En esta ocasión reproducimos textualmente la denuncia penal formulada por el diputado colorado Washington Abdala (Podemos Más) ante el denominado Fondo Bolívar Artigas.

“DENUNCIA PENAL – FONDO BOLIVAR ARTIGAS

SUMA: Presenta denuncia.

Sr. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE TURNO.

Washington Abdala, uruguayo, mayor de edad, abogado, Representante Nacional al Sr. Juez se presenta y DICE:

Que viene a noticiar los hechos que se relatarán , en su carácter de legislador nacional, llegados a su conocimiento según se dirá a continuación, a los efectos de que el Juzgado competente se sirva realizar las investigaciones del caso, por entender que se asiste a circunstancias fácticas que pueden tener eventualmente relevancia penal, y a solicitar se practique la indagatoria pertinente; y en la hipótesis de verificarse la existencia del carácter criminoso de los mismos , se sirva hacer efectivas las responsabilidades penales que por derecho pudieren corresponder:

1-. En el transcurso del año 2005 en base a una serie de acuerdos que los gobiernos de Venezuela y Uruguay suscribieron en diversas áreas, bajo la intención de mejorar la cooperación entre ambos países se crearon mecanismos de ayuda, de donación de Venezuela hacia Uruguay, y de armado de negocios entre el sector privado uruguayo y empresas públicas venezolanas en distintas áreas.

2.- Todas estas operaciones han estado teñidas de opacidad por parte del gobierno uruguayo, que al ser requerido sobre estos temas no ha brindado información concluyente que permitiera aventar interrogantes y dudas al respecto. Los diversos pedidos de informes parlamentarios que se realizaron son concluyentes de la escasa voluntad gubernamental de brindar información acabada en estos asuntos.

3.- En base al pago que el Uruguay abona por concepto de petróleo a Venezuela se creó un Fondo denominado Bolivar-Artigas (un fideicomiso) a los efectos de ambientar acuerdos y negocios entre ambos países. Al inicio de estas operaciones una parte del dinero que Venezuela recibía como pago por el petróleo vendido al Uruguay, habría de ser depositado en el Banco República del Uruguay -por razones nunca aclaradas el dinero habría sido ubicado en el Bandes- . El Presidente venezolano Sr. Hugo Chavez sostenía en el año 2005 que parte de ese dinero iría para “los pequeños productores de caña para producir de allí el etanol que nos hace falta a nosotros allá para la gasolina”… “otro ejemplo que se ha firmado hoy es el de UTE”… “ es decir son mecanismos, solo basta la voluntad política, la voluntad técnica, detectar nuestras necesidades. El cemento es otro caso. De ese fondo vamos a invertir en plantas de cemento. Elevamos la productividad del cemento uruguayo que es de los mejores del mundo y nos llevamos el cemento a Venezuela. Nos pagarán con cemento, o las vaquillonas preñadas de la excelente raza Holando uruguaya. Bueno de allí vamos a sacar en este primer lote seis millones de dólares para mil y tantas vaquillonas preñadas”.

Por su parte el Presidente uruguayo Dr. Tabaré Vazquez sostenía en el inicio de los acuerdos con Venezuela que “lo que hacemos acá no es simplemente cambiar dólares por productos, o por vacas, por petróleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá lo que estamos intercambiando es la dignidad”. Estas eran las visiones presidenciales de ambos gobernantes antes de que el Fondo Bolivar-Artigas se fuera desnaturalizando y ambientara negocios para los cuales originalmente nadie había imaginado que desde allí operarían.

4.- Según consigna el semanario Brecha en su edición del 13 de abril del 2007(se agrega Letra “A”)“El Fondo se conformó con un aporte inicial venezolano de 200 millones de dólares del cobro del crudo a 60 días, destinados a financiar el intercambio de bienes y servicios del Uruguay con Venezuela…Del fideicomiso salieron las donaciones a empresas productivas recuperadas (Funsa, Midobers, Envidrio) por un total de 5 millones de dólares; la donación al Hospital de Clínicas por 10 millones de dólares; la compra anticipada de etanol a Alur por 7 millones, la capacitación técnica que vende UTE por 10.300:000; la exportación de medicamentos por 2.140.000; la exportación de tecnología informática por 59 millones; la exportación de ganado vacuno por 6.200.000 y la exportación de casas prefabricadas por 36 millones de dólares.”

