir 2016), y mencionó que con fecha 1º e febrero de 2017 “el Tribunal dictaminó acogiendo los fundamentos del Poder Ejecutivo solicitando el levantamiento de las observaciones”.

Señalan que “la reiteración formulada por Presidencia de la República se basó en aspectos jurídicos sustentados por la Fiscalía de Gobierno de 1er. Turno en su dictamen Nº 425-16 de fecha 14 de diciembre de 2016”.

Dicho dictamen, puntualizan, “que no integra el expediente de reiteración, fue publicado en la página web de Presidencia de la República”.

“Este Tribunal no puede soslayar ciertas afirmaciones que realiza el Fiscal de Gobierno, que además de resultar, en parte, agraviantes para este Tribunal y sus funcionarios, refiere también, a circunstancias que nada tienen que ver con el aspecto jurídico de fondo relacionado con la observación del gasto, y ajenas, en consecuencia, a sus competencias.”, sostienen.

Agregan que “es así que se afirma por parte del Sr. Fiscal, la supuesta falta de transparencia de este Tribunal, tomando como fundamento de tal aserto, entre otras razones, la acción de inconstitucionalidad oportunamente impetrada respecto del Artículo 34 de la Ley 19.149”.

Por tanto, “sin ánimo de ingresar a la discusión del punto con el Poder Ejecutivo ni, por supuesto, con el Fiscal de Gobierno, éste último omitió señalar que el fundamento central de dicho accionamiento se debió a que la mayoría de este Tribunal (seis de sus Ministros) entendieron que dicho Artículo violaba la autonomía funcional del Tribunal de Cuentas consagrada en el Artículo 210 de la Constitución de la República”.

La Resolución del Tribunal de Cuentas remitida a la Asamblea General se puede leer textualmente en:

http://www.tcr.gub.uy/archivos/res_destacadas_80_20170215110013263.pdf

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“Como es de público conocimiento el pasado 18 de julio realice un pedido de informes al Tribunal Cuentas, sobre todas las observaciones que le ha hecho a la Intendencia Municipal de Canelones desde el comienzo de la legislatura. En tres años de gestión la Intendencia Municipal de Canelones recibió1142 observaciones por parte de dicho Tribunal equivalente a más de US$ 114 millones, con observaciones a la vista ya podemos decir que es una gestión extremadamente mala, no se ajusta a la normativa vigente y hay falta de transparencia del gobierno municipal del Frente Amplio.

De inmediato junto con el equipo de asesores Cr. Diego Rosas y el Dr. Álvaro Berreta se comenzó analizar detalladamente cada observación haciendo un trabajo minucioso y responsable.

El tribunal justifica su opinión en base a lo siguiente:

– Por la no presentación del estado real de fondos y sus valores.

– Errores en la confección de arqueos y conciliaciones bancarias.

– Diferencias entre importes resultantes del sistema de recaudación y los del sistema contable.

– No contabilización de gastos.

-Discordia en información concerniente a obligaciones presupuestales impagos entre estado de ejecución de créditos y el estado de evolución de tales obligaciones.

– Se abonó a algunos funcionarios partidas por concepto de compensaciones especiales y retribuciones a alcaldes no establecidas en instancias presupuestales.

-No depósito de recaudación íntegra de algunos municipios y de la Tesorería municipal y utilización de dichos fondos para la realización de pagos contraviniendo normas de TOCAF.

En toda administración pública los gobernantes deben someterse a las normas y hacer únicamente lo que éstas le habiliten, esto se conoce como Principio de Especialidad del Derecho Público, estamos ante una gestión Pública con manejo de fondos públicos donde vemos que no se cumple con el principio de transparencia y apego a las normas, este gobierno de Canelones ha sido objeto entre los ejercicios 2010 y 2012 de1142 observaciones del Tribunal de Cuentas a esta altura de los acontecimientos podemos afirmar inequívocamente que estamos ante una gestión extremadamente mala del gobierno departamental de Canelones.

Hay severísimas contravenciones de normas administrativas en materia de contratación, pero no son las únicas que se vulneran dentro del gobierno Departamental de Canelones, hay un cúmulo de normas en materia de contabilidad financiera que el gobierno del Frente Amplio desconoce sistemáticamente, se han detectado incongruencias de saldos entre diferentes sistemas que se mantienen en paralelo a nivel administrativo, errores en la confección de arqueros de fondos “gravísimo” no contabilización de gastos “grosero” todo lo cual se agrava más dado que la intendencia no busca dar solución a toda esta disparatada situación.

El sistema financiero contable tiene por objeto una función de control, la cual debe cumplirse adecuadamente para la garantía de los ciudadanos de Canelones, si dicha función no se ejerce correctamente equivale a decir que el gobierno tiene un “cheque en blanco” para hacer lo que quiere pero no es así los controles deben existir siempre. Que quede claro los controles deben existir siempre independientemente de la honestidad de los gobernantes.

