Sus conceptos fueron realizados el miércoles 6 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, junto a las  autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y del Banco Central del Uruguay.

Así se expresó Alfie: “Me interesa ahora repasar lo que ha sucedido con las empresas públicas en materia de inversiones y resultados. Como ustedes saben, si bien obviamente no integran esta rendición de cuentas como bien dicen los instructivos que la Oficina eleva a las empresas, integran parte del sector público y son parte también del accionar general de la política de gobierno. Claramente, nuestra política no es determinar las acciones comerciales, pero sí tenemos foco en la parte estratégica de inversiones. Poner el foco en la parte estratégica de inversiones es sumamente importante para evitar inversiones que nosotros consideramos que no lo son. Está de más citar ejemplos, pero hay muchos».

Sobre la ejecución «pusimos el promedio del último período ‑el primer y segundo año de este gobierno‑ y el total con las proyecciones presupuestales o lo que hay previsto presupuestalmente para el período completo con dos años ejecutados y tres estimados».

Por ejemplo, «en Ancap está claro dónde pusimos el foco. El total promedio aumenta bastante: US$ 12.000.000 promedio por año, pero con foco en la energía para hacerse más competitiva y reducir los costos en energía ‑básicamente combustibles‑; naturalmente hay una reducción en el portland».

Asimismo, «en la Administración Nacional de Puertos también hay un aumento importante. Básicamente, el aumento grande está en las inversiones en el puerto de Montevideo; los puertos del interior tiene cantidades similares y el dragado tiene una cantidad promedio anual un poco inferior».

«En Antel estamos excluyendo del período 2015-2019 el Antel Arena, porque lo consideramos fuera de su objetivo. Sacamos esa inversión y como se ve allí, la inversión en ese ente es prácticamente la misma en promedio anual en el quinquenio. No hay cambios en eso», añadió.

Por tanto «hay un aumento en la ANP y en Ancap, y en Antel no hay cambios».

«En OSE incluimos una parte ‑el informe general puede diferir‑ de las obras de saneamiento y agua potable que se están proyectando y que empezarían a hacerse el año que viene. Allí está claro dónde está el aumento: obviamente en agua potable y en servicio de saneamiento y alcantarillado. En este período habría un aumento bien sustancial en la inversión de OSE, ya que entendemos muy relevantes ambas obras», manifestó.

Agregó que «en UTE también hay un aumento, algo así como US$ 13.000.000 por año en promedio, pero hay un cambio significativo con respecto a dónde se invierte. Esta fue una política deliberada por la que teníamos claramente una sobreinversión en generación; la inversión que se hace ahora es menor y básicamente de mantenimiento. Como ustedes saben, hay un exceso de capacidad instalada muy adelantada en el tiempo que tiene un costo muy relevante para el organismo. Las inversiones tienen un momento óptimo para hacerse; no solo hay que tener en cuenta la capacidad, sino el momento óptimo. Cualquier adelanto de ese capital genera costos adicionales, básicamente por pago de intereses y gastos de mantenimiento».

Entonces, «donde estaban más flojos y donde se veía claramente el problema era en la distribución ‑ahí figura en ‘distribución y comercial’‑ y en terminar las obras de trasmisión culminando con el anillo norte; el país queda anillado para evitar cortes en todo el territorio. El anillado se va a terminar por el tramo Tacuarembó-Salto Grande y una parte sur en Cardal».

Según Alfie «una parte importante de eso sale de generación, que no se precisa; UTE está estimando que hasta 2028 o 2029 no precisaría empezar a invertir fuerte en generación más allá de esto, y se concentra en transmisión. Entendemos que después de este final de anillado, salvo alguna conexión grande con Brasil por el lado de Salto Grande-Garabí, no habría una inversión muy grande en trasmisión, excepto en mantenimiento. Se profundizó en distribución y comercial para mejorar la fluidez del servicio y eso se ve claramente en los indicadores de fluidez de servicio, de interrupción en el servicio, etcétera».

Ahora bien -puntualizó-: «claramente las inversiones no están bajando; están subiendo en términos generales tanto en la Administración Central como en los organismos del artículo 220 y en las empresas públicas».

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El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, estuvo a cargo de la apertura del Seminario Internacional “Empresas públicas: transformaciones, desafíos y oportunidades”, realizada ayer.

La actividad, que continuará hasta mañana en el anfiteatro Mario Benedetti del complejo Torre de las Telecomunicaciones, reúne a expositores locales y extranjeros para reflexionar sobre el papel estratégico de las empresas públicas en el desarrollo de los países. Entre las autoridades presentes ayer estuvieron el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño; el director nacional de Industrias, Sebastián Torres; y la presidenta de Antel, Carolina Cosse.

El evento es organizado por la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Antel y Transnational Institute (TNI) de Holanda.

En su alocución, Kreimerman dijo que este seminario “llega en un momento exacto” para “discutir, aprender del pasado y proyectar” en toda nuestra región.

El ministro recordó “el gran empuje que tuvo Uruguay al formar sus empresas públicas”. Una de ellas, UTE, celebró ayer sus 100 años. En ese entonces, estas empresas se crearon “con una visión no muy diferente” de la que pretende darles ahora el Gobierno “para cumplir con un servicio estratégico que tiene que dar la nación y para ser una herramienta fuerte del desarrollo nacional”.

“Deben funcionar, ser eficientes, innovadoras, con calidad y productividad. Pero también son empresas del Estado, que tienen que propender al desarrollo nacional y a la inclusión social”, aseveró el jerarca.

“Pensamos que las empresas del Estado, aparte de su rol clave en áreas como las telecomunicaciones, la energía y el agua, tienen también que ser, bajo una política nacional –a diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas-, instrumento de un proyecto de sociedad para América Latina y nuestro país, mejor que el que hemos tenido y a través del cual ahora vamos avanzando”, añadió.

“El peso que por sí solas tienen en el PBI de nuestras regiones es importante”, dijo Kreimerman, quien agregó que también lo es “su objetivo estratégico”, ya que “proveen los elementos de soporte del desarrollo en una época de revolución y cambio en los sistemas productivos internacionales” y son “el marco necesario para permitirle a nuestra sociedad transformarse, con un sistema productivo diversificado y conocimiento incorporado”.

“Son ellas las que, en definitiva, van a transformar la sociedad”, afirmó Kreimerman. El ministro sostuvo que hoy sabemos “que el crecimiento económico está sustentado en la infraestructura material y que esta se decide a través de las áreas estratégicas que el Estado posee”. Esto adquiere particular importancia en un momento de “quiebre” económico, político y tecnológico para el mundo, en el que América Latina atraviesa un buen momento en su economía –debido también a las políticas implementadas por los gobiernos- y debe definir hacia dónde va, en el marco de una tercera revolución industrial.

El ministro dijo además que la mesa redonda que se desarrolló ayer, luego de su alocución, denominada “Pasado, presente y futuro de las empresas públicas alrededor del mundo”, permitirá conocer otras experiencias, “eliminar errores” y “avanzar”, por el camino de estas empresas, hacia una inserción social con crecimiento económico “que todos los habitantes de nuestra región merecen”.

En esta mesa redonda, moderada por Daniel Chávez (de TNI), participaron Luc Bernier (École Nationale d’Administration Publique, Canadá), Massimo Florio (Università degli Studi di Milano, Italia), Guillermo Guajardo (Universidad Nacional Autónoma de México), Richard Kozul-Wright (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y Susan Spronk (University of Ottawa, Canadá).

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