El Sindicato Médico del Uruguay condena ambos hechos y expresa su solidaridad con las personas afectadas y con sus equipos.

Quienes cuidan a la población de nuestro país también merecen ser cuidados. Eso no es una frase hecha, sino una condición básica para que el sistema de salud funcione. Un médico o médica que trabaja bajo amenaza, con miedo o con la secuela física y emocional de una agresión, no puede ejercer con la plenitud que su paciente necesita. La violencia contra los profesionales de la salud no es solo un problema laboral. Es un problema de salud pública.

Nuestro sindicato no está ajeno al aumento de la incidencia de estos graves episodios. Fundamos e integramos desde su creación la COMSEPAE (Comisión Multiinstitucional para la Seguridad del Personal de Atención Extrahospitalaria), un ámbito interinstitucional para prevenir la violencia y mejorar los protocolos de respuesta. Lo ocurrido en las últimas horas demuestra que ese trabajo no puede detenerse.

En este contexto, el SMU reclama a las autoridades competentes su accionar inmediato, la habilitación de espacios para la elaboración de protocolos de actuación claros, así como la capacitación para los equipos de salud. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a no normalizar estos hechos. La seguridad de quienes nos cuidan es una responsabilidad de todos y todas.

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Participarán de la jornada el presidente de CIU, Leonardo García; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el director general de INEFOP, Miguel Venturiello.

Miércoles 8 de abril.

18:30 horas.

Liniers 1200, auditorio del anexo de Torre Ejecutiva.

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SOSA. Hay tres puntos concretos que vamos a detallar y les vamos a dar una explicación muy sucinta de cada uno. El primero tiene que ver con algo que establece la Ley n.º 20130, la reforma jubilatoria del año 2023, que obliga a que el Banco de Previsión Social se haga cargo, con un costo de más de USD 10:000.000, de implementar un nuevo sistema informático para la distribución de los aportes de los trabajadores a partir del 1/12/2023 –por estar obligados a ingresar al sistema mixto– para todas las cajas estatales y paraestatales. Entendemos desde ATSS, luego de haber revisado el presupuesto prácticamente sin tiempo, porque se nos entregó dos días antes de su envío al Parlamento, que ese costo no lo debe asumir el Banco de Previsión Social como propio; que en realidad es algo que amerita un análisis más profundo; que esos más de USD 10:000.000 para gastar en dos años –2025 y 2026– tienen que provenir de Rentas Generales en todo caso, que es como se ha estado haciendo en base a la norma. Se trata, insisto, de reponer este 5 % a todas las cajas que entraron en el sistema desde Rentas Generales para que no vean menguados sus ingresos. No tenemos por qué desde el BPS hacer el trabajo de forma gratuita con los pocos funcionarios que tenemos y además resignar dentro del presupuesto USD 10:000.000, que no es poca cosa.

Pases en comisión

El segundo punto es el tema de pases en comisión. Tenemos casi setenta pases en comisión y creemos que la pata política tiene que hacerse responsable de que no solo no nos asigna presupuesto para los funcionarios que necesitamos, sino que además se lleva a los mejores, porque no es que se lleva a cualquier funcionario en pase en comisión. Se llevan a los que tienen más capacidad, más conocimiento; a los que son mejores en el área, y a nosotros no nos reponen esas vacantes, obviamente porque ese puesto está ocupado. Hay que entender, en el juego político, que nosotros veníamos con 173 vacantes cuando ingresó el nuevo Gobierno, nos repusieron 100 y nos eliminaron 73. Esto es producto de los cambios que hizo el Gobierno anterior, porque en lugar de que se fueran tres y reponernos dos, como hacía el otro Gobierno, nos cambiaron la pauta y nos reponían solo uno de cada tres funcionarios que se jubilaban o renunciaban. Esta es una clara forma de recortar personal en uno de los organismos de mayor importancia para este país.

