EXPOSICION DE MOTIVOS.

Según lo dispuesto por la ley Nº 17.242 del 28 de junio de 2000, se considera  de interés público la prevención de cánceres genito-mamarios.

Lo que fue Oportunamente reglamentado por el Poder Ejecutivo y en cuyos artículos 1º y 2º decreta:

Artículo 1º.- Declárase de interés público la prevención de cánceres genito-mamarios.

Artículo 2º.- Las mujeres trabajadoras de la actividad privada y las funcionarias públicas tendrán derecho aun día al año de licencia especial con goce de sueldo a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse exámenes de Papanicolau y/o radiografía mamaria, hecho que deberán acreditar en forma fehaciente.

Si bien cuando se tramita el carnet de salud,  cuando se ingresa a cualquier empleo público o privado, centros de educación, etc. se requiere la presentación del comprobante o constancia de haberse realizado estos exámenes, hay una gran parte de mujeres que desde muy temprana edad son asistidas por diferentes prestaciones del MIDES que están exentas de esta obligación.

Los dos tipos de cáncer más frecuentes que hay en las mujeres de nuestro país, son el cáncer de mama,  y el cáncer de cuello de útero y es muy importante a través de una política de prevención buscar la obligatoriedad de la realización examen ginecológico de papanicolau y mamografía para las mujeres en todos los ámbitos y de toda condición social.

Desde que se comenzó a trabajar en prevención este tipo de enfermedad ha disminuido alrededor de un 70% por lo que es fundamental concientizar   a nivel general que la prevención es un factor esencial para el cuidado de nuestra salud.

Por lo tanto el interés de este proyecto es, reconociendo los resultados,  seguir el camino para  abarcar  la totalidad de mujeres de nuestro país.

Montevideo, 3 de marzo de 2016.

Graciela Matiaude

Representante Nacional.

PROYECTO DE LEY

Art. 1 – Aquellas mujeres que no siendo trabajadoras privadas o públicas pero perciban beneficios derivados de los distintos planes vigentes del MIDES (Ministerio  de Desarrollo Social), deberán dar cumplimiento con la presentación del comprobante de haberse realizado el examen de PAP así como el de mamografía, según lo dispuesto en cuanto a la edad y vigencia de los exámenes.

Art. 2 – En caso de que no se presente el comprobante respectivo, el prestador de su salario o ingreso, suspenderá el mismo hasta que  se cumpla con lo establecido en el articulo que antecede.

Montevideo, 3 de marzo de 2016.

Graciela Matiaude

Representante Nacional

Se amplía el Programa Nacional de Vacunaciones creado por la Ley 15.272 de 4 de mayo de 1982 y se dispone la inmunización obligatoria y gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (HPV)

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Declárese obligatoria en todo el territorio nacional la administración gratuita de la vacuna contra el virus del Papiloma Humano a toda persona de sexo femenino a partir de los 12 años de edad.

Artículo 2º – El Ministerio de Salud Pública determinará la forma de inclusión de la vacuna contra el HPV dentro Certificado Esquema de Vacunación, conforme a la ley 15.272 de 4 de mayo de 1982.

Montevideo,…de marzo de 2016

Cecilia Eguiluz

Representante Nacional p/Salto

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta hace menos de una década atrás, no existía la posibilidad de prevenir el cáncer cervicouterino, mediante una vacuna. Sabemos que son varios los tipos de virus responsables de este cáncer, pero la vacuna contra el HPV nos da la posibilidad de prevenir , con eficacia, algunos de ellos.

En el año 2009 la Organización Mundial de la Salud publicó una declaración de posición, en la que recomendó que se incluyera la vacunación rutinaria de las mujeres contra el HPV, en los Programas Nacionales de Vacunación. En tal oportunidad aconsejó a los países a condicionar dicha inmunización a: “que el cáncer cervicouterino, o las enfermedades relacionadas con el HPV constituyeran una prioridad de salud pública”; que esto “se hiciera de modo programáticamente factible”; que “se consiguiera un financiamiento sostenible” y que se “considerara el costo-efectividad de las estrategias de vacunación en el país”.

El HPV es un grupo de virus que incluye unos 150 genotipos diferentes y constituye una de las causas más frecuentes de infecciones de trasmisión sexual en el mundo. La mitad de los hombres y mujeres sexualmente activos,  contraerán la infección genital por HPV en algún momento de sus vidas y, al menos, el 80% de mujeres habrá contraído la infección genital por HPV al llegar a los 50 años de edad. Si bien no todas estas infecciones implican riesgo de cáncer, la infección persistente de HPV de “alto riesgo”, es causa de cáncer cervicouterino.

Considerando entonces, que las infecciones por el HPV se contraen poco después del inicio de la actividad sexual, la vacunación resulta más eficaz si se administra antes de las primeras relaciones sexuales. La recomendación está basada actualmente en un esquema de dos dosis para una población principal, conformada por niñas de 9 o 10 años de edad hasta los 13 años, lo que ha determinado que los diversos países adecuaran el inicio de la vacuna a sus respectivas realidades.

Varios han sido los países que han incorporado la vacuna contra el HPV en sus Certificados Esquemas de Vacunación y con ello, incrementado las oportunidades de prevención de la enfermedad y asegurado una mejor salud a su población. Así lo hizo, entre otros, Estados Unidos de Norteamérica en el año 2006, Canadá en el 2007, Panamá y México en el 2008 y Argentina en el 2011.

En Uruguay, ocurren alrededor de 350 nuevos casos por año de cáncer de cuello de útero, lo que significa aproximadamente un nuevo caso por día. Este tipo de cáncer ocupa el quinto lugar como causa de muerte en mujeres, con una tasa ajustada de 5.75 x 100.000. Se producen alrededor de 140 muertes anuales, lo que significa una muerte por cáncer de cuello uterino cada tres días y ocupa el tercer lugar dentro de las localizaciones más frecuentes en las mujeres de nuestro país, luego del cáncer de mama y del cáncer de colon y recto.

Es de destacar que, en Estados Unidos de Norteamérica la vacuna tetravalente contra el HPV ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso tanto en mujeres, como en hombres y el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones ha declarado que la vacuna tetravalente contra el HPV puede administrarse en hombres de 9 a 26 años de edad, si bien aún ésta no forma parte del programa regular de vacunaciones para hombres. En igual sentido ha procedido Canadá. Y seguramente deberá nuestro país evaluar a futuro esta posibilidad.

