por Marcelo Márquez.

En los últimos años “se destina un 0.5 de PBI en inversión en vivienda. Cada vez que llegamos al final de un quinquenio, los números nos dan que hay un déficit habitacional que ronda las 70.000 viviendas. Esto ha sido casi permanente en los últimos veinte o veinticinco años”.

Los conceptos estuvieron sobre la mesa en el planteo de la Federación de Cooperativas, Fecovi, Fucvam, PVS y Covipro, el pasado 31 de octubre en el marco de las delegaciones que concurren al Parlamento para dar su opinión sobre el Presupuesto.

Los dichos corresponden a Sergio Requel, representante de Covipro.

Compartimos el alcance del planteo de la mencionada delegación.

 MONTAÑO. Mi nombre es Hugo Montaño, vicepresidente de Fecovi. También soy el presidente de Cudecoop.

Dentro del marco del presupuesto y de las expectativas que se habían generado –si bien no se afecta al sistema cooperativo de vivienda–, teníamos cifradas esperanzas de que el presupuesto para la vivienda aumentara y ayudara a empezar a combatir el déficit habitacional que tiene la República.

En base a eso y al estudio del presupuesto que hizo la Cooperativa Comuna, comandada por la compañera Mariana García –que nos acompaña–, había una serie de elementos que hubiéramos apostado que se podían resolver en este presupuesto.

Además del tema de aumentar los fondos para vivienda, hay otras inquietudes de movimiento que me gustaría que estuvieran presentes en una discusión que puede encarar el Senado en estos días. Uno de ellos es la exoneración del IVA a las cooperativas de vivienda, en la medida en que eso puede ayudar, fundamentalmente, a que más sectores sociales de los menos favorecidos puedan tener acceso a la vivienda. En la medida en que ese descuento genere una baja en las cuotas, permitiría que otros sectores a los que hoy les cuesta un poco más acceder a la vivienda puedan hacerlo. Eso sería un avance fundamental.

REQUEL. Mi nombre es Sergio Requel y represento a la Federación Covipro.

En la línea de lo que Hugo Montaño venía diciendo, nuestra preocupación central es que este presupuesto no explora algunas cuestiones que nos parecen básicas y que tienen que ver con el incremento presupuestal que el tema vivienda debería tener. Hace muchos años venimos, aproximadamente, con un 0.5 de PBI en inversión en vivienda.

Cada vez que llegamos al final de un quinquenio, los números nos dan que hay un déficit habitacional que ronda las 70.000 viviendas. Esto ha sido casi permanente en los últimos veinte o veinticinco años.

Si bien es cierto que han existido políticas proactivas con el cooperativismo, también entendemos que el cooperativismo, al menos en este presupuesto, no ve reflejada la importancia que tiene no solo la creación de viviendas, sino también todo lo que construye alrededor.

Además, creemos importante resaltar –seguramente, Mariana García podrá ahondar en el tema presupuestal en lo que tiene que ver con el análisis– que nos preocupa oponer, de alguna manera, la emergencia habitacional con otros planes que tienen que ver con el tema vivienda.

Las cuatro federaciones al menos hemos coincidido en que estamos a favor de que se ataque el tema de la emergencia habitacional; creemos que es imprescindible y lo vemos como un paso fundamental.

Lo que sí creemos que no es oportuno –y no porque no haya sido dicho en forma explícita– es distanciar el tema de la emergencia con lo cooperativo.

Sin escriturar

Hay datos que son bastante elocuentes al día de hoy: hay 130 cooperativas que esperan escriturar, que representan entre 4.000 y 4.500 viviendas. Pero no es solo eso; en el mes de diciembre seguramente vamos a tener 2.500 viviendas cooperativas más que van a ingresar a los sorteos de préstamos, con lo que nosotros creemos que ocasiona un tapón y habría que actuar fuertemente para incidir en la escrituración.

¿Qué ha pasado con la escrituración? Se ha enlentecido; se ha enlentecido todo el proceso que tiene el sistema cooperativo, lo que ha provocado que en los últimos cinco años de forma permanente hayamos tenido más de 100 cooperativas esperando para escriturar, y demoran entre dos años y medio y tres, atentando directamente contra la posibilidad que tiene el sistema.

