La Asociación de ex Presos Políticos del Uruguay, Crysol, realizará una protesta contra la ley de reparación integral que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, informó Radio El Espectador el domingo 10 de mayo.

El proyecto de ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado prevé la indemnización, por única vez, con unos 40 mil dólares a los familiares de ciudadanos desaparecidos o asesinados por agentes del terrorismo de Estado.

El articulado no incluye reparaciones para ex presos y exiliados, aunque para las víctimas «que hubiesen sufrido lesiones gravísimas» plantea un resarcimiento de aproximadamente 20 mil dólares, y para los niños que hayan permanecido desaparecidos por más de 30 días, unos 30 mil dólares.

Sin embargo, Crysol está sumamente disconforme. Sus integrantes tratarán de hacerse escuchar en las puertas del edificio anexo del Palacio Legislativo entre el lunes y el jueves de 14 a 17 horas, y el sábado celebrarán una asamblea nacional de ex presos políticos. En ese encuentro intentarán conciliar una postura y definir medidas de protesta para seguir reclamando modificaciones a la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros el lunes pasado.

El presidente de la organización, Baldemar Taroco, sostiene que el proyecto de ley tiene importantes omisiones.

Entiende, además, que no es un proyecto de reparación integral porque no cumple con todos los requisitos exigidos por Naciones Unidas para que sea considerado como tal.

«Crysol plantea que no es de reparación integral porque no cumple a cabalidad con la resolución 60/147 de la ONU de rehabilitación, restitución, indemnización y garantía de no repetición. Si bien reconocemos que ha habido algún avance en cuanto al reconocimiento del Estado como responsble del terrorismo de Estado que mejora la situación de algunos compañeros en la ley tensionaria 18.033, confunde lo ‘tensionario’ con ‘reparación. Si bien en la exposición de motivos se habla de reparación integral, en el articulado se contradice y no habla de eso», manifestó Taroco.

Otro punto que no conforma a Crysol es que el proyecto de ley no implica un pedido de perdón del Estado por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura y cuando el presidente Jorge Pacheco Areco aplicó las Medidas Prontas de Seguridad.

El canciller de la República, Gonzalo Fernández, en su momento integrante de la Comisión para la Paz en representación del Frente Amplio, dijo la semana pasada que la iniciativa no tiene por qué contemplar un pedido de perdón y que, llegado el caso, el mismo puede solicitarse en una alocución pública.

Fernández dijo, no obstante, que el presidente Tabaré Vázquez no debe pedir perdón porque no estuvo involucrado en los hechos de la época. Taroco no comparte el argumento.

«Como representante del Estado podría pedir perdón o indicarle a las Fuerzas Armadas que lo hicieran. En Chile lo hizo Lagos, en Paraguay lo hizo Lugo, lo hizo Balsa en Argentina. Eso no está contenido, tampoco está lo del día de la memoria -planteábamos el 11 de abril como fecha de Salsipuedes-, no está el pedido del Calem como un centro emblemático de la dictadura, donde se torturó y mató a María Clara García de Gelman, donde nació Macarena, no está contenido Punta de Rieles, una lugar donde estuvieron detenidos compañeros y compañeras», expresó el dirigente.

La diputada frenteamplista de Asamblea Uruguay Daniela Paysée, involucrada en la redacción de la iniciativa, defendió el contenido y los alcances del articulado.

«El proyecto y las acciones que vienen a raíz del mismo, y las acciones que ya está haciendo esta fuerza de izquierda en el gobierno como consecuencia de lo que sucedió en la dictadura, forman parte de un todo que tiene que ver con la reivindicación de los Derechos Humanos y con los compromisos internacionales asumidos. Este proyecto de ley se está presentando en Ginebra. Con mucho respeto por organizaciones como Crysol, con la cual hemos tenido acuerdos y desacuerdos -como debe ser en una sociedad democrática-, yo estoy conforme con el proyecto y tengo la certeza de que rápidamente lo vamos a poder aprobar», afirmó Paysée.

Desde Crysol se rechazó la solicitud que hará el diputado colorado Daniel García Pintos para que también se repare a las víctimas de la guerrilla tupamara y el aparato armado del Partido Comunista.

«Según las normativas de Derechos Humanos, la reparación integral se puede hacer únicamente a las víctimas del terrorismo de Estado. Si el gobierno quiere darle una indemnización a los demás, el gobierno está en su derecho. Nosotros no lo vemos bien», subrayó Taroco.

Desde el oficialismo ya se anunció que esta solicitud no será amparada.

Fuente: Radio El Espectador. http://www.espectador.com.uy