Licitaciones

El tercer punto tiene que ver con las licitaciones en general, pero trajimos una en particular que nos parece una vergüenza, y hay que decirlo de forma clara. Se trata de una licitación para servicios informáticos de 18.000 horas –6000 horas por año–, con un costo aproximado de USD 1:500.000. Lo paradójico de esto es que tres funcionarios –hablo de personas jóvenes, con capacidad, con impronta, con conocimiento técnico– renuncian al BPS y se abren una unipersonal, porque son contratados por la empresa que ganó la licitación. ¿Cuál es el resultado de esto? Que a nuestros funcionarios no les dimos la importancia que tenían, no les asignamos partidas o lo que correspondiera para retener ese capital técnico, y ahora estamos pagando en forma tercerizada USD 14:000 por unidad, de los cuales el trabajador se queda con USD 2.000 en la mano. Eso después lo capitaliza la empresa que contrataron. Por tanto, creo que hay que poner las barbas en remojo.

Las licitaciones son una forma de precarización laboral –lo hemos dicho, lo decimos y lo diremos–, y entendemos que en ese marco se podrían resolver problemas que están estructurados dentro del Banco de Previsión Social. Creo que es de público conocimiento el gran atraso que tienen las jubilaciones y pensiones, las medidas que tomó el nuevo Gobierno para poder agilizar los trámites y que en el interior somos cada vez menos funcionarios.

En una plantilla de unos 3000 funcionarios, menos de 800 son del interior. El resto están todos en Montevideo y hacen cada uno una tarea. En el interior, en una oficina alejada de las capitales departamentales, hay uno, dos o tres funcionarios para todas las tareas del BPS. Y eso requiere análisis y tomar en cuenta que no se está respetando tampoco la seguridad, la salud ni la prevención en el ámbito laboral. Esta es una cuestión que se agravó muchísimo en el período anterior de Gobierno, porque la dinámica del directorio anterior era gobernar con directrices que no eran claras. Un día la norma decía algo y se mandaba el decreto reglamentario, y en dos horas había que aplicarlo, sin ninguna capacitación previa. Se cometieron muchos errores en jubilaciones, pensiones y demás, que vamos a tener que afrontar los funcionarios en este momento. Y también enfrentamos situaciones de violencia continuamente por esos errores de gestión que hoy dan cuenta de lo que está pasando. Quienes damos la cara a la población no podemos seguir en esta sintonía de trabajar para enfermarnos. Tenemos que tratar de resolver ese problema.

Convenio colectivo

Nosotros estamos negociando en este momento, en forma bipartita, con la administración del BPS un convenio colectivo en el que hay muchísimas cosas que no son de carácter salarial y otras que sí. Y entendemos que esos más de USD 10:000.000, conjuntamente con ese USD 1:500.000 que se deriva para informática, así como otras tercerizaciones y todo ese tipo de cosas, requieren de una clara revisión por parte de las autoridades de este país. Eso daría solución a muchos de los problemas de los uruguayos y las uruguayas.

VILLAR. En el interior del país enfrentamos un gran problema, en el sentido de que se han ido 800 funcionarios y hay 511 que hoy tienen causal jubilatoria. Esto quiere decir que si esos funcionarios se van, provocarían un verdadero caos en la atención del Banco de Previsión Social. Actualmente el BPS, que tiene una jurisdicción nacional, cuenta con menos personal que algunas de las intendencias del interior, que tienen una jerarquía y una jurisdicción departamental. Tenemos 90 oficinas. En el interior del país hay poblaciones que tienen entre 60.000 y 90.000 habitantes, sobre todo en las capitales departamentales. Tenemos falta de personal, y los sistemas implementados, según los cuales se retira la mitad del personal de atención al público hacia una atención interna, hace que algunos compañeras y compañeros a veces no puedan pedir días de licencia porque recargarían más a los compañeros que quedan. Pensamos que solucionar el tema de la falta de personal es esencial, porque el BPS ejerce un rol fundamental en la vida del país. No solamente cumplimos trámites a nivel de Uruguay, sino que atendemos trámites en base a convenios internacionales. Esa es la situación que estamos enfrentando, y no solamente redunda en la calidad laboral del funcionario, sino en la calidad del servicio, en lo que nosotros brindamos hacia afuera. Hemos enfrentado situaciones de violencia porque las personas ven muy demorados sus trámites y ejercen reclamos frente al funcionario que ven en ese momento.