5.- El artículo de Brecha coordinado por Samuel Blixen y escrito por Carolina Porley y Gonzalo Silva sostiene que “el objetivo del fideicomiso (del que es un ejemplo de beneficio mutuo el convenio de UTE) quedó parcialmente desvirtuado, según la apreciación venezolana, por el predominio de negocios con empresas particulares, algunos elaborados aún antes de que se efectuara el depòsito para el fondo y que comprende proyectos por 242 millones de dólares, es decir el 90 por ciento de la cifra destinada.”

6. -El mencionado artículo califica la situación al sostener que “algunos de esos negocios generaron episodios de corrupción en Uruguay y en Venezuela que obligaron a sus suspensión.” (Se refiere al funcionamiento del Fondo). Por ello los periodistas sostienen que “las ventajas eran evidentes : siempre que se obtuviera la autorización del organismo estatal y la orden de pago de PDVSA era posible anudar negocios sin la necesidad de licitaciones, con el acceso rápido al dinero, exonerado de impuestos y al margen de los controles sobre manejo de divisas que imperan en Venezuela.” Cabe consignar que en Venezuela quien decide la compra de los productos es el Estado, o sea que solo desde allí se pueden concretar estos negocios.

7.- Según la referida nota periodística –que luego por las pocas constancias a las que hemos podido acceder mostraron como fidedigna a esa versión- el fideicomiso “financió tres emprendimientos privados que monopolizaron el 90 por ciento de los fondos de la cuentas: la venta de software y asesoramiento en tecnología informática; la venta de casas prefabricadas; y la venta de vacas preñadas y toros Holando.” En relación a las casas prefabricadas la empresa encargada de llevarlas adelante se denomina UMISSA. Esta empresa fue objeto de observaciones por parte de algunas entidades cooperativas uruguayas en relación a su accionar. Por información que contamos el Sr. Norberto Barcos ejerció y ejerce la representación de la empresa en Venezuela allanando el camino para que los pagos a la misma se diligencien de manera rápida. A pesar de ello han existido enlentecimientos y desde Venezuela se habría objetado el tipo de casas que allí se enviaron, tan es así que la Vice Ministra de Vivienda de Venezuela Edith Gomez tuvo que aclarar y explicar cuando se reanudaron las exportaciones uruguayas a su país luego de dos meses de no haber enviado contenedores según consigna el portal “Popular” de ese país con noticia proveniente de AFP. En varias oportunidades se manejó la idea de que las casas exportadas tenían dificultades de armado en Venezuela (se afirmó –lo que la Vice Ministra ratificó- que durante muchos meses las mismas estuvieron detenidas en galpones sin encontrar lugar físico para ser instaladas) por razones que nunca fueron aclaradas. En relación al conocido episodio de “la valija” y sus 700.000 dólares que circularon por el Río de la Plata con el Sr. Antonini Wilson como responsable convendría saber si el Sr. Alejandro Lagrenade (titular de UMISSA) tuvo vínculos con el Sr. Antonini Wilson, y si hubo algún tipo de relacionamiento comercial entre ambos y con UMISSA como contraparte, o por intermedio de alguna sociedad que vinculara actividades o giros financieros con la empresa de casas prefabricadas.(Este es el enfoque recogido en La Diaria y parte de la perspectiva de “Fucvam que sostiene que el polémico hombre de la valija tiene una probada vinculación comercial con Umissa y exige que se investiguen los vínculos políticos de ésta con parlamentarios uruguayos y familiares de éstos que fueron contratados por dicha empresa”) Esta situación debiera ser despejada a efectos de profundizar o aventar dudas al respecto. El episodio del Sr. Antonini Wilson y sus conexiones uruguayas fue objeto de análisis periodístico y atento a la importancia que el mismo reviste, y a las detenciones que en Estados Unidos se realizaran sobre el asunto, sería prudente arrojar luz en su eventual relación con el Fondo Bolivar Artigas y con la empresa Umissa.