Creemos que es muy importante atacar el tema de la emergencia habitacional; el Estado cuenta con el respaldo de la federación para eso, pero creemos que oponerlo a la realidad que tiene el sistema cooperativo no es oportuno. Además, ese sistema debe tener los rubros necesarios para salir de la situación en la que se encuentra y potenciarlo en el quinquenio.

GARCÍA.- Mi nombre es Mariana García, soy integrante de la cooperativa de trabajo Comuna, una cooperativa que asesora a Fecovi en materia económico financiera hace muchos años.

Como comentaban los compañeros, un ejercicio que hicimos cuando salió el proyecto de ley de presupuesto fue analizar la estructura presupuestal para toda el área de vivienda, en particular, para el cooperativismo. Uno de los elementos que vimos es que el presupuesto presentado ahora esencialmente es muy parecido al que ha venido teniendo la política habitacional en los últimos 10 años, que va a terminar rondando en el medio punto porcentual, quizás un poco menos, lo que genera una alerta en cuanto a no robustecer un área que es tan importante para el país. De hecho, el único refuerzo presupuestal que hay –esos $ 900:000.000– está abocado a la atención a la emergencia y la precariedad habitacional; nos parece una focalización acertada, pero la valoración que hacemos es que ese refuerzo presupuestal es pequeño en relación con las necesidades de toda la política habitacional.

Sin financiamiento

En particular, con relación al cooperativismo, hay algunos elementos que nos preocupan especialmente. Uno es algo conocido: hace como diez años que existe un mecanismo de postulación a los llamados para las cooperativas que viene evidenciando un déficit específico de financiamiento. Esto quiere decir que en cada sorteo son muchas las cooperativas que quedan por fuera. Por ejemplo, en el último sorteo de julio se financiaron unas 776 viviendas, quedando por fuera unas 1500 viviendas. Es decir, solo tuvo financiamiento un 34 % de las viviendas que se postularon, lo que marca un déficit claro, y esto viene siendo así en todos los llamados. De hecho, desde el 2015 al 2024 menos de la mitad de las cooperativas que se postularon a un llamado tuvieron financiamiento; esto habla de una política que está teniendo una demanda por parte de las organizaciones que la oferta pública presupuestal no está logrando cumplir.

En ese sentido, las metas que están planteadas en el plan quinquenal de vivienda prevén 15.484 viviendas para las cooperativas, lo que representa un 6 % más de cómo cerró el quinquenio pasado. Sin embargo, no hay un correlato presupuestal de aumento financiero; si se espera un 6 % más de viviendas, deberíamos encontrar en el presupuesto un aumento presupuestal para esta línea de política de ese entorno. No solo no está, sino que presupuestalmente está parejo o un poquito por debajo de cómo se venía financiando hasta ahora. Entonces ahí surge la preocupación de cómo se van a financiar estas metas que están propuestas en el plan quinquenal.

Con relación a una de las demandas históricas de las federaciones, una posibilidad que podría haber en relación con el financiamiento es no aumentar directamente el presupuesto, sino mejorar la capacidad económica del dinero por la vía de la exoneración del IVA a los materiales, que es una respuesta de la federación y sería una manera de hacer rendir mejor los recursos presupuestales.

MONTAÑO. Creo que el cooperativismo ha puesto arriba de la mesa una solución al problema de la vivienda; es parte del esfuerzo que se hace. Ha generado viviendas dignas y adaptadas, y ha contribuido eficazmente a la solución del problema habitacional, para detener, por lo menos por ahora, el avance del déficit.

La academia considera al cooperativismo de vivienda como la solución que tiene la mejor relación entre precio y calidad de toda la vivienda social; o sea, contribuimos con mucho esfuerzo de todos los compañeros que están diariamente trabajando en la construcción de las viviendas, pero también usando los dineros del Estado con la mayor eficiencia posible.

