Sus palabras fueron expresadas en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes el pasado martes 14 de junio.

Allí asistieron las autoridades del MGAP: Director General de la Granja: Ing. Agr. Nicolás Chiesa; Presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, Ing. Agr. Eduardo Blasina; Director General Forestal: Ing. Agr. Carlos Faroppa; Encargada de la División Sostenible, Ing. Agr. Patricia Escudero, y el Responsable del Área de Prevención de Incendios Forestales de la DGF, Ing. Agr. Carlos Scaglia.

“Quiero comentar por un tema de gestión que nosotros en los últimos dos años hicimos más inspecciones que las que se venían haciendo, es decir, reordenamos. Ya veníamos previendo eso, lo habíamos hecho y lo presentamos en la Comisión en el momento de la comparecencia al Parlamento, en enero”, dijo Faroppa.

Agregó que “este año estamos aumentando y quizás duplicando las inspecciones, porque hicimos una capacitación interna, una mejor gestión interna y una distribución de los recursos. Capacitamos a todos nuestros técnicos para que puedan ser inspectores, con los protocolos que tenemos. Es decir: ya no es el cuerpo especializado, sino cada inspección; multiplicar y mejorar el esfuerzo, con lo que tenemos”.

El jerarca puntualizó que “aun así, pedimos a Economía un refuerzo de presupuesto para dos cosas: bosque plantado y bosque nativo. En el caso de bosque nativo, lo pedimos porque ya estamos preparándonos y haciendo cartografías”.

Al respecto “Uruguay va a sacar un bono sostenible, un bono verde de deuda y tiene que prepararse porque ahí está la cartografía del monte nativo. Como todos saben, el bosque nativo es un activo que tiene Uruguay; es el único país en la región donde el bosque nativo ha crecido. Tenemos un problema de exóticas, que debemos trabajar y lo hemos trabajado. Es muy preocupante; son las especies que vinieron con nuestros abuelos”.

Puntualizó que “la superficie de bosque nativo creció y lo hizo históricamente, porque hubo gente que supo verlo cincuenta años atrás, por los planes de la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico), por generar recursos naturales, recursos renovables, la Dirección General Forestal, y se le dio protección”. Por eso “el bosque nativo crece y es un modelo de cincuenta años atrás, un modelo de servicios ecosistémicos contra un pago. El pago era de exoneraciones impositivas, que es lo que lo hizo fortalecer. Nosotros lo que estamos pidiendo son refuerzos presupuestales a Economía para inspecciones, tanto de bosque nativo, como de bosque plantado -acá incide el tema incendios- y, además, para llevar una cartografía actualizada. Tenemos que estar publicando cartografías: una, se va a terminar este año y, otra, en 2023”.

Asimismo, “durante ese período tenemos que hacer reemisiones parciales, porque de salir este bono el gobierno saca esto y tiene que tener una autoridad controladora, que aceptó ser Naciones Unidas. Entonces, la Dirección General Forestal está comprometida, no solo a cuidar ese acervo y mejorarlo con el tema de exóticas, sino a rendir cuentas en cuanto a su superficie. Por eso, pedimos un refuerzo a Economía”.

Fuente Imagen: Plan Ceibal.

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CAF -banco de desarrollo de América Latina-, emitió su primer bono verde del 2022 en el mercado suizo, por CHF 350 millones (USD 382 millones), destinados a financiar proyectos de transporte masivo limpio, energía renovable, protección de biodiversidad, entre otras iniciativas que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.

El bono ha sido colocado por Credit Suisse y Deutsche Bank, tiene un vencimiento de 5 años y un cupón de 0.45%. Adicionalmente, se convierte en la  primera transacción de CAF que cuenta con cobertura a Term SOFR, de acuerdo con el plan establecido por la Institución de sustitución de la tasa Libor.

“Esta colocación de bonos en el mercado suizo es una muestra de la capacidad de CAF de atraer nuevos recursos internacionales a tasas favorables para enfrentar el principal reto que enfrenta la región y el planeta: el cambio climático. Estos recursos forman parte de nuestra intención de convertirnos en el banco verde de América Latina”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El espaldarazo recibido por CAF después de su fortalecimiento patrimonial en 2021, así como el reciente cambio de perspectiva de la calificación a positiva por parte de Fitch, ayudaron a apuntalar la operación y a aumentar la demanda de la emisión. Estos fondos reflejan el trabajo de movilización de recursos internacionales para el enfrentar temas clave del desarrollo de América Latina y el Caribe.