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El planteo fue expresado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado por parte de una delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario, integrada por el ingeniero agrónomo Julio Parrachón, ingeniero agrónomo Javier Fernández y Sara Delgado.

En la sesión del viernes 31 de octubre en donde se analiza el Presupuesto, los funcionarios también dieron cuenta de la situación edilicia que se encuentra la sede de Burgues y Bulevar Artigas en Montevideo, la cual “se cae a pedazos”, graficaron.

DELGADO. Buenos días, mi nombre es Sara Delgado; trabajo en la sección administrativa de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario.

FERNÁNDEZ.- Soy Javier Fernández, del departamento de Artigas y representante de AFIPA. En este caso, vinimos tres representantes, dos de los cuales integran el área técnica.

PERRACHÓN.- Buenos día a todos. Mi nombre es Julio Perrachón, soy del departamento de Colonia y vengo como delegado de AFIPA.

FERNÁNDEZ.- Como decía, es un honor estar acá y, antes que nada, quiero decir que agradecemos que nos reciban para que podamos presentar nuestra problemática. Antes que nada, voy a presentar a la institución, porque sabemos que en el Parlamento no son muchos los que saben qué hace el Plan Agropecuario, que es una institución de extensión agropecuaria. Diría que en lo que tiene que ver con bovinos es la única del país que cumple con las funciones que nosotros desempeñamos. Cuenta con 25 o 26 técnicos en todo el país, en un total de 40 funcionarios que desarrollan funciones. Dije que es única en el sector bovino, porque en el sector de ovinos tenemos un compañero de ruta que es del SUL, pero el Plan Agropecuario es el que aborda la extensión en ganadería. Por supuesto que está toda la institucionalidad agropecuaria del país, pero nosotros, al ser una institución muy pequeña, no podemos funcionar sola y tenemos una gran capacidad de articulación prácticamente con todas las organizaciones nacionales y departamentales. Nuestras dos principales líneas de contacto con nuestro público objetivo y dos de las líneas estratégicas son la extensión y la capacitación. En promedio, tenemos una actividad pública por día en los días hábiles del año. Además, cumplimos funciones para el Ministerio de Ganadería, para el Instituto Nacional de Colonización y para INIA. También respondemos a varios pedidos, como, por ejemplo, cuando se nos solicitó repartir los libros para el Ministerio de Educación y Cultura. A su vez, siempre tenemos incidencia en las emergencias agropecuarias y formamos parte de las decisiones políticas, ya que apoyamos mucho al Ministerio de Ganadería en ese sentido. Participamos en el control y detención del capim annoni, una plaga que está invadiendo nuestro país. y también en relación a la garrapata, donde cumplimos funciones clave de extensión. También participamos en el proyecto FPTA y en varios otros.

Programa Procría

En particular, en este período se nos encomendó un trabajo que es una de las 66 líneas propuestas por este Gobierno y la principal del Ministerio de Ganadería: el programa Procría. Este programa pretende llegar a mil productores, contratando a 100 técnicos. Dicho sea de paso, ese dinero de la contratación va a llegar al Plan Agropecuario para que lo administra, porque también cumple funciones de administración, no solo para este sino también para varios proyectos y programas.

PRESIDENTE.- ¿Todo el dinero para Procría va para el Plan Agropecuario?