Senador FALERO. Creo que todo el sistema político tiene la misma preocupación. Obviamente sabemos que los recursos son bastante pocos, pero trataremos de buscarlos por otros medios.

Algunos de los que estamos acá, como el senador Pereyra y yo, integramos la Comisión de Vivienda y estamos trabajando en lo que tiene que ver con cartera de tierras y, como ustedes habrán visto, con vacancia urbana. Creo que eso también puede, de alguna manera, ayudar a reducir costos, porque, aunque a veces parezca que no son importantes, sí lo son. Si podemos construir en zonas urbanas, no tenemos que invertir muchas veces en servicios, en calles o en otro tipo de cosas.

En esa línea, algún esfuerzo se hará desde acá, independientemente de lo que se pueda mejorar en el presupuesto, que, obviamente, no les vamos a mentir, no va a ser mucho, y menos acá, en el Senado.

Senadora PRESIDENTA (Blanca Rodríguez). Tengo una consulta para hacerles.

Respecto a esas demoras en las escrituraciones –que ustedes dicen que pueden ser de hasta tres años–, ¿son viviendas que están construidas? ¿Cómo es esto? ¿A qué se debe esa demora?

SEÑOR REQUEL. El sistema cooperativo, desde el año 2008 a esta parte, tiene un sistema de otorgamiento de los préstamos –ha variado el número, primero fueron 500 viviendas, luego 750– en dos sorteos anuales. Durante mucho tiempo fueron las 1.500 viviendas, más la adjudicación de quienes habían pasado por tres sorteos, a los que se consideraba que había que adjudicarles directamente el préstamo. A partir de 2020, ese volumen de viviendas fue incorporado a las 1.500 viviendas anuales, lo que ha ocasionado, a nuestro entender, también cierto retraso en los sorteos.

Ahora bien, ¿qué pasó en el anterior quinquenio, que es a lo que podemos referir respecto a dónde se produce mayor atraso? El financiamiento no fue el adecuado o al menos los dineros que se debieron volcar no estuvieron a la orden en el momento en que las cooperativas necesitaban escriturar.

Antes, hasta el año 2018 más o menos, desde que una cooperativa salía sorteada hasta el momento en que se escrituraba, que se le otorgaba el dinero para comenzar a construir, pasaba año o año y medio; y ya nos preocupaba bastante. Recuerdo haber dicho en varias oportunidades, no solo en la cámara, sino a distintos jerarcas del ministerio, en aquel momento, que era necesario acortar los plazos debido a que la vida de las personas en un año y medio de espera también cambia mucho. No estamos hablando únicamente de la espera desde que se forman hasta que obtienen el préstamo; estamos hablando del momento en que se puede empezar a construir.

Lo que pasó en el período anterior de Gobierno fue que se extendieron los plazos de escritura. Empezó con el tema de la pandemia, pero luego las cooperativas presentaban todos los recaudos del proyecto ejecutivo, que es el momento en que quedan habilitadas para escriturar, y el tiempo se extendía a más del doble.

Vuelvo al tema de la emergencia habitacional porque es importante. Hay mucha gente que integra las cooperativas que está viviendo hacinada, que no tiene cómo pagar el alquiler. Creemos que esa espera de un año y medio es un tiempo bastante extenso y, además, sucedió que hay cooperativas que presentaron la documentación en el 2021 y recién escrituraron a fines del 2024, es decir que pasaron tres años para que pudieran escriturar. Esto produce un movimiento en el padrón social.

Además, agrego como dato que, cuando alguien se va de una cooperativa porque sus tiempos de vida no se corresponden con la espera, en realidad, aparecerá en otra oficina del Estado a reclamar dinero. No es que cuente con la posibilidad de acceder a una vivienda sin financiación o un crédito del Estado. Entonces, a través de esa vía también se ha sacado el peso que tiene el sistema cooperativo y es una forma de oponerlo a otros sistemas. Entendemos que esto debería ser analizados con más profundidad por parte de los legisladores y por supuesto por quienes están en el Poder Ejecutivo.

Fuente Imagen: Presidencia de la República.