En virtud de la aprobación del proyecto de nueva “Ley de Medios” en el Plenario de la Cámara de Senadores el día 14 de mayo de 2024, con carácter de “grave” y “urgente” el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (CEICo – FIC) y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación (ADUR-FIC), DECLARAMOS NUESTRA MÁS FIRME OPOSICIÓN:

1. A este tipo de atropellos legislativos que atentan contra las mejores prácticas democráticas, siendo un Proyecto de Ley que cuenta con numerosas críticas de organismos internacionales expertos en libertad de expresión y comunicación.
2. A los cambios legislativos que atentan contra el derecho humano fundamental de libertad de expresión, consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución, estableciendo mecanismos de control y censura.

• A este tipo de cambios, que son a medida de unos pocos y afectan el patrimonio y la soberanía nacional de todos/as.

1. A las medidas que favorecen a los dueños de los grandes medios de comunicación con disposiciones que determinan el no pago por el uso de los recursos del Estado y las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias.
2. A los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, atentan contra la pluralidad y la transparencia, eliminan mecanismos de control social y suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios vigente.
3. A las medidas que afectan a Antel, empresa pública y estatal, que implican ceder la línea del negocio de datos fijos y el acceso a internet a sus competidores, al tiempo que pone al servicio de sus competidores la inversión realizada en despliegue de tecnología.

POR TODO LO EXPUESTO, RECHAZAMOS:

1. Los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, que atentan contra la pluralidad, la transparencia, que eliminan mecanismos de control social, y que suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios (particularmente la CHASCA), dando el poder de tomar decisiones discrecionales al Poder Ejecutivo.
2. El desfinanciamiento del Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual Uruguaya y el debilitamiento del sistema de medios públicos de nuestro país.

• Que se legisle atendiendo intereses de unos pocos, en detrimento de todos, atentando contra derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

1. Que se afecte el patrimonio de los uruguayos para pagar favores de campañas políticas y asegurar la hegemonía de los grandes medios de comunicación en el contexto de campaña electoral.
2. Que el Estado garantice recursos que le son propios para favorecer a los grandes medios de comunicación. VI. Que se desconozca la voluntad popular en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía nacional y de nuestra Antel, empresa pública y estatal.

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La iniciativa forma parte del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo de la transparencia de organismos del Estado y de las capacidades periodísticas para solicitudes de acceso a información pública” que lleva adelante CAINFO con financiamiento de UNESCO y cuya coordinación está a cargo de Daniel Lema, Carolina Molla y Pilar  Teijeiro.

El taller contará con una instancia de formación a cargo de los abogados Nicolás  Brener e Iván Luzardo quienes brindarán herramientas para preparar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública. Además, se compartirá información acerca del trabajo de acompañamiento que se realiza desde CAINFO ante casos que se acude ante la justicia.

Durante el encuentro, está prevista una instancia de intercambio entre colegas que tendrá como disparador la presentación de dos experiencias a nivel nacional Se trabajará en conjunto para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas.

El taller está dirigido a periodistas en ejercicio. Es gratuito y tiene previsto cubrir los costes de transporte desde cualquier punto del país. Además, se otorgará certificado de participación. Los cupos son limitados y es posible solicitar viáticos para pasaje y alojamiento.

El plazo para presentar postulaciones culminará el 24 de julio de 2022 a través del siguiente formulario: INSCRIPCIONES. 

• ¿Cuándo? Sábado 27 de julio entre las 9 a 13 horas
• ¿Dónde? – Centro Universitario Regional del Este. Av. Cachimba del Rey entre Bvar. Artigas y Av. Aparicio Saravia. Ciudad de Maldonado.
• Requisito: Ser periodista en ejercicio en Uruguay.
• Formulario de inscripción

 Más información: info@cainfo.org.uy
CAINFO –  José Enrique Rodó 1712 – Montevideo 

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Los casos surgen del monitoreo que CAinfo presenta todos los años con el apoyo de la Red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) y la Pan American Development Foundation (PADF).

En 60 meses se registraron en Uruguay 126 amenazas a la libertad de expresión de profesionales de la información.