FERNÁNDEZ.- Va al Plan para administrarla, pero ese dinero se destina exclusivamente al pago de esos 100 técnicos. Quiere decir que no se va a destinar un peso de ese dinero para el funcionamiento del Plan Agropecuario. Acá lo central es el tema del presupuesto del Plan. En el año 1996 se fundó el Instituto Plan Agropecuario como tal; el año que viene va a cumplir treinta años en la cancha. Esta es una entidad de derecho privado con fondos públicos, pero hoy tenemos un problema gravísimo de financiamiento. Tan es así que, si no se ajusta el presupuesto que nos asignaron por la ley de presupuesto para todo este quinquenio, en febrero el Plan Agropecuario enfrentaría un déficit bastante importante que va a comprometer su funcionamiento. O sea que hay que cerrar el Plan Agropecuario o despedir funcionarios.  Nosotros hemos venido funcionando hace varios años con fondos de reserva e, incluso, en cinco o seis años recibimos inyecciones de dinero –que son los refuerzos de créditos presupuestales– por parte del Ministerio de Ganadería para proyectos que hemos llevado adelante. Con eso nos podíamos financiar de alguna manera, pero hoy en día se está prácticamente terminando ese fondo.

Si ajustáramos por inflación nuestro presupuesto desde el primer día que abrió el Plan Agropecuario, en el año 1996, hoy sería aproximadamente de $ 130:000.000. Sin embargo, en este momento se votó un presupuesto para el Plan de $ 97:000.000. Quiere decir que estamos prácticamente $ 40:000.000 debajo de lo que deberíamos estar para poder cumplir nuestras funciones, sobre todo para pagar los salarios, que es el 84 % de los costos; el resto es para funcionamiento.

Dicho sea de paso, tenemos una sede en la calle Burgues y Bulevar que hoy en día, literalmente, se está cayendo a pedazos, porque los vidrios están atados con alambre y con piola. Por un convenio, andamos en vehículos nuevos, pero eso no nos cuesta nada. Parte de todo eso es porque el Plan Agropecuario está incluido en el inciso 21 del presupuesto nacional, que no tiene reajuste por IPC ni por ninguna cláusula. Por ello, año a año, nos vamos quedando cortos. En lo personal –no quiero involucrar a mis compañeros en esto que voy a decir– es irrisorio el presupuesto que tiene el Plan. Para que tengan una idea, esos $ 80:000.000 equivalen a 1.600 novillos a los valores de hoy en día. O sea que estamos en un ambiente con capacidad de financiar el Plan, cuando por semana se matan 40.000 reses. ¡Ni que hablar si nos comparamos con el resto de nuestros compañeros institucionales! ¡Estamos 20, 30 o 40 veces abajo del presupuesto! Particularmente, este es un año importante, porque estamos embarcados en esa misión. Al principio del período nos tenía muy motivados, porque fue la primera vez que una junta directiva del Plan dijo que se iba a poner las pilas con el tema del presupuesto. Además, tuvimos una contundente línea de trabajo, que es el Procría, que es la principal línea del Ministerio de Ganadería hoy en día. Como funcionarios del Plan Agropecuario, nuestra función natural no es la de venir a pelear por un presupuesto: le corresponde a la junta directiva, que lo ha venido haciendo y nos dejó bastante contentos. Pero lo cierto es que, como técnicos y funcionarios del Plan que estamos permanentemente en la calle, en contacto con el interior profundo y con los productores ganaderos pequeños y medianos y de todo tipo –los grandes también–, al principio nos veíamos bastante motivados, pero –como decía el senador Da Silva– ahora nos encontramos peleando por eso. Hace días que andamos en el Parlamento charlando con gente, con conocidos, agotando nuestros medios y esto, por supuesto, influye en nuestro ánimo de trabajo y puede poner en peligro el funcionamiento del Procría. Por lo tanto, el tema por el que vinimos a pelear es bastante serio.

PRESIDENTE.- En síntesis, los $ 40:000.000 es lo que tenemos que buscar en la comisión de forma tal de reforzar el presupuesto del instituto.

FERNÁNDEZ.- Exactamente, señor presidente. Esos $ 40:000.000 serían para el período 2026, de arranque, porque lo que nosotros proyectamos hasta el año 2029 son $ 160:000.000 ajustados por inflación y por el aumento de los salarios.