El Ministerio de Salud ha venido implementando sistemáticamente acciones tendientes a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer desde la creación de la Comisión de Lucha contra el Cáncer (Ley 16.097 de 29 de octubre de 1989). Entre estas medidas destacamos las diversas campañas de educación sexual; el otorgamiento de un día de licencia laboral para que las trabajadoras concurran a realizarse el Papanicolau y/o mamografía (Ley 17.242 de 20 de junio de 2000), la inclusión de estos exámenes como obligatorios para el otorgamiento del carné de salud (Decreto 571/2006) y que los mismos se realicen exonerados de tasa moderadora.

Sin perjuicio de todas estas acciones, se estima imprescindible reforzar las mismas ya que todas éstas medidas, no previenen la infección, sino que ayudan a la detección y a mantener controlada la infección o lesión. Solo la vacunación obligatoria contra el virus del HPV permitirá prevenir y por eso debe ser obligatoria.

A fines del año 2011 el Ministerio de Salud Pública había asumido el compromiso de adoptar una decisión sobre la inclusión de la vacuna en el Certificado Esquema de Vacunación. En tal sentido asumía como propia la recomendación de la Comisión Asesora de Vacunaciones creada con el fin de llegar a acuerdos en relación a la vacunación frente al Virus del Papiloma Humano. Esta Comisión catalogó la vacunación contra el HPV, como “uno de los más relevantes e influyentes avances acaecidos en el campo de la prevención oncológica en los últimos años”. Bueno es destacar que el trabajo agrupó la opinión de la Cátedra de Oncología Médica de la Facultad de Medicina, la Sociedad de Oncología Médica del Uruguay, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el Programa de Prevención de Cáncer Cuello Uterino (PPCCU) y el Programa Nacional del Control del Cáncer (PRONACCAN).

El 28 de agosto de 2012, en consonancia con esta recomendación, con la mayor información internacional con la que se contaba y con la declaración de posición de la OMS, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado instó al MSP a suministrar gratis la vacuna contra el HPV, en especial a la población más vulnerable desde el punto de vista social.

Esta Secretaría de Estado ha evolucionado en su posición sobre el tema y, recientemente, desde la Dirección General de la Salud, el Dr. Jorge Quian ha expresado: “La vacunación es especialmente recomendada por el Ministerio porque está demostrado que esta vacuna, junto a otras medidas que no se deben abandonar, como el papanicolau y el examen ginecológico, son medidas importantes para combatir el cáncer de cuello uterino”, agregando que “Nosotros vamos incorporando los nuevos conocimientos y modificando la indicación …”,  no siendo ya necesario la firma de consentimiento informado ni cumplir con el requisito de recomendación médica.

Estimamos que la fijación de la edad de vacunación a partir de los 12 años (edad para la cual ya rige en el Uruguay, hoy día, la “recomendación” de vacunación), resulta adecuada. La gran mayoría de las adolescentes, no ha iniciado aún su vida sexual activa, a la vez que se facilita la logística en el Plan de Vacunaciones, dado que a esa edad  deben concurrir a recibir la dosis de difteria, tos convulsa  y tétanos (dpaT).

Es de destacar que han existido iniciativas legislativas anteriores a ésta en similar sentido al proyecto aquí presentado. Destacamos el proyecto presentado en la legislatura anterior por el entonces diputado Dr. Javier García, conjuntamente con otros legisladores del Partido Nacional (Carpeta 814/2011 – Repartido 568), él cual avanzó y seguramente incidió en la decisión de incluir la vacuna contra el HPV, en el Certificado Esquema de Vacunación. Nos aúna el mismo fin, reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino como neoplasia maligna, uno de cuyos factores causales conocidos e identificado es el Papilomavirus Humano (HPV).

Montevideo, 8 de marzo de 2016

Cecilia Eguiluz.

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Robert Silva es técnico de destacada y reconocida trayectoria en la educación, docente, doctor en derecho y ciencias sociales.

El de Robert Silva es el primer nombre que se da a conocer por parte de la oposición de un técnico para integrar los cargos que le corresponden en organismos y empresas públicas.

Posee una vasta trayectoria.

Currículo resumido.

Robert Silva García.

44 años – casado – 2 hijos.

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

Profesor en Administración y Servicios

1. Estudios

* Universidad de la República (UDELAR – Uruguay) – Título universitario de grado.

* Instituto Normal de Enseñanza Técnica – Titulo docente terciario de grado.

* Universidad de Educación a Distancia (UNED – España) Experto Universitario en Administración de la Educación.

* Universidad de la Empresa (UDE – Uruguay) – Posgrado en Habilidades Gerenciales.

* Instituto para el Desarrollo Social (INDES – BID – EEUU) – Gerencia Social para Directivos.

* Universidad de la Empresa (UDE – Uruguay) – Posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos.

* Instituto Nacional de Administración Pública (INAP – España) – Gestión de Recursos Humanos, Gestión Estratégica en la Administración Pública, Habilidades Directivas, Gestión del Conocimiento.

1. Calificación Profesional

Experiencia en gestión de órganos del gobierno de la educación pública nacional. Asesor de entidades educativas públicas y privadas en cuestiones vinculadas con la transformación institucional. Docente con experiencia en el área de la formación técnica en cursos de educación media superior y en cursos terciarios.

Experiencia en organización y supervisión de equipos de trabajo de entidades públicas y privadas.

Dirección y planificación de organizaciones de servicios de mediando y gran porte, públicas y privadas.

Formación en educación, derecho, administración, mediación y resolución de conflictos, así como en gestión de recursos humanos.

Formación y experiencia en dirección estratégica de personas, en procesos de selección, de capacitación y de evaluación de desempeño.

Experiencia en relaciones laborales, especialmente con entidades organizadas de trabajadores en los sectores público y privado.

