Amarilla2El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla afirmó que “más allá de los informes jurídicos que existen, en ninguna de las opciones que se han planteado está previsto que el servicio de abastecimiento de agua potable para el consumo humano de la población sea prestado por privados”.

Los conceptos de Amarilla se llevaron a cabo el martes 10 de mayo en Comisión de Medio Ambiente del Senado.

La Presidenta del grupo legislativo, Amanda Della Ventura (Frente Amplio), indicó que “en primer lugar quiero decir que hay mucha gente preocupada con este tema en Florida, incluso el propio alcalde de Casupá, con quien he hablado días atrás”.

“Este estudio de factibilidad, supuestamente, plantea que en 2037 se debe contar con un volumen superior de agua embalsada, concretando una obra –que podría ser como la represa de Casupá o similar– para abastecer la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que continuará siendo la principal del sistema. ¿Esa información técnica se conoce?  También quisiera saber por qué se descarta esto si cuesta la tercera parte”, expresó la legisladora.

Por otro lado, agregó Della Ventura “el artículo 19 de la Ley n.° 17555 prevé que tiene que hacerse, luego de aprobado el estudio de factibilidad, una audiencia pública dentro de los 120 días establecidos para realizar el llamado a licitación. Entonces, quisiera saber si se va a convocar a un diálogo de actores políticos y sociales para procurar un acuerdo sobre el tema del abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana.

A su vez, añadió la parlamentaria que “quisiera saber qué expertos realizarían los pliegos, es decir, si serían los técnicos de la OSE, y con qué objetivo se contrató –si es que se contrató– a la CND y a la empresa israelí Mekorot, es decir, si tiene que ver con esto mismo y cuáles son los objetivos que se plantearon”.

“El senador Meléndez ya se refirió a las cuatro gerencias técnicas que, supuestamente, no fueron las que hicieron el informe. Ese documento termina siendo aprobado por el director general pero no con las anuencias técnicas que debería haber tenido el estudio de factibilidad”, manifestó.

Puntualizaciones

El subsecretario Amarilla sostuvo que “quiero subrayar lo que el señor ministro ha dicho con respecto a lo que es una visión estratégica del Estado sobre un proyecto que no es nuevo. En realidad, esta idea de Arazatí es un tema que viene de la década de los setenta y busca una fuente alternativa para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Montevideo, que incluye al 60 % de la población. Por esto nos parece sumamente importante tener esta alternativa, que nos dé un grado de soberanía con respecto al tema agua, independientemente de la fuente de donde se saca hoy, que es una sola. Esa fuente ha abastecido a Montevideo por 150 años, pero existe siempre ese riesgo latente de que tenga problemas, como los que decía el señor ministro respecto a las dificultades que hemos tenido en los veranos pasados”.

Por tanto, “solamente quiero hacer un par de puntualizaciones con respecto a lo que decía la señora presidenta con respecto al artículo 19 de la Ley n.º 17555, que tiene que ver con las audiencias, pero no como ámbitos de participación –que es el caso de la comisión de cuenca que mencionaba el ministro–, sino como parte del precio competitivo. El artículo 19 dice que se podrá llamar a audiencia pública, licitación u otro proceso competitivo, o sea, como una posibilidad de los procesos de competición para los oferentes o participantes en este proceso de iniciativa privada”.

Para Amarilla, “de todas maneras, seguramente el Ministerio de Ambiente va a tener varias instancias de participación pública de la sociedad civil y, obviamente, de los actores políticos, para que puedan intervenir en el proceso de decisión”.

Con respecto al artículo 47, el subsecretario del MA dijo que “me parece oportuno lo que decía el señor ministro. Más allá de los informes jurídicos que existen, en ninguna de las opciones que se han planteado está previsto que el servicio de abastecimiento de agua potable para el consumo humano de la población sea prestado por privados. Va a ser prestado exclusivamente por personas públicas estatales, en este caso la OSE, como lo dice la Constitución de la república, y de ninguna manera este Poder Ejecutivo ni este ministerio piensan en sortear lo que dice la norma constitucional, que es muy clara al respecto”.

Según el jerarca “los señores senadores pueden tener la certeza de que realmente va a ser así y que esto se va a cumplir a rajatabla, más allá de la lectura que se le puede dar a la operación o no de determinadas acciones que cumple la OSE. El organismo brinda hoy el servicio de agua potable a la ciudadanía, pero para llegar a cumplirlo tiene algunos procesos anteriores que los hace con privados, los contrata para arreglos y construcción de cañerías, para reparación, para mantenimiento, para construcción de pozos semisurgentes, para la construcción de instalaciones”.

En realidad, “para ello contrata empresas privadas y hace licitaciones privadas; después el servicio –que es lo más importante–, lo cumple la OSE. Incluso, el mantenimiento de esos equipamientos, instalaciones e infraestructura muchas veces lo hacen los privados, pero  la OSE es el que brinda el servicio al ciudadano, que es lo que quiere garantizar el constituyente cuando establece esa disposición en el artículo 47”.