PERRACHÓN.- Son $ 40.000.000 anuales. A su vez, queremos recordar que esto no es nuevo de este Gobierno. Desde la fundación del nuevo Plan Agropecuario esto ha sido discutido año a año y Gobierno tras Gobierno. Como dijo el ingeniero Fernández, cuando hay una necesidad, una urgencia a nivel agropecuario del país, se llama al Plan Agropecuario. Sin embargo, después no se ve reflejado en el presupuesto que tenemos los funcionarios, que, como dijo muy bien el ingeniero Fernández, más del 80 % es para pagar sueldos. Se ha reducido la movilidad. Un ejemplo de esta situación lo ven si pasan por Bulevar y Burgues. Van a ver que da pena el edificio. Eso es una muestra de lo que pasa dentro del instituto. Reitero, cuando hay una necesidad, tanto por los legisladores como por el ministerio, se pide al Plan Agropecuario, y por algo será. En este Gobierno, cuando se analizó el Procría, como principal eje de la extensión, al que se le fue a hablar fue al instituto.

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Denuncian intransigencia de la patronal al desconocer al sindicato de base no negociando, por ejemplo el convenio colectivo del sector.

Reclaman además urgentes medidas que garanticen condiciones dignas de trabajo en materia de seguridad e higiene, entre otros.

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Según el parlamentario de Alianza País “una cosa es Paro, otra Vacaciones Pagas”.

“Esto ya dejó de ser paro, son vacaciones pagas. Son los trabajadores que llevaron al país a la huelga, y no los que sufrieron la huelga, los maquinistas, los patrones de embarcaciones, las mujeres de las plantas de faenas que se vieron condenadas a no trabajar porque esta gente no quería salir a pescar».

Sin embargo, “ahora, como premio, el ministro de Trabajo les da tres meses, no sé si de vacaciones pagas o es un modo de financiar el conflicto, pero de verdad que le produjeron un daño irreparable al país, 50 millones de dólares por lo menos de pérdidas, la no utilización de los recursos del mar, pero además todas estas mujeres de las plantas, más de mil mujeres que no pudieron trabajar porque esta gente no quería salir a pescar y ahora la respuesta del Ministerio en vez de sancionar la mala huelga, la huelga sin razón, es premiarlos con 3 meses de sueldo, además con un mínimo a 153 trabajadores del SUTNMA en esa situación”.

Al ser consultado sobre si se va a tomar alguna acción al respecto, Botana respondió que “vamos a ver los aspectos legales. La primera acción es el hecho de que esto se conozca, porque de verdad que la opinión pública nacional debe conocer el mal uso de los instrumentos del seguro de paro. El seguro de paro es para el paro, pero una cosa es el paro y la otra las vacaciones pagas, La huelga cuando es por el ejercicio de un derecho, está muy bien. Tuvieron al país sin pescar, con todas sus embarcaciones paradas, con la pesca hecha por barcos de otros países, sin trabajar la gente sacrificada de este país, sencillamente porque querían otro capitán”.

Recordemos que durante muchos años, el actual ministro Juan Castillo fue representante del Sindicato Único Portuario (SUANP).

Impuesto a fitosanitarios

El parlamentario también fue consultado sobre las delegaciones que concurrieron este jueves a la comisión de Ganadería.

“A esta comisión vino la gente de la producción granjera toda, la gente de la lechería, la gente de la fruticultura, la gente de la asociación rural, todos preocupados por ese impuesto que está creando el gobierno a los fitosanitarios con alguna toxicidad, pero que en realidad es lo que los productores tienen que usar, no hay vuelta, no queda otra, sino no podríamos entrar a los mercados mundiales, pero son los productos que la gente usa cada vez menos específicos de ese tipo porque nadie toma remedios de gusto y nadie gasta en fitosanitarios de gusto, pero además son los recomendados en la organización mundial y son los que pasan todos los test sanitarios, ambientales, etc”.

Por tanto, “son los que no generan recibos negativos de tipo alguno, y que lo único que está haciendo Ambiente acá es metiéndose para encarecer la producción, para encarecer el producto en la mesa familiar, de verdad que es incomprensible matar la producción. Bueno, hay un diputado que votó ahí porque parece que esa plata se iba a devolver a los fondos, al fondo de la granja y al fondo lechero. Pero entonces, si cobran un tributo para devolverlo después, ¿cuál es la ventaja? Porque ese balde en el camino siempre pierde agua, ¿no? Eso es así”.