1. Experiencia profesional

• Universidad de la República – Facultad de Derecho – Consejero electo integrante del cogobierno universitario – diciembre de 1995 a diciembre de 1997
• Consejo de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) – Secretario General – noviembre de 1996 a enero de 1999.
• Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) – Secretario General – enero de 1999 a abril de 2005.
• Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) – docente de Derecho y Legislación de la Empresa – mayo de 2001 a la fecha.
• Teyma Uruguay S.A. (ABENGOA) – Gerencia de Recursos Humanos – Asesor Jurídico Interno – setiembre de 2005 a Noviembre de 2007.
• Coordinador General de la Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión de RRHH de la Fundación CEDDET de España – Año 2009.
• Teyma Uruguay S.A. (ABENGOA) – Gerente de RRHH de Teyma Construcción – mayo de 2010 a diciembre de 2011.
• Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua de Uruguay (URSEA) – Secretario General – noviembre de 2006 a la fecha.
• Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP)1 – socio, asesor e integrante de la Comisión Directiva – Agosto de 2012 a Abril de 2015.
• Instituto de Formación Docente Elbio Fernández (IFDEF)- integrante del Consejo Académico – Agosto de 2013 a la fecha.

Fuente Imagen: www.metropolisfm.com

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Al igual que en las recientes elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, el sector Vamos Uruguay liderado por Pedro Bordaberry obtuvo también en el CED una clara mayoría logrando 10 de los 15 cargos con un total de 135 votos a favor.

La lista 3 encabezada por el diputado Guillermo Faccelo fue la mas votada con un total de 69 sufragios lo que le permitió quedarse con 5 de los 10 cargos del sublema Vamos Uruguay.

La lista 4 encabeza por el diputado Fitzgerald Cantero logro 2 cargos y 3 fueron para la lista 7 que integraba entre otros Felipe Schipani.

Por otra parte, la alianza entre el sector liderado por José Amorín (PROBA 47 votos) y el diputado Fernando Amado (27 votos) obtuvo un total de 74 votos alcanzando 5 miembros en el CED.

Fuente Imagen: www.partidocolorado.com.uy

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De acuerdo a los datos finales proporcionados por la Comisión Nacional Electoral del Partido Colorado, Vamos Uruguay tendrá 11 de los 15 cargos en el CEN a los cuales se sumarán 2 que corresponden a los representantes de los jóvenes. De este modo Vamos Uruguay tendrá una mayoría en el ejecutivo de 13 integrantes en un total de 17.

Esta representación actual supera la alcanzada en la elección del año 2009 en la cual Vamos Uruguay obtuvo 10 de los 15 puestos mientras que los restantes 5 correspondieron al sector PROBA.

En cuanto a los candidatos, tras el escrutinio de los votos observados se confirmó que Pedro Bordaberry fue el más votado en todo el país con un total de 333 votos, seguido por José Amorín con 117, Fernando Amado 27, Luis Lozano 5 y Anibal Gloodofsky con 4.

Teniendo en cuenta el resultado de la votación que tuvo lugar el pasado sábado 6 de diciembre, los nuevos integrantes del CEN por Vamos Uruguay son; Pedro Bordaberry, Germán Cardoso, Cecilia Eguiluz, Viviana Pesce, Juan Llantada, Carla de Feo, Guido Machado, Roberto Yavarone, Adrián Peña, Fitzgerald Cantero, Martha Montaner y Gustavo Cersósimo.

Entre los miembros suplentes por Vamos Uruguay se encuentran; Felipe Schipani, Carolina Ache Batlle, Andrea Maddalena, Dianne Martínez, Guzmán Ifran y Gustavo Espinosa.

Por otra parte, los miembros electos por el sector Batllistas de Ley son; Alberto Iglesias, Tabaré Viera, José Amorín y Walkiria Olano.

Fuente Imagen: www.nicolasortiz.com.uy

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El diputado Germán Cardoso (Vamos Uruguay) salió al cruce de los reparos de Batllistas de Ley de José Amorín, considerando que tienen una “visión monárquica” de la política y que es un reclamo por cargos.

El ex diputado y ex director de Ancap, Juan Justo Amaro Cedrés salió duramente a contestar a través de su cuenta en Facebook.

«ANTE LOS AGRAVIOS DEL DIPUTADO GERMÁN CARDOZO.

AMORÍN BATLLE NO SOLO NO TIENE VISIÓN MONÁRQUICA, SINO QUE SUS APELLIDOS ESTÁN IDENTIFICADOS CON LA MEJOR HISTORIA DE LA REPÚBLICA.

Quién gana la interna de un Partido Político, desde mi punto de vista tiene que dar mensajes de unidad. Esos mensajes son fundamentales para la motivación de todos los integrantes de una colectividad política.

En nuestro Partido a más de un mes de las elecciones internas, seguimos viendo cómo se resuelve el tema, y para mí José Amorín era el candidato natural para acompañar al Dr. Bordaberry en la fórmula presidencial. Hoy pienso que ya pasó el momento, y que luego de este agravio del Diputado Germán Cardozo, José Amorín que es un caballero de la política, claramente debe ponerse al margen de esa responsabilidad.

Amorín Batlle tiene el honor de llevar dos apellidos que hacen a la mejor historia DEMOCRÁTICA de nuestra República y tanto en su pasado como en su accionar, nada está más lejos que la monarquía en su forma de vivir y encarar la vida política.

Ojalá las declaraciones infelices de este Diputado sean prontamente desautorizadas por su corriente política, lo que de no ser así será un enorme error que flaco favor le hará al necesario buen relacionamiento que tendríamos que buscar los colorados.

Con actitudes de soberbia extrema como ésta, llego a pensar si querrán que los Batllistas votemos dentro del Partido Colorado. Si eso es lo que se busca, en mi manera de ver, los Batllistas nos tenemos que rebelar y trabajar más que nunca para tener más fuerza y no entregar las gloriosas banderas de nuestra colectividad a tanta soberbia e insolencia.

LOS BATLLISTAS CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS INTERESADOS, MARCAMOS EL 26% DE LOS VOTOS COLORADOS.

¡ARRIBA EL BATLLISMO!».

Fuente Imagen: FM Gente. www.fmgente.com.uy

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Por otra parte, Bordaberry renunciará a su banca, sin goce de sueldo, el 15 de marzo, para dedicarse de lleno a la campaña.

“El Uruguay que queremos es el que se preocupa por la educación, no por la ley de medios”, señaló Bordaberry ante la dirigencia del sector.

Expresó su deseo de querer “un país educado, no uno que carece de prioridades y valores. Hay que reducir la pobreza y defender la castigada clase media”.