No se trata de hablar por hablar, nada más ni nada menos que el tribunal de Cuentas da sustento a mis afirmaciones.

Además el TC concluyo que no se reflejan razonablemente la ejecuciones presupuestares correspondientes es decir que no se está dando noticia a la ciudadanía a través de instrumentos de gestión perceptivos de la verdadera realidad respecto a la comuna. Esto último es de una gravedad extrema no solo se utilizan recursos a espalda de la normativa, sino que además no se rinden cuentas de las mismas, de forma adecuada hay falta de transparencia del gobierno de Marcos Carámbula. A esta altura de los acontecimientos puedo decir que estamos ante una gestión extremadamente mala del gobierno departamental de Canelones los motivos son muy variados pero podemos nuclearlos en pésimos servicios a los vecinos del departamento; altísimos costos asociados; baja inversión; déficit acumulado; planificación inadecuada todo esto hace que tengamos una administración poco eficaz.

Para concluir: de la información proporcionada por el Tribunal de Cuentas resulta claro, que la gestión financiera de la IMC no se ajusta a la normativa vigente, constitucional, legal y reglamentaria.

Por último se debe tener en cuenta que el TC ha informado todo lo que estoy transmitiendo a la Junta Departamental, a la Intendencia Municipal y Asamblea General”.

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El Vicepresidente de la República, Danilo Astori se refirió a esta jornada como «histórica» y destacó el hecho de que trasciende a los organismos involucrados, por cuanto implica el acuerdo alcanzado por los partidos políticos para la renovación de las instituciones.

Uruguay sigue generando ciudadanos que por su trayectoria y experiencia se ubican por encima de las diferencias partidarias y son reconocidos por sus compatriotas. Además, se trata un mensaje de compromiso por parte de la Asamblea General a la ciudadanía, afirmó Astori.

Más adelante, el Vicepresidente de la República expresó que el papel que en esta instancia jugó el primer Mandatario fue de gran significación, debido a su firme convicción para buscar acuerdos entre partidos respecto a lineamientos políticos.

El Presidente Mujica, según dijo Astori, expresó la intención de que los acuerdos para la integración del Tribunal de Cuentas y Corte Electoral se realizaran en forma incondicional, lo cual fue muy positivo para llegar al acuerdo.

De aquí en adelante, según dijo, existe el propósito de trabajar para dar más trascendencia a los dictámenes del Tribunal de Cuentas, tanto por la información que suministra, como por los fundamentos destinados a efectuar correcciones o enmiendas.

El Presidente de la República, José Mujica, se hizo presente en la cámara de Diputados y presenció la sesión parlamentaria y luego el acto de asunción de cargos de los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.

Los nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas son: Siegbert Rippe (suplentes Susana Díaz, Ariel Rodríguez, Martín Durán), Oscar Grecco (suplentes Miguel Aumento, Marcelo Schelotto, Mauricio Núñez), Diana Marcos (suplentes Juan Carlos Herrera, Ana María Santestevan, Inés Vázquez), León Lev (suplentes Manuel Núñez, Mariana Lacaño, Ismael Blanco), Beatriz Martínez (suplentes Diego Guadalupe, José Luis Vera, Fernando Blanco), Ruperto Long (suplentes Alberto Sayagués, Ernesto Belo, Gustavo Varela) y Alvaro Ezcurra (suplentes María Elisa Etchemendy, Juan Manuel Díaz, Osvaldo Dohir).

Los miembros neutrales de la Corte Electoral son: Ronald Herbert (suplentes José Arocena, Gonzalo Regules), Wilfredo Penco (Walter Galmarini, Gastón Chabert), Washington Salvo (Miguel Seballe, Cristina Arena), Margarita Reyes (Arturo Silveira, Rodrigo Ferrés) y Gustavo Silveira (Ronald Pais, Beatriz Bugallo). Los representantes de los partidos políticos que integran la Corte Electoral son: Walter Pesqueira (Wilfredo Giménez, Miriam Cartagena), Germán Lezama (Pablo Klappenbach, Raúl Cestau), Sandra Etcheverry (Jorge Gabito, Alvaro Secondo) y Alberto Brause (Miguel Rodríguez, Walter Alfaro).

Fuente Contenido e Imagen: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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Como se recordará, algunas semanas antes de que se le pidiera el retiro de su cargo, Tourné adquirió 1.300 autos nuevos y 250 motos para los policías, y compró 23.000 camperas y 23.000 boinas. Todo sin llamar a licitación según el órgano de contralor del Estado.
La indumentaria para los policías fue efectuada en compra directa a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Se aclara que si bien la normativa establece que los negocios entres organismos estatales no necesitan licitación, la norma que creó la Corporación «no contempla» la venta de boinas y camperas.
También se observó por parte del TC la renovación de flota de autos y motos realizada por la anterior administración del Ministerio del Interior.
Se trata del recambio en forma directa de 243 motos con Nanvel de 1.300 autos y camionetas con el Grupo Fiancar, SADAR, Santa Rosa , Bor  y Ayax .

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