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Exponen:

Romina Werner del Movimiento de la Juventud Agraria

Gonzalo Cardoso, de Asociación Rural de Jóvenes de Uruguay

Cierre a cargo de las autoridades:

Aparicio Saravia  – adjunto a la dirección de Instituto Nacional de la Juventud.

Carlos Rydström – director de Desarrollo Rural del MGAP.

 La Comisión Honoraria de las Juventudes Rurales tiene como cometidos:

-Generar un espacio de diálogo y cooperación entre el Estado y las juventudes rurales, con el fin de promover y fortalecer políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las y los jóvenes vinculados al medio rural.

-Elaborar una agenda conjunta de trabajo.

-Promover el surgimiento, la consolidación y el fortalecimiento de las organizaciones juveniles rurales con incidencia en los territorios.

-Fomentar la participación de las juventudes rurales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas destinadas a ellas, así como los procesos de toma de decisiones.

-Desarrollar acciones en clave territorial que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes que habitan el medio rural, mediante políticas de vivienda, educación, trabajo, acceso a la tierra, salud, producción, participación, cultura y género, entre otras.

Esta comisión está integrada por nueve miembros titulares y sus respectivos suplentes designados de la siguiente forma: dos representantes del MGAP que presiden la comisión, dos a propuesta del Ministerio de Desarrollo Social, dos a propuesta del INC, uno a propuesta de OPP, uno de MEVIR, y uno a propuesta de ANEP, y ocho miembros titulares y sus respectivos suplentes, designados: uno por Federación Rural de Jóvenes, uno por la Asociación Rural de Jóvenes, uno por Comisión Nacional de Fomento Rural, uno por Cooperativas Agrarias Federadas, uno por la Asociación Nacional de Productores de Leche, uno por la Red Nacional de Semillas, uno por el Movimiento de Juventud Agraria y uno por la Red Nacional de Agroecología.

Jueves 20 de octubre.

17 horas.

Sala Schwedt – MGAP.

Trasmisión por canal MGAP Youtube.

Fuente Imagen: juventudesrurales.org

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El planteo fue realizado el pasado martes 2 de junio en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Allí asistió una delegación del MGAP, integrada por el ministro, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte; el subsecretario, ingeniero agrónomo Juan Ignacio Buffa; la directora General de Secretaría, doctora María Fernanda Maldonado; la adscripta al ministro, doctora Diana González; el director General de la Granja, ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa; el director General de Desarrollo Rural, Pablo Lanz; el director de la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas con Base Departamental, ingeniero agrónomo Carlos Rydström, y Diego Moreira, de la División Jurídica, quienes asisten junto a la delegación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, integrada por su jefa, licenciada Amalia Álvarez, y la ingeniera agrónoma Julieta Souza.

“Respecto a la situación de los deudores que tiene el Fondo Agropecuario de Emergencia, tuvo su comienzo a partir de la seca de 2009, que como recordarán fue grave, y se operaba mediante la compra de forraje o granos y la distribución a través de las gremiales.

En ese momento, el ministerio a través de las distintas gremiales en territorio, o por la cercanía con las sedes departamentales, iba con una suerte de planilla en la cual los productores se anotaban con su cédula de identidad e iban obteniendo los distintos kilos y demás de estos productos, y después quedaban a pagar”, recordó Rydström.

Actualmente, “es bastante preocupante la situación con respecto a la capacidad de cobro que ha tenido el ministerio en todos estos años, lo cual deriva en querer optar por métodos alternativos para administrar estos recursos, que no dependan directamente del ministerio”.

“Para pintar un poco mejor el pantallazo podemos decir que actualmente hay todavía cerca de 9.500 deudores del Fondo Agropecuario de Emergencia debiendo aproximadamente $ 159.000.000, de los cuales 7.300 nunca pagaron una sola cuota, por lo que hay un gran problema en ese sentido. Esto es de acuerdo a los registros que tiene el Ministerio”, puntualizó.

Agregó que “cuando nosotros vamos al campo y hablamos con la Sociedad de Fomento Rural, las gremiales, o inclusive las cooperativas y demás, la realidad que a veces alegan algunos de los productores es que ellos hicieron el pago a la administración de esa gremial, cooperativa, etcétera, pero no llegó al Ministerio”.