“La próxima campaña tiene que hablar de la esperanza. De la esperanza de que puede haber un Uruguay mejor. Llegó la hora”, enfatizó Bordaberry.

Para Bordaberry “es el momento de tomar decisiones porque estamos perdiendo competitividad no solo en turismo, también en comercio y la industria”.

En su línea de acción, Bordaberry sostuvo que “vamos a invertir en gasto social para sacar a la gente de la pobreza. Ese tiene que ser nuestro principal desvelo”.

“Queremos construir y hacer las cosas que hay que hacer. Muchos dicen y no hacen.

Algunos dicen que son batllistas, nosotros no lo decimos, hacemos batllismo”, enfatizó.

El legislador colorado expresó que “llegó el momento, que todos juntos, volver a devolver la esperanza, de construcción, del hacer, eso es lo que tenemos que hacer juntos”.

Los dirigentes y adherentes colorados coreaban: “Se siente, se siente. Pedro presidente”, mientras uno de los carteles tenía la siguiente inscripción: “Está claro, Pedro sí les gana”.

Fuente Imagen: www.radiouruguay.com.uy

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“Estamos viviendo, en la vida política de nuestro país, un momento de transición, de cambio.

Se está operando la transición de las generaciones políticas uruguayas.

Llega a su fin el tiempo de generaciones que mucho han hecho por el Uruguay. A las que les tocó vivir tiempos de enfrentamientos en el país y en el mundo. Generaciones que lograron pese a eso, con grandeza y aciertos, la reconstrucción democrática del Uruguay.

Hoy estamos ante un tiempo nuevo. El de una nueva generación que asume responsabilidades y una que se va. Hay una generación que anda en sus cincuenta que empieza a competir y suplantar a otra que tiene más de setenta y pico.

Ello lleva a preguntarse cuáles son los desafíos de esta nueva generación.

A mi juicio nos toca no sólo reivindicar los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, sino hacerlos efectivos. Sacarlos de ser, en algunos casos, enunciados genéricos que no se plasman en la realidad a que se concreten, se respeten.

De nada sirve que se establezca que es obligatoria la educación si tenemos el índice de repetición que tenemos o una gran cantidad de jóvenes ni estudian ni trabajan.

De nada sirve legislar sobre salud si no hay ambulancias en los pueblos del interior, no hay especialistas en muchos lugares y hasta se mueren mujeres en las puertas de los hospitales por falta de ellos.

De nada sirve consagrar el derecho a la libertad si no podemos dejar nuestras casas solas por miedo a que nos roben, debemos colocar rejas y cercas o no circulamos a determinadas horas por ciertos lugares por miedo a que nos asalten.

Por ello el gran desafío de nuestra generación, la agenda prioritaria es lograr que esos derechos, que nadie discute, efectivamente sean respetados.

El Partido que está en el gobierno cumplirá diez años en él en marzo del 2015.

No pongo en duda su intención de mejorar el Uruguay. Todos la tenemos. En algunas áreas lo logró. En otras, notoriamente, hemos retrocedido.

Pero el gran enemigo que tuvo fue concentrarse en sus laberintos internos y no en los grandes temas del país. Esas contradicciones internas, tan indisimuladas últimamente, terminaron en concesiones a algunos o en inmovilismos que afectaron la calidad de nuestra educación, salud, y crecimiento. Ha afectado hasta la gestión en Montevideo.

Esas mayorías, provocaron que las grandes decisiones sobre el futuro del país quedaran atrapadas en las discusiones internas del Partido de Gobierno y que como consecuencia gran parte del Pueblo Uruguayo quede fuera de ellas.

Así la agenda en estos años fue la intención de derogar una ley ratificada dos veces por los uruguayos con su voto. Eso llevó al país a perder más de un año en discusiones para que finalmente la Justicia les dijera lo evidente: que era inconstitucional. Y para que los uruguayos les dijéramos bien fuerte que los resultados de las urnas deben respetarse SIEMPRE.

Por eso creo que no ha sido bueno ese monopolio del poder y la conducción del país de los últimos diez años. La mitad de los uruguayos, aquellos que no votamos al Partido de gobierno, hemos estado excluidos de la representación de nuestras ideas, sentimientos, propuestas y prioridades.

La agenda de temas prioritarios del país pasa por la Educación, por la Seguridad, por la Salud, por terminar con la pobreza.

No por la discusión interna de la ley de medios, de la marihuana, de quien es el Presidente de un Partido, su candidato, la amistad con la Sra. Kirchner o la derogación de la ley de Caducidad.

Por eso nuestro desafío es cambiar esto. Poner en la agenda nacional los temas de todos los uruguayos y no de la mitad del país.

Lo haremos no sólo representado a esta otra mitad, sino a todos los uruguayos. Porque el Uruguay somos todos y es solamente entre TODOS que podremos construir un mejor Uruguay.

La Democracia es no sólo votar, la Democracia es también el respeto de la mayoría por la minoría, es la limitación del poder, es diferenciar el Gobierno del Estado, el Partido del ciudadano, el Derecho de la arbitrariedad.

Darse cuenta que un gobierno debe priorizar los temas que afectan a todos los uruguayos y no a unos pocos es esencial para mejorar.

Es lo que haremos a partir de marzo del 2015”.

Fuente: www.eleccionesenuruguay.com

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La Agrupación“Destino Canelones, Vamos que se Puede” se suma este martes 24 de abril a Vamos Uruguay en un moderno acto que se realizará a las  19 y 30 horas enla Sociedad Italianade la ciudad de las Piedras.

La mencionada incorporación, del grupo más joven del Partido Colorado en Canelones, contará con la presencia del líder de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry y las principales autoridades nacionales de esa colectividad.

“Destino Canelones”  fue fundada en julio del año 2009 y en pocos meses logró una performance electoral  que sorprendió a propios y extraños.

En las elecciones municipales del 2010 fue la única agrupación colorada que no perdió votos en relación a la elección de octubre de 2009, contando hoy con dos ediles departamentales y cuatro de los nueve concejales colorados de Canelones , transformándose en la verdadera carta de renovación de su colectividad en un departamento con tradición histórica colorada.

El mencionado grupo, que nació desde una barra de amigos, es liderado por el Licenciado Adrián Peña, quien ha demostrado con sobradas pruebas, su capacidad, su compromiso e inteligencia, comprometida con la realidad del departamento, el cual ha elegido como su lugar en el mundo.