En promedio hubo anualmente 25 casos de amenazas a la libertad de expresión en los últimos cinco años en Uruguay, según los datos del Informe de Monitoreo que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) desde 2014.

Si bien se observa un descenso en el número de casos registrados en cada uno de los informes, y en casi todas las categorías, hay algunos indicadores que presentan una reiteración que resulta preocupante.

En este sentido, las “Amenazas” de distinto tipo (29), la “Obstrucción al trabajo periodístico” (25) y el “Hostigamiento a través de la Justicia” (22) son las categorías que registran el mayor número de ocurrencias y que entre las tres suman 76 de los 126 episodios confirmados (60%) en el período analizado.

El “Rechazo a pedidos de acceso a la información pública” es la única categoría que aumentó el número de casos registrados anualmente y llegó a 4 en el quinto informe, luego de alcanzar .

Asimismo se observa una concentración de los registros en Montevideo (73 casos), mientras que los departamentos que lo siguen son Soriano (10) y Colonia (8).

El episodio más grave de todo el periodo (2014-2019), la agresión con un arma de fuego sufrida por la periodista Isabel Prieto en febrero de 2017, todavía continúa sin esclarecerse.

El informe completo en: https://www.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2019/05/Informe-5-anos-monitoreo-Cainfo.pdf

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El día 9 se  tratará el tema Código del Proceso Penal y garantías para ejercer el periodismo. Contará con la participación de Edison Lanza (Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA), Jorge Díaz (Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación), Raúl Oxandabarat (Director de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia) y Marcelo Pesce (Subdirector general de los Servicios Administrativos del poder Judicial).

El día 16 tratará sobre Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y derechos de niños, niñas y adolescentes.

Expondrán: Paula Baleato (Coordinadora de la Agencia Voz y Vos), Gustavo Gómez (Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), Andrea Venosa (Directora de la División Jurídica del INAU) y Marianella Fernández (Asesora de Dirección del INAU).

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CAinfo expresó: «El texto identifica con nombre y apellido al ciudadano, señala que mantiene deudas con el Instituto Nacional de Colonización así como la existencia de un proceso judicial impulsado por parte del organismo a fin de recuperar las tierras en su poder en el departamento de San José.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresa su preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país.

Si bien es de interés público toda información referida a la utilización de recursos públicos y las acciones que realizan los organismos públicos para recuperar los mismos, es inadecuado que la misma sea utilizada por Presidencia de la República para denostar a una persona que –más allá de las formas elegidas- se manifestó públicamente, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en forma crítica hacia el Presidente de la República.

CAinfo desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada desde una situación de poder».

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Sin embargo, sigue pendiente en nuestro país la aprobación de una ley que regule la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial, de forma de utilizarla de manera más eficaz, justa y transparente.

En junio de 2015 el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó una iniciativa ciudadana que contó con el apoyo de legisladores de los cuatro principales partidos políticos del país para darle curso parlamentario. Sin embargo, este amplio respaldo no ha logrado transformarse en una rápida aprobación.

En diciembre de 2016, el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, pero durante 2017 no se votó el articulado en particular.

Tal como fue señalado por los propios legisladores al momento de la presentación del proyecto, la aprobación de una ley de este tipo es fundamental para garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, ya que establece procedimientos claros para la asignación de la pauta, evita el uso discrecional de la publicidad como forma de castigo o premio a los medios de comunicación en función de su línea editorial, favorece mecanismos de contralor ciudadano del gasto, incluye criterios de transparencia activa para las empresas que reciben publicidad oficial, entre otros aspectos.

Más allá del compartible gesto del Presidente respecto al control del gasto público, CAinfo entiende que es necesario seguir avanzando en un proyecto de ley que contemple toda la problemática asociada a la publicidad oficial, que establezca reglas de juego más justas, claras y transparentes, y que por lo tanto redunde en un mejor sistema democrático.

Por eso reclama a todos los partidos políticos que el proyecto sea discutido y votado este año en el Parlamento.

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El Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentaron los resultados del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), que mide el nivel de transparencia activa de los sujetos obligados monitoreados.

Para este informe se relevaron en total 156 sitios web de organismos públicos, y “la primera lectura de los datos de este año muestra una tendencia hacia la mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa”, destaca el informe.