Por otro lado, -precisó- “ha habido casos de pérdida de parte nuestra -digo ‘nuestra’ como institucionalidad, aunque nosotros no estábamos en la gestión- de los distintos talones que corroboran los pagos, y también está la dificultad que le generaba al Ministerio -o le genera hasta el día de hoy- el acercamiento a muchos de estos deudores ya que figuraban solamente a través de la cédula de identidad y no en un registro, por ejemplo, de productor familiar, Dicose, o demás”.

Actualmente, indicó Rydström “todavía se deben $ 159.000.000; hay 7.000 productores que jamás hicieron un repago, en absoluto; esto vendría a implicar $ 120.000.000 de ese total de $ 159.000.000, lo cual entendemos que es muy preocupante”.

Dejó en claro que “si bien el promedio de la deuda es de $ 16.500, hay casos que superan los $ 300.000, pero también por otro lado hay muchos casos que hemos visto en esta declaratoria de emergencia que son inferiores a los $ 5.000, y muchos de estos productores familiares están aplicando a cifras entre $ 55.000 y $ 100.000, los cuales simplemente al tener conocimiento de que todavía eran deudores -lo que fue tarea de los directores departamentales y de los agentes territoriales de descentralización-, simplemente se acercaron a las oficinas y depositaron en el Banco de la República el dinero adeudado y solucionaron ese problema”.

El jerarca manifestó que “creemos que más allá del monto hay un problema de comunicación que ha tenido, o tiene, el Ministerio y una deficiencia como agente cobrador de estos recursos, motivo por el cual nos pareció muy importante desde un primer momento que este fondo fuera administrado por una agencia como República Microfinanzas que tiene otra capacidad de cobro y de seguimiento de estas situaciones”. “Además -haciendo una nota no menor-, de estos $ 120.000.00 que se deben hay $ 74.000.000 que corresponden al FAE de 2009, y esto es todo en pesos corrientes. Así que si nos ponemos a pensar lo que implica esa cantidad de dinero en términos reales para las rentas generales quizás el panorama sea mucho más preocupante y significativo”.

Cédulas de Identidad

Rydström añadió que “también podemos mencionar el estilo con el que se habían distribuido estas cuentas, ya que si bien el Ministerio tenía una base de datos por la que sabía a qué cédulas de identidad correspondía una deuda, estas muchas veces no estaban vinculadas con ningún otro tipo de programa, asistencia o proyecto que podía tener el Ministerio en su órbita y se estaba obviando el hecho de que había deudores que estaban siendo beneficiados por otro tipo de política pública”.

Por eso “para esta emergencia lo primero que se hizo a través de todo el sistema de información que utilizó el SNIA fue cruzar los datos de los registros de los productores familiares, que están compuestos de varias cédulas que conforman el núcleo familiar, con la base de datos de deudores, para notificarle a ese núcleo que estaba aplicando al beneficio de un préstamo del FAE actual -tal vez a través de otro miembro de esa familia-, que había un miembro que todavía mantenía una deuda anterior con el Ministerio, y pidiéndole que se pusiera al día”.

En este sentido, “hemos tenido muchas respuestas positivas por parte de los productores que se han mostrado dispuestos a pagar, o de aquellos que están pagando otras deudas con República Microfinanzas a través de su remisión de leche, pero también hay otros que simplemente hicieron el cálculo, entendieron que no les valía la pena y esas deudas con el Ministerio van a seguir existiendo de aquí en más”.

El diputado Nelson Larzábal (FA), expresó: “según tengo entendido, los productores nunca tenían que pagar a las organizaciones; la devolución siempre se hacía a través del banco. Lo que sí tenían que llevar a la organización era la copia de la boleta que le daban en el banco. Sé que en toda la primera parte de la sequía, cuando se dio la entrega de raciones, no hubo un buen control, y posiblemente muchos productores no entregaban la boleta en el banco y esta no decía quién había hecho el depósito”.

Entonces, agregó el legislador del MPP “si la organización mandaba la copia después el Ministerio no tenía a quién acreditarle el crédito. Desde la Intendencia de Canelones trabajé bastante tiempo en las mesas de desarrollo y sé que en muchas se dieron todos esos problemas ya que algunos decían: ‘Yo pagué y mi boleta no decía nada. Yo entregué mi boleta en la organización’. Siempre se generaron muchas dudas acerca de eso, pero los productores nunca tenían que pagar en la organización; siempre pagaban en el banco y lo que llevaban a la organización era el comprobante de que habían hecho el depósito en el banco”.

