LOS
ESTUDIANTES TENEMOS OPINION.

¿QUE
PROPONE LA NUEVA LEY
DE EDUCACION?

¿EL
PRESUPUESTO PLANTEADO SE CORRESPONDE CON LAS REIVINDICACIONES HISTORICAS?

INTRODUCCIÓN

El
proceso de debate y elaboración de una nueva ley de educación se encuentra hoy
en su etapa definitoria, con el ingreso al parlamento del anteproyecto de ley
elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Desde hace
años, distintos actores de la educación planteamos la necesidad de impulsar un
nuevo proyecto educativo para nuestro país, y en este sentido, señalamos la
importancia de sustituir la ley de educación vigente, promulgada en el año
1985, como ley de emergencia. Esta, al final de la dictadura, sustituyó a la
conocida como “ley Sanguinetti”, aprobada en 1973, y mantiene sus postulados
básicos.

Es
necesario para comprender la historia de las transformaciones de la legislación
educativa en el Uruguay, atender el contexto en que éstas se realizan. La ley
N°14101 del año 1973 se elabora y aprueba en medio de una escalada represiva y
en vísperas de un golpe de estado. Dicha normativa, fuertemente autoritaria,
avanza en el sentido de aumentar el centralismo a través de la creación del
CONAE (actual CODICEN) y socava la autonomía de la educación a favor del
control político por parte del gobierno autoritario de la época, planteando un
modelo donde la educación se transforma cada vez más en herramienta de
dominación. La ley N°15739 de 1985, que sustituye a la anterior, mantiene la
injerencia del poder político en el gobierno de la educación, marco de
posibilidad para el ingreso de las reformas neoliberales de los organismos
multilaterales de crédito.

En el año
2005, el gobierno planteó la iniciativa de modificar la ley de educación
vigente. Para quienes planteamos la necesidad de su modificación desde hace
años, esta iniciativa abrió la posibilidad de impulsar un conjunto de
transformaciones que permitan superar la crisis que vive nuestra educación
pública.

En primera
instancia, desde el gobierno se planteó la creación de una “comisión de notables”,
que elaborara las bases para una nueva ley de educación. Esta modalidad de
debate fue rechazada por el conjunto de gremios y sindicatos, ya que excluía a
los actores involucrados en la educación de la discusión de la nueva ley.

En este
contexto, propusimos que la modalidad de debate elegida, promoviera la más
amplia participación y recogiera propuestas de todos los actores vinculados a
la educación.

Frente a
estos planteos, se conformó la Comisión Organizadora del Debate Educativo
(CODE), que propuso una metodología de debate basada en la convocatoria a
asambleas territoriales. Fue así que durante el año 2006 tuvo lugar un proceso
de participación social en torno a la situación del sistema educativo nacional
y su transformación. Durante el mismo participaron más de veinte mil personas a
lo largo y ancho del país, se realizaron más de setecientas asambleas
territoriales y se aportaron más de cuatrocientos documentos, en donde se
manifestaron una heterogeneidad de propuestas y opiniones del más amplio
espectro.

Como
corolario de este proceso, se realizó a fines de 2006 el primer Congreso Nacional
de Educación (CNE) “Maestro Julio Castro”, donde participaron más de mil
doscientos delegados, de los cuales el 62,5% representaban a asambleas
territoriales y el 37,5% a distintos sectores y organizaciones.

Durante el
congreso se debatió, se reflexionó y se resolvió, ejercicio demostrativo de la
capacidad de la sociedad para asumir con compromiso la construcción de su
propio destino. Pero este compromiso de todos los participantes del debate y el
congreso, así como la experiencia democrática desarrollada, se ven enfrentadas
hoy al desconocimiento del Poder Ejecutivo de las principales resoluciones del
CNE a la hora de elaborar el anteproyecto de ley. Es fundamental recordar que uno
de los objetivos esenciales del congreso era funcionar “como instancia de elaboración
de bases para la nueva ley de educación”. Sin embargo, con las resoluciones a
la vista, lo emanado del CNE fue tomado por el MEC simplemente como un insumo y
no como el resultado del proceso de debate, y en temas importantes consagra
posiciones que en el congreso fueron minoritarias y rechazadas.

