Sin embargo, creemos del caso remarcar:

* Que este debate no debe limitarse al tema de infraestructura, ya que sin más postergación deben analizarse mecanismos para detener el grave proceso de concentración y extranjerización de la tierra.

* Que dichos mecanismos pasan por una adecuada legislación que limite la tenencia de la tierra, tal cual existe en otros países de la región y del mundo desarrollado.

* Que no deben generarse más postergaciones a la aplicación de la Ley 18.092, que prohíbe a las Sociedades Anónimas con acciones al portador ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, ya que el próximo 30 de junio vence la prórroga en vigencia.

* Que debe revisarse ya el destino de las exoneraciones fiscales con las que se benefician los grandes emprendimientos agropecuarios, en el marco de la política de promoción de inversiones.

* Que la redistribución de esa renuncia fiscal, permitirá obtener recursos para el financiamiento de políticas para la Producción Familiar y para la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización.

Montevideo, 14 de junio de 2011.

COMISION NACIONAL

DE FOMENTO RURAL

Dr. Salvador García Pintos 1138

Tels.: 2200 3519 – 2204 0133

Fax: 2208 9526

E.mail: cnfr@cnfr.org.uy

www.cnfr.org.uy

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En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114, situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector, ni en el valor de la contribución inmobiliaria. Si la contribución hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea y no los US$ 4 que actualmente se tributan.

Según información del Instituto Nacional de Colonización (INC) referida a campos de más de 1.000 hectáreas, en los últimos 10 años el precio de la hectárea se multiplicó por 5 veces y media, pasando de US$ 574 en 1989 a US$ 3.114 en 2009. En términos reales el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2 veces, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114.

La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009.

Los US$ 4 por hectárea que se pagan actualmente por contribución inmobiliaria equivalen a US$ 3,1 del año 1999. En este caso, si la tributación por contribución inmobiliaria hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea.

El índice CONEAT mide la diferente capacidad productiva de los suelos. Un índice CONEAT 100 corresponde a la productividad media de los suelos del país.

En ese sentido, un predio de 1.000 hectáreas con un índice CONEAT 150 –que es, por ejemplo, el CONEAT de los suelos del litoral oeste- equivale a 1.500 hectáreas CONEAT 100.

A su vez, un predio de 1.000 hectáreas con un índice CONEAT 60 –que es, por ejemplo, el CONEAT de los suelos del basalto superficial- equivale a 600 hectáreas CONEAT 100.

En ese contexto, para tener 2.000 hectáreas índice CONEAT 100 en el basalto superficial hay que ser propietario de más de 3.300 hectáreas, mientras que en el litoral oeste 1.300 hectáreas equivalen a 2.000 hectáreas CONEAT 100.

La tierra se valoriza con la realización de obras de infraestructura como rutas, caminos o puentes, en el marco de un mejor desarrollo de país en educación, educación, salud y niveles muy bajos de corrupción.

La tierra es un factor productivo diferente al capital y el trabajo y se pueden mejorar los procesos productivos que se desarrollan en la misma, pero no es un producto que se pueda fabricar o importar.

La alta valorización de la tierra en la actualidad y la no existencia de una regulación en la compra – venta, hace que los pequeños arrendadores resulten desplazados por los altos precios que deben pagar.

En ese contexto, los pequeños propietarios resultan también desplazados porque la productividad generada no les permite ingresos superiores a los que obtendrían arrendando o vendiendo sus campos.

Fuente: MPP http://mpp.org.uy en base a artículo extraído de presidencia.gub.uy

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Expansión y diversificación del sector agropecuario

Nuestro país presenta importantes oportunidades de crecimiento de las cadenas agro-industriales. Dicho crecimiento ha adquirido un notable desarrollo en los últimos años. Las inversiones cuentan con muy buenas perspectivas de rentabilidad.

Pero todo ello demanda de regulaciones para garantizar la seguridad, estabilidad, sustentabilidad económica, ambiental y social necesarias para el proceso de desarrollo económico nacional y el fortalecimiento de la soberanía nacional y de la democracia económica.

El sector ha experimentado significativos cambios, entre los que corresponde mencionar:

Un aumento sostenido en las inversiones acompañado de incrementos espectaculares en el precio de la tierra y mayores niveles de presión ambiental.

La expansión de la agricultura del secano que implica siembra directa, agricultura satelital, mayores escalas de producción, nuevos instrumentos de gestión y financiamiento. La expansión del área y de la producción generada y de las exportaciones, si comparamos 2006/7 con 2010/11, ha sido notable, en particular en soja, trigo y otros rubros.

La expansión forestal asociada a las inversiones promovidas por la Ley forestal ha dido muy importante.

El desarrollo de la ganadería de carne ha registrado un impulso destacable.

También se puede dar un desarrollo de gran envergadura de la minería, acumulado al ya existente.

Todo ello se traduce en un peso creciente en las exportaciones uruguayas. En la última década las exportaciones agroindustriales prácticamente se han duplicado cualquiera sea el instrumento de medición utilizado.

