Según un trabajo del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE)- Uruguay los costos del Crimen en Uruguay equivalen al 3,1 del PBI del 2010, más de U$S 1200 millones.

El trabajo fue elaborado por Diego Aboal, Jorge Campanella y Bibiana Lanzilotta con la colaboración de Magdalena Domínguez y Maren Vairo.

Cinve, Centro de Investigaciones Económicas – Uruguay

Diciembre de 2012.

Compartimos parte del mismo.

Resumen.

En este trabajo estimamos algunos de los costos asociados a la criminalidad y la violencia en Uruguay. El método utilizado es el de la contabilidad de costos. Entre los costos considerados se incluyen costos de seguridad y prevención del delito, de justicia, reclusión y rehabilitación de reclusos, costos de bienes robados, costos de salud y por pérdida de vidas a consecuencia de la violencia y costos asociados a la pérdida de tiempo productivo en prisión de los reclusos. Para esto hemos utilizado una variedad de fuentes de información y metodologías. Aún cuando hemos cubierto un rango importante de costos, no hemos abarcado el universo de los mismos debido a limitaciones de información. Por tanto, nuestras estimaciones deben interpretarse como una cota mínima. El costo total estimado para el año 2010 alcanza el 3,1% del PIB de Uruguay.

Conclusiones e implicaciones de política

Aun cuando las tasas de criminalidad en Uruguay son en general más bajas que en otros países de América Latina, durante las últimas dos décadas Uruguay ha experimentado un considerable aumento de las tasas de delincuencia y violencia. Ello ha conducido a que este tema se haya colocado como una de las principales preocupaciones, tanto de los ciudadanos como de las políticas públicas.

En ese contexto, la medición de los costos impuestos a la sociedad por el delito, o de otra manera de los beneficios sociales que se derivarían de la reducción de la delincuencia, que aquí se calcula intenta ser un aporte útil para las políticas gubernamentales, y el debate público. Creemos que esta información puede ser útil tanto para la planificación de las políticas y su evaluación de impacto ex-post, como para informar las discusiones y focalizar la atención hacia allí donde están los costos más importantes de la criminalidad.

De acuerdo con los cálculos aquí realizados, a consecuencia de crímenes sobre los bienes y las personas superó los 1.200 millones de dólares en el año 2010, equivalentes a 3,1% del PIB nacional.

Si bien en este trabajo no se ha hecho una cuantificación de costos por delitos debido a limitaciones de información, es posible extraer algunas conclusiones generales al respecto.

Los delitos contra la propiedad son los que causan un mayor costo. Sólo los costos asociados al valor de los bienes robados alcanzan los 158 millones de dólares. Por otra parte, si bien no es posible contar con una estimación precisa de que proporción de la seguridad privada está motivada por este tipo de delitos, creemos que representa una porción importante de los 214 millones de dólares destinados a tales efectos por parte de los hogares y las empresas. A esto habría que adicionarle costos del sector público, costos asociados a seguros y costos intangibles.

Por otra parte, los homicidios ocupan el primer lugar en el ranking de los costos intangibles de la criminalidad y violencia. Con una pérdida estimada cercana a los 49 millones de dólares anuales, son los que más impactan en la estructura de los costos intangibles. Acá el rendimiento de cada dólar que se invierta para la prevención y aclaración de estos hechos (en la presunción de que esto último desalentará su ocurrencia) podría ser elevado.

La violencia doméstica, con un costo intangible estimado de 39 millones de dólares ocupa el segundo lugar en este ítem. Sin dudas, ésta también es un área donde el fortalecimiento de las tareas de prevención y educación está justificado desde el punto de vista de su alto costo económico, más allá de otras consideraciones.

Por el gran número de ocurrencias, más que por su costo unitario, crímenes como los hurtos y rapiñas generan pérdidas intangibles importantes a la sociedad. Además si consideramos que muy probablemente la tasa de sub-reporte de estos hechos sea mayor que la existente por ejemplo para homicidios u otros hechos de mayor gravedad, tenemos que los costos relativos pueden ser aún mayores que los considerados en el trabajo. Por tanto, la focalización en medidas de prevención y combate de estos delitos también pueden tener impactos económicos no despreciables vía la reducción de costos intangibles, en adición a la reducción de costos tangibles que implicarán.

Políticas que promuevan el trabajo de los reclusos y su capacitación podrían llevar a la reducción del costo implícito o intangible de la criminalidad. Esta reducción de costos podría ser aún mayor que el costo de oportunidad del tiempo en prisión estimado en este trabajo, ya que estas actividades impactarían probablemente en forma positiva en el perfil de ingresos de la población recluida una vez estén en libertad, y en las tasas de reinserción en actividades legales, lo que representa un efecto positivo adicional a considerar. En forma adicional, nótese que lo relevante en términos de los costos es la utilidad de la población carcelaria, por tanto medidas que impliquen mejores condiciones de vida de la población reclusa también debería impactar en forma positiva en la reducción de los costos de la criminalidad (aun cuando no necesariamente impacten al proxy que estamos utilizando en este trabajo).

Por último cabe reiterar algunos aspectos que muestran algunas de las limitaciones de los resultados aquí expuestos, y que deben tenerse en cuenta a la hora de reflexionar acerca de los resultados alcanzados.

En primer lugar, el análisis efectuado ha sido de carácter estático. No han sido considerados en los cálculos los efectos dinámicos que básicamente afectan la producción, a través de la destrucción o de la menor acumulación de capital físico y humano. Tampoco se ha considerado los costos por cambios de comportamiento de los ciudadanos inducidos por el miedo a ser víctima del crimen, por ejemplo cambios en los hábitos de recreación y gastos.

En segundo lugar, tal como se señaló oportunamente la propia metodología de cálculo empleada de contabilidad de pérdidas y gastos, conlleva algunos problemas. Si bien ofrece la ventaja de incluir diferentes tipos de componentes en la ecuación de costos, este procedimiento de cómputos de las pérdidas puede dar lugar a sesgos hacia la omisión de información relevante, principalmente debido a la falta de datos o el recuento doble en algunos casos. De todas formas, en cada uno de los casos en donde se presumió algún tipo de sesgo ha sido reportado como tal en el desarrollo del informe.

Cabe hacer una última consideración acerca de la implicancia de los resultados. Los aumentos (reducciones) de algunos componentes de costos individuales no necesariamente implican aumento (reducción) de los costos en “equilibrio general”. En efecto, por ejemplo, y yendo a lo más obvio, un mayor presupuesto público asignado a la prevención, que implica un aumento de costos, seguramente reduzca el costo de seguridad privado y otros costos tangibles e intangibles, etc.; una mayor eficiencia policial podría conducir a un aumento en los costos asociados a la población recluida (en la medida que aumente el número de recluidos) pero bajar costos por robos, etc. Por tanto, un análisis de la efectividad de políticas alternativas debería considerar efectos de “equilibrio general”.

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