Como se ve,
la etapa de discusión parlamentaria que se avecina, es el final de un largo
proceso, en el que el movimiento estudiantil ha participado con conciencia de
su relevancia histórica. El momento de las definiciones también nos encontrará
movilizados por la conquista de nuestras históricas reivindicaciones.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FRENTE AL DEBATE DE LA LEY DE EDUCACIÓN

El debate sobre la nueva ley de educación, no es más que una parte del debate
sobre el proyecto educativo que pretendemos impulsar. El proyecto educativo que
promovemos se orienta hacia la construcción de una sociedad más justa y
democrática, a través de la formación de sujetos críticos y cuestionadores del
orden social vigente. Se entiende a la educación como una potencial herramienta
de transformación social, a través del desarrollo de un nuevo paradigma de
producción, distribución y uso de los saberes, revalorizando la dimensión
democratizadora y solidaria del conocimiento. En este sentido, nuestro planteo
se contrapone al de quienes entienden a la educación como mercancía y le
atribuyen el objetivo de generar las competencias que demanda el mercado de
trabajo.

Por lo tanto, al discutir una ley de educación, lo hacemos en clave de fines y
principios de la misma. Sabemos que no será una ley la que solucione todos los
problemas que vive nuestra educación pública, pero sí será una condición de
posibilidad para el desarrollo de alternativas y soluciones a éstos, desde una
perspectiva transformadora y emancipatoria.

Lo antes dicho implica la necesidad de plantearse la organización y el gobierno
de la educación a partir de un modelo que garantice la participación de los
actores populares en la planificación, gestión y evaluación de la educación, y
que consagre a la vez la autonomía respecto al Poder Ejecutivo, a fin de que la
misma no esté sujeta a la volatilidad de los cambios de gobierno y de
resguardar la soberanía del proyecto educativo, eliminando la injerencia de los
organismos multilaterales de crédito en las políticas educativas. Es por esto,
que los principios fundamentales y estructurantes de la nueva ley de educación
deben ser la autonomía y el cogobierno del sistema educativo público.

El modelo
autonómico y cogobernado que proponemos debe garantizar desde su estructura la
posibilidad de que los actores involucrados en la educación se apropien de los
procesos de toma de decisiones, para lo cual será necesario también generar una
cultura de organización y participación democrática de los órdenes en el
gobierno de la misma, que será la que permita hacer efectivas las
transformaciones que nuestra educación demanda. Es decir, plantear el
cogobierno implica sustituir la designación por parte del poder político de las
autoridades educativas por la elección de las mismas por parte de los órdenes
que la componen, pero también y esencialmente, implica democratizar los
procesos de toma de decisiones, involucrando en ellos a todos los actores.

Los promotores del modelo de gobierno de la educación actualmente vigente, que
condena a la educación a los vaivenes electorales e impide establecer un
proyecto de largo plazo para la misma, suelen acusarnos de ambicionar poder y
de querer aislar a la educación de los otros aspectos de la vida social,
confundiendo autonomía con autarquía. Rechazamos ese intento por reducir la
discusión a una disputa por espacios de poder: nuestro planteo se trata de un
intento por asociar fines y medios para el desarrollo de nuestro proyecto
educativo, apoyados en una perspectiva axiológica comprometida con la igualdad
social de los seres humanos, con la sociedad que queremos construir y con un
relacionamiento de nuevo tipo entre educación y sociedad.