Dentro de las innovaciones que ha desarrollado el nuevo grupo se han destacado intervenciones ciudadanas comprometiéndose con varios temas que preocupan a los canarios, como el saneamiento, seguridad, competitividad de los productores rurales, medio ambiente, estado de calles, etc.

En el marco del intenso trabajo que realiza Destino Canelones en responsabilidad social, se ha fundado  recientemente el Centro de Formación Ing. Waldemar Barreto, el cual recorre de manera itinerante el departamento de Canelones generando debates y atendiendo inquietudes.

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“El tema dela Educaciónparecía difícil, casi imposible.

Se presentaban propuestas (http://bit.ly/pGGede), proyectos de ley (http://bit.ly/wesE03) y los mismos ni se trataban.

Se había firmado un acuerdo entre todos los partidos hace más de un año y medio y no se había cumplido siquiera con la posibilidad de tener veedores para acceder a la información de primera mano.

Hasta pensamos en salir a recoger firmas, como lo hicimos con la seguridad, y lo anunciamos públicamente en esta misma columna

Desde el Parlamento los Partidos convocamos al Ministro de Educación y a las autoridades dela Educación.

Las diferencias parecían insalvables.

Las palabras de los integrantes de los órganos de la educación en el Parlamento, salvo la excepción del Presidente, no ayudaban.

Las de los gremios de la educación tampoco.

Sonaban a algo así como “el sistema político no debe meterse en este tema de la educación; sólo nosotros podemos hacerlo”.

Creímos en ese momento y volvemos a creerlo ahora que hay un error de enfoque en ello.

Grave.

La gente vota en el Uruguay cada cinco años. Elige Presidente, Senadores, Diputados.

Somos, los representantes del Pueblo.

De acuerdo conla Constituciónla soberanía radica enla Nacióny ella se manifiesta a través del voto.

Como representantes aprobamos leyes, presupuestos, fijamos objetivos, prioridades.

Uno de ellos, quizás el más importante esla Educación. Setrata del futuro de nuestros jóvenes y niños, sus oportunidades de vida.

También es nuestro deber, como representantes del pueblo, controlar, analizar los resultados, exigir su mejora y los cambios y correcciones que sean necesarios.

De ahí que pensar que sólo un sector, una corporación, puede ocuparse del tema de la educación es un error.

La autonomía es para que no se utilice la educación políticamente a favor de un Partido o una ideología.

No para que no se pueda evaluar la misma, exigir mejores resultados, sugerir correcciones, crear nuevas instituciones, dictar leyes y establecer formas de gobierno.

A las autoridades mayoritarias de los órganos de la educación los designa el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Eso se determina por una ley que aprueba el Parlamento.

No las nombran las corporaciones gremiales. Ello porque éstas representan a una parte, importante, pero una parte de la sociedad.

No es que no puedan participar. Es que no pueden ni deben ser los que tengan derecho de veto o los únicos que pueden tomar decisiones, porque su interés es, por definición, parcial.

Creemos que debe escucharse a los gremios docentes. Que su opinión y voz siempre debe ser tenida en cuenta antes de tomar decisiones.

Pero no pueden ser la única ni tener capacidad de veto.

Volviendo a Diciembre del pasado año, todo parecía complicado y de mal pronóstico. Las posiciones eran irreductibles los enfrentamientos públicos también.

Pero se fijaron objetivos posibles, nos bajamos todos de posiciones iniciales con el fin de lograr consensos y acordamos durante el verano cuatro puntos.

Pero también fuimos claros en el momento del cumplimiento de lo pactado.

Para nosotros era vitalla Universidadtecnológica en el interior del Uruguay. Es algo en lo que venimos insistiendo hace mucho rato. Una nueva Universidad y en el interior.

También lo era otorgarle más poder a los representantes del gobierno en el Codicen, lo que se logró con el acuerdo por el doble voto al Presidente del mismo.

El plan de fortalecimiento de los centros educativos acordado es empezar a retomar la línea que en 1996 señalaron German Rama, Carmen Tornaría y José Claudio Williman. De la que no tendríamos que habernos separado.

Instalar el Instituto de Evaluación significará poder contar con información confiable.

Ahora viene la parte mas compleja: su implementación práctica, su cumplimiento.

No debe demorarse esto porque los números que se hicieron públicos esta semana son realmente preocupantes o, mejor dicho, desesperantes.

Hoy tenemos un 43% de repetición en primero de liceo en Montevideo, la que aumentó más de 30% en los últimos seis años. Estamos mal y venimos en picada.

Sólo uno de cada diez de los muchachos de los hogares de ingresos más bajos terminanla Educaciónmedia mientras que 8 de cada diez de los hogares con mayores ingresos si lo terminan.

Es injusto y no democrático. Cercena oportunidades de miles de jóvenes uruguayos.

Enfrentamos una enorme caída de la cantidad de alumnos enla Educación Públicaen el Uruguay.

De ahí la importancia de lo que se hizo esta semana.

Insistiremos con otros desafíos: la fijación por ley de 200 días de clase como mínimo; la extensión de 7º, 8 y 9º a las escuelas urbanas, la evaluación y acreditación universitaria, la puesta en funcionamiento del plan de fortalecimiento, la instalación dela Universidadtecnológica en el interior.

Viene el momento de la gestión, del hacer.

Tenemos un presupuesto educativo enorme, tenemos un acuerdo. No hay excusas para no mejorar.

Parece difícil, pero no es imposible.

¡Vamos Uruguay!”.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las actividades de Inteligencia constituyen, en la actualidad, un elemento esencial para la seguridad, defensa y logro de los intereses y objetivos estratégicos de los Estados.

Es por ello que los puntos de atención de tales actividades se han venido extendiendo y abarcan, al día de hoy, campos muy disímiles como el delito común, el crimen organizado, el orden de batalla de fuerzas militares de otros países, información tecnológica o industrial, posiciones de política internacional, datos económicos y otros tan-tos aspectos, cuyos contenidos y efectos, además, se “entrecruzan” cada día más.

Es de general aceptación el hecho de que los organismos que en nuestro país desarrollan actividades de este tipo, no tienen un adecuado grado de coordinación que optimice sus esfuerzos. Ello afecta, indudablemente, la posibilidad de toma de las mejores decisiones en el plano estratégico con la consiguiente afectación de los intereses nacionales.