Fuente Imagen: guiafinem.com

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Finanzas sustentables

La ministra Arbeleche estuvo acompañada por el vicepresidente de Países del BID, Richard Martínez, en tanto el orador principal fue Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y director del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Columbia, seguido por un panel nacional e internacional de alto nivel.

También participaron el director de la Unidad de Gestión de Deuda Herman Kamil, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, el presidente del Banco Central del Uruguay Diego Labat y el director del Instituto Uruguay XXI Sebastián Risso, entre otros.

En su presentación, la ministra Arbeleche comenzó diciendo que el tema de inversiones sustentables vinculado a indicadores ambientales es “un tema crucial para nuestro país”.

La ministra comenzó haciendo un racconto de la trayectoria de Uruguay durante este último año y medio y destacó que el país “se encamina hacia un punto de inflexión en el combate a la pandemia, y la economía uruguaya ya muestra indicios claros de recuperación. La estrategia de inmunización ha sido de las más rápidas y abarcativas del mundo, y ha jugado un rol clave en la contención de los contagios y fallecimientos, después del pico que experimentamos en mayo-junio de este año”. Y destacó que “esta política de vacunación es también una de las principales políticas económicas y sociales del gobierno, porque nos pone mucho más cerca de la normalización de las actividades económicas, sociales y culturales, y de la posible apertura plena de nuestras fronteras durante la primavera”.

“En paralelo a esta mayor protección inmunológica de la población, estamos viendo signos auspiciosos de una recuperación más vigorosa de la actividad económica. Entre estos indicadores por ejemplo tenemos el aumento de las exportaciones de bienes, la actividad agropecuaria, el sector construcción, y recientemente también la producción industrial”, indicó.

La ministra aclaró que “un punto importante fue la decisión del gobierno de no ir a un confinamiento obligatorio, y eso nos permitió que los motores clave de la economía se mantuviesen encendidos. Además de mitigar el efecto económico de la pandemia, esto último nos deja mejor posicionados para una rápida recuperación económica”.

“Nuestro esfuerzo está centrado en apuntalar esta recuperación mediante la atracción y promoción de la inversión, tanto doméstica como extranjera. Uruguay cuenta con una amplia gama de esquemas de apoyo y promoción a la inversión y durante esta Administración se han introducido cambios en el marco legal de manera de tener mayor flexibilidad en los incentivos fiscales y pudiendo aumentar los montos. También hemos hecho cambios en los proyectos de gran porte y de viviendas sociales. Complementando este esfuerzo la obra pública tiene un rol muy destacado en esta etapa de recuperación . Y todos estos frutos ya los estamos viendo”, prosiguió Arbeleche.

“En segundo lugar, nuestro objetivo es que esta recuperación sea inclusiva y sostenible, es decir que se pueda conjugar el crecimiento con la generación de empleo y la mejora en las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Y, por otro lado, inversiones que tengan un impacto positivo y medible en indicadores sociales y ambientales, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Este compromiso quedó plasmado en la Ley de Presupuesto, en el artículo 533, que se votó el año pasado, donde explícitamente incorporamos los principios de gestión. Allí se establece específicamente que el país procurará que la planificación y el diseño de las políticas económicas y las finanzas públicas contemplen los objetivos nacionales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático”, dijo Arbeleche.

“Consistente con esta visión, el año pasado, por primera vez he participado como ministra de Economía y Finanzas de Uruguay de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática. Esta coalición es un grupo a nivel ministerial con el cometido de apoyar el uso de la política fiscal, la gestión financiera pública y la movilización de la financiación climática para promover la acción nacional y mundial sobre el cambio climático. Asimismo el Banco Central se ha integrado a la red para enverdecer el sistema financiero internacional que apunta a mejorar el papel del sistema financiero para gestionar los riesgos y movilizar capital para inversiones verdes bajas en carbono, en el contexto más amplio de desarrollo ambientalmente sostenible”, apuntó la ministra.