8.- Véase que en el negocio de la venta de ganado y en el negocio de la venta de casas prefabricadas hacia Venezuela aparece referido el Sr. Norberto Barcos quien -según información que surge de los artículos de investigación periodística invocados- contaba con buena entrada en el gobierno venezolano por lo que pudo impulsar ambos negocios tan distintos entre sí. De esa forma UMISSA (la empresa de casas prefabricadas) y la venta de ganado se habrían concretado con EL MISMO GESTOR.

Resulta por lo menos llamativa tan diversas especialidades, en áreas tan distintas, como las que el referido gestor parece haber tenido destacada actuación en la concreción de los negocios precitados.

9.- Agrega además el citado semanario que “la venta de software fue gestionado por Javier Vázquez, hijo del presidente Vázquez, en representación de la empresa uruguaya Artech. La venta de tecnología Genexus a la corporación Venezolana de Guayana-Telecom comprendió 59 millones de dólares, de los 79 proyectados. La transferencia de tecnología por parte de Langecor (Artech), Geocom, MVDCOMM y Tabena, se viene realizando normalmente y seguramente se concrete en el futuro inmediato el tramo no ejecutado. En la sede de la representación de Artech, en el edificio Cristal de la zona de Altamira, Caracas, se instaló recientemente la embajada uruguaya en Venezuela”

10.- Asimismo Brecha afirma que “producto de la situación derivada de los episodios relatados más arriba, en los que se denuncia la acción de una red de operadores, la práctica de pago de comisiones y el tráfico de influencias, la administración del Fondo Bolivar-Artigas actualmente está en stand by, mientras se realiza un análisis de cómo orientar los fondos para fomentar intercambios entre empresas estatales, como el concretado entre UTE y su contraparte venezolana CDAFE”

11.- Otra nota periodística de Búsqueda ( se adjunta Letra “B”) firmada por Matías Prado del 19 de abril del 2007 consigna que según fuentes del sector Tecnología de la Información consultadas por dicho Semanario “ Javier Vazquez junto con el empresario Nicolás Jodal “concretó” o “remató” los contactos iniciados por éste durante el año 2005 con la empresa pública venezolana adquirente de los productos informáticos que ambos ofrecen en nombre de varias empresas uruguayas unos días antes que se realizara entre el 13 y el 15 de marzo del 2006 una visita oficial del presidente Vazquez a Caracas. De acuerdo con una lista que fue entregada por un funcionario venezolano a un periodista de Búsqueda en aquella ocasión, el hijo del primer mandatario integró la delegación oficial uruguaya de la que participaron los ministros Reinaldo Gargano y Jorge Lepra. Javier Vazquez figuró en el último lugar de la nómina que distribuyó el Ministerio del Despacho de la Presidencia de Venezuela. Estaba esperando a su padre en el aeropuerto, viajó en ómnibus y otros vehículos destinados a la comitiva y su entrada a algunos actos oficiales fue flanqueada por funcionarios venezolanos que alertaban a la seguridad que se trataba del “hijo del presidente”.

12.- Resulta de relevancia en relación al Fondo Bolivar-Artigas que el Ministro de Ganadería en el año 2007 el Sr. José Mujica declarara, una semana después de la denuncia de Brecha, que había que “bajar la pelota y emprolijar” en relación a los episodios que han ensombrecido la administración del fideicomiso. (Semana del 20 de abril del 2007. Brecha).

13.- El semanario Búsqueda consignaba el estado de situación que gobernó todo lo referido al Fondo Bolivar Artigas y más precisamente en todo lo relacionado a los negocios informáticos que surgieron al impulso político de los presidentes Tabaré Vazquez y Hugo Chavez.

Decía Búsqueda del 19 de abril del 2007 “Si el alcance de la participación del hijo del presidente de la República en negocios informáticos vinculados con el canje de deuda petrolera de Ancap con la estatal venezolana PDVSA formaba parte del recato con que suelen manejarse los secretos a voces en los pasillos de las empresas, a partir del viernes 13 las opiniones e informaciones acerca del asunto han pasado a una situación de cerrado hermetismo.” Hasta el presente no ha existido aclaración de ningún tenor a las notas periodísticas de los semanarios Brecha y Búsqueda.