Esta expansión ha sido muy favorecida por la Política Tributaria instrumentada hacia el sector. En materia de impuestos, la recaudación que se dejó de percibir del sector agropecuario por un tratamiento impositivo más beneficioso hacia el mismo, dado que no se ajusta a las reglas generales, asciende a aproximadamente US$ 273 millones en 2008, siendo el sector que recibe los mayores beneficios de este tipo.

La política del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Para encarar esta nueva situación el MGAP ha definido como prioridades a los siguientes lineamientos y objetivos, que compartimos en términos generales, orientando:

Hacia la competitividad con integración social

Hacia la construcción de capacidades como base de la competitividad estructural

Hacia el desarrollo de políticas activas para promover la inserción agrícola internacional.

Hacia la preservación de los Recursos Naturales

Hacia la mitigación del cambio climático

Hacia la reducción de la asimetría de la información y la creación de un Sistema Nacional de Información Agropecuaria

Hacia la mejora de la sanidad animal y vegetal y la calidad e inocuidad de alimentos

Hacia el impulso de políticas tecnológicas orientadas a diferentes tipos de innovaciones

No obstante el acierto de estas orientaciones es preciso encarar otras cuestiones como la concentración, la extranjerización y nuevos problemas sociales.

Transferencias, concentración y extranjerización de la propiedad y la producción.

En el período 2000 – 2010 se vendieron cerca de 7 millones de hectáreas, por un monto superior a los 8 mil millones de dólares. En el año 2009 las adquisiciones realizadas por sociedades anónimas representaron un 55% del total. Entre 2000 y 2009 el incremento de las tierras en propiedad de SA fue del orden de los 2 millones de hectáreas. En materia de arrendamientos, la situación es similar.

Se debe temer en cuenta, en materia de concentración, que de acuerdo con la información disponible, que tiene varios años y recién será actualizada con el Censo Agropecuario que se realizará este año, que el 2% de los propietarios (correspondían a extensiones mayores a 2500 hectáreas, índice Coneat 100) poseían un entorno de 5 millones de hectáreas, y que el estrato superior de unos 300 propietarios de extensiones mayores a 10 mil hectáreas eran propietarios de las tres cuartas partes de dichos 5 millones. El Censo revelará, sin duda, un incremento notable de la concentración en los últimos años.

Dentro de este marco, también es necesario regular el creciente aumento de la propiedad del suelo en manos de extranjeros, favorecido tanto por el bajo precio relativo de la tierra en Uruguay como por el flujo de liquidez internacional que busca afianzarse en activos en países estables y seguros como el nuestro.

Políticas públicas a favor del desarrollo y la sustentabilidad, la democracia económica y social y la soberanía nacional.

El suelo es un recurso natural, finito y no renovable, que debe administrarse en función del interés general. Se requieren políticas que aseguren un desarrollo sustentable desde un punto de vista económico y ambiental evitando generar inequidades, que contemple los siguientes objetivos:

Combatir el latifundio y las tierras improductivas, buscando un mayor desarrollo de la producción y la radicación de la gente en el campo.

Apoyar las políticas públicas de preservación de los recursos naturales, con el desarrollo de planes de uso y manejo, y de otros instrumentos.

Desestimular el proceso de concentración de la tierra (no prorrogar los plazos vigentes en cuanto al pasaje de las sociedades por acciones al portador a sociedades por acciones nominativas y tampoco otorgar liberalmente excepciones). Para ello definir una mayor contribución a la sociedad de los agronegocios de gran escala, y por la valorización del activo tierra cuando supera umbrales importantes en materia de extensión, propiedad o tenencia. Como se sabe, hay una gran concentración de los negocios. La forestación está dominada por unas pocas empresas; la producción de soja controlada en más del 50% por empresas argentinas; una empresa brasileña domina el complejo arrocero y un grupo de igual origen controla un gran porcentaje de la faena nacional.

Encarar el proceso de extranjerización, con la incorporación de normas nuevas, principalmente en relación con territorios que, por su valor estratégico, como la franja fronteriza u otros, resultan claves en el despliegue de políticas de fortalecimiento de la soberanía nacional. En la misma línea evitar las inversiones en tierras de otros Estados, salvo excepciones puntuales debidamente justificadas y autorizadas. En tal sentido se debería establecer un máximo permitido para propietarios de una misma nacionalidad a los efectos de contar con disposiciones relativas al control nacional del espacio y de los recursos naturales, teniendo en cuenta una mayor flexibilidad en el marco del Mercosur. Estas normas no tendrán efecto retroactivo a los actos jurídicos realizados cumpliendo normas vigentes en el momento de su realización.

Buscar el fortalecimiento de la agricultura familiar con el despliegue de las actuales políticas públicas y también con nuevos desarrollos que propendan a similares objetivos. Facilitar la capacitación de los agricultores a los efectos de que estos puedan adaptarse a los procesos de cambios tecnológicos, aprovechando las ventajas de estos y consolidando una cultura rural de la que son portadores.