“Como es sabido Uruguay ha hecho grandes avances en los últimos años en el uso de energías renovables, logrando la descarbonización casi completa de la generación eléctrica. Sin embargo aún tenemos un nivel de CO2 asociado al transporte y a la movilidad, y el desafío es ponerlas en una senda sostenible a nivel ambiental, lo que requiere de políticas y medidas concretas, que opten por un lado desarrollar nuevas fuentes de energía renovable, y potenciar la inversión en el uso de tecnologías limpias, que reduzcan la contaminación”, subrayó.

La ministra hizo hincapié en que, por otro lado, se debe “actuar sobre los incentivos económicos de empresas y consumidores, para que estos internalicen las externalidades ambientales”.

“El recientemente creado Ministerio de Ambiente está coordinado la preparación de la estrategia climática de Uruguay de largo plazo, la que será presentada antes de fin de año. Uruguay le ha otorgado prioridad política a la acción por el clima y es por ello que la estrategia incluirá una meta aspiracional de neutralidad de CO2 hacia el año 2050”, dijo Arbeleche.

“En esa línea el proyecto de ley de Rendición de Cuentas incluye un artículo que propone un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles. Asimismo el Ministerio de Industria, Energía y Minería está liderando una transición energética de nuestro país, que incluye la reconversión de la matriz de hidrocarburos a energía eléctrica para el transporte y movilidad, y el desarrollo de fuentes de generación de hidrógeno verde”, expresó la secretaria de Estado.

“Quisiera también mencionar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el cual está ejecutando el proyecto de Producción Ganadera Climáticamente Inteligente, y la está trabajando en la restauración de suelos en pastizales uruguayos”, explicó.

“Además tenemos otras áreas en donde también se está enfocando en el cumplimiento de los 17 ODS, más allá de las metas medioambientales. Me refiero a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que presentó recientemente el informe nacional voluntario 2021 donde se publica un análisis del vínculo entre la formulación y ejecución del Presupuesto Nacional y la consecución de los ODS, como base para la gestión por resultados de las políticas públicas”, siguió.

“Finalmente, los recursos adicionales para el presupuesto a partir del 2022, que en este momento están siendo discutidos en la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento, van dirigidos a planes concretos para abordar problemas estructurales relacionados a la atención a la primera infancia en contextos vulnerables y a políticas de mejoramiento y solución a aquellas personas que viven en asentamientos. Estos últimos temas son también objetivos prioritarios del Poder Ejecutivo que están incluidos dentro de los llamados ODS”, señaló la ministra.

Financiamiento soberano sostenible

Arbeleche continuó indicando que “este foco sobre la política financiera sustentable es una herramienta fundamental para transitar hacia una senda de crecimiento sostenible. En línea con los principios de Helsinki, el gobierno de Uruguay está comprometido a integrar esos financiamientos con los objetivos ambientales de prevención del cambio climático. Los criterios de desarrollo sostenible tienen una importancia creciente en las decisiones de portafolio en la comunidad inversora global. En particular la ambición y el cumplimiento de las políticas ambientales indicen crecientemente en el acceso y los costos de financiamiento de la deuda soberana. Y por eso es que estamos trabajando activamente en el diseño de un bono soberano vinculado a indicadores ambientales, que contemple los compromisos de cambio climático que el país ha asumido internacionalmente bajo del Acuerdo de París”.

“A diferencia de los bonos soberanos globales donde el Ministerio de Economía es el responsable de su diseño, ejecución y monitoreo, la emisión de un bono sostenible requiere de un esfuerzo país, que por naturaleza es multidisciplinario e interministerial y de largo aliento. Por ello estamos coordinando activamente con los ministerios de Ambiente, de Industria y Energía, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y contamos con el asesoramiento técnico del BID y el apoyo del PNUD”, explicó Arbeleche,

“Creemos que hay margen para innovar en el campo de las finanzas sostenibles soberanas y estamos comprometidos a avanzar en esta dirección”, resumió.

Las finanzas sustentables en el sector privado y el desarrollo del mercado de capitales

“Los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en la agenda ODS 2030 y su visión climática frente al acuerdo de París implicarán grandes esfuerzos del gobierno y también del sector financiero y el sector empresarial privado en su conjunto. Para alcanzar estos objetivos es necesario movilizar recursos financieros públicos y privados, hacia inversiones que permitan transitar hacia una economía justa e inclusiva, baja en emisiones de gases de efecto invernadero, y resiliente a los efectos del cambio climático, lo que nos va a garantizar un desarrollo sustentable a largo plazo del país. Y para ello es importante sentar las bases para contar con un ecosistema financiero que se capaz de atraer y canalizar cursos inteligentes de capital local e internacional, que apoyen la innovación y la reconversión de sectores y actividades económicas y que sea compatible con el desarrollo sostenible en un mundo pospandemia”, explicó la ministra.