De los resultados surge que, el total de organismos relevados cumple, en promedio, con el 50% de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (44% de cumplimiento).

Si se observa individualmente a cada organismo, de los 156 relevados solamente un 8% exhibe un nivel alto de cumplimiento. De ellos, quienes muestran cumplimiento por encima del 90% son: LATU (100%), Banco Central del Uruguay (97%),  Plan Ceibal y Correo del Uruguay (94%) y OSE (92%).

A su vez, todos los grupos de organismos (exceptuando los Municipios, que se miden por primera vez) exhiben para este informe mejores resultados respecto a la edición del año pasado, siendo los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados los que más aumentaron en su cumplimiento (53% a 71%). Sin embargo, el 33% de los organismos relevados publicó menos del 40% de información que se les exige legalmente.

El ITAeL se presenta ininterrumpidamente desde el año 2013, y  tiene la cualidad de medir el nivel de transparencia activa de los sujetos obligados monitoreados, pero también pretende ser un insumo para que los organismos públicos introduzcan cambios a nivel operativo o de gestión para mejorar sus resultados de transparencia activa.

Los indicadores que conforman el ITAeL tienen como objeto relevar el nivel de cumplimiento de los organismos públicos de las obligaciones en materia de transparencia activa dispuestas por la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su decreto reglamentario 232/10; así como el relevamiento de recursos dispuestos por los organismos para la interacción y participación de ciudadanos y ciudadanas a la luz de estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana de la OEA.

La presentación se realizó el 27 de setiembre en la Sede Central de la UCU.

Fuente Imagen: vegadelsegura.org

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Lema fue electo por unanimidad en la última asamblea de socios de la institución celebrada el pasado martes 14 de febrero. En esa instancia, fueron reelectos en sus cargos José Imaz como secretario y Pilar Teijeiro como vocal.

Daniel Lema es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República. Se desempeña como periodista desde el año 1996. Actualmente trabaja en el semanario Búsqueda. Trabajó en los diarios La República y La Mañana, y en la radio 1410 AM Libre.

Fue Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya en los períodos 2010-2012 y 2014-2016. Actualmente se encuentra finalizando la tesis de Maestría en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales en la Universidad Católica.

Daniel Lema sucederá en el cargo a Martín Prats, que es socio fundador de CAinfo en 2008 y se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo desde agosto del 2014.

El staff y Comisión Directiva desean agradecer el destacado trabajo y compromiso de Martín Prats al frente de CAinfo, que fueron fundamentales en las conquistas que desde la organización se han conseguido en pos del Derecho de Acceso a la Información Pública y Libertad de Expresión.

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La actividad se llevará a cabo en UNESCO-Edificio Mercosur (Dr. Luis Piera 1992), en horario de 9:30 a 13:15. La apertura estará a cargo del secretario del Consejo Directivo de CAinfo, José Imaz, acompañado por Rafael Sanseviero (FESUR) y Mariana Mas (OSJI) .

La jornada contará con la participación del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza.

La actividad tiene por objetivo analizar el estado de situación del derecho de acceso a la información pública en el país, reflexionar sobre los avances y los desafíos planteados,  así como promover la discusión de posibles mejoras al marco regulatorio dirigidas a fortalecer el ejercicio de este derecho por parte de la sociedad en su conjunto.

Además de la participación del Relator Especial, el evento contará con la presencia de invitados internacionales, legisladores y del Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Dr. Gabriel Delpiazzo.

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El pasado miércoles quedó firme la sentencia del Juez Alejandro Martínez de las Heras (JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 2 TURNO) amparando la acción de acceso a la información pública instaurada por el Sr. Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre; representado por el Dr. Martín Prats de CAINFO.

Se obliga así a ANCAP a entregar a Raúl Viñas en un plazo de quince días el contrato firmado con la filial local de TOTAL para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental (Sector 14).

A partir de su análisis se tendrá una visión más completa de los compromisos que en ese contrato asumió ANCAP, en nombre de todos los uruguayos, con la sucursal uruguaya de la multinacional francesa.

Movimiento URUGUAY LIBRE.

26 de agosto de 2016.

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