Rydström expresó que “por supuesto, no tengo más que creerle, diputado. Desde que nosotros empezamos, la primera línea de información que tuvimos fue a través de los funcionarios con que venía trabajando el Ministerio desde hacía muchos años, preguntando cuál era la situación y las distintas realidades que se daban en territorio, porque muchas veces algunos productores simplemente hacían los trámites a través de un gestor de confianza que debía hacer el depósito y en ese sentido se podían generar un montón de entreveros”.

Por otro lado, “también había otra dificultad con respecto a los montos de forraje, grano, etcétera, que se traían, a los que se les ponía una valorización y después se distribuían. Entonces, ¿cuál es el monto final de la deuda en el entendido de que -según nos dicen los funcionarios del Ministerio- había -o hay organizaciones que contaban con toda la maquinaria agrícola correspondiente para bajar la carga de un camión, embolsarla y después distribuirla a los distintos productores, mientras que había otros casos en que, literalmente, estaban los funcionarios del Ministerio a palazos vaciando los camiones?”.

Por todo esto, precisó el jerarca “la medición objetiva de cuánto recibió un productor u otro se vuelve mucho más complicada. Lo cierto es que nosotros contamos con esa experiencia empírica de quienes vivieron la situación, pero no tenemos ninguna documentación de esto que sin duda debe haber sido así”.

El ministro Carlos María Uriarte subrayó “lo que el ingeniero Rydström acaba de explicarnos en cuanto a que hubo un direccionamiento claro en el sentido de que a aquel que demostrara voluntad de ponerse al día o de pagar se lo iba a atender”.

“Eso fue lo que se hizo; no se dejó a nadie que estuviera precisando a pie, pero se le avisó que tenía una deuda.

Todo lo que se ha explicado hasta ahora conforma las razones por las cuales antes de declarar la emergencia consideramos fundamental introducir cambios como los que se hicieron, en la forma de la ayuda y en la administración, mirando las experiencias pasadas”, manifestó el titular del MGAP.

Fuente Imagen: diariocambio.com.uy

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“Luego de realizado el Relevamiento Nacional de Asentamientos, entendimos que debíamos avanzar en una propuesta de política pública que empuje el avance de la garantía de derechos de las personas que viven en los territorios periféricos de las principales ciudades del país, convocamos a expertos en el tema y el lunes lanzamos el puntapié para militar por ella hasta el 2020”, explicó la Directora Ejecutiva de TECHO Belén González.

Agustín Iturralde, parte del equipo de expertos y Director Académico del CED (Centro de Estudios para el Desarrollo) comentó que se sumó a la propuesta ya que “aliviar la fragmentación social es urgente e imprescindible. Es el desafío más importante que tenemos como país si queremos dar un salto al desarrollo.”

Por su parte, Sebastián Moreno, también parte del equipo de especialistas, actual responsable del programa de mejora urbana de la Intendencia de Montevideo y ex-Director del Plan Juntos, contó que lo más valioso es que “estamos proponiendo un paso más en las políticas sociales y de vivienda: la incorporación plena de las organizaciones comunitarias en la definición, implementación y evaluación de las mismas. La comunidad en el centro”.

El evento tendrá su parte central en la disolución de la política por parte de referentes de los principales partidos políticos del país. Martín Couto y Beatriz Rocco, por parte del Frente Amplio, por el Partido Colorado Andrea Castro y Carlos Rydström y por el Partido Nacional Fernanda Sfeir y Leonardo Altmann, serán quienes discutan el valor de la propuesta y la priorización que desde las agendas de los partidos se está realizando del tema.

“Los referentes invitados de los partidos fueron seleccionados priorizando que son jóvenes que participaron en la formulación de las políticas de vivienda y hábitat de los programas, o bien son los referentes políticos más jóvenes de los partidos; y desde TECHO como ya es sabido promovemos el encuentro, la reflexión y la acción desde las juventudes más diversas”, explícita González.

También estarán participando desde Argentina referentes del Plan Abre de Santa Fé y referentes barriales de Montevideo que podrán aportar sus miradas y experiencias a la Política.

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