“En este contexto el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas con el apoyo del BID y el sistema de Naciones Unidas ha convocado a las entidades del sector financiero y del mercado de valores del país a conformar de forma voluntaria un espacio permanente y de diálogo para definir e implementar en conjunto una agenda de finanzas sostenibles de Uruguay. Conseguir las transformaciones necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible requerirá de la participación decidida del sistema financiero, que incorpore más activamente los criterios de sostenibilidad en las decisiones de crédito e inversión, apoyando modelos de negocios, modelos financieros viables y escalables, con impacto social y ambiental. Para generar tracción e integralidad a esta iniciativa aspiramos a que este proyecto conjunto del sector público y privado, tenga sinergias con la agenda y el programa de trabajo que recientemente hemos relanzado en la Comisión de Promoción del Mercado de Valores. Tenemos la convicción de que el fortalecimiento y dinamismo del mercado de capitales, resultarán en un catalizador para el crecimiento económico y la generación del empleo. Para completar este esfuerzo será fundamental seguir avanzando desde el ámbito académico sobre la concientización del impacto ambiental y social en las decisiones de inversión y asignación de créditos”, expresó la titular de la cartera de Economía.

“En este sentido las universidades del país, tanto públicas como privadas, están llamadas a jugar un rol clave en la formación y capacitación en finanzas sustentables, dirigidas al sistema financiero, inversores, emprendedores y cuadros técnicos del gobierno”, dijo.

La importancia de la inversión corporativa extranjera

“El gobierno de Uruguay tiene vocación de atraer inversión extranjera directa de calidad, capitalizando su posicionamiento estratégico en varios indicadores ambientales, sociales e institucionales, los llamados factores ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo), además del régimen de beneficios fiscales”, analizó la ministra.

Factores que hacen de Uruguay un destino atractivo para la inversión extranjera en los distintos sectores productivos

“Primero, Uruguay sigue siendo un bastión de estabilidad institucional y política en la región. Uruguay es una de las democracias más fuertes y estables de América Latina y del mundo, con un gran involucramiento civil. En los últimos 35 años hemos tenido rotación de partidos en el poder sin convulsiones políticas y con transiciones ordenadas, que no han afectado la estabilidad económica, la independencia jurídica o el respeto a los contratos. En Uruguay se puede proyectar a largo plazo, basado en que somos un país con una identidad de seriedad, previsibilidad, estabilidad, y con un bajo nivel de corrupción. Y estas no son solamente nuestras palabras, sino que hay un hecho objetivo: hoy Uruguay tiene la menor prima de riesgo soberano de toda Latinoamérica, menor aun que la de aquellos países con mejor calificación crediticia”, destacó Arbeleche.

“En segundo lugar hay varias características distintivas del ambiente de negocios que facilitan la instalación y operación de empresas multinacionales. Por ejemplo la igualdad de trato para extranjeros y locales, no se requiere contraparte local cuando se hace una inversión, hay un libre mercado de cambios, no hay restricciones para la libre repatriación de ganancias, hay un sistema impositivo único en todo el país, el país tiene una legislación moderna en temas corporativos, distribución de dividendos y también de gobernanza corporativa. En tercer lugar y basándonos en por qué somos un país atractivo para las inversiones, quisiera resaltar dos grandes plataformas o modelos de negocios en los que hemos visto una fuerte IED en Uruguay: en comercio y servicios, las actividades de hub y distribución regional, y de soporte al comercio y las operaciones en la región, trading, logística, servicios financieros, centros de servicios compartidos, headquarters regionales. Y por otro lado la producción e innovación, actividades de producción de software, manufacturas varias, industria farmacéutica, agrobussinnes. Uruguay se ha convertido en un centro de negocios digitales de primer nivel, que explica su consolidación como exportador de servicios globales al mundo”.