LOS EJES DE NUESTRA CRÍTICA AL ANTEPROYECTO DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Como ya hemos mencionado, el anteproyecto de ley presentado por el MEC y
aprobado por el Consejo de Ministros, desconoce las principales resoluciones
del CNE. Analizando el proceso de discusión y elaboración que precedió el
ingreso al Parlamento de este anteproyecto, observamos que existen
modificaciones entre la primera versión aparecida en setiembre de 2007 y la
versión final. La movilización y la reivindicación del cumplimiento de las
resoluciones del CNE, obligaron al MEC a contemplar algunos de los aspectos
emanados del congreso, fundamentalmente en lo que tiene que ver con fines y
principios de la educación.

Si bien el proyecto oficial incorpora el concepto de
educación como bien social público y derecho humano inalienable, y atribuye a
la misma fines y funciones que se podrían suscribir sin grandes
contradicciones, es notorio que al momento de plantear la organización y el
gobierno del sistema educativo se percibe una disociación entre fines y medios
que debe problematizarse.

El carácter público de la educación es la única garantía
para la integración de la diversidad social, en tanto constituye un espacio de
naturaleza inclusiva y no excluyente como por naturaleza lo es el espacio
privado: una educación pública de calidad es una herramienta insustituible para
la lucha contra la reproducción de la pobreza y la desigualdad social. Es por
esto, que planteamos la necesidad de excluir al sector privado de cualquier
organismo con atribuciones de gobierno, distribución de fondos o elaboración de
políticas educativas.

Es en este sentido que marcamos la contradicción que implica
en el anteproyecto del MEC, definir por un lado a la educación como un bien
social público, y por otro fortalecer la presencia de las empresas privadas de
educación en el gobierno de la misma.

En lo que tiene que ver con el gobierno de la educación, se
desconoce la resolución del CNE de consagrar el principio de cogobierno y se lo
sustituye por el de participación. Este cambio, inhibe la potencialidad
instituyente y democratizadora de la práctica del cogobierno, pues la
participación, tal como la plantea el anteproyecto, es sólo de docentes y
siempre en minoría respecto de las autoridades designadas por el Poder
Ejecutivo. El gobierno mixto de la educación que prevé el anteproyecto, reserva
en todos los casos la mayoría para las autoridades designadas, transformando la
participación en testimonial.

Pero no sólo la autonomía de los entes de enseñanza se ve
limitada al no consagrarse el cogobierno de la educación pública. La autonomía
del sistema educativo, formalmente consagrada por la Constitución, se
ve lesionada, al incrementarse la injerencia del MEC en el gobierno del
sistema educativo. Esto se percibe en el aumento de potestades del MEC en
relación a la elaboración de la política educativa nacional y a la coordinación
del Sistema Nacional de Educación. Además, se observa una transposición de
funciones hacia la órbita del MEC, en temas fundamentales como la educación de
la primera infancia, los programas de alfabetización y de educación para
personas jóvenes y adultas, la educación no formal, la educación en derechos
humanos y la educación física.

Un capítulo aparte merece la creación del Instituto de
Evaluación Educativa. Si bien se entiende que es fundamental el control social
de las políticas que se desarrollen en todo el Sistema Nacional de Educación
Pública, se plantea que la evaluación institucional no puede desconocer el
carácter autónomo de los entes de enseñanza. El concepto de calidad educativa y
la evaluación de la misma, deben surgir de un debate social en torno a los
fines y funciones atribuidos por el conjunto de la sociedad al sistema
educativo y el cumplimiento de los mismos. La elaboración de indicadores
que evalúen la calidad del sistema, no puede plantearse como una tarea de
técnicos ni como una práctica neutral.

Por todo lo dicho, queda claro que la educación se ve enfrentada a una
contradicción que pone de un lado un proyecto educativo transformador y aliado
a los intereses populares y del otro un proyecto que permite la continuidad de
un modelo neoliberal de educación. Como estudiantes organizados no estamos
dispuestos a resignarnos a perder una oportunidad histórica de recuperar la
educación pública al servicio del pueblo ni a permitir que se ignore el compromiso
de las miles de personas que apostaron a la transformación democrática de la
educación a través de su participación.