14.- El capítulo de los negocios con Venezuela tuvo repercusión dado que el propio subsecretario de Energía de la época el Sr. Martín Ponce de Leon fue consultado al respecto y la página de Presidencia de la República dio cuenta de las declaraciones del jerarca uruguayo. Al respecto sostuvo que “consultado sobre “cosas no muy claras” en el manejo del Fondo Bolivar-Artigas referente a la importación de casas prefabricadas desde Uruguay a Venezuela, Ponce de León manifestó que en este viaje se analizó el tema y se aclararon algunos puntos y otros aún permanecen es investigación y análisis. “Con respecto a la supuesta participación de Javier Vazquez en la venta de software a Venezuela en lo que es el Fondo Bolivar-Artigas, el subsecretario afirmó, que en los acuerdos comerciales existen personas que trabajan profesionalmente, en el sector, desde hace mucho tiempo.” (Pàgina de Presidencia de la República del 20/04/07).

15.- Otro elemento sugestivo que denota el grado de informalidad con el que se ha llevado el entendimiento entre ambos países es que primero nacieron los negocios –como el caso de la exportación de software- y años después nace el marco jurídico que tendría que haber regido a esos flujos comerciales desde el principio. Así el “Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnología de la Información, Industria del Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones con la República de Venezuela” recién ha sido aprobado en los últimos meses lo que pauta la anomia que existió hasta el presente.

16.- Los negocios y acuerdos que se concretan generalmente con Venezuela – se estima- se los realiza sin explicaciones y sin los mecanismos licitatorios básicos que las normas imponen. Así, dos de cada tres embarques de crudo que compra Ancap son de PDVSA, con una financiación a largo plazo sobre el 25% de la factura y en un negocio que no queda claro si financieramente es adecuado y si técnicamente sirve, dado el tipo de petróleo pesado que se adquiere. Existen anuncios gubernamentales de que se pretende explotar en conjunto un pozo petrolero en el Orinoco a través de una sociedad conjunta. Se informó públicamente que PDVSA comprará el 25% de las acciones de ALUR (Alcoholes del Uruguay) y se aprobó le propuesta venezolana de instalar una planta de regasificación en el país cuya materia prima será suministrada por Venezuela. De todas estas acciones nada se ha informado desconociéndose si existieron procedimientos administrativos licitatorios de rigor, llamados de precios, etc. Son todas decisiones tomadas por parte del gobierno comprometiendo, se entiende, los recursos del país de manera consistente por mucho tiempo con un país como Venezuela, que en el concierto internacional merece dudas del respeto a las normas de contratación transparentes, como se dirá a continuación.

17.- Al respecto la Organización Transparencia Internacional en su análisis sobre Venezuela en relación a la situación de las contrataciones en el año 2006 sostiene que “algunos organismos públicos (aproximadamente el 10%) divulgan en su página web los llamados a licitaciones y pliegos de licitación, no así información sobre contratos suscritos, lo que forma parte de su gestión administrativa que no se divulga.” “En materia de Licitaciones o contrataciones públicas desde hace muchos años se cuenta con una ley de Licitaciones y su reglamento, sin embargo, en los últimos años se efectuaron varias modificaciones a la referida ley y se aprobaron varios reglamentos que en mayor o menor medida abrieron compuertas para evadir la utilización de los concursos públicos en las contrataciones del Estado”.

Estas consideraciones son pertinentes dado que son empresas públicas venezolanas las que contratan con los agentes privados uruguayos, en base a un Acuerdo firmado por el Gobierno uruguayo.

18.- Los empresarios que participaron de las macro ruedas de negocios iniciales con Venezuela al comienzo de la actual administración, generaron la expectativa de que nacería una serie de emprendimientos en los que bajo reglas claras, todos tendrían la posibilidad de calificar y competir para concretar emprendimientos con ese país. Algunos empresarios han expresado su malestar ante los negocios que solo ciertos grupos empresariales obtuvieron con el gobierno venezolano al amparo de los acuerdos de país a país.