La ministra Arbeleche destacó que “vemos un rol preponderante en la innovación, para que con creatividad logremos ajustar modelos de negocios actuales y crear nuevos negocios que no solo cumplan con los ODS, sino que compitan globalmente. Vemos con particular interés las iniciativas privadas que complementen el esfuerzo público en este sentido, y alentaremos el involucramiento a escala del sector privado en la búsqueda de soluciones innovadoras para diferentes cuestiones sociales y medioambientales. En este sentido el actual proyecto Hidrógeno Verde, es un ejemplo concreto del cual estamos muy contentos”.

“En síntesis, tenemos la mira puesta en el futuro. Desde marzo de 2020 la pandemia ha sido el centro de nuestras preocupaciones y la estrategia del gobierno estuvo enfocada en preservar la vida y la calidad de vida de nuestra población. Y para ello hemos destinado todos los recursos necesarios en forma localizada y transparente para proteger a los sectores más vulnerables, tanto las familias como las empresas. Pero no nos ocupamos solamente de esta atención a la pandemia sino que durante todo este tiempo el Uruguay ha manejado con las luces largas puestas, con una mira en el futuro pospandemia. Para ello el gobierno avanza en una ambiciosa agenda de reformas, donde se busca alcanzar una economía más estable y virtuosa, con finanzas públicas saneadas, que impulsen la inversión, la creación de puestos de trabajo, y la mejora de los ingresos de los hogares, al tiempo que permita sostener y mejorar las politicas sociales. Para ello el Estado debe apoyar al sector privado, para crecer y generar empleo genuino. Y este crecimiento se tiene que asentar sobre un orden macroeconómico basado en reglas, un marco de respeto por la democracia, una eficiente asignación de recursos, una apertura económica y comercial, un rol clave para el sector privado como motor, y acciones de política pública de impacto para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable”, sintetizó la ministra.

“El Estado es a la vez responsable de sostener políticas donde se proteja a las personas más vulnerables, y se les dé la oportunidad de desarrollarse como personas, y el acceso al progreso que es el que en definitiva nos va a asegurar el crecimiento inclusivo para toda la población. Estamos convencidos, y así lo venimos demostrando desde el gobierno, y desde esta cartera en particular, que el Estado debe ser responsable de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Solo concebimos el desarrollo económico y social que sea para todos y todas las futuras generaciones”, reafirmó.

Fuente Contenido e Imagen: Ministerio de Economía y Finanzas. www.mef.gub.uy

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El propósito de su bono verde ha sido y continúa siendo maximizar el impacto positivo de la Compañía al alinear su estrategia financiera con el logro de sus objetivos medioambientales en tres áreas estratégicas: economía circular, cuidado del agua y cambio climático, contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

«La estrategia de sostenibilidad y compromisos con el medio ambiente son la piedra angular de la emisión de nuestro bono verde. Buscamos financiar nuestra transición hacia una operación baja en emisiones de carbono, fortalecer nuestra resiliencia y minimizar la exposición a riesgos, manteniendo una conciencia ambiental y restaurativa” dijo John Santa Maria Otazua, Director General de Coca-Cola FEMSA.

La Compañía está asignando los recursos de este bono a financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles de acuerdo con su Marco de Referencia del Bono Verde en tres categorías principales:

Economía Circular: Durante 2020, Coca-Cola FEMSA utilizó un promedio de 29% de resina PET reciclada (rPET) en sus botellas de plástico, un incremento desde 20.8% en 2018, reflejando los beneficios de aproximadamente US$225.09 millones asignados en proyectos de PET reciclado derivados de los recursos del bono verde.

Cuidado del Agua: A finales de 2020, la Compañía alcanzó un rango de uso de agua de 1.49 litros de agua por litro de bebida producida, superando su meta de alcanzar un promedio de 1.5 litros. El avance logrado durante los últimos tres años representó un ahorro de más de 4,200 millones de litros de agua, incluyendo los beneficios de aproximadamente $8.94 millones de dólares en proyectos de eficiencia hídrica asignados a partir de los recursos del bono verde.

Cambio Climático: El 11 de junio de 2020, Coca-Cola FEMSA se convirtió en la primera empresa mexicana en tener sus metas de reducción de huella de carbono aprobadas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), adhiriéndose al marco establecido por el Acuerdo de París para mitigar el cambio climático, limitando la temperatura global muy por debajo de 2°C respecto a los niveles preindustriales. La Compañía tiene una serie de proyectos específicos para alcanzar su objetivo en el 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 28% a través de toda su cadena de valor, en comparación con 2015, así como alcanzar 100% de uso de energía renovable en sus operaciones.