Asimismo, resulta evidente la sensibilidad de estas actividades, especialmente, en el aspecto encubierto de las mismas. Ello, en el ámbito internacional, puede afectar las relaciones entre los países y, en el plano individual, se encuentra siempre en conflicto con la libertad y privacidad de las personas.

En este contexto general, es que la creación del cargo de particular confianza de “Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado” por el artículo 59 de la Ley    Nº 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005, nos pareció un paso muy limitado y con importantes carencias, especialmente de control pero, en definitiva, hacia la dirección necesaria.

No obstante ello, las dificultades de todo tipo y lo delicado del manejo de este tema quedan claramente de manifiesto ni bien consideremos que dicho cargo, de tanta trascendencia, no fue ni reglamentado ni ocupado durante el pasado período de gobierno, en el cual se propuso su creación. En el actual, a pesar de haberse ocupado el cargo, es notorio que continúan las dificultades, al punto que condujeron a una “destitución transitoria” del Coordinador, luego revisada por el Presidente, en el marco de reuniones y promesas de coordinación con la oposición jamás concretadas.

Aunque parcial, un nuevo paso en la definición de las estructuras para la administración de la estrategia nacional lo constituyó la Ley Nº 18.650 de fecha 19 de febrero de 2010 (Defensa Nacional – Marco General).

En el terreno específico de la toma de decisión estratégica que estamos tratan-do, dicha ley establece un Consejo de Defensa Nacional. Este Consejo refleja, en cierto modo, la visión integradora antes señalada y requerirá, inevitablemente, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, un apoyo de Inteligencia estructurado bajo los mismos conceptos.

La imprescindible norma que ordene estos aspectos fue prometida en diversas ocasiones por voceros del Partido de gobierno, tanto desde el Poder Ejecutivo como de su bancada parlamentaria, en particular, ante la presentación de nuestro proyecto de control parlamentario de los servicios de inteligencia. Al tiempo de manifestar su acuerdo con la necesidad del referido control, los voceros antes referidos postergaron su tratamiento a la espera de la ley general que ordenaría el tema Inteligencia.

Ante la situación de conflicto creada entre el Presidente de la República y su Coordinador de Inteligencia, en reuniones con todas las bancadas parlamentarias, este prometió, nuevamente, hace ya varios meses, la convocatoria a reuniones de trabajo para comenzar el tratamiento de esa ley general.

Transcurrido un tiempo razonable, en el cual no se aprecia ningún avance sino solo promesas postergadas por nuevas promesas, consideramos que, como Partido responsable en el ejercicio de la oposición, es nuestro deber presentar una iniciativa sobre el tema y comenzar todas las acciones a nuestro alcance, para conseguir su tratamiento rápido y en profundidad.

Tal como manifestamos al presentar el proyecto de Control Parlamentario de los Servicios de Inteligencia, entendemos que el país necesita un verdadero Sistema de Inteligencia eficiente, coordinado, orientado por el más alto nivel de conducción política, y sometido a los controles imprescindibles, que debe ser motivo de una ley general.

Consideramos, asimismo, imprescindible, un componente orgánico que oriente y coordine los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia a nivel estratégico, así como la clara definición de conceptos, autoridad y responsabilidades que sienten las bases para el correcto funcionamiento del sistema.

Es por lo expuesto que presentamos el presente proyecto de ley, con los siguientes contenidos:

—El Título I define el propósito de la ley y los conceptos básicos objeto de nuestra atención.

—El Título II describe la composición y orientación del Sistema que la ley organiza.

—El Título III crea la Secretaría Nacional de Inteligencia y establece los fundamentos de sus funciones y organización.

—El Título IV establece un marco genérico de garantías para los ciudadanos ante la necesidad de recurrir a procedimientos especiales de obtención de información.

—El Título V define, claramente, las responsabilidades y autoridad de los tres Poderes del Estado respecto al control de los servicios de inteligencia, recogiendo, en lo sustancial, nuestro anterior proyecto en relación con este tema.

—El Título VI establece, con claridad, las normas de reserva de la información que obligan a los miembros del Sistema y a quienes, desde tareas de control, se vinculen con él.

—El Título VII, finalmente, adopta previsiones transitorias para habilitar una rápida y racional entrada en funciones del sistema al ser aprobada la ley.

Entendemos, asimismo, trascendente, que la Ley que se propone sea elaborada con un amplio acuerdo político y técnico, en tanto definirá aspectos sensibles para la seguridad y defensa nacionales, así como para las garantías democráticas de los ciudadanos.

Es propio solo de las democracias sólidas el hecho de que las actividades de inteligencia  tengan la mayor transparencia hacia la ciudadanía compatible con su eficacia, sean conducidas profesionalmente por el Poder Ejecutivo en procura de alcanzar los objetivos nacionales, sean habilitadas por los jueces cuando requieran métodos invasivos de las garantías individuales, y sean aprobadas y supervisadas por el Parlamento libremente electo, fiel representante de la variedad de orientaciones políticas.

Este proyecto procura realizar un aporte en esa dirección y, por ello, esperamos contar con el apoyo y cooperación de todos los Partidos aquí representados.

Montevideo, 18 de octubre de 2011.

JOSÉ A. AMY

Representante Nacional

por Soriano.

Articulado.

REGULACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO Y CREACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

TÍTULO I

DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA

Artículo 1º.— Esta ley tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado.

Sus normas generales se aplicarán a todos los órganos que realicen actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

Artículo 2°.— Para los fines de esta ley y de las actividades reguladas por la misma, se entiende por:

a)         Inteligencia: proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de in-formación, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones.

b)         Contrainteligencia: aquella parte de la actividad de Inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de Inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas u organizaciones, dirigidas a obtener información que, en su poder, pueda afectar los intereses del Estado, su seguridad interior o la Defensa Nacional.

c)         Inteligencia Estratégica es el conocimiento de situaciones de interés inmediato o potencial, adquirido mediante un proceso multidisciplinario y necesario para la toma de decisiones al más alto nivel, en procura de los Objetivos Nacionales.

TÍTULO II

DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA  ESTRATÉGICA DEL ESTADO

Artículo 3°.— El  Sistema de Inteligencia del Estado es el conjunto de todos los órganos de Inteligencia estatales, independientes entre sí y funcionalmente coordina-dos, que dirigen y ejecutan actividades específicas de Inteligencia y Contrainteligencia.