Es esencial que la intensificación productiva, la aplicación de nuevas tecnologías y los nuevos métodos de gestión, vayan acompañados de un mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los productores rurales nacionales. Es imperioso mantener equilibrada la relación entre familias rurales, inversiones, empresas y crecimiento productivo, que integrados constituyen el proceso de Desarrollo Rural. Una concentración de la propiedad con altas dotaciones de maquinas y equipos y disminución del capital social es contrario a una democracia rural asentada en familias rurales poblando el territorio y con niveles de vida aceptables para nuestra cultura.

Compensar las externalidades negativas de macro-emprendimientos en la vialidad pública y en otros aspectos, de acuerdo con la regla de que “el que rompe paga”.

Crear una contribución adicional que deberá ser abonada por aquellos productores que cuentan con más de 2.500 hás. CONEAT 100. La misma será progresiva –tasas crecientes por franjas- en función del tamaño de la propiedad y de los patrimonios. Este tributo apunta fundamentalmente a los predios mayores a las 10.000 hectáreas índice CONEAT 100, detentados, como hemos señalado, por menos de 300 propietarios que acumulan las  tres cuartas partes de alrededor de 5 millones de hectáreas, destinando el producido a favorecer la colonización, al fomento social y tecnológico de los pequeños y medianos productores y a otras finalidades públicas, como el mantenimiento de la infraestructura de caminos y carreteras. Tambíen debería estudiarse la formación de fondos financiados con una pequeña aportación que grave las ventas finales para invertir en infraestructura y planificación del desarrollo agropecuario.

DECLARACIÓN

La Vertiente Artiguista, como continuación de una serie de actividades vinculadas a la problemática de la tierra, iniciada hace más de un año, y que tuviera un importante jalón en el mes de diciembre último con el encuentro celebrado en Las Cañas, y a modo de aporte a un debate imprescindible, DECLARA:

1.Que es necesario que el Uruguay mantenga su clima de inversión y diversificación productiva, y se muestre receptivo a una corriente permanente inversión nacional, y de la Inversión Extranjera Directa que ha sido fundamental a la hora de mantener un crecimiento sostenido en la última década.

No obstante ello hay que tomar medidas que combatan las consecuencias negativas de este modelo, que no afecten el clima de inversiones, pero que tiendan a corregir los efectos negativos al tiempo que contribuyan mejor a la redistribución de ingresos excepcionales. Hay que recordar que hablamos de la tierra, recurso limitado, de uso social y que debemos preservar necesariamente como legado a las próximas generaciones

2) Que debemos colocar nuestra atención en el fenómeno de altísima concentración de  la propiedad o del  arrendamiento,  de  las principales áreas productivas del país, por grupos económicos que centran su actividad en el agro-negocio. Este tema debe incorporarse a la agenda de gobierno por su efecto en diversos aspectos:

a) su vinculación a la explotación de recursos naturales y la tendencia a la monopolización de la cadena productiva.

b)  la desaparición de explotaciones de tipo familiar, ganaderas, lecheras y hortícolas, con su consecuente efecto demográfico devastador y la pérdida de una cultura de trabajo agropecuario forjada en  varias generaciones.

c)  razones de soberanía (que se manifiestan en las políticas de frontera) y de seguridad alimentaria (producto de la concentración de cadenas agroindustriales claves en régimen de cuasi monopolio).

d) desplazamiento territorial de productores de mediano porte junto al desmantelamiento de unidades productivas que se ven desbordadas por el poder económico de capitales o fondos de inversión que están detrás del interés coyuntural de ganancias excepcionales vinculadas con incremento de los precios de los alimentos en el mundo. Los pequeños y medianos productores suelen ser  los últimos en apropiarse de los beneficios de una coyuntura excepcional.

3) En tal sentido proponemos:

a)  avanzar en el proceso de tenencia nominativa de la tierra, estableciendo la intervención parlamentaria como requisito de cualquier excepción a la ley en tal sentido.

b) extremar los tiempos de puesta en plena vigencia de un sistema que reglamente el uso y manejo, buscando la preservación productiva del recurso.

c) instrumentar sistemas flexibles que graven los patrimonios excepcionales de la gran propiedad, preservando una base no imponible lo suficientemente amplia que le

permita a  productores medianos y pequeños recuperar su vinculo con la tierra

como modo de vida, base social de cualquier modelo agroexportador.

Esto supone un abordaje legislativo del tema que no debe postergarse.

d) también debería estudiarse la formación de fondos financiados con una pequeña aportación que grave las ventas finales para invertir en infraestructura y planificación del desarrollo agropecuario

e) dedicar esos recursos a potenciar el Instituto Nacional de Colonización, que posibiliten la incorporación de tecnología y de recursos y mejores condiciones de vida para la producción familiar, contribuir a las obras de infraestructura que los propios  megaproyectos demandan para su sustentabilidad (mejores carreteras, mejor caminería rural, desarrollo del ferrocarril y del transporte fluvial y marítimo) con énfasis en mejorar las  condiciones de  vida de los  trabajadores rurales, sin los cuales ningún proyecto  es viable.

Vertiente Artiguista, San José, 2 de Abril de 2011

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