De 2018 a 2020, Coca-Cola FEMSA ha incrementado el uso de energía limpia por más de 55% para satisfacer el 80% de los requerimientos de electricidad de sus operaciones de manufactura global, mientras que su eficiencia energética ha aumentado en un 9.8%. Estos proyectos representan aproximadamente US$1.38 millones asignados de los recursos del bono verde.

Coca-Cola FEMSA obtuvo y publicó una opinión independiente (SPO, por sus siglas en inglés) de Sustainalytics, un consultor externo con reconocida experiencia ambiental y social para proporcionar una opinión sobre los beneficios ambientales del Marco de Referencia del Bono Verde de Coca-Cola FEMSA; así como la alineación con los Principios de Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) 2018 de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.

Adicionalmente, el Informe de Bono Verde 2020 incluye comentarios de la dirección de la Compañía en cuanto a el monto de los recursos que han sido asignados a uno o más proyectos elegibles, y un informe de un tercero independiente que examinó y verificó la gestión de los ingresos netos de la venta de su bono verde.

El Informe del Bono Verde 2020 está disponible en:

https://coca-colafemsa.com/inversionistas/informacion-de-la-deuda/green-bond/

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La transacción contó con una amplia participación por parte de inversionistas de grado de inversión, confirmando la disciplina financiera, el fuerte perfil crediticio y el compromiso con la sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA. El bono verde ayudará a la Compañía a alcanzar sus metas ambientales y a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

“Este bono verde es consistente con nuestra meta de refrescar a nuestros consumidores en cualquier momento, en cualquier lugar, de forma sostenible, mientras continuamos generando valor económico y contribuyendo positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Esperamos que esta transacción nos permita alcanzar nuestras metas ambientales y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas” comentó John Santa María Otazua, Director General de Coca-Cola FEMSA.

La Compañía espera asignar un monto equivalente a los recursos obtenidos de la emisión para financiar o refinanciar proyectos verdes específicos en las siguientes áreas:

*Cambio climático: El 11 de junio de 2020, Coca-Cola FEMSA se convirtió en la primera empresa mexicana en obtener la aprobación de la iniciativa mundial Science Based Targets (SBTi), por sus metas de reducción de gases efecto invernadero, adhiriéndose al marco establecido por el Acuerdo de Paris para evitar el cambio climático buscando limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2°C por encima de niveles preindustriales. La Compañía planea alcanzar su compromiso para el 2030 con una serie de proyectos específicos que se espera le permitan alcanzar su plan de reducir sus emisiones de gas efecto invernadero en un 28% en comparación con 2015.

*Cuidado del agua: La Compañía busca continuamente oportunidades para hacer un uso eficiente de agua y proteger los recursos hídricos. Con un índice de uso de agua de referencia de 1.52 litros de agua por litro de bebida producida en 2019, la Compañía se compromete a devolver la misma cantidad de agua que utiliza en su producción de bebidas a través de iniciativas como la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y asociaciones locales.

*Economía circular: Como parte de la iniciativa “Un Mundo sin Residuos” Coca-Cola FEMSA se ha comprometido a utilizar 50% de resina reciclada en sus botellas de PET y a recolectar el 100% de los envases que se colocan en el mercado para el 2030. De acuerdo con el Acuerdo Global para la Nueva Economía del Plástico de la Ellen MacArthur Foundation, la Compañía está trabajando para cerrar el ciclo de botella a botella desarrollando su propia infraestructura y compartiéndola a través de asociaciones con otras partes interesadas. Coca-Cola FEMSA está logrando cumplir con su compromiso de recolección del 50% en sus principales mercados así como utilizar un promedio de 23.7% de uso de resina reciclada en botellas PET.

Como parte de la emisión del bono verde, la Compañía publicó su Green Bond Framework, el cual está alineado con los cuatro componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes 2018 administrados por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA por las siglas de su denominación en inglés, International Capital Market Association). La Compañía obtuvo una Opinión de independiente de Sustainalytics de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.

Se espera que el cierre de la transacción y la emisión del bono verde ocurran el 1º de septiembre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre usuales para este tipo de transacciones.

Fuente Imagen: bankmagazine.com.ar

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