LA BASE MATERIAL DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO:

MAYOR
PRESUPUESTO PARA LA
EDUCACIÓN PÚBLICA

El proyecto educativo que impulsamos no podrá realizarse únicamente sobre la
base de las modificaciones en el factor normativo – institucional que
planteamos anteriormente. Para su realización, será imprescindible dotar de
mayores recursos al sistema educativo público, y el CNE se manifestó al
respecto declarando que “la educación debe ser concebida como una política de
Estado y como tal el presupuesto que a ella se le asigne no debe ser menor al
6% del PBI y crecer sustancialmente hasta estar en correspondencia con el
proyecto de país que pretendemos construir”.

El escaso presupuesto que se ha destinado a la educación pública durante años
ha sido uno de los factores determinantes de la situación infraestructural,
logística y salarial que atraviesa toda la enseñanza pública, impidiendo el
desarrollo de una educación de calidad y para todos. Las limitantes económicas
han conducido a que incluso un fenómeno positivo como el aumento exponencial de
la matrícula en algunos niveles educativos, se convierta en un verdadero problema,
debido a la incapacidad infraestructural del sistema de evitar la
superpoblación de estudiantes por aula.

La realización efectiva de la educación como un bien social público, tiene como
condición necesaria la materialización del principio de gratuidad,
redimensionándolo para asegurar la universalización del acceso y la permanencia
en el sistema educativo. En tal sentido, debe ponerse principal atención a la
concreción de condiciones para su efectividad, como es por ejemplo la extensión
del boleto estudiantil gratuito, el apoyo económico, las políticas de
alojamiento y vivienda para estudiantes que deben trasladarse lejos de su lugar
de origen, la distribución gratuita de publicaciones, entre otras iniciativas.

Por estas razones, cuando se dice que los recursos destinados a la educación en
esta rendición de cuentas superan ampliamente los destinados en el pasado,
planteamos que éstos siguen sin cubrir las necesidades actuales.

En este sentido, es fundamental aclarar de qué se habla cuando se dice que en
esta rendición de cuentas se alcanza el 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI)
para la educación. Hasta ahora, el presupuesto educativo se calculaba
considerando los recursos destinados básicamente a la ANEP y la UdelaR. Sin embargo, y
con el propósito de alcanzar el 4,5% del PBI para la educación a través de
argucias contables, se han considerado parte del presupuesto educativo rubros
tales como: la educación militar y policial, la oficina de Educación del MEC, Ciencia
y Tecnología del MEC, el Fondo de Solidaridad Universitario, el Fondo de
Reconversión Laboral, el Plan Ceibal, el INAU, los centros CAIF, el Instituto
Pasteur, la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación, los aportes de los
trabajadores de la ANEP
al FONASA, los aumentos de las Asignaciones Familiares para los estudiantes de
enseñanza media, etc. No se cuestiona con esto la necesidad de destinar
partidas a estos rubros, e incluso es cierto que dentro de ellos hay algunos
que tienen que ver con lo educativo, pero hay que dejar en claro que la forma
de llevar el presupuesto educativo al 4,5% del PBI ha sido incorporar en él
rubros que nunca antes se habían considerado.

El factor presupuestal y la configuración institucional de la educación, no son
sino dos caras de una misma moneda: constituyen las condiciones de realización
de un proyecto educativo popular, que tenga como principal finalidad la
formación de sujetos críticos, reflexivos, autónomos y comprometidos con la
solidaridad y la igualdad social, a través de un proceso integral de formación
que potencie la diversidad de los talentos y virtudes de los seres humanos para
la realización de una buena humanidad.

EN DEFENSA
DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA

POR
UNA LEY QUE CONSAGRE LA
AUTONOMÍA Y EL COGOBIERNO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

POR
MAYOR PRESUPUESTO PARA LA
EDUCACIÓN PÚBLICA

CEIPA –
FEUU – CEM – CEEM.