Estos empresarios desplazados aún no se explican cuales fueron los motivos por los que fueron dejados de lado en la posibilidad de llevar adelante negocios teniendo ellos similar “expertise” al de los grupos que sì obtuvieron la aprobación venezolana. Si se ingresa a la página Web de la Cámara Uruguay-Venezuela se advertirá además que el impulso inicial está detenido y que solo los negocios originales son los que se concretaron. (www.camarauruguayvenezuela.org)

19.- No han sido pocas las instancias en las que este legislador requirió información y procuró la comparecencia de las autoridades con resultado infructuoso. Así, los pedidos de informes a los ministerios del área referida demostrarán en sus contestaciones lo poco que se ha esclarecido estos episodios. Inclusive la última contestación a pedidos de informes a la Cancillería de hace más de un año y medio, llegó hace dos días –se adjunta al expediente- en la que pareciera disculpar o justificar el accionar del sector privado en materia de empresas del sector informático y software.

Asimismo la comparecencia del Sr. Ministro de Industria Energía y Minería a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados a nuestra iniciativa demuestra también que es prácticamente mínima la información que el gobierno esta dispuesto a aportar en su vinculación con el gobierno de Venezuela.

20.- El planteo general de esta asunto se realizó en el plenario de la sesión del Senado de la República a efectos de socializar información de relevancia y para ir obteniendo nuevos elementos sobre el caso.

21.- Asimismo, actual Embajador de Uruguay en Venezuela vino a confirmar indirectamente, hace relativamente pocos días, lo complejo y preocupante de la situación que se vive en aquel país y en sus relaciones con el Uruguay dado que según Búsqueda del jueves 8 de mayo p.pdo., ante parlamentarios que se encontraban presentes en una reunión en Caracas en el segundo trimestre del 2008, el jerarca diplomático habría manifestado que comentado “ que la alta rotación de los ministros y sus subalternos producto de la “brutal corrupción” en el gobierno venezolano complica la materialización de los convenios firmados”… “ Contó entonces , a manera de anécdota, lo que ocurrió con la venta de software uruguayo para una industria de Venezuela. Recordó que hizo gestiones para que se realizara la negociación…” Al respecto, manejó las dificultades que viene teniendo para concretar los caminos iniciados.

Varios de los legisladores que compartieron el encuentro con el referido jerarca han ratificado los dichos iniciales del Sr. Embajador. En la reunión participaron los legisladores Jorge Patrone, Jorge Orrico, Margarita Percovich, José Carlos Cardozo, Jaime Trobo y Alvaro Alonso.

PRUEBA.

Se ofrece la siguiente prueba :

Documental. Se adjuntan documentos de prensa que acreditan los extremos narrados ut supra. (Revista Brecha, Búsqueda, La diaria ,paginas Web Popular y El Observador)

Documental. Se agregan versiones de la sesión de la cámara de Senadores que acreditan lo narrado en el numeral 19 y la sesión de la Comsión de Asuntos Internacionales en la que comparece el Sr. Ministro de Industiras.

Testimonial. Sin perjuicio que la Sede entienda oportuno ampliar la convocatoria solicito se cite a declarar a : el Sr. Ministro de Industrias y Energia Daniel Martinez, el sr. Embajador de Uruguay en Francia (ex Ministro de Industrias) el sr. Jorge Lepra, el Sr. Javier Vazquez, el Sr Nicolas Jodal, el Sr. Eduardo Gomez Canon, el ex Subsecretario de Industrias Martin Ponce de Leon, Sr. Presidente de Ancap Raul Sendic, el sr. Alejandro Lagrenade (Umissa).

Testimonial. Se disponga el testimonio de los legisladores presentes en la reuniòn referida en la embajada uruguaya en Venezuela , señores represenatantes nacionales Jorge Orrico, Margarita Percovich, Jorge Patrone, Josè Carlos Cardozo, Jaime Trobo y Alvaro Alonso, de la forma que por derecho corresponda.

PETITORIO

Por lo expuesto al Sr. Juez, SOLICITA:

Se le tenga por noticiados los hechos referidos y presentada la denuncia de los mismos de conformidad al artículo 105 del CPP, constituido el domicilio y ofrecida la prueba.

Se sirva instruir la presente denuncia, y oportunamente de resultar de pertinencia, hacer efectivas las eventuales responsabilidades que pudieran surgir de la instrucción, respecto de las personas que así correspondiere.

Dr. Washington Abdala .- abogado”.

Fuente Imagen: Radio El Espectador. http://www.espectador.com