Todos los integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado, sin perjuicio de su dependencia orgánica y de sus cometidos específicos respecto a la misma, deberán relacionarse entre sí mediante el intercambio de información y la cooperación que se establecen en esta ley y en el ordenamiento jurídico, a fin de producir Inteligencia Estratégica, bajo la orientación y coordinación de la Secretaría Nacional de Inteligencia

Artículo 4°.— El Sistema de Inteligencia del Estado está integrado por:

a)         La Secretaría Nacional de Inteligencia.

b)         Los componentes orgánicos a cargo de la Inteligencia de los Ministerios de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas.

c)         Ocasionalmente, por todas aquellas reparticiones del Estado que por la in-formación que manejen o por sus capacidades técnicas, puedan contribuir al propósito del Sistema de Inteligencia del Estado.

d)         Comité de Inteligencia

Artículo 5°.— El Comité de Inteligencia estará integrado por los jefes de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia del Estado y aquellos otros que pueden ser convocados en representación de otras organizaciones, ante requerimientos específicos.

Será una instancia de coordinación técnica entre los organismos integrantes del Sistema, para el intercambio de información e Inteligencia y la facilitación de la cooperación mutua.

Las reuniones de dicho Comité se realizarán periódicamente y serán presididas por el Secretario Nacional de Inteligencia, quien deberá convocarlo de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo 7º.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

CAPÍTULO 1°

DE SU CREACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 6°.— Créase la Secretaría Nacional de Inteligencia, órgano dependiente de la Presidencia de la República, cuya misión será producir Inteligencia estratégica para asesorar al Poder Ejecutivo, al Consejo de Defensa Nacional y al Gabinete de Seguridad, a fin de apoyar sus responsabilidades de protección de la soberanía nacional, preservación del orden constitucional, y toma de decisiones estratégicas orientadas a la consecución de los objetivos nacionales.

Artículo 7º.— El Poder Ejecutivo fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la Política de Inteligencia Nacional, orientando, de tal modo, el asesoramiento establecido en el artículo 6º .

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, corresponden a la Secretaría Nacional de Inteligencia (en adelante la Secretaría), bajo la responsabilidad directa del Secretario, el cumplimiento de las siguientes funciones:

a)         Formular el Plan de Inteligencia Nacional, para conocimiento y aprobación de la Presidencia de la República

b)         Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos de Inteligencia inscritos en el Plan de Inteligencia Nacional.

c)         Orientar y coordinar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia del Estado.

d)         Convocar al Comité de Inteligencia establecido en el artículo 5º, presidir sus reuniones y solicitar la asistencia de los funcionarios de la Administración del Estado, según lo considere pertinente.

e)         Procesar la información colectada por los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado, de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir Inteligencia Estratégica, de acuerdo con los requerimientos efectuados por los órganos asesorados.

f)          Conducir el relacionamiento con los organismos de Inteligencia Estratégica de otros Estados.

g)         Proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado.

h)         Requerir de los servicios de la Administración del Estado, civiles y militares, la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, como, asimismo, de las empresas o instituciones en que el Estado tenga aportes, participación o representación. Los mencionados organismos estarán obliga-dos a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean solicitados, a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección, según corresponda.

i)          Disponer la aplicación de medidas de Inteligencia y Contrainteligencia, con objeto de detectar y enfrentar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales; de organizaciones criminales transnacionales; así como también de todas aquellas amenazas detectadas por el Estado en el ámbito nacional y las identificadas a través de tratados a los que haya adherido.

j)          Presentar todos los informes a que refiere esta ley, particularmente el Informe Anual de Actividades de Inteligencia y los informes regulares ante la Comisión Parlamentaria de Supervisión de los Servicios de Inteligencia.

CAPÍTULO 2°

DEL SECRETARIO DE INTELIGENCIA

Artículo 8°.— La Secretaría Nacional de Inteligencia estará a cargo del Secretario de Inteligencia, quien tendrá rango de ministro y será designado por el Presidente de la República, previa venia de la Asamblea General por mayoría especial de 3/5 de sus componentes. El Secretario de Inteligencia podrá ser llamado a sala, juzgado en su gestión y censurado de acuerdo con todos los procedimientos establecidos, a esos efectos, en la Constitución de la República para los Ministros de Estado.

El Secretario podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos y no podrá ser designado nuevamente antes de tres años, contados desde el término de sus funciones.

En caso de ausencia o impedimento circunstanciales, será subrogado por el Jefe de División que corresponda, de acuerdo con la estructura interna y el orden jerárquico que determine el reglamento a dictarse en conformidad con las disposiciones de esta ley.

Artículo 9º.— Las funciones de Secretario de Inteligencia son de dedicación exclusiva e incompatibles con todo otro empleo remunerado con fondos públicos o privados, salvo las labores docentes o de investigación.

Artículo 10.— El Secretario tendrá a su cargo la conducción, organización y administración de la Secretaría y estará facultado para celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones institucionales.

CAPÍTULO 3°

DEL PERSONAL

Artículo 11.— La dotación inicial de la Secretaría estará conformada por el personal que al promulgarse esta ley integra la Dirección Nacional de Inteligencia de Esta-do, particularmente aquellos funcionarios pertenecientes al sub escalafón de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado. El restante personal militar perteneciente al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, será destinado al Ministerio de Defensa Nacional para su posterior reasignación de cargos.

Artículo 12.—  La dotación definitiva se establecerá de acuerdo con el cumplimiento por el Poder Ejecutivo de lo dispuesto en el artículo 27. Dicho personal quedará comprendido por las normas que actualmente rigen al sub escalafón de la Dirección Nacional de inteligencia de Estado, que en adelante pasará a denominarse “Inteligencia Estratégica”. Sus remuneraciones específicas serán fijadas por ley.

Artículo 13.— Todo el personal de la Secretaría queda comprendido en las disposiciones de la ley Nº 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998 y sus modificativas e incluido en el listado contenido en el artículo 11 de la referida norma.

TÍTULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 14.— Toda operación de búsqueda de información que deba realizar cualquier organismo componente del Sistema de Inteligencia del Estado, involucrando procedimientos especiales que puedan afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos, deberá ser autorizada por el Poder Judicial. A tales efectos, la Suprema Corte de Justicia determinará el órgano judicial competente para actuar en esta materia. Las actuaciones serán de carácter reservado.

TÍTULO V

DEL CONTROL DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA

CAPÍTULO 1º

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES Y LOS CONTROLES

Artículo 15.— En la recolección y tratamiento de la información, los organismos que integran el Sistema de Inteligencia del Estado deberán ajustar su actuación a los siguientes principios:

—        Legitimidad: sometimiento pleno a la ley y actuación de acuerdo a la subordinación y responsabilidad orgánicas.

—        Eficiencia: adecuada relación entre los medios puestos a disposición y la calidad y oportunidad del producto obtenido – la inteligencia.

—        Financiamiento: origen y aplicación adecuados de los fondos asignados a los servicios, incluso los reservados.

—        Legalidad: estricta observancia de la Constitución y la ley en  aquellos procedimientos que, inevitablemente, requieran de actividades invasivas de la privacidad de los individuos.

—        Necesidad y diseminación: se requerirá la información necesaria para la co-rrecta y cabal ejecución de las funciones en cada una de las áreas anteriormente definidas, y se resguardará para tales fines.

—        Asegurar que la información no sea empleada en beneficio específico de persona, organización privada o partido político alguno.

Artículo 16.— Los órganos de Inteligencia que integran el Sistema de Inteligencia del Estado estarán sujetos a control interno y externo.

CAPÍTULO 2º

DEL CONTROL DEL PODER EJECUTIVO, FORMAS QUE REVISTE Y ÓRGANOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJERCE

Artículo 17.— El control interno será realizado por el Director o Jefe de cada órgano, así como por los respectivos superiores en la cadena jerárquica de la Administración Pública.

El control interno comprenderá, prioritariamente, las siguientes normas de actuación:

a)         La correcta administración de los recursos humanos y técnicos en relación con las tareas y misiones institucionales.

b)         El uso adecuado de los fondos asignados al servicio, de manera de que sean racionalmente utilizados para el logro de sus tareas propias, así como gestionados, administrativamente, de acuerdo con la normativa correspondiente.

c)         La adecuación de los procedimientos empleados al respeto de las garantías constitucionales y a las normas legales y reglamentarias, en particular, en cuanto al secreto y privacidad de las personas

Artículo 18.— El personal de los órganos de Inteligencia integrantes del Sistema que infrinja sus deberes u obligaciones, incurrirá en responsabilidad administrativa, conforme lo determinen las normas reglamentarias de las respectivas instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.

CAPÍTULO 3º

DE LOS CONTROLES DEL PODER LEGISLATIVO, SUS CARACTERÍSTICAS Y ÓRGANOS A TRAVES DE LOS CUALES SE EJERCE

Artículo 19.— Créase la Comisión Parlamentaria de Supervisión del Sistema de Inteligencia del Estado.

Artículo 20.— La misma tendrá carácter bicameral y será integrada por un legislador de cada uno de los Partidos con representación en las Comisiones de Defensa de ambas Cámaras. Será presidida por el Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, siendo su Vicepresidente el presidente de la Comisión del De-fensa de la Cámara de Representantes.

Artículo 21.— Es de responsabilidad de la referida Comisión, la supervisión y control de todas las actividades desarrolladas por los organismos de información, Inteligencia y Contrainteligencia del país, para lo cual se relacionará, directa y permanentemente, con el Secretario de Inteligencia. Asimismo, previa notificación a la autoridad de quien dependan, podrá interactuar con los responsables directos de los diferentes servicios.

Artículo 22.— Todos los miembros de la Comisión que en cualquier circunstancia tomen conocimiento de información reservada, están obligados al más estricto secreto, a menos que el mismo sea levantado por una norma explícita y específica o por una resolución de la Comisión adoptada por dos tercios del total de sus miembros. Durante el período de actuación como legisladores, las eventuales violaciones serán considera-das en el marco de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución; una vez perdida la calidad de legislador, dichas violaciones serán alcanzadas por las normas de Derecho Penal.

Artículo 23.— La Comisión mantendrá reuniones ordinarias con el Secretario de Inteligencia del Estado, de quien recibirá, además, un Informe Anual. La Comisión podrá convocar reuniones extraordinarias en el caso de resultar necesarias para el adecuado cumplimiento de sus cometidos.

CAPÍTULO 4º

DE LOS CONTROLES DEL PODER JUDICIAL,  SUS CARACTERÍSTICAS

Y ÓRGANOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJERCE

Artículo 24º.— El Poder Judicial ejercerá su función con total amplitud en el marco de su independencia y competencias, con especial énfasis en las actividades intrusivas de la privacidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.

TÍTULO VI

DE LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR SECRETO

Artículo 25.— Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los órganos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de los que personal de tales organismos u otro vinculado a ellos por cualquier razón, tome conocimiento en el desempeño de sus funciones.

Artículo 26.— Los estudios e informes que elaboren los organismos de Inteligencia solo podrán eximirse del referido carácter de secreto con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que este indique. Los funcionarios de los organismos de Inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Artículo 27.—  El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 120 días para designar al Secretario de Inteligencia y reglamentar la presente ley. La reglamentación incluirá la estructura de cargos de la Secretaría, con sus respectivos requerimientos funcionales.

Artículo 28.—  Cumplido lo dispuesto en el artículo 27, cesa en sus funciones la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado. De sus actuales tareas, aquellas correspondientes al ámbito de la Inteligencia Estratégica Nacional, pasarán a ser desempeñadas por la Secretaría de Inteligencia de acuerdo con las disposiciones de esta norma. Las relativas a la Inteligencia Militar, serán desempeñadas por el Ministerio de Defensa Nacional y sus dependencias, de acuerdo con lo que aquel disponga en cumplimiento de la Ley Marco de Defensa Nacional.

Artículo 29.— Una vez designado el Secretario y hasta que entre en vigencia la próxima Ley de Presupuesto o de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, la Secretaría de Inteligencia funcionará con los recursos humanos previstos en el artículo 11 y los medios materiales y recursos presupuestales asignados hasta el momento a la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Montevideo, 18 de octubre de 2011.

JOSÉ A. AMY

Representante Nacional

por Soriano.

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