1) El aborto legal ha evidenciado un contundente fracaso para terminar con el aborto clandestino -uno de sus supuestos fines-, como ha demostrado este hecho y acontecimientos anteriores, incluso con la muerte de una mujer en el año 2013.

2) Así mismo, el aborto legal ha evidenciado un rotundo fracaso en contener a las madres embarazadas en situación de vulnerabilidad y con embarazos inesperados, como además lo confirman las cifras oficiales del MSP donde más del 90% de las mujeres que consultan para abortar no encuentran una alternativa al aborto y no continúan con su embarazo.

3) Contrariamente a lo que titulara el diario La República en su edición del 11 de febrero pasado, según cifras del MSP la práctica del aborto legal en nuestro país viene en franco y alarmante crecimiento: pasó de 6676 abortos en el primer año a 8499 abortos en el segundo año (más de 21% de aumento).

4) La práctica del aborto y su legalización mantiene incambiados y por tanto no soluciona los problemas reales de vulneración de derechos por los que atraviesan muchas mujeres y que son las causas que las llevan a abortar (violencia; abusos; violaciones; pobreza; exclusión familiar, laboral y educativa; entre otros).

5) Se hace urgente la aplicación de políticas familiares orientadas a fortalecer la capacidad de desarrollo personal y familiar de la mujer, que hagan efectiva, por ejemplo, la conciliación de empleo y educación con maternidad.

6) Reafirmamos nuestro diario compromiso en vencer la desesperanza y la injusticia en que nos sumerge la práctica del aborto y, más aún, su legalización, que nos convierte en un Estado cómplice que coarta el desarrollo de miles de uruguayos no nacidos -violando su Derecho a la Vida- y resigna a la más absoluta soledad y frustración a miles de madres, como muestra este triste hecho en cuestión.

7) Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable de trabajar por un Uruguay que debe y necesita proteger sin restricciones el Derecho a la Vida y construir un sistema de protección social de la maternidad, derogando la actual ley 18987 de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Movidos por la Vida.

Organización Pro-Vida.

Fuente Imagen: sur.infonews.com

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Con respecto a la Defensa de la vida y con firma de varios legisladores del Partido Nacional se presentó el proyecto de ley interpretativo de los artículos 7 y 26 de la Constitución de la República, en el sentido que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Personas con discapacidad

Asimismo se presentaron dos proyectos uno de los cuales propone que las oficinas públicas tengan una atención especial de las personas discapacitadas accidentadas, mayores de 70 años y a mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años. El proyecto solicita que, en virtud de las normas vigentes en materia de protección integral a las personas con discapacidad, en todas las oficinas de las dependencias estatales que atiendan público o recauden valores por cualquier concepto en todo el país, deberá existir una ventanilla especial para atender a personas discapacitadas, accidentadas, mayores de 70 (setenta) años y mujeres embarazadas o que concurran con menores de 5 años.

El otro proyecto propone disposiciones para que se rebaje el cordón en cada esquina de la acera, definiendo que todos los organismos públicos que realicen obras en la vía pública, deberán incluir en el pliego de condiciones del llamado a licitación una cláusula que indique que las empresas adjudicatarias deberán realizar, a su costo, en cada esquina, el rebaje del cordón de la acera a efectos de permitir el acceso universal, en concordancia con las normas internacionales sobre accesibilidad universal.

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