Larrañaga y Aratirí: “Esto es inadmisible, la soberanía no puede negociarse y menos aún por plata”
6 Feb '14

Sociedad Uruguaya

Larrañaga y Aratirí: “Esto es inadmisible, la soberanía no puede negociarse y menos aún por plata”

Mediante un editorial publicado en su página web (www.alianzanacional.com.uy) el senador y candidato a la presidencia, Jorge Larrañaga, se expresó nuevamente sobre el tema Aratirí.

La pasada semana, el Dr. Larrañaga se refirió a los riesgos medioambientales, y a las peligrosas sustancias que la empresa utilizaría para la extracción del hierro en nuestro país, sustancias que podrían ser nocivas para los trabajadores y pobladores locales. En esta ocasión, y conforme a su profesión, Larrañaga realizó importantes puntualizaciones y apreciaciones jurídicas en cuanto al contrato que el Estado firmaría con la empresa Aratirí.

CLÁUSULA ARBITRAL

Larrañaga señala que:

En distintos medios de prensa “se ha anunciado que la empresa estaría negociando con el Poder Ejecutivo incrementar en un 2 % el canon de producción, a cambio de establecer en el contrato una cláusula de estabilidad tributaria. Por otra parte, el gobierno no ha desmentido ni confirmado si en el contrato se va a estipular una cláusula de resolución de conflictos mediante arbitraje, lo cual supone que en caso de diferendo, no actuará el Poder Judicial uruguayo. De producirse cualquiera de estos hechos, se confirmaría lo que dijimos siempre, y es que la ley de Minería de Gran Porte fue un traje a medida hecho por el oficialismo para la empresa Aratirí.”

“Adviértase que se negociaría nada menos que la soberanía jurisdiccional, sustrayendo los litigios entre el Estado y una empresa privada extranjera que va a explotar en régimen de concesión bienes del dominio del Estado, a su fuero natural que es el Poder Judicial, para someterlo a una jurisdicción arbitral seguramente en el exterior”, concluye.

RECLAMO PARA QUE NO SE FIRME EL CONTRATO

Finalmente, el candidato nacionalista sentenció: “Reclamamos en nombre de todos los uruguayos, que no se firme el contrato, en tanto comprometería a las futuras generaciones”.

A continuación les exponemos el editorial anteriormente citado:

Leyes a demanda

Por estas horas parece casi un hecho la firma por parte del gobierno del contrato con la empresa Aratirí en el marco de la ley de Minería de gran porte.

En distintos medios de prensa se ha anunciado que la empresa estaría negociando con el Poder Ejecutivo incrementar en un 2 % el canon de producción, a cambio de establecer en el contrato una cláusula de estabilidad tributaria. Por otra parte, el gobierno no ha desmentido ni confirmado si en el contrato se va a estipular una cláusula de resolución de conflictos mediante arbitraje, lo cual supone que en caso de diferendo, no actuará el Poder Judicial uruguayo. De producirse cualquiera de estos hechos, se confirmaría lo que dijimos siempre, y es que la ley de Minería de Gran Porte fue un traje a medida hecho por el oficialismo para la empresa Aratirí.

En este sentido, hay que aclarar que la ley prevé que si el contrato a firmar con el minero contiene una cláusula de estabilidad tributaria o una cláusula arbitral, se aplicará un Adicional al Canon de Producción y se podrá incrementar el mismo en un 2 %, lo que se suma al canon legal del 5%. Según la redacción del artículo 43 de la Ley de Minería de Gran Porte el canon debería aumentar un 2% si se pacta la cláusula de estabilidad tributaria, y un 2% adicional si se pacta la prórroga de competencia hacia una jurisdicción arbitral.

A nuestro juicio, se trata de una norma inconveniente y contraria al sistema Republicano. Adviértase que se negociaría nada menos que la soberanía jurisdiccional, sustrayendo los litigios entre el Estado y una empresa privada extranjera que va a explotar en régimen de concesión bienes del dominio del Estado, a su fuero natural que es el Poder Judicial, para someterlo a una jurisdicción arbitral seguramente en el exterior.

Debemos suponer que si las empresas mineras están dispuestas a pagar un canon mayor, aumentándolo del 5 % al 7 % por el solo hecho de pactar un arbitraje, y sustraerse a la justicia uruguaya, es porque ello les reportaría un gran beneficio económico. Si es así, todos los uruguayos perderemos seguridad jurídica a cambio de dinero. Se cambia la justicia uruguaya por más dinero.

Esto es inadmisible, la soberanía no puede negociarse y menos aún por plata. Por esa razón, hemos insistido tanto en que el contrato debía salir a la luz antes de firmarse.

El Parlamento y la sociedad tienen que saber de qué se está hablando. En el caso que se pretendiera pactar un mecanismo de solución de controversias, el mismo debería ser un arbitraje en el Uruguay. La Cámara de Comercio de nuestro país tiene un centro de conciliación especializado, y si Aratirí no confía en la justicia uruguaya, ni en los centros de conciliación nacionales, no debería invertir en nuestro país. Distinto es el caso en que se pacta el mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje en tratados de inversión firmados entre naciones independientes, es decir, entre pares.

Tampoco estamos de acuerdo con la disposición legal que previó la posibilidad de aumentar el canon a cambio de una cláusula de estabilidad tributaria. Reitero, no estoy de acuerdo con la Ley de minería de gran porte ni con la concesión digitada a favor de Aratirí, y menos con este proceso oscuro de negociación del contrato que está llevando a cabo el gobierno.

Con relación a la cláusula de inmovilidad tributaria que según versiones de prensa se estaría negociando, me parece lamentable que se negocie la soberanía fiscal, y más aún que la renuncia fiscal tenga un precio previsto en la ley. Todos los empresarios del país, desde el más grande al más pequeño, se deberían someter a las mismas reglas de juego. Es el Parlamento el titular de la potestad tributaria, y es parte de la soberanía nacional fijar los impuestos según la necesidad del Estado en cada momento,y los criterios de justicia y equidad para cuantificar el monto de los mismos. Entonces nos preguntamos: ¿Si dentro de unos años Uruguay necesita variar la presión fiscal sobre este tipo de explotaciones, el Parlamento no va a poder aumentar esa carga, en virtud de un acuerdo hecho con una empresa? Esto es inaceptable.

Este contrato negociado a las apuradas y bajo el velo del secretismo, recuerda a la selección del socio de Pluna – Sr. Campiani- que llevó a cabo el gobierno anterior y así terminamos. A su vez, la Ley de Megaminería también recuerda a la ley del concurso de Pluna, pues ambas son inconstitucionales, por haber sido hechas a medida para una empresa en particular. Pero en este caso el resultado puede ser mucho peor, porque si se establece una prórroga de jurisdicción hacia un tribunal arbitral internacional, es posible que terminemos siendo demandados por sumas que este país no va a poder pagar.

El camino constitucionalmente correcto, y el que corresponde a un sistema republicano y transparente es, en cualquier obra o proyecto de trascendencia, llamar a licitación. Es incomprensible, que la concesión de la explotación del bien más valioso del dominio del Estado, después del Puerto de Montevideo, haya sido negociada entre cuatro paredes, y de espaldas al mercado internacional y al propio Parlamento.

Pero más allá de eso, y de las objeciones de las formas jurídicas, existen objeciones de índole medioambiental que ponen en cuestión este proyecto.

Reclamamos en nombre de todos los uruguayos, que no se firme el contrato, en tanto comprometería a las futuras generaciones.

Dr. Jorge Larrañaga.

Fuente Imagen: www.alianzanacional.com.uy

 

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