Respecto a si en la discusión del presupuesto se va a buscar que se saque ese impuesto, Botana fue enfático: “hay que sacarlo, hay que sacarlo. Por supuesto que el desafío es más importante para la propia bancada de gobierno, pero es razonable que no se afecte la producción nacional con algo que son solo costos y que no se puede dejar de usar porque no hay, por ahora, alternativas de tipo orgánico que sustituyan a estos químicos”.

Desastre

¿Qué le pareció la conferencia del gobierno ayer sobre este tema de cardamomo? fue otra de las consultas en rueda de prensa, a lo que Botana afirmó: “Desastre. La verdad es que el Uruguay piense en no cuidar su espacio marítimo, que tenga que pagar seguramente resarcimientos por incumplimiento de contratos con una empresa, que además presentó en tiempo y forma las garantías. En su momento, cuando Javier García era ministro, esta empresa tuvo dificultades para presentar las garantías o tuvo algunas dificultades en las formas. Pero bueno, cuando se firmó que García ya no era ministro, pero cuando se firmó el contrato, se nos da cuenta, se nos informa de que el contrato se firmó justamente porque la empresa había cumplido con todos los requisitos de las garantías, el apostillado, etc. O sea, había hecho todo bien”.

A su entender, “lo único que parece que no hizo la empresa es una cosa que es que es un preaviso que hay que dar respecto del cumplimiento de estas cosas, pero no es que haya incumplido los plazos de presentación de las garantías, parece que incumplió un plazo de un preaviso, una cosa así, pero eso no es razón para suspender un contrato de esta magnitud”.

“Yo sé que para el gobierno en este momento, para algunos de los integrantes de gobierno las cosas están feas, que este episodio de Ache generó mucha complicación a la interna y que tenían que tratar de salir con algo, pero creo que metieron la pata”.

Sobre si se trata de una operación política, el legislador nacionalista indicó: “sin duda lo es, pero lamentablemente jugando con algo en el que el país tiene un debe enorme, porque si no pescamos, si no cuidamos nosotros nuestro recurso, ahí pescan los argentinos, los chinos, los coreanos, pescan todos, menos nosotros, y es todo medio lo mismo, lo de esto del SUNTMA y un seguro de paro y el aliento a la huelga, y después no cuidar el recurso pesquero del Uruguay. Es todo parte de una misma operación política contra un sector que es demasiado trascendente en la vida nacional”.

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A través del proyectado artículo 105 se plantea:

Créase en la órbita de la unidad ejecutora 001 «Secretaría del Ministerio del Interior», del Inciso 04 «Ministerio del Interior», la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial. La referida Dirección tendrá como cometido principal diseñar, impulsar y coordinar políticas, programas y acciones orientadas a promover el bienestar laboral y psicosocial del personal del Ministerio del Interior, considerando de forma integral las dimensiones físicas, psicosociales, sociales y laborales. Créase en el programa 401 «Red de asistencia e integración social», del mismo Inciso y unidad ejecutora, el cargo de Director Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial del Ministerio, con carácter de particular confianza, cuya retribución se regirá por el literal d) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativas. Para la creación dispuesta en el inciso precedente y su financiamiento, suprímese el cargo de particular confianza de Director del Centro de Atención a las Victimas de la Violencia y el Delito, creado por el artículo 142 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, comprendido en el literal d) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativas, al vacar. Derógase el artículo 19 de la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 146 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007.

Fuente Imagen: VTV Noticias.

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Fenapes convoca a rueda de prensa para el miércoles 27 de agosto a partir de las 12.30 horas en el local central de la calle Maldonado 1193 (Maldonado).

Dos temas excluyentes:

– Sistema de cámaras de reconocimiento facial de estudiantes.

– Estancamiento de negociaciones por Presupuesto.

Fuente Imagen: https://zascita.com/

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Se concentrarán este lunes 25 de agosto a partir de la hora 9 con el propósito de reivindicar sus reclamos.

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